Informe pesquero

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En una semana cargada de trabajo, el subsecretario de Pesca de la Nación se hizo un lugar en su agenda para desembarcar en la ciudad patagónica, donde destacó la calidad de los productos y el desempeño de los trabajadores.

Durante su breve visita, el subsecretario de Pesca y Recursos Acuícolas de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, recorrió este jueves plantas pesqueras en Comodoro Rivadavia que se encuentran en plena operatoria.

“Visité dos plantas pesqueras ubicadas en el puerto y con mucho personal trabajando”, señaló en diálogo con Mar&Pesca. El funcionario destacó especialmente la inversión realizada en la planta Taex, equipada con tecnología de última generación y con una importante dotación de trabajadores y también el trabajo que realizan en Ecoprom.

Durante la recorrida, Cazorla valoró la calidad de los productos que se elaboran en los establecimientos a partir de langostino de gran talla que llega en camiones desde Puerto Madryn y Camarones;  y al referirse a la pesca en aguas nacionales dentro de la zona de veda  expresó su satisfacción con el desempeño de la flota. “Están pescando muy bien, un langostino grande que sale muy limpio en todas las zonas donde operan”, afirmó. No obstante, reconoció que en la zona actualmente en prospección —la número 11— los resultados son más modestos en comparación con otras subáreas prospectadas anteriormente.

El subsecretario lamentó no haber podido completar su agenda con visitas a Caleta Olivia y Puerto Deseado donde también hay una buena producción en los establecimientos pesqueros.

Respecto a la temporada de pesca del crustáceo, López Cazorla, indicó que espera que en el último mes de pesca la flota pueda recuperar buena parte del tiempo perdido tras el reciente conflicto gremial que mantuvo en vilo al sector.

Diario La Capital de Mar del Plata

En medio de la crisis de la industria, que tiene impacto en Mar del Plata, el Gobierno nacional analiza “disminuir o eliminar” las retenciones a la pesca.

La novedad se dio a conocer en el Informe 144 de la Jefatura de Gabinete que este miércoles expone su titular, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados de la Nación. En la presentación, se dieron a conocer las respuestas del Gobierno a diversas preguntas por parte de los legisladores.

Una de los interrogantes reflejó la situación de “crisis” y el escenario “dramático” de la industria pesquera a raíz de una “fuerte caída de los precios internacionales, aumento de costos, rentas negativas y paralización de plantas procesadoras con suspensiones, despidos y cierres de empresas”. 

Los ingresos del sector -se añadió en la consulta- “fueron castigados por un shock exógeno por la caída de los precios internacionales e interno por la baja del tipo de cambio”. Y también por “la fuerte caída del poder de compra interno que generó la baja de ventas”.

 Frente a esta situación, se le preguntó al Ejecutivo Nacional por qué el sector fue “excluido” de la eliminación de las retenciones a las economías regionales.

En la respuesta intervino el Ministerio de Economía, por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que anticipó que “se continuarán disminuyendo y/o eliminando los impuestos distorsivos, entre ellos, los derechos de exportación, y la pesca es uno de los productos en análisis”. 

El Gobierno apuntó que “no se puede asimilar al sector agrícola ganadero con el pesquero”. Por ende, “merecen un tratamiento distinto”. 

“El agro es una actividad netamente productiva que se desarrolla vinculada a un bien directa o indirectamente propio. La pesca, por el contrario, es una actividad mayormente extractiva vinculada a un recurso que pertenece a los argentinos en su conjunto”, sentenció la gestión nacional.

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Lo adelantó el Ministerio de Economía en el informe que la Jefatura de Gabinete presentó a Diputados. El gobierno nacional descartó que haya una crisis en el sector.

El gobierno de Javier Milei adelantó que se encuentra “en análisis” la posibilidad de disminuir o directamente eliminar los derechos de exportación en la pesca, un reclamo que viene alentando el sector en medio de una crisis que pega y fuerte en la actividad.

La revelación surgió en el marco del Informe 144 que la Jefatura de Gabinete presentó este miércoles a la Cámara de Diputados y que será expuesto por su titular Guillermo Francos. Allí, se destacaron las respuestas a dos consultas referidas a las medidas previstas para paliar la crisis pesquera que afecta fuertemente a Mar del Plata, entre otras regiones costeras.

“Se continuarán disminuyendo y/o eliminando los impuestos distorsivos, entre ellos, los derechos de exportación, y la pesca es uno de los productos en análisis”, respondió el Ministerio de Economía de Luis Caputo, por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a la pregunta realizada por el bloque Democracia para Siempre sobre por qué el sector fue excluido de la eliminación de las retenciones a las economías regionales.

“Es importante agregar que no se puede asimilar al sector agrícola ganadero con el pesquero, por ende, merecen un tratamiento distinto. El agro es una actividad netamente productiva que se desarrolla vinculada a un bien directa o indirectamente propio. La pesca, por el contrario, es una actividad mayormente extractiva vinculada a un recurso que pertenece a los argentinos en su conjunto”, justificó Economía la diferenciación realizada.

Respuesta del Ministerio de Economía a la consulta sobre las retenciones pesqueras.

Respuesta del Ministerio de Economía a la consulta sobre las retenciones pesqueras.

Diagnóstico preocupante

Tanto el bloque integrado por, entre otros, Facundo Manes, como Unión por la Patria realizaron un diagnóstico preocupante sobre la situación de la pesca. “La industria pesquera argentina está en crisis y las empresas denuncian un escenario dramático con fuerte caída de los precios internacionales, aumento de costos, rentas negativas y paralización de plantas procesadoras con suspensiones, despidos y cierres de empresas”, afirmaron desde Democracia para Siempre en la pregunta, donde resaltaron la afectación que genera el shock exógeno por la caída de los precios internacionales e internos por la baja del tipo de cambio, como así también la caída de ventas en el comercio doméstico por la afectación del poder de compra de las familias.

Por su lado, Unión por la Patria analizó que “la industria pesquera argentina, especialmente la flota congeladora, enfrenta una crisis debido a los bajos precios internacionales que ha llevado a la paralización de buques y a la paralización de casi 5.000 puestos de trabajo”, tras lo cual consultó qué medidas tomará el gobierno nacional para revertir este escenario.

El gobierno destacó el acuerdo logrado entre cámaras y sindicatos.

Balance positivo de la situación de la pesca

Sin embargo, la mirada del Ministerio de Economía sobre la situación de la pesca fue diametralmente opuesta a la vertida por los bloques opositores. En la respuesta a la consulta de Unión por la Patria el gobierno no dio certezas sobre medidas concretas, sino que abordó un diagnóstico donde detalló que “los desembarques de la especie Calamar Illex al cierre de la temporada 2025 alcanzaron las 203.956 toneladas, cifra récord que no se superaba desde hace 17 años”, de acuerdo al último informe semanal de Gestión de Pesquerías elaborado por la Dirección de Planificación Pesquera.

“En cuanto al resto de las especies, los volúmenes de desembarque se mantienen en niveles similares a los registrados en años anteriores”, para lo cual adjuntó un informe de Evolución de Desembarques de Capturas actualizado al 12 de agosto.

Por último, Nación remarcó que “se logró un entendimiento entre las cámaras empresarias y los sindicatos (SOMU, SICONARA, Capitanes, SUPA), lo que permitió retomar la temporada de pesca de langostino”. Finalmente y respecto a la zafra actual de langostino, “se han identificado concentraciones de ejemplares de buena talla comercial, predominando las categorías L1 y L2 en las capturas realizadas por la flota activa en aguas nacionales. Este dato resulta alentador en términos biológicos”.

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Así se desprende del informe de Jefatura de Gabinete. Por ahora la actividad se retomó solo gracias al ajuste salarial.

La paralización de la pesca se destrabó solo gracias al ajuste aplicado sobre los salarios del personal embarcado, ya que la crisis de rentabilidad que acusaban los empresarios no obtuvo hasta el momento una baja de los costos que implica la aplicación de retenciones: al respecto, el gobierno de Javier Milei se limitó en las últimas horas a decir que “analizan” bajas al respecto en la pesca, una de las pocas economías regionales no incluidas en los beneficios impositivos.

La definición gubernamental se conoció este miércoles en el informe de gestión que la Jefatura de Gabinete remitió a la Cámara de Diputados de la Nación -con exposición presencial del ministro Guillermo Francos-, y puntualmente a partir de una pregunta realizada por el bloque de “Democracia para Siempre“, encabezado por Pablo Juliano y Facundo Manes.

En ella hicieron foco en los factores externos, en los despidos en las plantas procesadoras, y también factores internos como la baja del tipo de cambio y la exclusión de la eliminación de las retenciones a las economías regionales.

La paralización de la pesca: la actividad cayó un 74,6% interanual en junio

¿Cuál fue la respuesta del gobierno? A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, aseguraron que los derechos de exportación se seguirán “disminuyendo y/o eliminando” y que la pesca “es uno de los productos en análisis”.

De todos modos, para argumentar el por qué de la exclusión de la baja de retenciones, el gobierno afirmó que no se puede asimilar la pesca al sector agrícola ganadero y que merecen un tratamiento distinto porque -en sintonía con el discurso confrontativo que en el inicio del gobierno tuvo el ministro Federico Sturzenegger- la pesca es una actividad “extractiva vinculada a un recurso que pertenece a los argentinos en su conjunto”, en referencia al sistema de concesión.

Ostramar: despidieron a 50 fileteros registrados y les ofrecen trabajar “en negro”

Al menos hasta la publicación de esta nota no hubo comunicados al respecto por parte de las cámaras, aunque como parte del énfasis empresarial puesto en la baja de costos laborales más que en los impositivos, cabe destacar que la paralización de la actividad que habían implementado en la flota congeladora fue levantada una vez que lograron que los trabajadores cedan parte de sus salarios.

Previamente, la flota fresquera se había destrabado pero también con ajustes a los trabajadores y sus sindicatos, con ahorros previsionales aunque también en términos de salario real.

¿Cómo se concretó la baja en la flota congeladora? A partir de que los sindicatos cedieran -también ante la presión de afiliados para obtener algún ingreso tras meses de incertidumbre- la posibilidad de cobrar parte de las sumas previstas en sus convenios y en algunos casos -como el SOMU- con desfinanciamiento de sus obras sociales: marineros promediaron una baja salarial del 9%, en tanto que conductores navales y capitanes cedieron alrededor de un 22%.

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En el corazón de uno de los sectores más castigados por la presión impositiva y la volatilidad financiera, la pesca atraviesa un punto de inflexión. A lo largo del último año, las empresas del rubro han comenzado a resentir con crudeza el peso acumulado de sus compromisos; al impacto directo de los costos operativos y de la retracción de los mercados internacionales se le suma el pago de las cuotas correspondientes a la redistribución de especies clave —merluza común, negra, de cola y vieira—, gravadas con un derecho único de extracción cuya escalada no tiene precedentes.

Este tributo ya engrosó las arcas del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) con más de 26 millones de dólares hasta julio del corriente año, un guarismo que refleja tanto la magnitud del esfuerzo sectorial como la fragilidad de su equilibrio económico, recordando que en todo el año 2023, -la pesca aportó por el mismo concepto- 2,67 millones de dólares.

En este marco, y con la gestión directa del Secretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Med.Vet. Juan Antonio López Cazorla como nexo intermediario de la actividad pesquera, manufacturera y exportadora con las más altas esferas de economía y jefatura de gabinete; el Gobierno nacional abrió una ventana de expectativa.

El Ministerio de Economía, en sintonía con lo expuesto en el Informe 144 de la Jefatura de Gabinete presentado ayer, por el Dr. Guillermo Francos en la Cámara de Diputados, confirmó que «se evalúa la posibilidad de reducir o incluso eliminar las retenciones aplicadas a las exportaciones pesqueras «. La medida, de prosperar, se enmarca en una estrategia orientada a desarmar lo que el propio Ejecutivo califica como “impuestos distorsivos”, con la intención de aliviar el ahogo financiero de una industria que acusa síntomas de parálisis y profundo cambio en el esquema laboral industrial y procesador.

Las respuestas del oficialismo a los legisladores no pasaron por alto la gravedad de la coyuntura; caída abrupta de precios internacionales, incremento sostenido de los costos internos, márgenes negativos de rentabilidad, y un panorama social marcado por suspensiones, despidos y cierres de plantas procesadoras en plazas históricas como Mar del Plata, mientras que en Puerto Madryn, con el sector procesador manufacturero del langostino, el impacto en la ecuación financiera y económica es de gravedad con el impacto social que de ello se desprende.

A este escenario se añade el golpe del frente cambiario que impacta en costos más altos en los insumos, servicios y mano de obra que ante la retracción del consumo doméstico, que pulverizó la capacidad de compra interna y debilitó aún más los ingresos de las compañías, el esquema por estos días luce preocupante.

La controversia se instala en la comparación con las economías regionales, beneficiadas en los últimos meses con la eliminación de retenciones. El Ejecutivo respondió con un argumento de fondo: la pesca, a diferencia del agro, no puede equipararse a una actividad de producción vinculada a un bien propio, sino que se trata de una explotación extractiva de un recurso que pertenece al conjunto de la sociedad argentina. De allí que, según el Gobierno, la administración de sus gravámenes requiera un tratamiento singular.

No obstante, la sola inclusión del sector en la agenda de revisión tributaria abre un resquicio de esperanza para una industria que, a pesar de su carácter estratégico, ha debido navegar entre los embates de la recesión global y la rigidez fiscal doméstica. El desenlace de este debate definirá no solo la competitividad futura de la pesca argentina en los mercados internacionales, sino también la capacidad de sostener empleos y preservar un entramado productivo que hoy se encuentra en estado de fragilidad extrema.

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó ayer en la Cámara de Diputados para dar el Informe de Gestión N°144 sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que afectan al Gobierno, como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y la crisis sanitaria en torno a las víctimas fatales por el fentanilo contaminado.

Si bien todas las miradas estuvieron centradas en esos ejes de la actualidad política, en el informe que incluyó respuestas a 1337 preguntas, tuvo dos referidas a temas vinculados a la actividad pesquera nacional.

La referida a los derechos de exportación surgió a partir de la pregunta que resumía: “La industria pesquera argentina está en crisis y las empresas denuncian un escenario dramático con fuerte caída de los precios internacionales, aumento de costos, rentas negativas y paralización de plantas procesadoras con suspensiones, despidos y cierres de empresas”.

En la requisitoria hecha a la Jefatura de Gabinete, de parte de los legisladores, se mencionaba que “según señala un informe de Invecq, los ingresos del sector fueron castigado por doble vía. Por un lado, recibieron un shock exógeno por la caída de los precios internacionales e interno por la baja del tipo de cambio. Por el otro, la fuerte caída del poder de compra interno que generó la baja de ventas tanto de la merluza como del langostino. Informe ¿por qué el sector fue excluido de la eliminación de las retenciones a las economías regionales?”, indicaba la consulta hecha al Gobierno.

En la respuesta plasmada en el Informe de Gestión 144, entregado por Guillermo Francos, ayer al Congreso se precisó que “el Ministerio de Economía por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, indica que se continuarán disminuyendo y/o eliminando los impuestos distorsivos, entre ellos, los derechos de exportación, y la pesca es uno de los productos en análisis”, dio a conocer el Jefe de Gabinete. En tanto, desde Economía se diferenció al campo de la industria pesquera: “Es importante agregar que no se puede asimilar al sector agrícola ganadero con el pesquero, por ende, merecen un tratamiento distinto. El agro es una actividad netamente productiva que se desarrolla vinculada a un bien directa o indirectamente propio. La pesca, por el contrario, es una actividad mayormente extractiva vinculada a un recurso que pertenece a los argentinos en su conjunto”, dijo la respuesta oficial.

PORCENTAJES VIGENTES

Vale recordar, que en la actualidad, el langostino Pleoticus muelleri con valor agregado en productos Easy Peel o Tail On, para envases de hasta 1kg abonan el 1% de derechos de exportación, y para el caso de envases mayores a 1kg es del 3%.

A su vez, las colas en envases de hasta 2kg tributan el 3% de retenciones. Por su parte, el langostino entero está alcanzado con un 6% en cajas de hasta 2kg. En cambio, la exportación de colas en bloques mayores a 2kg para reprocesamiento en otros países mantiene el 9%.

En el caso de la Merluza Hubbsi, el filet congelado elaborado en tierra en envases menores a 1kg tiene retenciones 0, y del 3% en el caso de envases de mayor peso.

En tanto, las anillas de calamar Illex argentinus no pagan retenciones, mientras que el tubo limpio de calamar en envases de hasta 1kg tributa el 5%.

Este esquema de retenciones rige desde noviembre de 2021.

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El CEO de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, dijo a Crónica que si el gobierno rescinde el contrato con Red Chamber ellos están interesados en quedarse con la concesión de la exAlpesca. Dejó en claro que no va a permitir que Luis Nuñez del STIA le ponga condiciones.

El grupo Conarpesa está interesado en hacerse cargo de la ex Alpesca de Puerto Madryn, confirmó a Crónica el presidente, Fernando Alvarez Castellano, quien mencionó que “si están dadas las condiciones legales” van a presentarse a competir por la concesión.

El gobierno provincial, a través del secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, está en vías de rescindir el contrato a Red Chamber por “incumplimientos”. La empresa, que tiene a cargo la concesión desde hace más de una década, interpuso un recurso administrativo y  presentó una denuncia en la Justicia Federal por “espionaje”.

En diálogo con Crónica, Alvarez Castellano confirmó que están expectantes por conocer la decisión del gobierno provincial respecto de la concesión de la ex Alpesca, y llegado el caso que rescindieran el contrato a Red Chamber ellos evaluarían presentar una propuesta.

“El día que el gobierno sea el propietario y legalmente tenga el poder de ello, por supuesto que nosotros vamos a estar interesados y me imagino otras empresas también. Tendrán que elegir cuál es el mejor candidato. Todo el mundo está esperando que diga cuáles son sus condiciones”, sostuvo.

En este sentido, se mostró al tanto de que el grupo Profand estaría interesado en hacerse cargo de la pesquera –según trascendió del gremialista Luis Nuñez-, pero entendió que hay otros grupos “mejor calificados y con más trayectoria en Chubut” para asumir ese desafío.

“Me atrevo a decir que creo que hay muchos grupos de empresas que en teoría están mejor calificadas para optar a esa posibilidad que el grupo Profand, que es un grupo más nuevo que otros que llevamos toda la vida aquí 30 años, 40 años”, señaló.

«Si Nuñez decide, yo me bajo»

El titular de Conarpesa expuso que el único condicionante para hacerse cargo de la ex Alpesca es que no piensa ceder a la presión de los gremios. Se mostró al tanto de que el titular del STIA, Luis Nuñez, habría puesto reparos respecto de las condiciones en que debería hacerse cargo la nueva concesionaria.

“El STIA no puede decir a quién le va a concesionar la empresa si es que el gobierno se la saca a Red Chamber. Si eso es así, yo ahí digo no. Yo no quiero saber nada. En esa licitación se ponen que el STIA te queda el visto bueno y yo me bajo. Ahí está el límite”, replicó Álvarez Catellano.

Recordó que uno de los problemas que tenía Alpesca, hace más de una década, cuando fue declarada de utilidad pública, era la cantidad de empleados que tenían que no trabajaban. “Alpesca estaba sobrecargada, tenía mucho personal, hablaban de un 40% de ausentismo, y es muy difícil que una empresa funcione si del total de los trabajadores de la planta diariamente, por uno u otro motivo, falta el 40% de la gente”, observó.

A su vez, remarcó que la única manera de ser competitivos en el mundo es optimizando la productividad y los gremios tienen que entenderlo. “Para poder ser más competitivos lo que tenemos que hacer es más volumen con la misma gente o algo más de gente. En la Argentina la forma de tener un precio competitivo es a base de producción porque la luz, el agua, una serie de cosas prácticamente se paga lo mismo si hace 10 toneladas que se hace 50”, sostuvo.

Lo que sí dejó en claro es que no puede suceder más conflictos gremiales como los que vivieron en los últimos meses. “Yo no voy a permitir, ni creo que ya ninguna empresa va a permitir que ningún gremio nos diga qué tenemos que pagar, cómo y de qué forma. Yo tuve un barco en Madryn, estaba la gente a bordo y tuvieron que bajar porque le mandaban fotos intimidatorias, como una pistola, y diciéndoles que cuando vuelvan sus familias se quedaban solas. Eso no se puede permitir más”, determinó.

Espionaje y la «formula de la Coca-Cola»

En estos días, Red Chamber, en medio de la puja con el gobierno, denunció que fue víctima de un supuesto ”espionaje corporativo” por parte de “personas con acento español” durante una visita a la planta de la ex Alpesca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Álvarez Castellano desacreditó esta denuncia al entender que es una “exageración” pensar en espionaje cuando cualquiera puede acceder a los planos de la planta y tampoco tienen “la fórmula la de la Coca Cola”, ironizó.

“Me parece un poco exagerado.  No tenemos la fórmula de la Coca-Cola. Entonces las plantas más o menos son todas iguales, obedecen todas a un mismo esquema. No me hace falta para ver una planta hacer espionaje porque tengo los planos. Yo invito a que vengan a verme a mí. No veo en mayor problema si me piden permiso, porque no estamos haciendo nada extraño ni diferente a lo que están haciendo otras plantas”, sostuvo.

Por último, el titular de Conarpesa planteó que si los gobiernos anteriores hicieron las cosas bien con la expropiación de Alpesca no habría razones para preocuparse. Por el contrario, advirtió que si llegara a haber habido irregularidades, la salida de Red Chamber podría terminar complicada como el caso de YPF.

“Me imagino que legalmente tiene que tomar los recaudos para que esté todo bien cerrado y no se vuelva un juicio contra la provincia en un futuro, ¿no? Como vemos a nivel nacional que están pasando cosas de empresas expropiadas, de empresas que tienen juicios que se hicieron de mala forma y luego las consecuencias se pagan como el caso de YPF. Si pasara en el caso de Alpesca o Red Chamber es porque habría una desprolijidad”, concluyó.

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Lo rubricó la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera con SIMAPE y establece pautas de la formalización laboral, dotación a bordo, derechos y deberes de las partes.

La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y el SIMAPE acordaron un nuevo convenio colectivo para los tripulantes que embarcan en dicha flota, la cual se compone de más de 40 buques cuya eslora no supera los 21 metros, operan desde Mar del Plata sobre recursos del variado costero, principalmente corvina, pescadilla, besugo, pez palo, rayas y condrictios.

El nuevo marco regulatorio, que seguramente la cámara armadora también rubricará con el SOMU para sus afiliados, establece como ámbito de aplicación a la flota costera, costera lejana y embarcaciones de rada/ría de cubierta corrida. Por estas horas se esperaba la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo.

La vigencia del convenio es por un año y de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes se considerará prorrogado automáticamente por sucesivos períodos de un año. La tripulación de los buques costeros estará compuesta por la dotación de seguridad que en número y calificación profesional sea exigida por la Autoridad de Aplicación. No obstante las dotaciones de las embarcaciones comprendidas en el Convenio serán las normales y habituales de explotación que venían desempeñándose hasta la fecha.

En cuanto a la formalización de la relación laboral, la misma se hará mediante el contrato de ajuste, por viaje, y sus condiciones no podrán ser inferiores a las aplicadas en el CCT. En caso de ausencia o licencia, el trabajador podrá ser reemplazado por un relevo, el cual no podrá superar en esa condición los 120 días al año. Alcanzada esa antigüedad el tripulante quedará como efectivo.

El armador debe comunicar con 6 horas de antelación mínima la zarpada del buque. En caso de avería, desperfecto mecánico, paro, interdicción, mal tiempo, fuerza mayor que impida la realización del viaje o que lo demore por más de 48 horas, el armador podrá desembarcar a la tripulación.

Si los tripulantes fueran desembarcados en los supuestos de cese temporal de actividades por las causales indicadas, el armador podrá otorgarles la licencia anual ordinaria o el goce de los francos acumulados, si los tuvieran, o autorizarlos a embarcar bajo las órdenes de otro armador, en cuyo caso el permiso deberá concederse por escrito y el armador tendrá la obligación de conservarles el puesto durante el plazo fijado en el permiso.

En caso de que el armador optase por no desembarcar al tripulante y no optase por ninguna de las opciones referidas, el trabajador quedará a la orden, cuyo importe se determinará según el valor diario del Salario Mínimo Vital y Móvil. Ningún plazo podrá exceder los 90 días dentro del año calendario.

En pos de estimular el desarrollo y la capacitación del personal, las empresas mantendrán en relación de dependencia al personal de marinería que curse regularmente en la Escuela Nacional de Pesca a fin de capacitarse y promocionarse a categoría superior. En tales casos se les abonarán órdenes, máximo diez días por año calendario, para lo cual el trabajador deberá presentar el certificado.

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La jueza penal Patricia Reyes afirmó en su fallo que se violó el principio de congruencia y con ello se vulneraron los derechos de defensa y debido proceso

La Dra. Patricia Reyes, jueza penal de Puerto Madryn, dio a conocer un fallo por el cual declara la nulidad de la acusación fiscal por violación del principio de congruencia, en el marco de una causa por presunta contaminación ambiental.

Al mismo tiempo, resolvió la absolución de los acusados, Nadine Desiree Parry y Yosef Vargas, al entender que existió una clara afectación al principio de congruencia y una grave violación del debido proceso penal y el derecho de defensa en juicio.

Reyes explicó que el Ministerio Fiscal modificó en sus alegatos de clausura la plataforma fáctica y jurídica sobre la cual había formulado la acusación, introduciendo una hipótesis distinta a la planteada en el auto de apertura a juicio. Esa variación, advirtió, impidió a la defensa técnica y material conocer con claridad el hecho atribuido y ejercer adecuadamente el derecho a controvertir la imputación.

En su decisión, argumenta que “el principio de congruencia exige una correlación entre la imputación -el hecho descrito en la acusación- y el fallo decisorio” y advierte en ese sentido que el Ministerio Fiscal varió sustancialmente la descripción del hecho imputado desde la acusación inicial hasta los alegatos de clausura.

En ese contexto, sostiene que “el principio de congruencia es una garantía constitucional reconocida por la Corte Suprema, que exige que las personas solo puedan ser condenadas por los hechos que fueron materia de acusación, sin mutaciones fácticas o jurídicas que desbaraten la estrategia defensiva”, a lo cual agrega que en cualquier proceso “la acusación debe ser completa y describir de forma clara a quién y de qué se acusa, lo cual no se cumplió, dejando dudas sobre cómo se determinó la autoría de estas personas y qué acciones específicas realizaron”

Vulneración del derecho de defensa y debido proceso

Reyes sostiene que la Fiscalía “no utilizó la facultad de ampliar la acusación (art. 322 del CPP), que permite reformularla durante el debate sin sorprender al imputado, lo que hubiera sido el procedimiento correcto ante las variaciones surgidas”.

En ese sentido deja en claro “las cargas procesales no pueden ser suplidas por los jueces, sin riesgo de violar los principios de imparcialidad, defensa en juicio y acusatorio” y amplía el concepto al señalar que “los errores de la acusación fiscal no pueden ni deben ser subsanados por la Judicatura. Es que la tarea específica de esta Magistrada consiste en verificar si la plataforma fáctica y jurídica traída por la Fiscalía es la correcta o no” expuso la jueza.

La magistrada explicó que los acusados no pudieron controvertir adecuadamente la descripción de la conducta que finalmente les imputó el Ministerio Fiscal, ya que les era desconocida hasta el final del debate.

Nulidad del proceso

Como consecuencia de la violación de una garantía fundamental en favor de los imputados, se decretó la nulidad de la acusación, lo que impide que el caso vuelva a una etapa anterior, resultando en la libre absolución de los acusados.

“La decisión judicial no puede justificarse en el objetivo de «verdad real» si se vulneran garantías constitucionales” sostuvo Reyes en su fallo y en ese sentido indica que la congruencia y el debido proceso se garantizan en el derecho penal ambiental al exigir que la acusación sea clara, precisa e inmutable en sus aspectos fácticos, permitiendo una defensa plena por parte del imputado.

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La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dispuso una nueva prospección de langostino en la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza, con participación de cinco buques y observadores del INIDEP.

Se informó que a partir del miércoles 27 de agosto de 2025 se realizará una prospección de langostino (Pleoticus muelleri) en la Subárea N.º 11 de la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (ZVPJM). La decisión fue adoptada en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Federal Pesquero (CFP) en el Acta N.º 24/2025.

La Subárea N.º 11 está delimitada por las latitudes 44°S y 45°S y las longitudes 62,5°O y 63,5°O. El objetivo de la prospección es evaluar la presencia de langostino y la relación merluza/langostino en el marco de los protocolos técnicos del INIDEP y la Resolución CFP N.º 7/2018, que establece las medidas de manejo y conservación de la pesquería.

Subáreas al 27AGO25 gentileza Dr. Diego García Luchetti, CAABPA

Para llevar adelante la campaña fueron designados los buques Argenova IX, Miércoles Santo, Atlántico 1, Borrasca y Xeitosiño, que podrán ingresar al área desde las 00:00 del 27 de agosto e iniciar operaciones de pesca a las 07:00. La prospección tendrá una duración de cuatro días efectivos de trabajo.

El procedimiento se desarrollará siguiendo los protocolos vigentes del INIDEP, que incluyen límites de captura de juveniles y criterios para la habilitación de áreas. De acuerdo con lo establecido por el CFP, los resultados obtenidos durante los días de prospección serán determinantes para evaluar la apertura de una nueva zona de pesca comercial de langostino en la Subárea N.º 11, siempre que los indicadores biológicos y de sostenibilidad lo permitan