Diario La Capital de Mar del Plata
En enero se descargaron 5 mil toneladas menos de pescado, un derrumbe cercano al 35% respecto al mismo periodo de 2024.
El puerto de Mar del Plata es el reflejo de una “situación crítica” que atraviesa la actividad económica de la pesca a nivel nacional, en un escenario que, por una sumatoria de factores, “amenaza su sostenibilidad y el empleo de miles de trabajadores”. Desde hace meses, la rentabilidad del sector, en particular la de los barcos fresqueros y las plantas elaboradoras en tierra, deja “saldo negativo” y crece la preocupación.
Los datos oficiales evidencian una pronunciada caída de la actividad pesquera: en diciembre bajó 22,7% según el Índice de Producción Industrial Pesquero, y en enero los desembarcos cayeron un 7%. El mayor impacto se registró en el puerto de Mar del Plata, donde se descargaron 5 mil toneladas menos de pescado, un derrumbe cercano al 35% respecto al mismo periodo de 2024.
En los últimos días, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera de Mar del Plata difundió un informe realizado por la Consultora Económica INVECQ.
Tanto los barcos fresqueros (primer eslabón de la cadena extractiva) que operan sobre la merluza hubbsi y el variados costero, como las plantas procesadoras que elaboran en tierra dicha producción y que luego la exportan, “están operando en situación de quebranto”, alerta el informe.
La rentabilidad con saldo negativo, aseguran, se da como consecuencia de dos grandes factores: “Ingresos deprimidos” (caída en los precios internacionales, atraso cambiario y vigencia de los derechos de exportación) y “encarecimiento de los costos” (apreciación del peso, exceso de regulaciones “innecesarias” y el incumplimiento de los convenios colectivos de trabajo).
Para el trabajo se tomó como referencia un barco con una producción por marea de 3.000 cajones de merluza en Mar del Plata: en noviembre de 2024 generó ingresos por $73,5 millones y afrontó costos y gastos por $89,2 millones; es decir, tuvo una pérdida por marea de $15 millones (-21%). Al realizar este mismo ejercicio pero para el segundo semestre de 2018, momento de relativo orden macroeconómico, queda en evidencia el deterioro: en ese entonces la rentabilidad era positiva y rondaba el 20%.
La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera advirtió que el sector es “una fuente clave” de empleo y “un pilar fundamental” de la economía regional, y que “de no tomarse medidas urgentes, se corre el riesgo de una retracción aún mayor de la actividad, con consecuencias sociales y económicas de gran impacto”.
Ingresos en caída
Casi en su totalidad, la producción de merluza de la flota fresquera se exporta. Por eso mismo, los ingresos del sector dependen del precio internacional del pescado. En los productos como la merluza fresca que se vende en la ciudad, el precio cayó 40% entre 2018 y 2024 en pesos constantes (teniendo en cuenta la inflación), mientras que en lo que se exporta, la baja del precio es del 25% en dólares actuales, según el informe.
En otras palabras, los ingresos del sector fueron “castigados por doble vía”: recibieron un shock exógeno, como lo es la baja de los precios internacionales (en particular aquellos de las ventas hacia Brasil); y, además, el poder de compra interno de la merluza “disminuyó aún más dado el atraso del tipo de cambio real” (TCR).
Pero si al análisis se incorporan los derechos de exportación (DEX), también se evidencia un deterioro en relación con años previos: en 2016, la administración de Mauricio Macri llevó la alícuota a 0% hasta septiembre 2018, momento en el cual se reintrodujeron a razón de $1 por dólar; luego, en mandato de Alberto Fernández, se situaron en 7%, porcentaje que sigue vigente hoy. Recientemente, la pesca fue excluida de la eliminación de los DEX para economías regionales, anunciada por el gobierno de Javier Milei en enero de 2025.
Por otro lado, en relación a la “apreciación del peso”, el informe marca: “El gobierno de Javier Milei recibió un tipo de cambio real TCR en mínimos históricos, y una brecha que oscilaba el 165%. Por ello, apenas asumió, el BCRA aumentó el TC oficial un 118% -de $367 a $800-; y, desde ese entonces, aplicó una depreciación mensual del 2%, que desde febrero 2025 pasó a ser del 1%”.
A su vez, el informe marca que si bien “el atraso cambiario puede ser beneficioso para algunos sectores”, en el caso de la pesca “es sumamente nocivo”.
Como casi la totalidad de la producción se exporta, “un TCR bajo se traduce en menores ingresos reales para los productores”, pero, al mismo tiempo, con una gran importancia de los costos en pesos, “infla” los costos medidos en dólares. En otras palabras: la rentabilidad del sector se ve perjudicada por doble vía.
Costos en alza
El informe analiza también la evolución de los salarios en la pesca, con algunos cuestionamientos por parte de la Asociación de Embarcadores Costeros hacia los gremios.
“La remuneración de los trabajadores embarcados en la flota fresquera de altura no se rige por los CCT sino por unas ‘tablitas’ impuestas por los gremios, en donde se fija el valor monetario por cajón para los distintos tipos de tripulantes. El sueldo mensual se determina de la siguiente manera: valor por cajón multiplicado por la cantidad de cajones de cada barco. Y la diferencia entre ambos es abismal: en el caso del capitán y subcapitán, la brecha entre el salario de convenio y el efectivamente pagado por la aplicación de las ‘tablitas’ ronda el 150%, mientras que para el resto de la tripulación oscila entre 30% y 40%”, detalla el trabajo.
Además, se marca que los sindicatos también “fuerzan a las empresas” a pagar “faltantes” en caso de que en la práctica se encuentren operando con menos empleados que lo establecido teóricamente.
Naturalmente, los salarios no son el único “costo” para las empresas. De hecho, sobresale que la estiba aumentó 30% (100%) en pesos constantes (dólares corrientes).
A su vez, los costos de observador e inspector de pesca aumentaron 20% (50%) y 775% (1.100%) en pesos constantes, respectivamente.
Por otro lado aumentó 10% el hielo (70%) en pesos constantes por la quita de subsidios a la generación eléctrica y suba de impuestos provinciales.
Otro costo en alza es el sistema de gestión, que en 2018 ni siquiera existía, y se les impuso a las embarcaciones en los últimos años tras varias normativas que se generaron post incremento de los accidentes en la marea.
Finalmente, el Derecho Único de Extracción (DUE) aumentó 300% (500%) en pesos constantes (dólares corrientes). Es un pago que se realiza sobre el producto extraído, no exportado; y lo paga el productor a los 15 días, no el exportador.
Sobre el final de este apartado, se incluye además que la pesca enfrenta “innumerables regulaciones” que “dificultan y encarecen” la operatoria del sector. Estas abarcan normativas, ordenanzas, decretos y leyes, bajo la órbita de distintos organismos públicos (PNA, Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Ministerio de Economía, de Trabajo, de Desarrollo Humano, SENASA, ARCA, Consorcios Portuarios), las cuales “son obsoletas e incluso a veces se superponen”, aseguran.
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Propuestas concretas
Prácticamente desde que asumió Javier Milei, el sector pesquero le pide al gobierno ser escuchado y que abra el diálogo para encontrar en conjunto soluciones que permitan salir de esta “situación crítica”. Sucedió con el DNU y la Ley Bases, luego con las cuotas de pesca y desde hace meses con un tema que fue escalando: la pérdida de rentabilidad.
Por eso, en el cierre del informe el sector propone “soluciones” que “impactarían positivamente” en la rentabilidad de los demás eslabones.
“Instamos a las autoridades a revisar las políticas vigentes y adoptar soluciones concretas que permitan aliviar la presión sobre la industria pesquera. Es imperativo reducir las cargas impositivas, actualizar las regulaciones laborales y establecer mecanismos que protejan la competitividad de la pesca en el mercado internacional”, plantearon.
Concretamente, el sector propone: la eliminación de los DEX, dar marcha atrás en el aumento del DUE, la supresión del sistema de gestión y la quita de los aranceles a la importación de redes, partes y repuestos de motores, y la disminución de la tasa estadística a 0,5% como en 2018.
Aplicando estos cambios, aseguran que la rentabilidad mejoraría “en 12 puntos porcentuales, pasando de -21% a -9%”.
Por otro lado, sugirieron modificaciones en el plano laboral: un escenario en el que los salarios queden regidos por los convenios colectivos de trabajos en lugar de las “tablitas” de los gremios, y otro que además incluye cambios en la cantidad de tripulantes -maquinistas y marineros- necesarios para embarcar (principalmente, no abonar “faltantes”). La mejora en la rentabilidad, aseguran, sería “notable”: del -21% actual se pasaría a 7% y 20%, respectivamente.
