Aranda Barberá va a juicio por el caso Langostino Santo

Alfredo Aranda Barberá es el último detenido en el resonante caso conocido como Operación Langostino Santo va a comparecer en el juicio, cuando se fije fecha, junto a los otros procesados por el intento de exportación de 110 kilos de cocaína de máxima pureza a España hace tres años atrás.

 

Alfredo Aranda Barberá ingresando al Juzgado Federal de Rawson. (Foto Revista Puerto).

 

 

El 10 de junio de 2013 se produjo el hallazgo de los 110 kilos de cocaína en un cargamento de langostino que iba a ser exportado a España y por lo que se encuentran procesados el taxista marplatense Juan Eduardo Burgos; el bróker de pescado Nicolás Seoane; el exgerente de Poseidón, Salvador Alejandro Pennisi y el polémico empresario Héctor Omar Segundo, que ayer se acogió a la probation en otra causa en la que se encuentra involucrado.

 

El Fiscal Federal Fernando Gelvez propuso elevar a juicio a Alfredo Aranda Barberá, sumándolo a los mencionados, para que todos juntos enfrenten al Tribunal Oral Federal, una vez que se fije fecha para la audiencia. Esta postura fue aceptada por el Juez Federal Hugo Sastre y no hubo oposición de la defensa pública.

 

En octubre de 2014, Alfredo Aranda Barberá fue capturado en Marruecos cuando intentaba abandonar ese país, era buscado por Interpol y había logrado huir de España. En diciembre de ese año se autorizó la extradición a la Argentina y en julio de 2015 fue trasladado a Rawson, donde permanece detenido en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal.

 

El español, sindicado como uno de los cerebros de la organización narcocriminal, tiene 54 años.

 

El fiscal federal Fernando Gélvez indicó en su requisitoria que Aranda Barberá era “una de las piezas fundamentales en el entramado” de la operación que intentó sacar desde el puerto de Madryn con destino a España de un cargamento de más de cien kilos de cocaína disimuladas en cajas de langostino.

 

Cita que la cocaína llegó a Chubut por intermedio de la empresa “Mar Pesca Azul Argentina SRL” con domicilio en Mar del Plata en Castelli 2617, de la cual Parra Gómez era el dueño junto al taxista Burgos.

 

Aranda Barberá nacido el 14/10/1962, domiciliado en Valencia, España, ha estado vinculado con las empresas Arver Trading SL; Mar Gastro SL; Orca Export SL; Orca Pesca SL, World United Fish SL, todas radicadas en Valencia y cuyo objeto social es la importación y exportación, compraventa, comercialización y distribución de productos alimenticios.

 

Con todo, el fiscal sostiene que en “Letter Alimentos”, se acondicionó la carga de langostino con la droga antes de despacharse a Madryn. Rubén Lev, sobreseído en esta causa, contó en el expediente que ayudó a ambos españoles con contactos en el ambiente de la pesca de Mar del Plata, y les presentó a Nicolás Seoane, el bróker que colaboraría con la exportación a España, informó la Revista Puerto.

 

“Barberá participó activamente en la logística desplegada para lograr la preparación de la carga con el estupefaciente oculto”, escribió Gélvez en su acusación. Barberá admitió que confeccionó de puño y letra el remito de recepción de la carga de langostino. El español detenido en Rawson declaró que esa compra de langostinos de mala calidad generó una discusión con Parra Gómez y eso habría provocado que él se vaya del país, pero el fiscal no cree esa versión, y por el contrario “el verdadero negocio estaba oculto y era el comercio y transporte de la cocaína”, dice Gélvez al fundamentar la acusación, al tiempo que considera que Barberá en realidad viajó a España para “recibir” el cargamento que finalmente nunca salió de Chubut.

 

Los langostinos con la cocaína llegaron a la pesquera Poseidón de Omar “Cura” Segundo el 13 de mayo de 2013. El lunes 10 de junio una operaria de la pesquera, al cambiarle los rótulos a las cajas, detectó la droga que desataría el escándalo.

 

Gilardino: “Estamos dispuestos al diálogo, pero sin medidas de fuerza que afecten a terceros”

El secretario de Pesca del Chubut, Alberto Gilardino, aclaró en relación a los trabajadores del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos -quienes, por horas de la mañana, llevaron a cabo un corte en las dos rutas de acceso a la ciudad de Rawson- que “este mes cobraron directamente de las empresas en las que trabajan y están reclamando el pago de un subsidio, establecido en la gestión anterior a través de una ley que nunca fue reglamentada”.

 

En este sentido, Gilardino explicó que “recibimos una provincia devastada económica y financieramente, y así como hace un esfuerzo el Estado para cumplir con sus obligaciones prioritarias, y eso también les cabe a los trabajadores de este sector que saben el esfuerzo que estamos haciendo para evitar este tipo de problemas”, indicando que “hemos dialogado con ellos y les explicamos la difícil situación que atraviesan las finanzas provinciales y comprometimos el mayor esfuerzo de parte nuestra para poder hacer frente a este reclamo, una vez que estén cancelados los aguinaldos y sueldos de los agentes públicos”.

 

Asimismo, señaló que los trabajadores del SUPA “reclaman el pago de un subsidio de 6.300 pesos establecido en una ley que se sancionó durante el gobierno anterior, pero que nunca fue reglamentada y ahora debemos hacer frente a este tipo de problemas y lo hacemos, pero sabiendo que primero el Estado debe cumplir con sus obligaciones indelegables, como es la Salud, Seguridad y Educación”.

 

Además, “cortando la ruta no es la forma de encontrar canales de diálogo, los instamos nuevamente a dejar de lado esta metodología de protesta que incluso es contraproducente para ellos, porque la gente se enoja -y con razón- por estos cortes de ruta. Nosotros como siempre estamos dispuestos al diálogo, pero sin medidas de fuerza que afecten a terceros”, concluyó.

Inquietan algunas situaciones de violencia en la actividad pesquera

Empresarios de la pesca se encontrarían ante una verdadera encrucijada por estos días por algunas situaciones que se están viviendo en torno a la pesca, con hechos graves en que se menciona que gente armada produjo hechos de violencia, vulgarmente conocidos como “aprietes”, buscando imponer cierta lógica luego de que su gremio fuera intervenido por la Justicia Federal.

Lo preocupante del hecho es que esto está haciendo que ante esta actitud de gremialistas interventores, empresarios están decidiendo operar en otros puertos, donde no se producen este tipo de acontecimientos, que rememoran a las peores épocas, donde la violencia imperó en el puerto, con varios muertos en el camino.

 

Sin dudas que esta es una situación que deberá ser abordada por las autoridades, encauzando la situación y poniendo en claro que no es de esta manera en que se avanza en hacer un puerto más productivo y seguro; sobran los ejemplos que dicen que la violencia sólo produce más violencia pero nunca bienestar para quienes la sufren ni para quienes la producen, y que el canal del diálogo es el único posible para generar bienestar en los trabajadores, salvo que la misión de quienes producen este tipo de hechos sea justamente el de perjudicar este puerto en beneficio de otro.

 

Un caso concreto se conoce: una empresa resolvio derivar sus baarcos a Mar del Plata y Santa Cruz y dejar de operar en Madryn.

 

Segundo y Otero evitaron ir a juicio a cambio de donar leche

No se dilucidarán las responsabilidades en torno a la presunta venta simulada de la empresa Alpesca, y es porque los acusados se acogieron al beneficio de la ‘suspensión del juicio a prueba’. Omar Segundo y su hijo Juan Paulo, Federico Otero y su madre Rosa Chico pidieron la “probation” y ofrecieron donar dinero y sachets de leche a instituciones de bien público. “Carecen de antecedentes penales y en caso de haber condena sería condicional”, dijo el defensor, Fabián Gabalachis, a la vez que ofreció una reparación económica y tareas comunitarias.

Por su parte, la jueza indicó que se daban los requisitos para otorgar la medida, por lo que los imputados deberán donar dinero y “packs de leche” a instituciones benéficas.

Por su parte, Federico Otero y su madre Rosa Chico estuvieron patrocinados por el defensor público Gastón Ledesma.

La acusación del Ministerio Público Fiscal era de “estafa”, al considerar que la venta de la pesquera Alpesca entre Segundo y Otero fue simulada. Para los fiscales, Chico y Otero oficiaron de “prestanombres”.

 

20 mil pesos y 60 litros de leche

 

De acuerdo a lo resuelto al concluir la audiencia, Segundo indicó que donará 20 mil pesos para una institución benéfica y además ofreció 60 litros de leche mensuales durante un año y medio para instituciones de bien público. Mientras que Otero y Chico, por su parte, donarán 10 mil pesos, más 60 litros de leche mensuales y además deberá presentarse mensualmente en Puerto Madryn. La suspensión del juicio a prueba será de un año y seis meses para Segundo y de dos años para Otero.

La jueza Stella Eizmendi indicó que se dan los requisitos para otorgar la medida y adelantó que la homologará, aunque sostuvo que se tomará el plazo legal para notificar la resolución por escrito.

 

Madre e hijo, detenidos y liberados

 

El hijo de Rosa Chico estaba prófugo de la Justicia desde hacía más de un año, tras haber sido declarado “en rebeldía” al no presentarse a las audiencias previas. Sin embargo, se presentó en Tribunales en el comienzo del juicio por la supuesta venta simulada de la pesquera y quedó detenido. Otero se sentó junto a su madre, Carmen Rosa Chico, quien también se encuentra detenida en Madryn desde hace dos meses, en el marco de la misma causa, luego de que fuera detectada por la Policía en abril en el barrio de Liniers de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con todo, al termino de la audiencia y al hacerse lugar a la probation la medida restrictiva de liberad quedó sin efecto.

Por su parte, los fiscales creen que Omar y Juan Paulo Segundo buscaron desligarse de sus responsabilidades empresariales utilizando como “prestanombres” en una operación ficticia a Federico Otero y su madre.

 

Tareas comunitarias

 

La “probation” está prevista en el Código Penal y se aplica a delitos donde la pena de prisión efectiva pueda ser en suspenso, lo que permite evitar una condena a cambio de la realización de tareas comunitarias. La medida se otorga cuando el imputado no tiene antecedentes y la pena en expectativa en caso de ser condena no sea de efectivo cumplimiento; en este caso, la estafa parte de un mínimo de un mes.

Momentos antes de que comenzara la audiencia, el abogado de Omar “Cura” Segundo y su hijo Juan Paulo, Fabián Gabalachis, dialogó con los medios y sostuvo, en relación a la misma, que “se trata de una causa que tiene cuatro implicados (por Rosa Chico y Federico Otero), de los cuales yo represento a dos, que es por la venta de la empresa Alpesca, y la pretensión de esta defensa es presentar la suspensión del juicio a prueba”, a la vez manifestó que “entiendo que esto es viable y, según algunas palabras que hemos adelantado con el Ministerio Público Fiscal, sería posible”.

 

Adujeron “falta de antecedentes”

 

El pedido de “probation” se basó en que “es un instituto que lo que hace es suspender el juicio por un lapso de tiempo, en el cual si la persona no tiene la comisión de nuevos delitos, se da por cerrado ese proceso”, agregando que “los presupuestos que tiene para viabilidad del mismo son en relación a la pena que se espera por un delito de estas características y la falta de antecedentes por parte de la persona imputada, junto con otras cuestiones complementarias como son algún ofrecimiento de reparación y medidas comunitarias”.

Consultado sobre si el pedido de suspensión de juicio a prueba sería, de algún modo, reconocer el delito que se le imputa a Segundo, Gabalachis analizó que “justamente, es todo lo contrario; no existe juicio de responsabilidad sino que se suspende el juicio, a los fines de que en ese lapso de tiempo cumpla, o no, con determinado período de prueba, que consiste en no cometer nuevos delitos”.

El letrado remarcó que “lo que se está discutiendo acá es una venta simulada, no hay una determinación de perjuicio económico” y agregó que “lo que ha entendido el juez es que se ha simulado la venta (de la empresa Alpesca) a los fines de perjudicar a quienes podrían llegar a ser acreedores de la firma, pero no se ha determinado en qué monto y con qué características”.

A su vez, reiteró que “no los vamos a someter al juicio (a Omar y Juan Paulo Segundo), sino que vamos a hacer uso de otra herramienta de carácter sustantivo, que prevé el Código Penal, que es la suspensión del juicio, bajo los presupuestos de un período de prueba, para ver si durante el mismo (el imputado) cumple o no cumple”, adelantando que, en caso de que los imputados no cumplieran con lo requerido, “el delito por el cual es imputado (Omar Segundo) tiene una pena mínima de un mes y una máxima de seis años, y dentro de esos parámetros punitivos, sería la discusión que tendría que darse en el marco del juicio, pero para una persona sin antecedentes, difícilmente podría superar los tres años, que implica un cumplimiento condicional”.

 

Deberán portarse bien

 

En referencia a que, una vez concedida la “probation”, el imputado “no debe cometer” nuevos delitos, Gabalachis expresó que dicha solicitud no implica reconocer el delito que se le endilga al cuestionado empresario, sino que “esto no lo digo yo, sino el Código Penal, y justamente la naturaleza del juicio a prueba es esa, no determinar la culpabilidad en referencia al delito, sino que se suspende la continuidad del proceso, sujeto a esta medida que implica, de algún modo, ‘portarse bien’”.

Sobre el papel del juez, en este caso Stella Eizmendi, el abogado aclaró que deberá “homologar” el pedido y que “quien resuelve, en definitiva, es el juez”, añadiendo que “en caso de que no se acepte, no necesariamente para este caso en particular sino a título genérico, cualquiera de las partes, tanto la defensa como la Fiscalía tiene la posibilidad de impugnarla y ello merece un tratamiento por la vía ordinaria”.

A pocos minutos de ingresar al recinto, el letrado había mantenido una conversación con el fiscal general Daniel Báez; consultado respecto de un acuerdo entre ambas partes, Gabalachis sostuvo que “entiendo que va a consentir la aplicación del instituto (“probation”) y, de hecho, ya he leído en la prensa que se había adelantado que podía pasar esto, no salió de mi boca pero evidentemente han tenido una tarea investigativa profunda”.

 

El caso que quedó en abstracto

 

En la causa por la presunta venta simulada de Alpesca están acusados Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y Rosa Chico, la madre de Federico Otero, quien hasta entonces permanecía prófugo. Los fiscales Daniel Báez y Alex Williams aseguraban que fue la venta había sido “simulada”, en perjuicio del Estado y los trabajadores, a la vez que sostuvieron que la venta de la pesquera entre Segundo y Federico Otero fue una “estafa” y que Rosa Chico y Federico Otero fueron “prestanombres”.

La presunta maniobra defraudatoria “se habría desarrollado a través de la simulación de una venta, en la que supuestamente Federico Otero y Rosa Chico le adquirieron el paquete accionario de Alpesca S.A y AP Holding S.A, empresa controladora del paquete accionario de la primera, a Omar Segundo y Juan Paulo Segundo, por la suma de cinco millones y medio de pesos”, afirmaron desde el Ministerio Público Fiscal.

 

Nadie será juzgado

De este modo, tanto Omar “Cura” Segundo como su hijo, Juan Paulo, deberán mantener una conducta “ejemplar” durante el término de un año y medio, a la vez que deberán donar veinte mil peso a una institución benéfica en concepto de “reparación del daño” por el cual ahora no serían juzgados.

Por otra parte, Rosa Chico y Federico Otero deberán “portarse bien” durante dos años y donar 10 mil pesos entre ambos a una institución.

Habiendo sido beneficiados los cuatro imputados con la suspensión del juicio a prueba, finalmente no se expondrán de manera pública las pruebas a través de las cuales la Fiscalía pretendía demostrar la metodología empleada para “estafar” a quienes eran acreedores de la firma, entre ellos casi mil empleados, algunos de los cuales han logrado reinsertarse en el mercado de trabajo, a la vez que una importante cifra de ellos permanece cobrando subsidios.

“No vamos a generar una grieta entre empresarios y sindicatos”

El ministro de Agroindustria provincial, Leonardo Sarquís, y el de Trabajo, Marcelo Villegas, analizan la primera reunión con los distintos sectores del Puerto de la ciudad.

 

El ministro de Agroindustria provincial, Leonardo Sarquís, y el de Trabajo, Marcelo Villegas, encabezaron ayer la primera reunión con empresarios y sindicalistas del Puerto para comenzar a realizar un diagnóstico de los problemas de un sector clave para la economía de la ciudad y luego tomar medidas que lo saquen de la crisis que atraviesa hace años.

 

“No vamos a generar una grieta entre empresarios y sindicatos, queremos un punto de acercamiento”, comentaron los funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal durante una extensa entrevista con LA CAPITAL, donde realizaron un balance del encuentro y comentaron los pasos a seguir.

 

-¿Cómo se va a trabajar para encontrar una solución a los problemas del Puerto?

 

– Sarquís: Hace un mes venimos con Marcelo (Villegas) y nuestros equipos para hablar de cómo encontrar una solución a este problema. Nosotros queremos que haya más trabajo, no sólo en la pesca sino en toda Mar del Plata. A partir de ahí, nosotros nos unimos. Es muy natural trabajar en todos los ministerios de forma compacta y con la gobernadora tenemos una agenda en común. Esa agenda en común de todos los ministerios sobrepasa la agenda particular de cada uno. Lo que nosotros hacemos es trabajar con todos los actores de la cadena.

 

– ¿Y cuáles fueron los objetivos de la reunión?

 

– Sarquís: Hicimos un análisis de diagnóstico y lo pusimos en la mesa para que cada uno ponga y saque lo que quiera para llegar a un modelo de consenso. Una vez que se sepan todos los problemas, vamos a definir prioridades de trabajo. Empezamos a trabajar con todos los actores: hoy (por ayer) hubo gremios, empresas y cámaras. Queremos trabajar con todos para encontrar caminos de solución. Esto es trabajo provincial pero también de Nación, de la que dependen un montón de soluciones.

 

– Los gremios del Puerto suelen estar al borde del estallido por la alta desocupación. ¿Qué impresión se llevó?

 

-Villegas: La problemática de la industria de la pesca es muy específica y muy particular. Teniendo todas las condiciones naturales, de infraestructura y de industria, el Puerto de Mar del Plata por distintas razones se ha ido transformando casi en una actividad de borde en lo que es materia de formalidad e informalidad. Siempre ha habido abordajes muy puntuales en lugar de integral. Por eso, le hemos propuesto a los industriales pesqueros como a los sindicatos un abordaje integral e integrado. Integral porque significa analizar distintos ejes que hacen a la industria y que tienen que ver con el recurso, con la cuota, con la cuotificación, con el combustibles y con los impuestos. E integrado porque lo hacemos en una forma entre los dos ministerios en este caso.

 

– ¿Por qué hay tanto desempleo en el sector?

 

– Villegas: Nosotros tenemos que revisar muy fuertemente el tema del trabajo. Hoy la situación está de alguna manera descalibrada en la industria y eso genera que esté un poco mezclado todo. Y aclaro: hay empresarios idóneos que han apostado mucho de su patrimonio desde hace muchos años, familias tradicionales de la industria y sindicatos que han tenido que sobrevivir a distintas situaciones. Y también, por otro lado, a la industria han llegado aventureros que han generado situaciones muy complicadas. Entonces, hay trabajo en blanco pero también trabajo informal bajo las pseudocooperativas.

 

– ¿Qué van a hacer con las pseudocooperativas?

 

– Villegas: Ahí vamos a ser muy claros y transparentes: lo que es una cooperativa y funciona como tal seguirá así y las que han sido creadas para generar fraude laboral e informalidad para competir deslealmente van a tener que formalizarlas como corresponde. Ahí tenemos una gran tarea. Hoy Mar del Plata tiene menos industria pesquera que hace muchos años. Ha habido una involución pero tiene que volver a ser uno de los motores de Mar del Plata.

 

– Hay una histórica discusión entre gremios y empresarios por la salida de los barcos fresqueros a pescar. Los sindicatos dicen que los paran sin motivos y éstos que no les dan los costos para moverlos. ¿Cómo van a trabajar ante este escenario?

 

– Sarquís: A partir de que abrimos estas mesas de discusiones, estamos seguros que algún punto de encuentro hay. No tenemos dudas que lo habrá. El camino puede ser largo o no, dependiendo de lo que cada uno ponga en la mesa qué quiere discutir. Acá lo que nosotros buscamos es que los gremios tengan su parte, los empresarios la suya y que cada uno discuta para llegar a una solución. Nosotros no vamos a generar ninguna grieta entre ellos. Buscamos un punto de acercamiento entre sindicatos y empresarios. Hay problemáticas de cada uno que son particulares pero en el final todos queremos que se genere más trabajo y de mejor calidad. Necesitamos eso y Mar del Plata lo necesita.

 

– ¿Ve predisposición para lograrlo?

 

– Sarquís: La predisposición es muy buena. Todos tienen ganas de que se empiecen a destrabar cosas. Me parece que poner un plan de acción con los puntos principales que cada uno tiene es un buen punto para empezar. Trabajar en conjunto es el camino que va a llevar a que de a poquito se empiecen a encontrar soluciones. Hoy podemos hacer el esfuerzo de conseguir una cuotificación con Nación pero a su vez los barcos no quieren salir porque hay que poner 250 mil pesos para combustible entre ida y vuelta hace que no sea rentable o que apenas se paguen los costos de una salida al mar. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver también y trabajar en conjunto con Nación.

 

– Los empresarios fueron beneficiados con la devaluación y con la quita de retenciones pero siguen sosteniendo que los números no les cierran. ¿Es legítimo este reclamo en medio de un gobierno que los ha favorecido?

 

– Sarquís: Tienen razón y es así. Cuando el reclamo no es infundado y está bien dirigido a través de números, es así. Nosotros somos resultadistas: somos muy gestionadores y necesitamos mirar los números de antes, después y durante para ver cómo podemos mejorar eso. El reclamo es lógico y ninguno de los empresarios no valora los beneficios que han tenido con algunas medidas económicas, pero obviamente las subas de tarifas tienen impacto. Y está bien que lo reclamen. Ellos también aportaron ideas y está muy bien escucharlos.

 

– Ese aumento de tarifas también repercutió con fuerza en los trabajadores y afectan a la delicada situación del Puerto. ¿Los trabajadores le pidieron algún paliativo para enfrentar estas subas?

 

– Villegas: No fue uno de los temas de la agenda y tampoco surgió. Cuando hablamos de tarifas y ese tipo de cuestiones, es verdad que se plantean desde algunos sectores el ajuste en estas tarifas y eso genera impactos tanto sobre las empresas como en las familias de los trabajadores. Frente a esto dos cosas. Hoy en la ciudad de Mar del Plata hay miles de familias que construyeron su casa y no pueden conectar el gas. No es porque falta la obra sino porque falta el gas. Esa es la herencia de la política de hacernos creer que el gas valía lo que valía. En Mar del Plata hay edificios completos con mucho agregado de valor que no tienen instalaciones de gas. Ahora independientemente de estas cuestiones, lo que hay que decir, cuando hablamos de los impactos de las tarifas, es que no sólo hay planes desarrollados para paliar esta situación en el mundo de las empresa sino también a nivel nacional y provincial hay un enorme esfuerzo para estar cerca de los sectores más vulnerables que tuvieron un impacto tarifario en su vida diaria. La gobernadora reasignó gastos por 9.200 millones de pesos a todo lo que tiene que ver con desarrollo social. Estamos trabajando codo a codo todos los ministros con María Eugenia en hacer los mayores esfuerzos porque somos conscientes de los impactos en las tarifas pero también hay muchas cosas en las que podemos ayudar para que se transiten de una manera distinta. Es parte del sinceramiento del que habló el presidente Macri y que había que llevarlo adelante.

 

– ¿Qué les prometió a los marplatenses que se reunieron con al expectativa de solucionar el problemas en al pesca?

 

– Sarquís: Promesas no hacemos en la medida que no podamos cumplir lo que decimos. Somos muy realistas y hablamos de la verdad. La reunión era el comienzo de un plan de acción para comenzar a trabajar. Hicimos un acta acuerdo todos los que estuvimos, donde se fijaron reuniones cada 15 días que las van a manejar nuestros representantes y nosotros vamos a venir cada dos reuniones, es decir una vez por mes como mínimo para seguir avanzando. Vamos a hacer circular un documento en borrador para que cada una de las áreas aporte lo que quiera aportar para tener un documento consensuado con el objetivo de hacer un diagnóstico de los problemas de la pesca. Quedamos en que cada uno de ellos pongan de tres a cinco ejes donde quieren que canalicemos las discusiones a partir de la próxima reunión que va a ser en Mar del Plata el 7 de julio.

 

– Villegas: Trabajamos con método, proceso, objetivo y resultado. Vamos a compartir un diagnóstico y ellos lo van a complementar para tener un diagnóstico en común. A partir de ahí, ellos ponen cinco ejes de trabajo y se pone una matriz de corto, mediano y largo plazo. Vamos a hacer un operativo táctico y estratégico y trabajar con un mapeo de prioridades. Vamos a traer otras jurisdicciones que tienen que aportar a la solución global como pueden ser Pesca y Trabajo de Nación. Nos estamos proponiendo 90 días de trabajo a full para sacar un proyecto para ordenar la industria pesquera

Crean el Consejo Federal Portuario

Estará integrado por autoridades provinciales con competencia en materia portuaria, entre otros. El organismo buscará promover políticas para el desarrollo del sector.

 

El Ministerio de Transporte de la Nación publicó hoy en el Boletín Oficial la Resolución 99/2016 que crea el Consejo Federal Portuario. El nuevo organismo de carácter consultivo buscará discutir políticas para el desarrollo de las terminales.

Según establece la normativa, estará presidido por el Estado nacional a través de la autoridad en la materia y, además, integrará a representantes de las provincias con competencia en materia portuaria; entre ellas, la bonaerense.

 

También se sumará un delegado por la ciudad de Buenos Aires, un representante del Consejo Portuario Argentino (CPA) y un representante de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales. Cada uno de ellos durará un año en el cargo.

 

El nuevo Consejo tendrá los siguientes objetivos:

 

  • Dictar su reglamento interno estableciendo sus órganos de gobierno y procedimientos tendientes a la toma de decisiones.

 

  • Promover la elaboración de políticas públicas y planes para el desarrollo en materia portuaria y en forma integrada con la política de transporte a nivel nacional.

 

  • Fomentar el desarrollo de políticas de planeamiento estratégico, que contribuyan a la modernización, integración y competitividad de los puertos y del transporte marítimo y fluvial.

 

  • Participar activamente en la toma de medidas tendientes a lograr mayor transparencia en el campo de la competencia y mayor eficiencia en los costos.

 

  • Asesorar a la autoridad portuaria nacional, a las jurisdicciones provinciales portuarias y a los representantes sectoriales del sector privado en cuestiones referentes a la organización, coordinación, promoción y reglamentación de las actividades vinculadas al quehacer portuario, marítimo y fluvial.

 

  • Impulsar acciones tendientes a lograr la armonización de intereses de todas las jurisdicciones a fin de obtener la mayor eficiencia en el logro de los objetivos planteados.

 

  • Cooperar, asistir y asesorar en las actividades y emprendimientos de cada uno de sus miembros cuando lo fuere requerido.

 

  • Promover el desarrollo portuario sustentable de las diferentes regiones, provincias, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

  • Convocar a entidades públicas y privadas a colaborar en la consecución de los objetivos establecidos.

 

  • Establecer, ampliar y coordinar relaciones de todo orden con otros organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros en general, y especialmente con aquellos que puedan otorgar líneas de financiamiento, implementos y apoyo técnico para la ejecución de proyectos.

 

  • Habilitar un proceso de apertura institucional a los distintos sectores de la actividad productiva nacional, destinado a constituir foros de tratamiento conjunto de políticas, normativas y gestión asociados a la materia portuaria y de transporte.

 

  • Proyectar la concreción de un adecuado sistema de formación de recursos humanos, que tengan por finalidad contribuir al desarrollo y mejoramiento de los puertos y/o terminales portuarias

Deseado lidera las descargas de langostino

El muelle deseadense nuevamente se llenó de barcos tangoneros que ingresaron con sus bodegas repletas de langostino tras concluir la segunda marea.

Mientras una docena de barcos permanecía en el muelle efectuando tareas de descarga, en la rada varios buques esperaban un lugar para hacer su ingreso a puerto.

“Se está viviendo la temporada a pleno con mucho trabajo que es lo más importante, y esperemos que el langostino dure hasta noviembre” señaló un actor portuario al acotar que “por la avalancha de tangoneros ingresaron estibadores con documento, (casuales) que se sumaron a los con ticket.

En tanto las distintas empresas armadoras que operan en el muelle local, se mostraron conformes con el arranque de la temporada, pero admiten algunas variaciones en la abundancia respecto a la temporada anterior. “Se está pescando bien, pero notamos que las concentraciones de langostino son menores al año pasado, lo notamos en los lances que duran más, de todos modos el informe del INIDEP dice que hay menos langostino”, señaló un armador que se comunicó con Crónica.

 

Otro armador sostuvo que durante los últimos días comenzó a notarse la presencia de más langostino L3. “El porcentaje de L3 creció, ascendió a un 30%, casi igualando al L2 que se ubica en un 32%, y el L1 en cambio se ubica ahora en 18 a 20 %”, sostuvo.

 

En cuanto a los desembarques, según la estadísticas del Ministerio de Agroindustria de la Nación, por el puerto de Deseado se descargó hasta el 13 de junio 4.281 toneladas de langostino, 3.595 por Puerto Madryn, por Caleta Paula 2.180 toneladas, por el puerto de Mar del Plata 1.769 y por San Antonio Oeste 1.386 toneladas.

 

Buques ingresados

 

Empesur III, Argenova IV, Empesur IV, Miércoles Santo, Mar María, Jueves Santo, Alver, Empesur II, Argenova VI, Arbumasa I, Arbumasa X, Arbumasa VXII, Arbumasa XIV, Arbumasa XV, Arbumasa XVI.

Por corte del SUPA el acceso a Rawson estuvo restringido largas horas de la mañana

Desde horas tempranas de esta mañana trabajadores del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos mantuvieron cortada la ruta 7 y 25 entre Trelew y Rawson. Reclamaban el pago de un subsidio de $6.300. Al mediodía se llegó un acuerdo con el Gobierno para acreditar el pago el día jueves. Cisterna calificó a la medida de fuerza como una “extorsión al gobierno del Chubut”.

El acceso a Rawson estuvo restringido a lo largo de toda la mañana, hasta horas del mediodía, cuando los trabajadores de SUPA acordaron en una reunión con el secretario de Pesca de Chubut, Alberto Gilardino, pago de subsidio de 6300, y advirtiendo desde el sindicato que si esto no se concreta volverán a cortar la ruta.

Gilardino explicó que reclamaban “el pago de un subsidio de 6.300 pesos establecido en una ley que se sancionó durante el gobierno anterior, pero que nunca fue reglamentada, y ahora debemos hacer frente a este tipo de problemas y lo hacemos, pero sabiendo que primero el Estado debe cumplir con sus obligaciones indelegables como es la Salud, Seguridad y Educación”.

El funcionario advirtió que “hemos dialogado con ellos y les explicamos la difícil situación que atraviesan las finanzas provinciales y comprometimos el mayor esfuerzo de parte nuestra para poder hacer frente a este reclamo, una vez que estén cancelados los aguinaldos y sueldos de los agentes públicos”.

“Esto es una extorsión al Gobierno de Chubut”

Por su parte, el ministro coordinador, Víctor Cisterna, habló al respecto al aire de FM EL CHUBUT 90.1, y sentenció la medida de fuerza como una “extorsión al Gobierno del Chubut”.

Del mismo modo señaló que el corte no es una medida tomada por Supa en su totalidad, sino que lo llevó su gente de Rawson.

“Hace 20 días cobraron” marcó Cisterna. “Va a tener consecuencias legales” señaló.

Comienza el juicio por presunta estafa en la venta de Alpesca

La causa por la supuesta venta simulada de Alpesca llega hoy a su primera audiencia de juicio oral y público. Están acusados Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y Rosa Chico, la madre de Federico Otero, que permanece en calidad de prófugo. Chico sigue detenida tras haber sido apresada en Buenos Aires meses atrás.

Los fiscales aseguran que fue “simulada”, en perjuicio del Estado y los trabajadores.

Los fiscales Daniel Báez y Alex Williams acusan que la venta de la pesquera entre Segundo y Federico Otero fue una “estafa” y sostiene que Rosa Chico y Federico Otero – que se encuentra prófugo-oficiaron de “prestanombres”. La calificación legal del hecho es de “estafa”, previsto por el Código Penal con penas de 1 mes a seis años de cárcel.

La presunta maniobra defraudatoria “se habría desarrollado a través de la simulación de una venta, en la que supuestamente Federico Otero y Rosa Chico le adquirieron el paquete accionario de Alpesca S.A y AP Holding S.A (empresa controladora del paquete accionario de Alpesca) a Omar Segundo y Juan Paulo Segundo por la suma de cinco millones y medio de pesos”, afirman los fiscales madrynenses.

El abogado Fabián Gabalachis representa a Segundo mientras que Chico es patrocinada por la Defensa Pública. En tanto, la jueza del debate, que se desarrollará en Tribunales, será la doctora Stella Eizmendi.

Trascendió que los defensores de Segundo y Chico solicitarán la aplicación del beneficio de suspensión de juicio a prueba, es decir, aceptarían los hechos, y propondrían hacer ‘tareas comunitarias’ a cambio de no ir a juicio. Este sería el planteo que harían las defensas esta mañana cuando se realice la primera audiencia prevista para las 8.30 en los tribunales de Puerto Madryn.

Cabe mencionar que la “probation” puede ser aplicada a delitos donde la pena de prisión efectiva pueda ser en suspenso, lo que permite evitar una condena a cambio de la realización de tareas comunitarias.

La medida se otorga cuando el imputado no tiene antecedentes y es una pena que no prevé una pena de efectivo cumplimiento (en este caso parte de un mínimo de 1 mes).

El sistema, adoptado en 1994 por el Código Penal, permite que la condena pueda ser reemplazada por tareas comunitarias en aquellos casos en los que la pena prevista para el delito no exceda los tres años de prisión de mínimo y el imputado no posea antecedentes. Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente.

El juez puede establecer reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del artículo 27 bis. Por ejemplo, deberá disponer que el imputado fije residencia, se abstenga de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; se someta a tratamiento médico o psicológico; realice trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.

Portuarios cortan las rutas de acceso a Rawson y el Gobierno los denunciará

El secretario de Pesca de la provincia, Alberto Gilardino, adelantó que el Gobierno denunciará penalmente a los trabajadores que se encuentran cortando la Ruta Nacional 25 y la Ruta Provincial 7, en reclamo del pago

Estibadores del Puerto de Rawson que reclaman el pago de un subsidio de provincia, decidieron cortar desde antes de las 7 de la mañana los accesos por ambas rutas desde Trelew a Rawson.

Largas filas se registran en las rutas ya que los trabajadores solo dejan pasar 10 vehículos cada 10 o 15 minutos.

Ante esta situación, el gobierno provincial confirmó que realizará las denuncias penales contra los trabajadores del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) que se encuentran interrumpiendo la circulación en la ruta nacional N° 25 y provincial N° 7.

 

El secretario de Pesca de Chubut, Alberto Gilardino, solicitó que levanten la medida de fuerza para posibilitará el diálogo. “Con las rutas cortadas no vamos a dialogar”, dijo. Y explicó que hace pocos días las empresas pagaron entre 15 y 20 mil personas a cada trabajador. “No se puede tomar de rehén a toda la sociedad, porque además siempre mantuvimos las vía de diálogo y para poder retomar las conversaciones es indispensable que levanten el corte de las rutas”, concluyó.