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El hundimiento del Buque Pesquero Artesanal Carlillo en a 17 millas náuticas del puerto de Rawson ha puesto en el centro del debate público un oscuro entramado de irregularidades en la actividad pesquera de langostino en aguas bajo jurisdicción provincial, ante declaraciones radiales del propietario del siniestrado buque.
La sobrecarga de las embarcaciones, una práctica recurrente y ampliamente tolerada, aparece como una de las principales hipótesis de la tragedia a pesar que el buque haya evidenciado una vuelta de campana, lo que podría avalar e inferir un mal uso de la administración de cargas iniciales haciéndolo inestable. Esta situación, lejos de ser un caso aislado, expone la connivencia de actores que operan impunemente en el sector y agravados por la pesima administracion en las decisiones que se toman sobre un artefacto naval.
El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, ha sido categórico al señalar que la embarcación siniestrada había sido objeto de sanciones previas por sobrecarga. Además, advirtió que se presentará ante la Justicia Federal para exigir una investigación, dado que en el barco se encontraba un tripulante no declarado en el rol realizado ante la Prefectura Naval Argentina, en abierta violación a la normativa vigente.
Una denuncia pública que expone los sucesos
Julio César Domínguez, propietario del BP Carlillo, ha puesto en evidencia una maniobra generalizada de sobreexplotación de los recursos pesqueros: “ Los barcos artesanales están trayendo entre 700 y 750 cajones. No están viniendo con 580 ”, reveló en declaraciones a Radio Chubut, ayer. Este dato pone en jaque la versión oficial y deja al descubierto una red de encubrimientos y omisiones que compromete la sostenibilidad de la actividad.
Lejos de limitarse a una mera denuncia, Domínguez elevó el tono de la exigencia y reclamó una investigación exhaustiva: “Ya que él dice (por Arbeletche) que mi barco viene con sobrepeso, me pongo a disposición de la Justicia. Que investiguen lo que están trayendo los barcos”. Sus palabras, lejos de disipar las sospechas, las ratifican con contundencia, revelando que el sobrecupo en las embarcaciones no es un hecho aislado ni fortuito, sino una práctica sistemática, tolerada y fomentada desde las más altas esferas de la administración pesquera provincial.
Desde el año 2018, nuestra editorial ha documentado con rigurosidad cómo esta irregularidad ha sido implementada con impunidad bajo antiguas gestiones de ex secretarios de pesca, ambos amparados por la complacencia de la administración central de pesca. En el seno del Consejo Federal Pesquero, la laxitud normativa y el desdén por los principios rectores de la legislación han derivado en un festival de discrecionalidad, donde la aplicación de la ley parece responder más a los otrora intereses de turno, que al ordenamiento jurídico.
En un ámbito donde una mayoría simple de consejeros puede torcer la balanza de la legalidad a su antojo, no resulta descabellado pensar que, de mediar el suficiente consenso, hasta la mismísima ley de gravedad podría haberse abolido en aquel recinto. Lo acontecido entre 2017 y 2023 no es más que un reflejo nítido de esta arbitrariedad institucionalizada, un capítulo vergonzoso en la historia pesquera de nuestro país que aún espera justicia.
¿30.000 dólares para vulnerar la Ley?
El relato radial del armador suma una acusación de extrema gravedad: la existencia de un sistema de sobornos para permitir las cargas excedentes. “ La ley dice que un artesanal no puede traer más de 580 cajones, pero hay barcos nuevos que están trayendo más que eso. Ya que él quiere investigar, que investigue todo”, insistió. Acto seguido, lanzó una denuncia explosiva: “Me dijeron que si querían traer 700 cajones, tenían que pagar 30.000 dólares ”. Esta revelación confirma la existencia de una estructura corrupta que, con la complicidad de funcionarios y empresarios, permite la sobreexplotación ilegal de los recursos marinos. Nada escapa a nuestro hilo de pensamiento en los últimos años.
La maniobra delictiva no se limitaría solo a la carga ilegal, sino que también alcanzaría a la adjudicación de permisos de pesca, donde las sumas exigidas son aún más escandalosas. Domínguez aseguró que “para pasar el permiso del barco viejo al barco nuevo tuvieron que pagar 100.000 dólares”, dejando en evidencia un negocio millonario basado en la manipulación de los permisos de pesca de la provincia.
Reformulaciones de Permisos de Pesca: la historia se repite
El armador denunció además que lleva años siendo víctima de presiones y maniobras ilegales para despojarlo de su permiso de pesca: “Me vienen persiguiendo hace años porque quieren recuperar su permiso”. En su testimonio, Domínguez recordó cómo su hermano, Carlos Domínguez, un mozo de la Cantina Marcelino, terminó vinculado a la CAFACh, en una trama que lo dejó a merced de los intereses de poderosos actores del sector.
Las declaraciones de Domínguez ponen al descubierto un sistema mafioso enquistado en la actividad pesquera de Chubut, donde los permisos de pesca se otorgan, revocan o mantienen mediante negociaciones oscuras. “Siempre me callé la boca”, confesó, pero ahora asegura que está dispuesto a hablar y revelar con pruebas las maniobras ilícitas que han regido la actividad durante décadas.
Un llamado urgente a la justicia
Las irregularidades denunciadas no solo representan un grave atentado contra la legalidad y la transparencia en la administración pesquera, sino que también afectan la sostenibilidad del recurso y ponen en riesgo la vida de los trabajadores del mar. La connivencia entre empresarios, funcionarios y políticos ha convertido al sector en un terreno fértil para la corrupción, el fraude y la explotación irracional de los recursos vivos del mar argentino.
Ante este panorama desolador, resulta imprescindible que la Justicia actúe con celeridad e independencia, investigando a fondo las denuncias y castigando a los responsables de estas maniobras ilegales que, hasta ahora, han operado con total impunidad bajo el amparo político de turno, antes y ahora.
La historia condena viejos actores y promesas incumplidas
Finalmente, con la nueva asunción del gobernador Ignacio Torres ha conferido a la palabra su justo valor, cumpliendo –al menos parcialmente– su promesa electoral de derogar la cuestionada Ley de Pesca. No obstante, la decisión, aunque loable, viene acompañada de matices y concesiones que invitan a la sospecha sobre los verdaderos motivos de su repliegue.
Su determinación merece reconocimiento, pues, aun cuando ciertos permisos sean nuevamente adjudicados a sus actuales titulares, ello ocurrirá bajo una normativa más equitativa y un sistema de otorgamiento transparente. Sin embargo, transparencia y justicia son principios que se desvanecen si no se revocan los cinco (5) permisos de VA.CO.PA. (Permisos Experimentales de Variado Costero Patagónico), otorgados en circunstancias turbias, opacas y perpetuando irregularidades.
Estos permisos han sido, desde su origen, el emblema de una ilegalidad flagrante: discrecionalidad, favoritismos y aberraciones jurídicas que desafían el sentido común. Se trata de un mecanismo que ha servido para beneficiar a titulares fantasmales y duales, sin otra justificación que la connivencia con los poderes de turno. Un abuso de tal magnitud que incluso los legisladores intentaron maquillarlo otorgando un sexto permiso a un damnificado por sus propias arbitrariedades. Todo un despropósito que para quienes somos memoriosos, lo recordamos.
La Ley IX-157 consagra una reconfiguración del esquema pesquero provincial al crear nueve (9) nuevos permisos de pesca para la llamada flota amarilla. Un cambio cuyo impacto ambiental en la sostenibilidad del recurso se estima en no menos de 15.000 toneladas adicionales de captura de langostino por año. Esto resulta preocupante si se considera que el recurso está sujeto a regulaciones interjurisdiccionales del Consejo Federal Pesquero, que ha alertado sobre la disminución de su biomasa oportunamente, como del impacto por ser una especie transzonal hacia otros derivados de la flota tangonera argentina.
El escándalo no acaba ahí. En un acto de prestidigitación digno de Copperfield, el artículo 34.2.4 de la Ley IX-157 transforma los permisos experimentales en licencias irrestrictas de Flota Amarilla, garantizando impunidad y consolidando un modelo de privilegio selectivo. Esto representa la materialización del fraude de los VA.CO.PA.’s, un artilugio que viola principios jurídicos elementales y que debería ser objeto de una profunda investigación judicial.
El despropósito se extiende al método de adjudicación. Estos permisos, considerados entre los más valiosos del caladero argentino, fueron entregados de manera gratuita y sin condiciones. Un regalo de proporciones colosales, obscenas si se tiene en cuenta que, en 2020, el entonces gobernador Mariano Arcioni tasó cada permiso en dos millones de dólares (U$S 2.000.000). Tal vez por eso, el Dr. Arcioni optó por la promulgación tácita de la ley, evitando comprometer su firma con semejante disparate.
Más allá del entramado de ilegalidades, lo verdaderamente indignante es la burda intención de encubrirlas. La Ley IX-157 no persigue el interés general ni la sostenibilidad del recurso, sino la perpetuación de un “club de amigos”, hoy transvestidos a cineastas y célebres difusores de los beneficios de la pesca chubutense, dentro de un sistema diseñado para enriquecer a unos pocos a expensas de la legalidad y el bien común. No es una política pesquera, es una garantía de impunidad y negociado donde se perdió la matriz laboral y productiva de una actividad tan noble y legendaria como la pesca de un producto PREMIUM para el mundo. Se vandalizó la actividad que hoy está circunscripta a la peor de las marginalidades, la destrucción de su rentabilidad y la inviabilidad operativa.
Los antecedentes de esta maniobra son múltiples y documentados. Desde la reglamentación arbitraria del artículo 35 de la Ley IX-75, hasta la creación de los permisos “primavera 2019”, categoría exclusiva para un selecto grupo de armadores de Rawson, cuyos beneficios jurídicos desafían cualquier lógica normativa ante la ceguera del CFP y el subsecretario de pesca, vil participantes de una banda que dictamina reglamentaciones, normas y resoluciones paralelas al estricto espíritu de la Ley.
La desestimación deliberada y la impunidad desenfrenada han eclipsado al conjunto de actores legítimos del sector, degradando la noble y ancestral industria pesquera hasta transformarla en un enclave de negociaciones turbias, dominado por una casta de intereses espurios meticulosamente identificada.
No se trata de tecnicismos ni de interpretaciones jurídicas sofisticadas. Se trata de una evidencia rotunda que deja en claro la complicidad de funcionarios, legisladores y empresarios en una maniobra que no resiste el más mínimo escrutinio público. Y ante semejante realidad, la posición del Gobernador Torres podría haber sido fundamental, sin embargo, prefirió avanzar. No basta con una tímida revisión de los permisos. Si verdaderamente pretende honrar su compromiso y la justicia dar lugar al este armador, se debe avanzar en la anulación total de este entramado de corrupción institucionalizada.
La historia demuestra que las leyes no borran las irregularidades ni redimen a sus responsables. La ilegalidad no se legitima con un nuevo texto normativo. Y si la justicia ha de intervenir, no será para convalidar lo que a todas luces es un atropello al derecho y a la equidad en el sector pesquero, máxime cuando el recurso es un bien de la Nación al margen de la administración provincial.
El Gobernador Torres y la justicia tienen en sus manos la oportunidad de poner fin a esta vergüenza y devolver la actividad pesquera a los trabajadores y empresas que operan dentro del marco que rige la ley. Si no lo hace, el legado de su gestión no será el de la transparencia, sino el de la claudicación ante los poderes de siempre.
Además, es oportuno destacar el atropello de la provincia en materia impositiva; pues el articulo 29 de la Ley Federal de Pesca dice » El ejercicio de la pesca de los recursos vivos en los espacios marítimos, bajo jurisdicción argentina, estará sujeto al pago de un derecho único de extracción por especie y modalidad de pesca, el que será establecido por el Consejo Federal Pesquero «.
¿Está el lector, al igual que el público en general y la administración, al tanto de que, mediante un convenio provincial, los Derechos Únicos de Extracción correspondientes a las 90.000 toneladas capturadas bajo jurisdicción de Chubut no están sujetos al mismo régimen contributivo que el resto de los actores del sector? ¿Acaso efectivamente no los abona en igualdad de condiciones? Y más aún, ¿se ha advertido que dichos tributos no nutren las arcas nacionales, sino que engrosan exclusivamente las de la provincia, la cual, sin embargo, al momento de participar en la distribución del Fondo Nacional Pesquero (FO.NA.PE.), se presenta en la ventanilla de reparto como un aportante más, usufructuando sin reciprocidad los beneficios de un sistema al que contribuye de manera diferenciada?
El sistema se halla sin duda ante un despropósito de magnitud jurídica y administrativa, una anomalía que se aparta de los principios rectores de la legislación vigente y que, no obstante su evidente disonancia, ha sido tolerada con la resignación del que observa lo inevitable. Por eso y por la historia reciente, nada sorprende lo que pasa en materia pesquera en Rawson.
Es tiempo de definiciones. La historia, inexorable en su juicio, se encargará de pronunciar la última palabra.
