Informe pesquero

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La empresa Red Chamber Argentina trasmitió a su personal la decisión adoptada por el Gobierno de Chubut de dar por extinguido el contrato de arrendamiento y la consecuente devolución de los bienes de la ex Alpesca.

Le hicieron saber a los trabajadores que no se ha notificado fehacientemente quién se hará cargo de la planta y destacaron el esfuerzo colaborativo de los empleados durante la década de relación laboral.

“Como es de público conocimiento, el gobernador Torres ha dispuesto mediante decreto que Red Chamber deje de operar esta planta a fin de mes”, informó la compañía a cada uno de sus empleados tras conocerse el dictado del Decreto N° 1051 y su posterior notificación.

La firma de capitanes norteamericanos expresó que “durante este tiempo hemos sido transparentes, compartiendo con ustedes cada esfuerzo realizado para sostener la producción y defender los logros alcanzados en estos diez años”.

Asimismo, desde Red Chamber Argentina S.A. sostuvieron que “lamentablemente, el decreto del gobernador Ignacio Torres evidencia su intención de que dejemos la conducción de la planta, que pasará a otra empresa cuyo nombre aun no nos fue informado, a pesar de haberlo solicitado expresamente para evitar incertidumbre entre ustedes”, hicieron saber al personal de planta y las tripulaciones de los barcos.

En tanto, advirtieron que “a partir de ahora, solo nos resta recibir instrucciones del Gobierno para concretar la transición”, añade el mensaje.

“Queremos agradecerles profundamente por su compromiso, esfuerzo y profesionalismo a lo largo de todos estos años. Su aporte ha sido esencial. Contamos con su comprensión y colaboración en esta etapa”, finaliza.

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Ariel Leiva, presidente del sindicato de estibadores en formación de Puerto San Julián acusó a la Federación de Estibadores Portuarios y al intendente Gardonio de favorecer a una empresa cuestionada que contrataría personal externo, dejando sin trabajo a los locales. También aseguró haber recibido amenazas por sus reclamos.

El puerto de San Julián vuelve a estar en el centro de la polémica. Ariel Leiva, presidente del sindicato de estibadores en formación de la localidad, denunció graves irregularidades en la administración de la actividad y advirtió que existe un entramado político y sindical que estaría dejando sin lugar a los trabajadores locales.

Leiva, de origen en una reconocida familia de estibadores de Puerto Deseado, relató que fue convocado a San Julián con el objetivo de organizar un sindicato que represente a los trabajadores de la estiba. Sin embargo, aseguró que cuando el proceso ya estaba en marcha, la Federación de Estibadores Portuarios (FEPA), en acuerdo con el intendente Daniel Gardonio, habilitó el ingreso de una empresa que —según sus palabras— “está floja de papeles” y acumula denuncias en su contra.

De acuerdo con la denuncia, esta firma no solo operaría en medio de irregularidades, sino que además estaría contratando personal proveniente de otras provincias, relegando a los estibadores locales.

“Hace dos años y medio que no hacemos un solo turno en San Julián. Somos parte de un sindicato en formación y lo único que pedimos es que nos den el trabajo que por ley nos corresponde”, señaló Leiva en diálogo con Mar&Pesca.

El dirigente también fue más allá al señalar que la situación no se limita a un conflicto gremial, sino que responde a un entramado de corrupción que involucra a sectores políticos y empresariales de la localidad. En este marco, denunció que viene recibiendo amenazas por sostener sus reclamos.

“Me dicen que, si sigo reclamando por el trabajo y los derechos, soy boleta. Y la verdad es que tengo miedo por mi familia”, afirmó con preocupación.

Así la cosas, la denuncia del estibador vuelve a poner en foco la situación del puerto de San Julián, donde la puja por el control de la mano de obra y la operatoria portuaria se suma a los cuestionamientos por la falta de transparencia y la ausencia de respuestas para los trabajadores locales.

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La empresa Prodesur, propietaria del BP Tai-An, atraviesa un conflicto laboral en Ushuaia tras múltiples denuncias por incumplimientos salariales. Los trabajadores, respaldados por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), sostienen un cese de actividades que afecta a más de 160 familias.

El conflicto quedó asentado en el Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego bajo el expediente MTE-E 32600-2025, donde se detallan irregularidades vinculadas a salarios adeudados, demoras en las cargas sociales y falta de presentación de declaraciones juradas, -material que fue recibido por la redacción de PESCARE-.

“A la tripulación no se le paga en tiempo y forma. Aunque hay pagos parciales, la situación persiste y nos mantiene en conciliación obligatoria, pero aun así estamos en cese de actividades”, señaló el delegado del SOMU en Ushuaia, Raúl Suárez.

En las audiencias celebradas, los funcionarios pidieron a los marineros que tuvieran paciencia, pero los trabajadores advierten que las deudas no esperan y que los incumplimientos se repiten. “El empresario nunca se negó a pagar, pero tampoco cumple. Siempre está en falta con los haberes y esta situación ya no se puede sostener”, remarcaron desde el sector gremial.

Desde el sindicato confirmaron que se agotaron las instancias legales en el ámbito ministerial, destacando el trabajo del delegado seccional en Ushuaia, Raúl Suárez, y el acompañamiento de otras delegaciones. Entre ellas se sumó el apoyo de Mar del Plata, donde participa activamente Damián Basail, junto al respaldo del secretario general, Raúl Durdos, quien ratificó su compromiso en la defensa de los marineros.

El marinero Hernán López, tripulante del Tai-An y residente en Ushuaia, describió la situación con crudeza:

“El buque se encuentra con una dotación mínima de seguridad. A la fecha no contamos con las remuneraciones correspondientes. El dueño no ha pagado en tiempo y forma las cargas sociales, lo que afecta directamente la cobertura de obra social de los compañeros. Hay compañeros que no pudieron pagar la cuota alimentaria, afectando a sus hijos. Esto nos genera angustia, enojo y desespero, porque todos somos sostén de nuestras familias y necesitamos llevar un plato de comida al hogar”.

La tripulación calcula que son aproximadamente 160 marineros los que se encuentran afectados, cada uno con su familia detrás. A esto se suma que la parte de marinería y de máquinas —incluyendo a los maquinistas y engrasadores del buque— tampoco ha recibido sus pagos y aguarda la cancelación de los haberes correspondientes.

El propietario del buque, Liu Zhijiang, asegura que atraviesa una crisis financiera, con embargos que afectan la operatoria, y que no consigue ayuda para regularizar la situación. Sin embargo, los trabajadores remarcan que nunca presentó documentación ni balances que demuestren un estado de contable deficitario.

Además, cuestionan que el Tai-An siempre completa su bodega en cada marea, lo que contradice la supuesta imposibilidad de afrontar los sueldos: “El empresario dice tener intenciones de arreglar y resolver, pero en los hechos nunca llega con los pagos”, señalan los tripulantes.

“El barco no sale a pescar”

La decisión de los trabajadores es firme: el Tai-An no volverá a zarpar hasta que no se abone la totalidad de los salarios adeudados. No se trata de un reclamo parcial ni de un pedido de pagos en cuotas, sino de la exigencia de que se cumpla con la obligación básica de pagar los sueldos completos.

“Cada marea que hace el barco, entra completo. Hasta que no se abonen todos los haberes en su totalidad, el buque no va a salir a pescar”, remarcaron los marineros.

La medida es de carácter indefinido y tiene como objetivo garantizar el sustento de los trabajadores y sus familias, además de la cobertura social que hoy se ve comprometida. Por el momento, confirmaron que mantienen contacto diario con la empresa y las autoridades en busca de una solución. Sin embargo, mientras no se concrete el pago total de los haberes, la medida de fuerza seguirá vigente y el Tai-An permanecerá amarrado en Ushuaia.

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El empresario pesquero Renato Aleua reclama que el Gobierno de Chubut le pague el multimillonario resarcimiento por la expropiación o que le devuelvan la totalidad de los bienes de Alpesca. Sostiene que es el ‘legítimo’ titular del paquete accionario de AP Holding que tiene el 89% de Alpesca y el restante 11% también le pertenece a él y su hijo. Asegura que así consta en la Inspección General de Justicia (IGJ).

El marplatense presentó un ‘Jury de Enjuiciamiento’ contra la Dra. María Laura Eroles, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Puerto Madryn, donde se tramita los autos caratulados «Provincia del Chubut c/ ALPESCA S.A. y otra s/ Expropiación» (Expte. N° 190/2014).

Resulta que Eroles considera en el expediente que el paquete accionario de Alpesca le pertenece a Omar ‘Cura’ Segundo, y ha rechazado todos los pedidos de Renato Aleua para constituirse como reclamante del resarcimiento de la expropiación. Los herederos del empresario fallecido Omar Segundo se presentaron en la causa a fin de ser admitidos como sucesores, al sostener que “el paquete accionario de la empresa Alpesca ha sido incorporado al acervo del causante y sujeto a transmisión hereditaria”, y la magistrada los legitimó.

Ante esta circunstancia, Renato Aleua impetró un ‘jury de enjuiciamiento’ ante el Consejo de la Magistratura al considerar que la jueza María Laura Eroles ha incurrido en faltas en el ejercicio de sus funciones y presunto mal desempeño.

“ESTO ES UNA CONFISCACIÓN”

El dato fue confirmado por la abogada patrocinante del empresario, Dra. Patricia Perello, al indicar que “la realidad es que Renato Aleua compró legítimamente Alpesca y ha sido de manera indebida e ilegal, expropiado. Yo diría que esto es una confiscación, no una expropiación, porque una expropiación es cuando algo tiene interés público, que acá relativamente lo tiene porque el interés público que se invocó fue el pago de los trabajadores, cosa que no se cumplió”, dijo la letrada en declaraciones al programa Comunidad Portuaria que conduce Graciela Gómez Muollo.

“UN PROCESO LLENO DE IRREGULARIDADES”

“Aleua compró Alpesca, de la cual, AP Holding, que es una de las empresas de Renato Aleua, es dueña de Alpesca en un 89%, y el 11% son dueños Lenk Aleua y Renato Aleua. La jueza Eroles no permite que Renato Aleua sea parte de ese juicio, siendo que es el legítimo propietario registral”, describió Perello.

“El hecho es que no se puede expropiar sin pagar el precio que corresponde, todo eso la jueza Eroles lo dejó de lado. Entonces, por ese motivo, por la arbitrariedad con que se maneja, por los intereses a los que responde, que, verdaderamente, no son nada transparentes, nosotros hemos pedido el ‘jury’ por pedido de Renato y porque creemos que corresponde. Es un proceso de expropiación lleno de irregularidades”, aseveró la abogada marplatense.

“PAGAN O DEVUELVEN”

Petrello dijo al programa Comunidad Portuaria que “la realidad es que en este momento nos encontramos con que el Secretario de Pesca (Andrés Arbeletche) que fue, a su vez, en su momento, abogado de Red Chambers, muy suelto de cuerpo dice que tienen oferentes españoles y americanos que sería Conarpesa para alquilar, para volver a arrendar la empresa. El caso es que quieren arrendar una empresa que no les pertenece”, esgrimió la patrocinante del empresario pesquero.

Y agregó: “El verdadero dueño registral, es Renato Aleua, y no se lo escucha en el expediente, la doctora Eroles, permanentemente, todo lo que se presenta dice: ‘no al lugar’. En el expediente los que tienen que estar como partes es Renato y Lenk Aleua, y a ellos se les debe pagar el precio de la expropiación”.

“Entonces, nosotros denunciamos a la jueza porque la jueza está actuando de manera arbitraria y de manera ilegal. Lo que se está haciendo con Alpesca es una verdadera confiscación. Razón por la cual o se le paga el precio de la expropiación o se devuelven todos los bienes, pero el propietario tiene que poder ejercer su derecho y la jueza Eroles lo está impidiendo”, remató.

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La prospección de langostino en la subárea 15 muestra buenos tamaños y rendimientos, aunque la presencia de merluza —en especial juvenil— genera preocupación para el futuro de la apertura para la pesca comercial.

La prospección de langostino en la subárea 15, dentro de la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza, arrancó con resultados positivos en cuanto a rendimientos y tallas comerciales de la especie objetivo. Sin embargo, la fuerte presencia de merluza —en especial juvenil— preocupa a las tripulaciones que participan de las tareas exploratorias que se mueven buscando un mejor perfil operativo.

De acuerdo con lo comentado por marineros y capitanes, el primer día de operaciones se trabajó principalmente en el noreste de la subárea. Los barcos lograron buenas capturas de langostino, con promedios por arriba de la media habitual y con tallas que en su mayoría correspondieron a categorías comerciales L1 y L2.

“La producción se dio casi toda en langostino de buen tamaño, lo que entusiasma para la temporada”, explicó un tripulante de uno de los buques congeladores afectado a la prospección.

El punto negativo estuvo en la merluza acompañante; los congeladores reportaron volúmenes significativos, con una proporción frente al langostino que superó lo aconsejado, y con una mayoría de ejemplares juveniles.

Durante la segunda jornada, la flota congeladora se desplazó hacia el centro y oeste de la subárea. Allí, la merluza bajó algo en volumen, aunque el porcentaje de juveniles se mantuvo elevado por encima del umbral admisible.

En cambio, los fresqueros que trabajaron más al oeste notaron un incremento en las capturas de merluza respecto al día anterior, con un promedio diario mayor al de los congeladores. En este sector, la especie acompañante estuvo compuesta mayormente por adultos, aunque todavía apareció una porción importante de juveniles.

El balance parcial muestra que el langostino aparece en abundancia y con tallas de interés comercial, mientras que la merluza continúa siendo el factor que genera dudas sobre la continuidad de la apertura.

“Los rendimientos del langostino son auspiciosos, aunque la presencia de merluza y de carioca es elevada”, coincidieron dos jefes de puente de buques congeladores. La evolución observada entre la jornada de ayer y la de hoy será determinante para el equipo del Departamento Crustáceos del INIDEP. Cabe subrayar, asimismo, que la prospección en esta subárea —y en la próxima, la 16— fue impulsada por el gobierno de Santa Cruz, con el objetivo de favorecer un mejor desempeño de las descargas en sus puertos, en especial en Puerto Deseado, donde la operatoria se ha visto particularmente compleja este año. Ello obedece al inicio de la temporada de pesca en aguas nacionales a comienzos de agosto, circunstancia que desplazó la mayor concentración de langostino lejos de esa terminal.

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La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) interpuso un recurso de reconsideración contra la decisión del Consejo Federal Pesquero (CFP) que, mediante el Acta CFP Nro. 21/2025 (punto 2.3.2), dispuso la creación de una reserva social de 1.200 toneladas de langostino para la provincia de Río Negro. La presentación fue analizada en el Acta CFP Nro. 25/2025 y resultó rechazada por mayoría.

La cámara empresaria cuestionó la validez de la medida, alegando que no se dictó una resolución formal para instrumentarla, lo que —a su juicio— implica una violación a normas expresas. También sostuvo que debía existir dictamen de asesoramiento jurídico y notificación como acto de alcance general.

CAIPA señaló que la decisión permite a la provincia designar buques sin requisitos claros y sin la condición de contar con permisos específicos para la pesca de langostino en aguas nacionales. Además, cuestionó que no se haya evaluado el estado del recurso, que no se establecieran descargas en puertos rionegrinos y que no se ponderará el mayor valor agregado. Según la cámara, la medida también contravendría el Acta CFP Nro. 38/2022, la Resolución CFP Nro. 23/2022 y el artículo 27 de la Ley Federal de Pesca.

El Consejo Federal Pesquero evaluó que la cámara no acreditó un agravio concreto a empresas o buques asociados, lo que limita su legitimación activa. Señaló además que la creación de la reserva no constituye un acto de alcance general, sino que sus efectos se circunscriben a la provincia de Río Negro y a los beneficiarios de la asignación.

Respecto a los permisos, el CFP aclaró que no existe un “permiso de pesca por especie”, sino permisos de acceso al caladero que requieren autorizaciones o cuotas individuales para capturas específicas. También sostuvo que las exigencias y controles ya están previstos en el marco de la Ley 24.922.

Sobre la supuesta falta de publicación, recordó que todas las actas se publican en la página oficial del organismo y que la propia CAIPA tuvo acceso a la decisión en tiempo y forma para presentar el recurso.

El recurso fue rechazado por mayoría, con el voto negativo de la Provincia de Buenos Aires. Además, se intimó a la cámara a constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede del CFP. La decisión agota la instancia administrativa y podría pasar a la instancia judicial.

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La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) interpuso recurso de reconsideración con la pretensión de que el Consejo Federal Pesquero (CFP) deje sin efecto la decisión de otorgamiento extraordinario de una reserva social de langostino de 1.200 toneladas. La entidad empresarial marplatense invocó la personería con apoyo en el Estatuto Social (que en su artículo tercero estipula la representación de los asociados en la defensa de sus intereses colectivos ante las autoridades) y la copia del Acta de Asamblea que designó a las autoridades (entre ellas al presidente, que presentó el recurso).

Sostiene su legitimación en su calidad de integrante de la Comisión de seguimiento de la especie langostino (y de otras pesquerías) y de la Comisión Asesora Honoraria. El fundamento del recurso estriba en lo que considera grave violación a normas expresas: que no se dictó una “resolución” para instrumentar la decisión.

CAIPA también estima que la decisión debió instrumentarse por resolución por tratarse a su juicio de un acto de contenido reglamentario. Y que debió contar con dictamen de asesoramiento, en especial, el jurídico. Entiende que la decisión del Acta CFP N° 21/2025 debió ser notificada (como un acto de alcance general). Afirma que el acto no ha podido ser conocido por los terceros que pudieran estar afectados.

A su juicio, la situación se encuadraría en la anulabilidad del acto ya que las irregularidades, omisiones y/o vicios que achaca no impiden la existencia de los elementos esenciales del acto. Cuestiona la decisión porque faculta a la Provincia de Río Negro a designar buques sin condiciones ni requisitos. Entiende que la falta de unanimidad sería relevante.

Asimismo, la cámara marplatense afirma que los buques deberían contar con permiso de pesca nacional y “con permiso específico para la pesca de esa especie”. Agrega que la Provincia podría extender permisos o autorizaciones para las aguas de jurisdicción nacional. Afirma que no se evaluó el estado del recurso. Añade que no se garantiza descarga en puertos determinados de la Provincia y que no se realizó la ponderación del mayor valor agregado. Se violó, afirma, lo establecido en el Acta CFP N° 38/2022 y la Resolución CFP N° 23/2022. Expone que se ha violado el artículo 27 de la Ley 24.922.

SIN LEGITIMACIÓN

El recurso de reconsideración fue interpuesto dentro del plazo reglamentario. En cuanto a la legitimación activa de la cámara empresaria recurrente, el Consejo Federal Pesquero dijo que si bien la presentación alude a los derechos de sus asociados, que la cámara representa, lo cierto es que su estatuto solamente contempla la representación “a los asociados en las defensas de sus intereses colectivos”. Es decir que los intereses individuales de cada uno de los asociados a la cámara permanecen dentro de la órbita de su representación –y eventual defensa- individual.

Así es que la crítica que el recurso ensaya respecto de la decisión del Acta CFP N° 21/2025 y el temperamento a seguir, para que el CFP cree una reserva social anual, resulta abstracto ya que no se indica a ninguna empresa armadora –asociada a dicha cámara- ni a ningún buque –con permiso de pesca de titularidad de alguna de esas empresas- que haya sufrido un agravio concreto por los supuestos vicios procedimentales que se argumentan en la impugnación.

Para el CFP, no hay legitimación para cuestionar un acto por razones de legitimidad sin un agravio concreto en un derecho individual. En el caso de la legitimación respecto de los intereses colectivos, debe señalarse que la misma tiene limitaciones que el recurso bajo análisis no respeta. En efecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha clasificado los intereses en individuales, intereses individuales de carácter homogéneo, e intereses colectivos. Estos últimos recaen sobre un bien indivisible, y excluyen la posibilidad de ser esgrimidos individualmente, por lo que no se trata del caso que plantea la recurrente.

NO EXISTE UN PERMISO DE LANGOSTINO

En cuanto a la falta de evaluación del recurso, advirtió el CFP que el recurso es evaluado periódicamente, y que en este año la temporada comenzó más tarde de lo habitual. Con respecto a las exigencias que según el recurso fueron omitidas, la decisión recurrida las expresa, incluyendo el permiso correspondiente. “Se hace constar que no existe un “permiso de pesca de esa especie” (langostino) ya que el permiso de pesca solamente habilita al acceso al caladero; para la captura se requiere una autorización o una cuota individual (artículo 28 de la Ley 24.922, y Acta CFP N° 49/2009). Las garantías o controles para el cumplimiento de las exigencias son las que existen hoy para toda la flota, que se encuentra sujeta al control y la fiscalización que realiza la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.922, en el marco de sus competencias”, definió el organismo la semana pasada. 

Así, se decidió por mayoría, con el voto negativo de la Provincia de Buenos Aires, rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por CAIPA contra la decisión del Acta CFP N°21/2025. Asimismo, se hace constar que la decisión agota la instancia administrativa.

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El Poder Ejecutivo restableció, mediante el Decreto 628/2025, la plena vigencia de las normas que habían sido derogadas por el DNU 340/25, luego de que el Congreso resolviera su rechazo y, por lo tanto, su derogación.

La Casa Rosada reconoció que la decisión parlamentaria tuvo efecto derogatorio, pero advirtió que no restituye automáticamente las disposiciones anteriores, lo que —según el Gobierno— generaba “un vacío normativo de extrema gravedad” en la Marina Mercante Nacional.

En los considerandos del nuevo decreto, el Ejecutivo cuestionó que el Congreso no estableciera un régimen alternativo y sostuvo que esa omisión “profundiza la crisis estructural del sector”, debilitando la previsibilidad de inversiones y la competitividad frente a flotas extranjeras.

“Considerar vigente un texto ya derogado sin que haya sido expresamente restablecido constituye un acto contrario a la lógica, al derecho y a la ley”, remarcó el texto firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete.

En ese marco, el Gobierno dispuso reimplantar el régimen previo al DNU 340/25, al que definió como “deficiente pero preferible a la ausencia total de reglas”. También justificó el dictado de un nuevo decreto de necesidad y urgencia en las “circunstancias excepcionales” que habilita el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, en línea con precedentes de la Corte Suprema.

El oficialismo defendió la medida como un paso para dar “certeza jurídica” al sector, al que definió como estratégico para la soberanía, el comercio exterior y la seguridad nacional.

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La provincia logró reunir cuatro buques que participarán desde este sábado en la prospección de langostino en aguas de la Subárea 15. La medida, avalada por el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP, abre la posibilidad de habilitar la pesca comercial si los resultados son favorables.

La provincia de Santa Cruz confirmó que finalmente consiguió los cuatro barcos necesarios para llevar adelante la prospección de langostino en la Subárea 15, delimitada entre las latitudes 46°S y 47°S y las longitudes 63°O y 64°O.

La autorización surge en virtud del Acta N.º 25/2025 del Consejo Federal Pesquero, que faculta a la Autoridad de Aplicación a disponer nuevas prospecciones en el Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM). El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), mediante Nota DNI N.º 113/2025, señaló que “no existe impedimento técnico ni biológico” para la realización del operativo.

Los barcos designados

EMPESUR VIII (03214), EMPESUR II (01439), VIEIRASA QUINCE (0179), LUCA SANTINO (03121).

Cada buque contará con un observador a bordo, encargado de registrar y enviar diariamente los datos de captura, conforme a los protocolos técnicos establecidos en la Resolución CFP N.º 7/2018.

Fechas y modalidad

Los barcos podrán ingresar a la zona de prospección a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de septiembre y comenzarán la actividad a las 07:00 de ese mismo día. Los buques congeladores deberán realizar cuatro días efectivos de prospección. Los buques fresqueros, tres días efectivos.

En caso de que los resultados no sean satisfactorios, se autorizó que la prospección continúe en la Subárea 16, ubicada inmediatamente al este de la actual, bajo las mismas condiciones.

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En una nueva sesión del Consejo Federal Pesquero, acompañaron al Presidente del CFP Med. Vet. Juan Antonio López Cazorla, el Representante del Poder Ejecutivo Nacional, Dr. Arturo Idoyaga Molina, la Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Paola Gucioni y los Representantes de las provincias con litoral marítimo; el Representante Suplente de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Damián Liberman, el Representante de la Provincia de Río Negro, Dr. Sergio Paleo, el Representante de la Provincia de Chubut, Dr. Andrés Arbeletche, el Representante de la Provincia de Santa Cruz, Ing. Ricardo Ancell Patterson y el Representante de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Sr. Carlos Cantú

También se encontraron presentes: la Coordinadora Institucional del CFP, Lic. Karina Solá Torino, y el Asesor Letrado, Dr. Alejo Toranzo.

Con un quórum de OCHO (8) miembros presentes, se dio inicio a la sesión plenaria. De esta manera quedó generada el ACTA CFP Nro.25/2025.

El CFP en su última sesión plenaria, se abordaron decisiones de alto impacto para distintas pesquerías, desde la distribución de cuotas de captura hasta la autorización de proyectos y el tratamiento de inactividades comerciales de buques.

Régimen de CITC

En materia de merluza común, el CFP aprobó la asignación de 1.000 toneladas de la Reserva Social a la Provincia de Chubut, distribuidas en partes iguales entre el BP Atrevido y el BP Americano. Además, se destinaron 785 toneladas de la Reserva de Administración a fresqueros que habían solicitado refuerzo de cuota: BP San Jorge Mártir (250 t), San Pascual (100 t), BP Sant Antonio (120 t), BP V° María Inmaculada (100 t), BP Franco (110 t) y BP Júpiter II (105 t).

También se informó que la Reserva de Administración de merluza de cola dispone de 2.848 toneladas, mientras que la empresa Bertosa S.A. pidió justificar la falta de explotación de CITC del BP Cáliz, trámite derivado a la Autoridad de Aplicación.

Por su parte, la provincia de Chubut logró que se difiera el pago de la Provisión Administrativa de CITC en virtud de una medida judicial.

Langostino

El CFP tomó conocimiento de la prospección realizada en la Subárea 11 de la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (ZVPJM), cuyos resultados —con rendimientos promedio de casi 6.000 kg/h y baja captura incidental de merluza— motivaron la apertura a la pesca comercial a partir del 31 de agosto.

La Provincia de Santa Cruz solicitó además prospecciones en las Subáreas 15 y 16, las cuales fueron avaladas por el INIDEP y aprobadas por el CFP, que instruyó a la Autoridad de Aplicación a elaborar el plan correspondiente.

Otro punto fue la Reserva Social de langostino en Río Negro, cuestionada por la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA). El organismo rechazó por mayoría el recurso de reconsideración, con el voto en contra de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, ante las solicitudes de CAPIP, CAPeCA, CEPA y Conarpesa para elevar al 50% el límite de producción de colas de langostino a bordo, el CFP resolvió girar la consulta al INIDEP para evaluación técnica.

Calamar

El INIDEP presentó el Informe Técnico Nº 82/2025, con resultados de la campaña de mayo en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, confirmando la presencia del stock bonaerense-norpatagónico en distintos estadios de desarrollo.

En paralelo, se aprobó la reformulación del proyecto pesquero del BP Angelus, reemplazado por el BP Gou Hong 77, y el cambio de titularidad a favor de Hauser Factory S.A., manteniendo los compromisos de tripulación argentina y procesamiento en tierra.

Centolla

El CFP aprobó los planes de investigación en el Área Central y el Área Sur, que se iniciarán en septiembre y octubre respectivamente, con la participación de buques congeladores bajo supervisión del INIDEP.

Además, resolvió que la temporada de pesca en el Área Sur comience el 15 de octubre de 2025, exclusivamente para los buques que hayan completado la campaña de evaluación.

En forma precautoria, se fijó una Captura Máxima Permisible provisoria de 1.100 toneladas, distribuida en distintas zonas de manejo hasta contar con los resultados finales de las prospecciones.

Anchoíta

La Provincia de Chubut recibió la asignación de 600 toneladas de anchoíta de la Reserva Social, distribuidas en 300 t para el BP Don Giuliano y 300 t para el BP Valeria Alejandra con la condición de que la descarga se realice en puertos provinciales.

Vieira patagónica

La empresa Glaciar Pesquera S.A. obtuvo la autorización para capturar un volumen adicional de 2.569,5 toneladas de vieira en las Unidades de Manejo A, B, C y E. No se otorgaron cupos en el Área 1, ya que la CMP de 2.000 toneladas había sido adjudicada previamente.

Inactividad comercial

Tres buques fueron objeto de tratamiento por inactividad:

BP Karina: se ratificó la decisión de no justificar la inactividad.

BP Cristo Redentor: se aprobó la justificación hasta el 29 de julio de 2025, por reparaciones.

BP Skipper: se aceptó la justificación hasta el 18 de julio de 2025, también por reparaciones.

Proyectos pesqueros

El CFP analizó solicitudes de reformulación:

Riminimar S.A., Valdore S.A. y Semaloma S.A.: Se extinguió el permiso del BP Anita Álvarez, con obligación de acreditar nuevo permiso o desguace. Se aprobaron modificaciones para los buques Sermilik y Mar Coral, con nuevas autorizaciones de captura.

Nuevo Golfo del Sur S.A. ySemaloma S.A.: Se resolvió extinguir los permisos de los buques El Tehuelche y Santo Vito di Mazzara, autorizar un prototipo DC 21 y aumentar las cuotas de Barlovento y Merluan.

Permiso de pesca de gran altura

La firma Patagonian Frost S.A. solicitó autorización para operar en gran altura con el buque San Matías.El expediente fue elevado a consideración del CFP.

Finalmente, el CFP recibió la invitación a participar en la segunda edición del Foro PescAR 2026, instancia de encuentro y debate del sector.

Se definió que la próxima sesión plenaria del Consejo Federal Pesquero se realizará los días miércoles 17 y jueves 18 de septiembre de 2025 en la sede del organismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.