Informe pesquero

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Por: Giuliano Falconnat – Consultor en Pesca. Consejero Directivo UTN Mar del Plata. Ex Presidente Federación Universitaria Tecnológica

Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, la Industria Pesquera ha sido catalogada como unos de sus principales enemigos. La primera demostración de esto surgió con el texto original de Ley ómnibus, elaborado por Federico Sturzenegger, hoy “super Ministro” de la Nación. Dicho texto contenía un capítulo entero dedicado a la desregulación del sector pesquero, con caóticas propuestas como la licitación de cuotas de captura permitiendo el ingreso de buques extranjeros, entre otras.

Si bien fue posible, gracias al esfuerzo de empresarios, gremios, organismos, profesionales y referentes políticos de la oposición, desestimar por completo ese capítulo, todo el 2024 el sector padeció un proceso de recesión económica y se vio envuelto en un halo de incertidumbre por la renovación de cuotas, las cuales fueron extendidas por otros 15 años recién a finales del mes de diciembre.

Lamentablemente, el 2025 no parece ser la excepción. El nuevo año ha comenzado con pésimos augurios de cara al futuro de la Pesca en Argentina. En primer lugar, siendo una Industria que exporta cerca del 90% de lo que produce, es golpeada de lleno por el atraso en el tipo de cambio, el cual sumado a una caída en los precios internacionales hace imposible costear las etapas de proceso en tierra porque exprimió al mínimo los márgenes de rentabilidad.

Si tenemos en cuenta que un filet de merluza se exporta a razón de 3 dólares por kilo (poco más de $3.000 al dólar oficial) para lograr llegar a esos valores el precio del pescado entero sufrió rebajas hasta los $600 / $700 por kg, sumas por demás insuficientes para que los barcos puedan afrontar los brutales aumentos en el combustible, los costos operativos y las tasas administrativas (por ejemplo tarifas de amarre, carga y descarga en Puertos y los Derechos Únicos de Extracción, los cuales el Consejo Federal Pesquero incrementó en 80% para el langostino, 175% para la merluza y 510% para el calamar, respectivamente), lo cual no solo ocasiona menor operatoria en buques fresqueros sino que se traslada directamente en fábricas con menor actividad llegando al cierre de importantes frigoríficos como está sucediendo en Mar del Plata.

Otro aspecto negativo, quizás con menor injerencia pero del cual nadie habla, tiene que ver con la restitución del Impuesto a las ganancias. El personal embarcado, que en 2023 se había visto aliviado por la quita del Impuesto a las ganancias establecida por Sergio Massa, volvió a pagar en 2024 con la restitución plena por parte del Gobierno Nacional. Esa deducción en los recibos de sueldo genera un reclamo genuino a la hora de discutir salarios pero se combina de manera negativa la pérdida de poder adquisitivo que arrastran los trabajadores con la pérdida de rentabilidad de las empresas y tampoco puede resolverse en lo inmediato.

Como si fuera poco, recientemente el Gobierno anunció una importante disminución en las retenciones a las exportaciones de los principales commodities del campo (por ejemplo, la soja pasó de abonar el 33% al 26% y el maíz del 12% al 9,5%) siempre y cuando los productores liquiden el 95% de las divisas en el plazo de 15 días desde la DDJJ de venta, lo cual pone en evidencia la preocupación por hacerse de dólares para sostener la macroeconomía estable y el riesgo de una inminente devaluación.

Lamentablemente, la Pesca ha quedado fuera de esta medida, y conserva los valores de alícuota vigentes desde 2024. Aquí hay una cabal demostración de desconocimiento por parte de la Política en líneas generales, que sigue tratando a la Pesca como una actividad netamente extractiva, cuando debiese ser vista como una pieza fundamental de la industria alimenticia.

Ahora bien, ¿Quiénes se benefician en medio de este lío? Los mismos de siempre, quienes especulan. Los importadores, intermediarios, los buques extranjeros que depredan en inmediaciones de nuestra Zona Económica Exclusiva, etc. Milei, Caputo y Sturzenegger protagonizan un equipo diseñado para destruir las cadenas de valor y las economías regionales, buscan poner en jaque, en primer lugar, a los sectores que procesan pescado en tierra para instalar que no pueden ser rentables y que por ello hay que enfocarse en los buques que congelan a bordo. Si esto sucede, habrá “materia prima disponible” y sobre ello querrán sustentar un incremento en el esfuerzo pesquero (como sucedió en los ´90 sobreexplotando la merluza hubbsi casi al punto de destruir el caladero) extendiendo nuevos permisos de pesca o, peor aún, permitiendo el ingreso de barcos extranjeros, retomando la idea original que “Sturze” incluyó en el texto de la Ley Ómnibus.

Luego de llevar a cabo este análisis pormenorizado de las cuestiones que afectan el normal desarrollo de la actividad pesquera, resulta interesante enunciar algunas medidas que, creemos, podrían aliviar la situación y devolverle competitividad a un sector que supone 50.000 empleos directos, 800 mil toneladas de capturas y 2 mil millones de dólares al año en exportaciones.

1-En primer lugar, el sector debe recuperar una postura homogénea, entender que aquí no sobra nadie. No se puede permitir que aquellos que procesan a bordo se froten las manos pensando que si los fresqueros se funden ellos podrán acceder a ese pescado. La Pesca es una cadena de valor, una matriz productiva compleja donde muchas cosas pueden mejorarse pero ningún eslabón es prescindible.

2-Tanto empresarios como gremios deben encontrar nexos que oficien como operadores del sector, construir un lobby pesquero como tienen otros sectores productivos que sea capaz de defender los intereses de la mayoría y preservar los puestos de trabajo.

3-Establecer retenciones cero para aquellos productos que se elaboren en tierra, promoviendo la mano de obra y fomentando que los barcos fresqueros sigan operando a pesar de los costos actuales.

4-Incluir a los productos derivados de la pesca en el régimen de alícuota diferencial del IVA, estipulando el 10,5% en todos las especies y presentaciones.

5-Exigir al Consejo Federal Pesquero que retrotraiga el incremento de los Derechos Únicos de Extracción, los cuales en ningún caso podrán aumentar por encima del ICL.

6-Promover la desburocratización del sector. Actualmente para que un buque salga a pescar se deben completar cerca de 140 trámites, notas y solicitudes tanto físicas como digitales, muchas de las cuales pueden ser unificadas ya que Municipios, Provincias y Nación piden la misma información.

7-Trato diferencial para las empresas que se radican en nuestro País y que exportan a su país de origen, como sucede preferentemente con China. Esto genera una desleal competencia respecto a las empresas de capital Nacional que deben abonar aranceles para ingresar a esos mercados.

8-Estipular aranceles de importación a productos derivados de la Pesca que dupliquen las retenciones que se aplican a nuestros productos, esto disminuye la asimetría entre los precios de países con mano de obra barata y pone en valor la producción Nacional.

9-Exigir la quita de Impuesto a las ganancias en todos los rubros, el salario NO es ganancia.

10-Proponer el cambio de Organigrama tanto a nivel Nacional como en las Provincias con intereses marítimos para que la Pesca dependa de las carteras de Producción y no de los áreas de Agricultura y Ganadería, consolidando una visión global del sector y desterrando la imagen de actividad primaria netamente extractiva.

Queda en todos nosotros lograr que la Argentina deje de vivir de espaldas al Mar y seamos capaces de consolidar una Industria Pesquera que vuelva a ser motivo de orgullo Nacional.

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El desinterés de la nueva propietaria por su nuevo activo afecta a 19 tripulantes.

Por: Roberto Garrone

En Mar del Plata el chorro de la canilla que vuelca obreros del pescado a la calle o los deja en garantía horaria tomó vigor con el cierre de Sur Trade y sus plantas satélites.

Mientras que la apatía del gobierno central por aliviar la crisis de competitividad en el sector expone con mayor nitidez la zanja que separa los intereses de las empresas integradas con obreros registrados y buques congeladores de aquellos que tienen personal pero con barcos fresqueros y aquellos que ni flota tienen, a la hora de sellar reajustes salariales para el personal de tierra.

En paralelo florecen otras historias que, a tono con estos tiempos, no parecen regalar finales felices.

Mirabella Productos del Mar es una empresa radicada en Chubut con planta de reproceso y una flota compuesta por 27 buques que el año pasado cobró protagonismo al comprar el 76% de las acciones de “Antonio Barillari SA” y levantó su quiebra por advenimiento y pago total, proceso que fue autorizado por el Juzgado Nacional Comercial N°16 – Secretaría 32- a cargo de Diego Manuel Paz Saravia.

Más allá que la decisión judicial fue apelada por algunos de los involucrados en el proceso, y que la AFIP reclama una deuda millonaria de la fallida que no apareció en el expediente que aprobó el levantamiento de la quiebra, los activos más importantes que se rescatan son los barcos “Santa Bárbara” y “Don Juan D´Ambra”, ambos con permisos de pesca irrestricto y dueños de una buena porción de CITC de merluza, que hasta el fallo, los operaba “Pesca Angela”.

De la tenencia precaria que otorgó el magistrado solo el “Santa Bárbara” estaba operativo ya que el “D´Ambra” hace años quedó abandonado en un sector próximo a la sección cuarta del muelle 2 y su único valor es el permiso de pesca.

En el traspaso del personal, firmado a fines de julio del año pasado, Mirabella SRL reincorporó a 19 tripulantes a los que les reconoció la antigüedad, categoría, remuneración y les garantizó embarque en el resto de su flota ya que el buque debía hacer dique para renovar su certificado de navegación y poder volver a pescar. Para ese menester estaba en conversaciones con distintos astilleros.

“Carli” Rocca es el referente de Mirabella. En declaraciones a Canal 12 web el empresario sostuvo por esos dias que la finalidad de la compra era ampliar la flota del grupo, como comenzar a trabajar con merluza, una especie que la empresa no estaba exportando. Los más de 7 mil cajones del “Santa Bárbara” servirían para tal fin y operaría desde Mar del Plata.

«La intención nuestra de comprar la quiebra fue más que nada por los activos que tenía Barillari, puntualmente los barcos», resaltó en declaraciones al medio chubutense. Pero la historia parece ser otra.

A solo 100 días de haberse quedado con el personal y el compromiso de subir al “Santa Bárbara” a dique, Mirabella pareció cambiar de planes o exhibir los verdaderos.

La empresa pidió y logró que el juez Paz Saravia les permitiera transferir por 24 meses, prorrogables por idéntico plazo, los permisos y la cuota de los dos barcos fresqueros.

Ya transcurrió un semestre y Mirabella tampoco ha embarcado a ninguno de los trabajadores a su numerosa flota ni ha avanzado con la contratación de un astillero para hacer dique y renovar el certificado del “Santa Bárbara”.

Los tripulantes enviaron pedido de embarque por telegrama a la empresa pero ninguno pudo conseguir viaje. Sólo lo logró uno y por mérito propio: viajó al sur a buscar embarque y a través de un conocido pudo subirse como relevo al “Skiper”.

La falta de trabajo para el resto parece generar los resultados que busca Mirabella: 9 tripulantes quisieron arreglar la salida y buscar otros horizontes. Según contó uno de ellos, la oferta de indemnización no alcanzó al 20% de lo que les correspondía.

El desinterés de la nueva propietaria por su nuevo activo llega hasta no designar los serenos para su custodia mientras flota en la sección 12, debajo de la galería de los silos en el muelle 3 del puerto marplatense. Mirabella explicó que no podía gestionar sus plásticas habilitantes por una deuda que arrastraba de los tiempos que eran propiedad de “Pesca Angela”.

El SIMAPE denunció esta situación ante la Secretaría de Trabajo de Nación pero desde la dependencia no habilitaron la audiencia entre las partes. En el gremio reconocieron que había una deuda ante el Consorcio pero correspondía a la propia Mirabella por más de 50 millones de pesos por el canon de uso de puerto, aunque aclararon que la misma no impedía que se tramite la habilitación de los serenos.

“Eso es lo que siempre quisieron hacer… usar los permisos y sacarse a la gente de encima”, dice Pablo Trueba, referente del gremio de pescadores, quien todavía espera que la empresa aporte el comprobante del pago del seguro.

En las mismas declaraciones a Canal 12 web Rocca aseguró los principales activos que incorporaba Mirabella comprando la quiebra de Barillari, además del Santa Bárbara y el “D´Ambra”, figuraba el “San Juan Primero”, también con cuota de merluza.

El pedido de la transferencia de los permisos de pesca incluyó la tenencia del San Juan Primero, trámite que por equivocación fue autorizado por el letrado del SIMAPE, aunque luego fue rectificada a instancias del tribunal.

Para Mirabella ese activo está vigente aunque el barco no pesca hace más de veinte años. En el Acta 24 del 2019 el Consejo Federal Pesquero determinó que la autoridad de aplicación suspendió el despacho a la pesca y el permiso de pesca del barco.

“Sin perjuicio de los trámites previos, pendientes de resolución (solicitud de transferencia por fin de vida útil y solicitudes de justificación de la inactividad comercial del buque) por medidas judiciales, la situación jurídica de estos trámites administrativos ha recibido un cambio sustancial. En efecto, aquellos trámites estaban asentados sobre el presupuesto de subsistencia del permiso de pesca”, sostiene el Acta.

La suspensión del permiso corría hasta que se levante la quiebra de Antonio Barillari, cosa que sucedió pero no está firme por las apelaciones. El permiso también estaría caído por la falta de justificación de la inactividad comercial aunque en Mirabella confían en poder revivirlo. La jurisprudencia pesquera argentina desborda de este tipo de milagros inesperados.

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A raíz de la situación crítica del sector pesquero, el concejal Horacio Taccone alertó que “está en riesgo el trabajo de los marplatenses”.

El presidente del bloque de concejales de Acción Marplatense, Horacio Taccone, presentó una iniciativa exhortando al Presidente Milei y al Ministro de Economía, Luis Caputo, a un tratamiento impositivo equitativo para el sector pesquero, incluyéndolo en los beneficios anunciados de la baja de las alícuotas. “La situación del sector pesquero es crítica, está en peligro la viabilidad de las empresas”, señaló.

Taccone remarcó que “el encarecimiento de la estructura de costos, en virtud del tipo de cambio multilateral que sostiene el Gobierno Nacional, con una tasa de cambio de dolar retrasada, afecta la estructura de costos internos con precios internacionales que el sector no maneja; y esto no solo afecta la rentabilidad sino también la viabilidad del sector portuario”.

En la iniciativa presentada por el bloque de Acción Marplatense se expresa que la industria pesquera tiene un papel estratégico en la economía de General Pueyrredon, procesa 793.000 toneladas de productos y genera más de 60.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.

Taccone recordó que “la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) solicitaron que la actividad sea incluida en los beneficios anunciados por el Gobierno nacional la semana pasada. No fueron tenidos en cuenta para la baja de las alícuotas y en febrero enfrentarán una fuerte suba de otro impuesto: el Derecho Único de Extracción”.

La pasada semana cerró uno de los frigoríficos que opera en inmediaciones del puerto de Mar del Plata, lo que causó la pérdida de más de 200 puestos de trabajo. “Los costos altos en dólares hoy inciden en el sector agropecuario, pesquero y turístico. Exhortamos a las autoridades nacionales al tratamiento impositivo equitativo para sostener la viabilidad del sector pesquero local”, insistió.

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En el marco de la primera reunión del Consejo Federal Pesquero (CFP) del año 2025, celebrada el 22 de enero, el representante de la provincia de Santa Cruz anunció la realización de una serie de prospecciones en el Golfo San Jorge para identificar la especie langostino.

Según el punto 7.9 del Acta CFP Nro. 1/2025, los estudios serán ejecutados con dos buques fresqueros en tres etapas, programadas para fines de enero, febrero y marzo, con una duración de dos días cada una. Dicho esquema contempla 12 puntos de muestreo, lances de 10 minutos y la presencia de un observador provincial en cada embarcación. No obstante, resulta preocupante que en el acta no haya quedado asentada ninguna intervención u objeción por parte de otros consejeros, ni siquiera de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), lo que evidencia un posible desconocimiento de las implicancias de esta iniciativa en la sostenibilidad del recurso.

Esta propuesta de prospección suscita serios cuestionamientos en cuanto a su encuadre normativo. La Ley Federal de Pesca (N° 24.922), en su Capítulo VI, otorga al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) la responsabilidad exclusiva de la investigación de los recursos vivos marinos. Conforme al Artículo 11, el INIDEP es la entidad encargada de la planificación y ejecución de los estudios científicos, en coordinación con las provincias y otros organismos. Además, el Artículo 12 estipula que los buques de investigación de propiedad del Estado Nacional deben ser administrados por el Instituto.

La decisión unilateral de Santa Cruz de llevar a cabo esta investigación sin la participación del INIDEP genera incertidumbre respecto a su validez técnica y legal. Más allá de la posible irregularidad jurídica, esta iniciativa representa un riesgo para la coherencia en la evaluación de los recursos marinos y su sostenibilidad. La falta de coordinación con el INIDEP podría comprometer la comparabilidad de los datos y obstaculizar su integración en los modelos matemáticos de análisis de cohortes, base fundamental de la gestión pesquera en Argentina. Estos modelos, alimentados por el Instituto desde sus inicios, constituyen el pilar científico que avala las decisiones del CFP, garantizando una administración eficiente y sostenible de los recursos marinos.

Es lícito preguntarse si esta iniciativa responde a una necesidad científica genuina o si, por el contrario, busca generar información alternativa que pueda influir en futuras decisiones sobre la apertura y explotación del Golfo, o pero aun, busca presionar para obtener una mayor cuota social para esa provincia. La transparencia y el rigor científico en la investigación pesquera deben ser preservados por el INIDEP, a fin de evitar distorsiones que puedan derivar en conflictos jurisdiccionales o en decisiones de manejo que pongan en peligro la sostenibilidad de los recursos. Mientras, las gestiones políticas debiesen ser tratadas en el organismo legislativo, que paradójicamente, en este caso, no interpuso siquiera palabra admitiendo y dando a entender su predisposición para que este grave evento pueda llegar a destino. El que calla, otorga dice un viejo dicho popular, y dale que va..!

Un Desafío a la Regulación Pesquera

La provincia de Santa Cruz desafía abiertamente la vigencia del Convenio del Golfo, en un contexto marcado por la inacción del Secretario de Pesca de Chubut y la omisión de intervención por parte del CFP. Mediante un anuncio oficial, la provincia declara el inicio de una «investigación» de tres meses, insinuando la posible habilitación de la pesquería. Sin embargo, el verdadero objetivo de esta maniobra parece ser ejercer presión sobre el CFP para lograr la ampliación del cupo de reserva social del langostino, asegurando así la continuidad de la veda en el Golfo.

La semana pasada concluyó la primera fase de la prospección de langostino en las aguas jurisdiccionales del Golfo San Jorge, un operativo impulsado por la provincia de Santa Cruz y anticipado en la última reunión del Consejo Federal Pesquero.

Las tareas de relevamiento fueron realizadas a cabo por los buques fresqueros Pobre Gaucho y Nddanddu. En paralelo, trascendió que el subsecretario de Pesca de Santa Cruz, Fernando Marcos, enviará esta semana una notificación al Consejo Federal Pesquero. En la misiva, la provincia anunciará que mantendrá abierto el Golfo San Jorge a menos que las empresas acepten descargar sus capturas en Puerto Deseado. Según fuentes cercanas, Marcos confía en que esta estrategia presione al subsecretario de Pesca y Recursos Acuáticos, Juan Antonio López Cazorla, para que inste a las compañías a acatar el pedido provincial.

Ante este panorama, resulta imperativo que tanto el CFP como la Autoridad de Aplicación disipen cualquier ambigüedad respecto a la legalidad y validez de la investigación anunciada. Es fundamental esclarecer si esta iniciativa cuenta con el respaldo del INIDEP y se ajusta a los lineamientos inapelables de la Ley Federal de Pesca. La falta de intervención del INIDEP podría sentar un precedente peligroso, fomentando la proliferación de acciones unilaterales que erosionen la autoridad del Instituto y fragmenten la gestión pesquera en Argentina, un país cuya riqueza ictícola radica en la administración coordinada de sus recursos transzonales.

Un riesgo para la administración pesquera

Resulta alarmante que esta solicitud no haya recibido objeciones, lo que podría evidenciar un desconocimiento flagrante de la Ley Federal de Pesca o, peor aún, una convalidación implícita de un proceder anárquico donde cada actor actúa según su propio arbitrio. Debe recordarse que los recursos vivos del mar pertenecen al conjunto del pueblo argentino y, en consecuencia, su gestión debe estar sujeta a injerencia federal. La emblemática región de Mazarredo, histórico epicentro y cuna del langostino salvaje natural argentino, no puede ser tratada como un territorio de libre apropiación, sino como un bien estratégico cuya administración debe ajustarse al rigor de la ley y a la prudencia de una gestión responsable que permitió pasar de 45.000 toneladas a las actuales 220.000 en un esfuerzo privado, biológico y legislativo (empresas, INIDEP y CFP).

Este no es un caso aislado. La falta de apego a la normativa vigente ha sido una constante en la gestión de Santa Cruz. Un claro ejemplo de ello fue la irrupción del gobernador Claudio Vidal en la sede del CFP a fines de 2024, cuando logró forzar la redistribución de la CITC de merluza hubbsi, incrementando su cuota social de 4.000 a 20.000 toneladas sin contar con una flota propia suficiente para su explotación y menos aun, con capacidad para el procesado de ese volumen en plantas en su provincia como justificativo dentro de los considerando expresos al maximo interes con fines sociales, cuando todas las semanas llegan a Mar del Plata entre 6 y 8 camiones para procesar pescado que llega integro desde aquellas provincias patagónicas (sumado a Chubut), con la distorsión, en parte, en el campo laboral marginal en nuestra ciudad. Peor aún, parte de este cupo ha sido otorgado a buques sin permiso de pesca para la especie, lo que constituye una vulneración manifiesta de la legislación pesquera vigente.

Ahora, con una estrategia similar, Santa Cruz busca forzar un cambio en la administración del langostino en el Golfo San Jorge, aprovechando la pasividad de los integrantes del CFP como el de todos los actores, que aún no se han expresado. La provincia anuncia una prospección de tres meses con la aparente intención de habilitar la pesquería, pero su verdadero propósito es presionar por una ampliación del cupo de reserva social del langostino. Esta estrategia, ejecutada sin flota propia y, en muchos casos, con buques sin permisos de pesca para le especie, representa un nuevo atropello a la Ley Federal de Pesca, el CFP y sus resoluciones, y pone en entredicho la seriedad de la gestión pesquera en Argentina.

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La Subsecetaria de Pesca de la provincia de Buenos Aires, Carla Seaín, expresó su postura al ser consultada por Infopuerto acerca de la crisis que afecta al sector pesquero argentino que incrementa su malestar al no estar incluído en la quita de retenciones dispuesta por el gobierno nacional para los productores del campo.

Seaín expresó que más allá de lo de las retenciones hay que detenerse y hablar del Derecho Único de Extracción (DUE) , el impuesto que se aplica a la pesca en los espacios marítimos de Argentina.

El Consejo Federal Pesquero es el encargado de establecer el monto del DUE. 

Seain  al ser consultada su opinión al respecto, resaltó que no solo se le siguen aplicando las  retenciones al sector pesquero sino que agregó «yo diría que hablemos más bien de los DUE, ¿no? Un incremento, diría en algunos casos de hasta un 1000% en un sector pesquero como es el marplatense, digamos que se caracteriza por su diversidad en términos de tratos de flota, pero también de capturas que realizan», explicando que «no es lo mismo un calamar,  un langostino, que lo que sucede con la merluza, que el precio es muy bajo, la demanda internacional, el precio internacional también no mantiene, no mejora sus niveles, con un incremento de costos históricos y realmente con un dólar atrasado».

Agregando que ese dólar atrasado «termina afectando y pegando fuertemente a lo que se suma el DUE»

La postura del gobernador Kicillof es contraria a la aplicación de dicha modalidad por lo que se ha  discutido en el Consejo Federal Pesquero, y  por el cual la Provincia de Buenos Aires votó en contra,  del incremento del DUE es un aumento de un impuesto».

El presidente Milei  «ha dicho que se cortaba un brazo antes de incrementar un impuesto, ¿ no?…bueno..lo que pasó fue eso» señaló Seaín.

Carla Seaín dialogando con Infopuerto en la reunión realizada en Claromecó, donde parte del Gabinete de ministros junto a Kicillof escucharon a productores, sectores culturales, comerciantes de la zona

Seaín expresó que  nadie puede negar  que la decisión fue tomada en base, en el marco de lo que planteó el Ejecutivo, el Subsecretario de Pesca forma parte del Ejecutivo, «y la decisión y la bajada de línea fue, tiene que subir el DUE».

La Subsecretaria dejó sentado que la provincia  no estaba de acuerdo, al  entender que eso forma parte también de la captación, de la renta pesquera, «que termina pagando o extrayéndola del sector o del lado débil de la cadena, que es aquel que invierte, pone fondos, tiene personal que embarca, con todo lo que implica el riesgo empresario que implica botar un barco al agua con toda su tripulación».  Dicho criterio no se consideró, «de hecho lo plantearon en un momento para que fuera a través de una baja de los derechos de exportación de los congeladores, que exportan pescado entero congelado, sobre los barcos, pero que no genera una diferencia con lo que es la producción en tierra, en lo fresco, que es lo que genera mayor empleo en toda lo que es la ciudad marplatense» concluyó Seaín.

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La provincia de Santa Cruz finalizó ayer la primera etapa de la prospección de langostino en las aguas jurisdiccionales del Golfo San Jorge, una acción que había sido anticipada durante la última reunión del Consejo Federal Pesquero.

El estudio se realizó con los buques fresqueros Pobre Gaucho y Ndanddu. Durante el relevamiento se detectó una importante cantidad de langostino de talla juvenil, el cual fue descargado en el puerto de Caleta Paula.

Fuentes oficiales confirmaron a Mar&Pesca que esta prospección marca el comienzo de las negociaciones para la descarga de 30 mil toneladas de langostino durante la temporada del crustáceo en aguas nacionales 

En este contexto, trascendió que Fernando Marcos, actual secretario de Pesca de la provincia, adelantó que la próxima semana la provincia enviará una nota al Consejo Federal Pesquero notificando sobre la decisión de Santa Cruz de mantener abierto el Golfo San Jorge si las empresas no acceden a descargar sus barcos en Puerto Deseado durante la pesca en aguas nacionales. Según las fuentes, Marcos confía en que, con esta medida de presión, el subsecretario de Pesca y Recursos Acuáticos, Juan Antonio López Cazorla obligue a las empresas a cumplir con la solicitud.

Sin embargo, algunas voces cercanas al sector sindical expresaron dudas sobre las estrategias de Marcos, calificándolo como alguien propenso a presentar propuestas difíciles de llevar a cabo. “Es una buena persona, pero a veces sus ideas parecen poco realistas. Según él las empresas cederán porque, si no lo hacen, enviará una flota de fresqueros a capturar todo el langostino chico en el Golfo, arruinando la temporada en aguas nacionales. No estamos seguros de que eso funcione y no queremos perjudicar a los marineros ni a los trabajadores de las plantas. Es una propuesta que suena muy fantasiosa”, comentaron fuentes bien informadas.

“El cuento de la sardina”

En este contexto, las mismas fuentes recordaron que, cuando Marcos asumió como secretario de Pesca, había prometido la llegada de dos empresas de Mar del Plata para pescar sardina patagónica y establecer grandes industrias en la provincia. “Hasta ahora no hemos visto avances en ese sentido, además no estamos seguros de que haya tanta sardina como dice, sospechamos que es puro cuento”, indicaron con escepticismo.

Cabe acotar que el puerto deseadense cerró un 2024 para el olvido con un total de 11.400 toneladas de langostino quedando en tercer lugar después de Mar del Plata. La drástica caída de las descargas tiene que ver con un corrimiento del crustáceo hacia el norte y el éxodo de los buques hacia Puerto Madryn buscando la cercanía con el recurso. 

Así las cosas, el verdadero desafío de la provincia ahora es buscar estrategias viables que permitan tratar de revertir esa triste estadística.

Sitio de Internet – Pescare – Mar del Plata

Las aguas linderas a la milla 200, ubicadas justo por fuera del límite de las aguas jurisdiccionales argentinas, entre los paralelos 45°S y 47°S, han devenido en un escenario caótico de alta conflictividad marítima.

En esta vasta extensión del Atlántico Sur, donde la plataforma argentina se despliega con profundidades inferiores a los 200 metros, se libra una batalla silenciosa pero despiadada. Embarcaciones asiáticas y europeas se aglomeran en un frenesí depredador, operando en condiciones de extremo hacinamiento, espacios muy reducidos con una irresponsable competencia por pescar antes que su colega y bajo la constante amenaza de colisiones, abordajes y accidentes que ponen en peligro vidas y embarcaciones.

El reciente incidente entre los pesqueros gallegos Manuel Ángel Nores y Playa da Cativa, ambos con puerto de asiento en Montevideo, Uruguay, ha vuelto a poner de manifiesto la alarmante precariedad con la que se desarrolla la explotación de recursos en esta zona. Según fuentes del sector, el Manuel Ángel Nores habría pasado por encima de los portones de arrastre del Playa da Cativa mientras este realizaba operaciones efectivas de pesca, enganchando los aparejos de pesca y dañando severamente sus guinches, lo que obligó a emprender un penoso regreso al puerto uruguayo para su reparación. Tras dos días de navegación desde el lugar del incidente, la embarcación llegó a puerto en la mañana de ayer. Mientras tanto, el Manuel Ángel Nores ha continuado con sus operaciones sin mayores contratiempos, dejando tras de sí la estela de un sistema que parece favorecer la impunidad.

Derrotero del Playa da Cativa después del incidente, apaga AIS y se dirige a Puerto de Montevideo. Ingresó ayer 07:30hs.

Este evento desafortunado no es un hecho aislado. Aguas afuera de la milla 200 se ha transformado en una verdadera zona de guerra pesquera. En 2019, el pesquero vigués Pesca Vaqueiro colisionó con un potero chino, el Zhong Yuan Yu 11, lo que obligó a la tripulación asiática a evacuar la embarcación en medio del océano. Más recientemente, en 2023, el Playa Pesmar Uno sufrió un accidente similar con otro barco de origen asiático, viéndose forzado a buscar refugio en un puerto uruguayo. No obstante las decenas de eventos no declarados que mensualmente ocurren en la zona distante 200 millas náuticas de territorio continental argentino.

La presencia de una flota internacional en esta zona responde a la abundancia de calamar Illex argentinus, un recurso altamente demandado a nivel global, además de especies de alto valor comercial como merluzas y abadejo. Sin embargo, la ausencia de controles efectivos y la falta de acuerdos internacionales sólidos han convertido a esta franja marítima en un territorio anárquico, donde la sobreexplotación, las disputas entre flotas y los accidentes son una constante que pone en jaque la seguridad de las tripulaciones y la sostenibilidad de los recursos marinos.

Frente a esta cruda realidad, se hace urgente y vital reforzar la vigilancia y establecer acuerdos de cooperación entre los países con intereses en la región. La implementación de normativas más estrictas, la supervisión activa por parte de organismos internacionales y el uso de tecnologías de monitoreo no solo podrían mitigar los riesgos, sino que también garantizarían una explotación responsable de los recursos pesqueros. De lo contrario, las aguas aledañas a la milla 200, -límite exterior de la República Argentina en el mar-, seguirá siendo una zona donde se pone en riesgo la vida humana sin contemplaciones, un escenario de tensión permanente y un cementerio de embarcaciones y esperanzas en las profundidades del Atlántico Sur.

Diario La Capital de Mar del Plata

Lo advirtió Domingo Contessi, «extremadamente preocupado» a horas de una nueva botadura en el astillero. «Hoy solo tenemos cuatro gradas ocupadas, algo que desde 2017 no pasaba», dijo y admitió: «Siento una tristeza enorme».

Luego de varios años de crecimiento y desarrollo, incluso remando contra la corriente más de una vez, el proceso de renovación de la flota pesquera “se cortó” y las alarmas se encendieron en la industria naval. En el Astillero Federico Contessi, el mes de febrero llega con una mezcla de emociones: alegría por la botadura del “Marlene del Carmen”, que se realizará este sábado, pero con un futuro incierto que genera fuerte intranquilidad. “Estamos extremadamente preocupados”, admitió el presidente del directorio, Domingo Contessi.

En un contexto de fuerte recesión para la pesca, marcada por la pérdida de rentabilidad, el aumento de impuestos y el malestar por la exclusión en la rebaja de las retenciones anunciada por el Gobierno, en los astilleros ven que “se está cortando la cadena de producción”.

Este sábado, a las 9, se llevará a cabo la botadura N°151 en el Astillero Contessi. Sin embargo, más allá de la alegría y el trabajo que generan este tipo de ceremonias, se vislumbra un horizonte preocupante: “Es la tercera grada que desocupamos y que no es ocupada por una nueva obra”.

“Hoy solo tengo cuatro gradas ocupadas, algo que no sucedía desde 2017, cuando la renovación de la flota pesquera aseguraba continuidad de trabajo”, explicó Contessi en diálogo con LA CAPITAL. “Este proceso de renovación se cortó, lo que implica que, más temprano que tarde, vamos a enfrentar serios problemas que no veíamos desde hace años, y que lamentablemente veníamos anticipando, pero que ahora se están concretando”.

Domingo Contessi.

Domingo Contessi.

En cada botadura, el directorio de Contessi suele ofrecer un discurso que refleja tanto el presente como las perspectivas de la empresa. “Nunca un gobierno hace todo bien ni otro todo mal. Ya en la gestión anterior advertíamos sobre el desastre del atraso cambiario, las restricciones a la importación y la distorsión de precios de los insumos internos”, recordó el presidente del astillero.

Con el cambio de gobierno y la asunción de Javier Milei, “nos pusimos muy contentos por la racionalidad económica que trataba de evitar el déficit fiscal, sanear la economía y combatir la inflación”, explicó. Sin embargo, “pronto nos dimos cuenta de que el atraso cambiario y la fijación del dólar no solo era injusto para nuestra industria, sino que, tarde o temprano, iba a perjudicar seriamente a la industria pesquera, que es netamente exportadora”, reflexionó Contessi.

Lamentablemente, los temores del sector “se hicieron realidad”. Si bien la pesca es un sector diverso, “la pesca fresquera, especialmente, está por debajo del nivel de subsistencia, y eso no puede sostenerse indefinidamente; se puede trabajar a pérdida por un tiempo, pero no a largo plazo”, alertó.

La rentabilidad

El principal problema en la actividad es de rentabilidad. De hecho, hay sectores que “directamente no tienen”. Al respecto, Contessi señaló: “Un barco como el que vamos a botar este sábado hace una marea de entre siete y diez días, factura 75 millones de pesos y tiene 90 millones de pesos en gastos”.

A este escenario se le suma la reciente suba de impuestos. “Somos el único sector exportador que ha recibido un aumento de impuestos por parte del gobierno. Además, el Derecho Único de Extracción se incrementará a partir del 1° de febrero, y se ha creado una nueva tasa: la asignación de las cuotas de merluza. Asimismo, el sector fue excluido de la rebaja de retenciones“, detalló y resumió: “La situación es dramática. Y en este contexto, nadie está pensando en renovar la flota”.

En el equipo que dirige el histórico astillero Contessi, la preocupación y la tristeza son evidentes. Gracias al proceso de reconversión de los últimos años, la empresa “duplicó su capacidad instalada y también su personal”. Sin embargo, “hoy vemos que eso comienza a retroceder”, lamentó Contessi.

“Siento una tristeza enorme. Este último mes, por primera vez, ha bajado la nómina, se me fueron tres empleados, y no hemos contratado nuevos, algo que nunca había ocurrido. Todos los meses sumábamos personal, y la nómina seguía creciendo. Por primera vez estamos retrocediendo”, indicó. Y advirtió: “Si esto continúa, habrá un parate total en el segundo semestre, y en el último trimestre del año estaremos enfrentando serios problemas”.

Contessi 18

Reclamos y autocrítica

Las cámaras empresarias de la industria pesquera alertaron sobre “la grave crisis” que las aqueja, especialmente a “la flota fresquera, frigoríficos y plantas industriales de tierra que integran la cadena de producción”, producto de la “fuerte pérdida de competitividad”.

En un reciente comunicado, firmado por la Cámara Pesquera Argentina; la Cámara de Empresas de Pesca del Golfo San Jorge; la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera; la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport); la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Cabpa); y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos, explicaron que la situación de crisis fue provocada debido a “una compleja combinación de factores”.

En línea con las cámaras, en la industria naval también se perciben reclamos hacia el gobierno, pero hay espacio para la autocrítica. “Perdimos mucha energía en 2024 con el único objetivo de renovar las cuotas de captura, pero descuidamos el problema de fondo: la pérdida de rentabilidad. Hoy tenemos las cuotas renovadas, que es como el título de propiedad de tu casa, pero la casa se nos incendió. Entonces, ¿de qué sirve tener el título si la casa ya no existe?”, reflexionó Domingo Contessi.

Tal como señalan las cámaras, para el responsable del principal astillero de Mar del Plata, “hay errores en el gobierno”, pero “también es una cuestión que involucra a los privados y a los sindicatos”. “Sabemos que el plan económico no cambiará, por lo que, si queremos que la pesca siga funcionando en este contexto de dólar atrasado, todos deberán ceder un poco para retrotraer costos; si no, esto no va a funcionar”, concluyó.

Contessi botará su buque 151: el “Marlene del Carmen”

La botadura del buque “Marlene del Carmen” será la número 151 del Astillero Naval Federico Contessi y se llevará a cabo este sábado 1° de febrero en el puerto de Mar del Plata.

La empresa armadora es Rosmar S.A y su nueva embarcación tendrá asiento en el puerto de Comodoro Rivadavia. El barco reemplazará a otro que tiene más de 63 años de antigüedad.

La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 9 y será transmitida en directo por las redes sociales del Astillero Contessi. La madrina de la embarcación será la Señora Karina Haydee Tascon.

“Nuestra botadura 151 será seguramente la del último fresquero de altura en mucho tiempo. La renovación de la flota por la que tanto hemos trabajado se detiene”, lamentó el directorio del astillero.

Sitio de Internet – Punto Noticias – Mar del Plata

Desde el Astillero Contessi anunciaron la botadura 151. «Seguramente sea la última de un fresquero en mucho tiempo», anticiparon.

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El Astillero Contessi se apresta a realizar el próximo sábado la primera botadura de un barco del 2025.

Sin embargo, la ceremonia 151 de la historia del emblemático astillero ubicado en el puerto de Mar del Plata se dará dentro de un complejo escenario para las industrias naval y pesquera.

En el anuncio de la botadura del buque fresquero «Marlene del Carmen», que se llevará a cabo el próximo sábado a las 9 de la mañana, se indicó que «será seguramente la del último Fresquero de Altura en mucho tiempo, la renovación de la Flota por la que tanto hemos trabajado se detiene».

Esta embarcación tendrá asiento en el puerto de Comodoro Rivadavia y reemplazará a otro que tiene más de 63 años de antigüedad.

Sitio de Internet -Parte de Pesca – Mar del Plata

El director General de Aduanas, José Andrés Velis, estuvo esta semana en Chubut para ultimar detalles de la ‘reglamentación’ de la ampliación de la Zona Franca que se emplazará en el parque industrial de Trelew. Con más de cuarenta años en el organismo y después de jubilarse se incorporó al Gobierno de Javier Milei en octubre pasado para reemplazar a Eduardo Mallea, tras reestructurar el área.

Esta semana estuvo en Rawson junto a un equipo técnico de colaboradores para ultimar detalles con el Gobierno de Chubut para definir la implementación de la Zona Franca en Trelew, y prometió acelerar el proceso para el dictado de la reglamentación que le dé marco a este novedoso esquema.

Fue recibido por el gobernador Ignacio Torres y el encuentro formó parte de una agenda de trabajo que viene impulsando el mandatario para proceder a la reglamentación e inmediata implementación de dicho centro logístico y comercial en el noreste de la provincia. 

RECORRIDA POR EL PREDIO

Tras un almuerzo en la Residencia Oficial en Rawson, la actividad de los funcionarios comprendió, además, un recorrido por el predio donde quedará establecida una de las zonas francas más grande de la Argentina, la cual permitirá potenciar la actividad industrial y comercial en toda la región.

La comitiva, integrada también por representantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fue recibida en la Residencia Oficial de la capital provincial por el ministro de Economía, Andrés Meiszner; el secretario de Coordinación de Gabinete, Guillermo Aranda; el presidente del Directorio de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, José Ignacio Bellorini y el intendente de Trelew, Gerardo Merino.

En representación de ARCA (ex AFIP), estuvieron presentes Marcelo Mignone, subdirector General de Técnico Legal Aduanera; Adrián Wilberger, director a cargo de la Región Aduanera Patagónica; Andrea Estévez, administradora de la Aduana de Puerto Madryn; y Sebastián Lafuente, el jefe de la Sección Inspección Operativa de la Aduana de Puerto Madryn.

POTENCIAR LAS EXPORTACIONES

Al respecto, el titular del Ejecutivo chubutense destacó la presencia en la provincia de “un funcionario de primera línea que vino a trabajar el día completo con agenda abierta para llevar adelante en poco tiempo la apertura de esta zona franca que dará mayor valor agregado a nuestros productos, a nuestros servicios, potenciará las exportaciones, generará divisas y fomentará la creación de más y mejor trabajo”.

La visita, explicó el gobernador, “tiene que ver con el compromiso que asumimos días atrás de avanzar con la redacción de la Resolución General Reglamentaria” vinculada con el funcionamiento y puesta en operaciones del espacio, garantizando “un marco normativo acorde para quienes quieran venir a invertir a Chubut”.

El mandatario subrayó, asimismo, la visita de las autoridades aduaneras al predio donde en poco tiempo comenzará a funcionar dicho centro comercial, “lo que revela un claro y notable avance entre las autoridades de aplicación del área, y un fuerte compromiso de habilitar esta zona en el corto plazo”.

Torres sostuvo que la puesta en funcionamiento de la Zona Franca, que se ubicará en un predio de 170 hectáreas, asegurará “una mayor competitividad de los productos chubutenses, una llegada más fuerte a los mercados internacionales y convertirá a toda esta región en una plaza atractiva para la radicación de nuevas empresas”.

La Zona Franca de Trelew “permitirá agregar valor a nuestros recursos para potenciar las exportaciones, garantizar más y mejor trabajo para todos los chubutenses, y generar divisas para el país, en un contexto macroeconómico complejo que nos compromete a todos a duplicar nuestros esfuerzos para que las inversiones continúen llegando a Chubut”, aseguró.