Dos mujeres tomando decisiones en el muelle

Sitio de Internet – Mar y pesca noticias patagónicas

María Elena Guerrero y Paula Armendáriz forman parte del Grupo de Operativa, un equipo clave que nunca descansa y se encarga de asignar los espacios de atraque y coordinar la llegada y salida de los buques. «Trabajamos a tiempo completo y nos vamos rotando porque este trabajo no tiene pausa: cuando llega un barco, hay que estar ahí para ayudar a amarrarlo, y lo mismo ocurre cuando se zarpa», explicó en diálogo con Mar&Pesca, María Elena Guerrero, quien lleva 21 años trabajando en el puerto y ha ocupado diversos puestos antes de llegar a su actual función, un rol que describe como el más gratificante por la emoción que le genera.

María Elena proviene de una familia de estibadores, y curiosamente, su marido, Raúl Mella también es un histórico estibador. «Yo, como trabajadora portuaria, siento al puerto como mi segunda casa», confesó, destacando el vínculo que tiene con su entorno laboral. Para ella, tanto su designación en este equipo como la de Paula representa un avance significativo y una reivindicación para las mujeres en un sector históricamente dominado por hombres. «Hoy las mujeres estamos ocupando lugares que antes habrían sido impensados. Este puerto siempre fue pionero en ese sentido. Antes, las mujeres podían trabajar en la estiba, pero lamentablemente esa práctica se fue perdiendo», recordó.

El Grupo de Operativa también lo integran Alejandro Roja y Jonathan Barriga. Juntos, los cuatro portuarios defienden con orgullo la camiseta del puerto, un motor vital para la comunidad. «El puerto es el corazón del pueblo; si no tiene vida, todo se detiene. Cuando llega un barco, sea la hora que sea, lo recibimos con una gran alegría, y lo despedimos con la mejor energía para que regrese pronto», comentó María Elena, mientras se encontraba con esta cronista en el muelle.

Detienen en España al capitán de un buque pesquero por trata de personas contra marineros senegaleses de su tripulación

Sitio de Internet – Mar y pesca noticias patagónicas

El imputado, de nacionalidad española, fue detenido en diciembre por la policía de ese país, luego de la emisión de una notificación roja a través de INTERPOL, y aguarda el proceso de extradición. El caso data de 2017, cuando un marinero del buque fue evacuado en estado de coma por la Prefectura Naval a 135 millas marinas de Puerto Deseado.

La Policía española detuvo con fines de extradición al capitán de un buque pesquero de ese país que navegó por aguas jurisdiccionales y llegó a amarrar en las islas Malvinas, en el marco de una investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, por acogimiento y recepción, triplemente agravado por haber aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, el haber consumado la explotación y la pluralidad de víctimas -marineros integrantes de la tripulación-, una de ellas de nacionalidad senegalesa, identificada y rescatada de la embarcación.

La pesquisa que involucra al imputado, de nacionalidad española y de 56 años de edad, es motorizada desde junio de 2017 por la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, a cargo del fiscal federal Lucas Colla, luego de que la Prefectura Naval Argentina (PNA) evacuara de aquel buque a un marinero senegalés en estado de salud crítico, cuando navegaba a 135 millas náuticas de la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

La situación de salud del marinero senegalés -rescatado en estado de coma- y su posterior declaración en sede judicial permitieron al Ministerio Público Fiscal avanzar sobre la hipótesis criminal del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, dado que -entre otros detalles- el marinero sostuvo que realizaba trabajos agotadores de hasta 22 horas al día, los siete días a la semana, en condiciones insalubres, sin vestimenta adecuada y escasa alimentación, por la que recibía un salario por debajo del mínimo establecido en los estándares internacionales. Añadió que el contrato de trabajo tenía una extensión de meses, que podía llegar a dos años.

Luego de que recompusiera su estado de salud, la víctima prestó declaración testimonial. Posteriormente, se gestionó su partida a su pueblo natal, con la intervención del área de Trata de Personas y del Programa de Asistencia a las Victimas del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que articuló con la Organización Internacional para las Migraciones su reinserción laboral en Senegal.

La detención del capitán de la nave fue ordenada el 13 de noviembre pasado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, que emitió a través de INTERPOL la notificación roja correspondiente a pedido del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades españolas concretaron el arresto el 18 de diciembre. Dos días después, el juzgado requirió a la Cancillería que gestione con el Reino de España la extradición del imputado.

El caso fue impulsado desde el inicio por la Fiscalía Federal (tras la implementación del proceso acusatorio, hoy denominada Sede Fiscal Descentralizada) de Caleta Olivia, que propició la competencia del Poder Judicial de la Nación a partir de los datos de navegación del buque provistos por la PNA. Con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el Ministerio Público Fiscal requirió en octubre de 2019 la convocatoria a prestar declaración indagatoria para el capitán de la nave, a quien imputó el delito de trata de personas agravada por el número de víctimas.

La orden judicial que dispuso el llamado a indagatoria fue dictada el 26 de febrero de 2024. Posteriormente, en junio, la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Buenos Aires libró una notificación azul para recopilar información sobre el capitán y sus actividades. Las oficinas de INTERPOL Madrid y Montevideo proporcionaron información que permitió confirmar la identidad del capitán y las listas de tripulantes, y la posterior emisión de la notificación roja para el arresto del imputado.

De acuerdo con la imputación, el capitán de la nave aceptó y albergó el 15 de febrero de 2017 dentro de la tripulación a su cargo a un marinero senegalés, entre al menos tres más, «de cuyas situaciones de vulnerabilidad se abusó». Según se especificó, las víctimas fueron contactadas previamente a través de la empresa armadora, que les pagó el pasaje en avión desde Senegal hasta Cabo Blanco, en Mauritania -desde donde partió el buque-, «para explotarlos, depositándoles una suma de dinero inferior al salario mínimo, cumpliendo jornadas laborales de alrededor de veintidós horas diarias, de lunes a lunes, en el área de fileteado en la bodega del B/P [buque pesquero], sin descanso ni asistencia médica apropiada, no aportándole lugar de descanso ni esparcimiento, ni ropa pertinente, con ausencia de condiciones salubres de higiene y alimentación adecuada, generándole [al marinero identificado] un cuadro de desnutrición, hipotermia y deshidratación, hasta el día 05 de junio de 2017, momento en que se tuvo que ordenar el desembarco urgente de la víctima» a 135 millas náuticas de la ciudad de Puerto Deseado.

La imputación añade que la víctima llegó al hospital de esa ciudad en estado de coma, «no ubicado en tiempo y espacio y con afectación del sensorio motriz (hipotímico), pese a haber ingresado al Buque Pesquero en condiciones de apto físico”.

La fiscalía investiga el caso con la asistencia de la PROTEX, de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) y de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). Con el asesoramiento de esta última, el MPF procura información del buque, por ser elemento del delito investigado. Esa pretensión tramita en un legajo separado y fue rechazada en primera instancia por el Juzgado Federal de Caleta Olivia. Actualmente se encuentra apelada por la fiscalía.

En el marco de la investigación, la fiscalía también está recibiendo apoyo del Programa de Seguridad Ambiental de INTERPOL, a través de su proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), centrado en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), con el objetivo de analizar e identificar buques de pesca de larga distancia que operan ilegalmente en el mar, y de la Unidad de Tráfico de Personas y Contrabando de Migrantes de INTERPOL, en el marco de la Operación LIBERTERRA II.

Desregulación de Importaciones: Nueva realidad en el comercio exterior con impacto en la industria conservera marplatense

Sitio de Internet – Pescare – Mar del Plata

La reciente modificación al Código Alimentario Argentino (CAA), impulsada por el Gobierno a través del Decreto 35/2025, marca un cambio significativo en el comercio exterior de alimentos, con implicaciones directas en la industria conservera marplatense. Esta reforma promete optimizar los procesos regulatorios y, al mismo tiempo, reducir los costos asociados a la importación de productos alimenticios, en un esfuerzo por hacer más accesibles los alimentos para los argentinos y fortalecer las importaciones y exportaciones del país.

El eje central de esta medida es la desregulación de las importaciones, específicamente en lo que respecta a los alimentos provenientes de países con sistemas de control sanitario reconocidos y similares o superiores a los nacionales. Entre los países que se benefician de esta flexibilización se encuentran Australia, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Israel, Japón, Tailandia, Indonesia y el Reino Unido, todos ellos con rigurosos estándares de seguridad alimentaria. Esta disposición permitirá que los alimentos certificados en estos países ingresen a la Argentina sin restricciones, eliminando la necesidad de realizar trámites burocráticos complejos como registros, autorizaciones y la presentación de muestras y productos para su inspección.

Para la industria conservera marplatense, este cambio ofrece un doble desafío y oportunidad. Por un lado, la mayor accesibilidad a alimentos importados, provenientes de mercados internacionales con altos estándares sanitarios, podría mejorar la competitividad de las empresas locales al diversificar las materias primas disponibles para la producción. Por otro lado, este marco normativo podría plantear un riesgo para los productos nacionales si no se acompañan de una política que refuerce la calidad y la competitividad de las conservas argentinas frente a los productos extranjeros.

Asimismo, la desregulación también introduce una nueva dinámica en las exportaciones de alimentos. El Gobierno ha dejado claro que su objetivo es eliminar las «mochilas » regulatorias que imponían restricciones a los productores argentinos, en un esfuerzo por facilitar las transacciones comerciales internacionales. Bajo este nuevo régimen, los productores nacionales podrán exportar con mayor libertad, ajustándose únicamente a los requisitos del país receptor. De esta forma, las empresas conserveras de Mar del Plata, que históricamente han tenido que lidiar con trámites y requisitos innecesarios para exportar sus productos, podrán acceder a nuevos mercados sin las barreras que antes limitaban su crecimiento.

Si bien la medida tiene como objetivo la agilización y fluidez de los procedimientos y la reducción de costos, su impacto en la industria conservera dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad de las empresas locales para adaptarse a este nuevo panorama de mayor competencia por el ingreso de productos ya elaborados con origen en paises que han demostrado una gran tecnificación y sobre todo un menor valor de costos siendo productos mucho más competitivos sin la pesada carga impositiva de sus estados de origen. La posibilidad de importar materias primas más accesibles puede generar beneficios inmediatos, pero también plantea la necesidad de asegurar que la industria marplatense continúe destacándose por la calidad y la innovación de sus productos, factores que han sido su sello distintivo en mercados internacionales.

Finalmente, este paso hacia la desregulación del comercio exterior alimentario pone de relieve, con crudeza, la profunda desconexión entre las políticas fiscales del Estado y la competitividad de las industrias locales en el segmento internacional. Aunque la reforma promete abaratar productos y fomentar exportaciones, omite abordar la raíz del problema: una cadena productiva industrial asfixiada por una carga impositiva desmesurada y desproporcionada, por políticas en el Tipo de Cambio poco competitiva en función de costos laborales y márgenes actuales, y por la falta de crédito del sector financiero a tasas razonables que permitan la incorporación de bienes de uso que alienten la mayor productividad y calidad a menor precio.

Consultada una fuente que prefirió permanecer en el anonimato, simplemente declaró » como están dadas las circunstancias y la coyuntura económica, no solo a nosotros los conserveros, sino todo el sector pesquero, desde la banquina hasta el gran exportador: nos van a terminar fundiendo; creo que con eso te resumo el pensamiento de todo el sector. Acá cuanto más trabajas, más perdés y ojo, nosotros venimos de una familia de trabajo desde mis abuelos, pero esto no da para más…»

El caso de la industria de la conserva marplatense, con su reconocida trayectoria y calidad, ilustra esta contradicción estructural. No se trata solo de demostrar excelencia en un mercado global cada vez más exigente, sino de sobrevivir a un entramado tributario que penaliza sistemáticamente al productor nacional. Cada lata de conserva que sale al mercado lleva consigo un peso fiscal que supera con creces el valor real de la materia prima procesada, convirtiendo al producto argentino en un bien costoso e incapaz de competir, tanto en el mercado interno como en la arena exportadora.

Es inadmisible que desde el ámbito gubernamental se critique el precio final de los productos destinados al consumidor, mientras se ignora deliberadamente el impacto devastador de una política impositiva voraz y desarticulada. Este desequilibrio fiscal, lejos de impulsar el desarrollo industrial, condena a toda la industria procesadora a una posición de desventaja frente a competidores internacionales que operan en condiciones más razonables y menos onerosas. Así, la tan proclamada intención de «fomentar exportaciones abriendo la economía «, queda reducida a un espejismo, mientras la industria nacional lucha por sobrevivir en un entorno económico diseñado, paradójicamente, para limitar su potencial. No llovió, y hay barro en todos lados…

La industria pesquera asegura que está en “estado crítico e insostenible”

Diario La Capital de Mar del Plata

Las cámaras empresarias de la industria pesquera alertaron sobre “la grave crisis” que las aqueja, especialmente a “la flota fresquera, frigoríficos y plantas industriales de tierra que integran la cadena de producción”, producto de la “fuerte pérdida de competitividad”.

En un comunicado, firmado por la Cámara Pesquera Argentina; la Cámara de Empresas de Pesca del Golfo San Jorge; la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera; la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport); la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Cabpa); y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos, explicaron que la situación de crisis fue provocada debido a “una compleja combinación de factores”.

Y, entre los mismos, enumeraron al “incremento de todos los costos en dólares de la cadena productiva; la caída de los precios internacionales; la devaluación del real; la apreciación de nuestra propia moneda; el incremento de una carga tributaria que ya era asfixiante y una excesiva regulación en las medidas de manejo de las pesquerías que se extiende a la operatoria completa”.

Además, sumaron como factores agravantes de la situación a “la operatoria de la flota en general y a las industrias a lo largo de los procesos de producción y comercialización” y añadieron “la competencia desleal de las flotas que operan en la milla 201, que con subvenciones y sin aranceles abordan nuestros mercados a precios irrisorios”.

Urgencia

Por todo lo expuesto, las cámaras empresarias calificaron como “imperativo” trabajar de manera “conjunta y consensuada con el fin de encontrar soluciones que permitan garantizar la continuidad de este sector, que es una importante economía regional”.

“La pesca fresquera -añadieron- no puede seguir operando indefinidamente en situación de quebranto y si no actuamos de manera urgente comenzaremos a padecer situaciones irreversibles”.

De esa manera, adelantaron un temario para con el fin de generar “agenda amplia y efectiva de diálogo con las autoridades y con todos los actores de la cadena productiva industrial”. Asimismo, invitaron a la mesa de diálogo a “otras cámaras del  sector y de la cadena de valor de la pesca” y también a empresas independientes de todo el país debido a que “la crisis de la pesca es integral”.

“Todos los segmentos perdieron rentabilidad -reconocieron-, pero no todos son iguales, y para las empresas que operan sobre merluza, variado costero y  demersales la situación es insostenible”.

Así las cosas, en el mismo comunicado establecieron que el objetivo de toda la industria es “devolver competitividad genuina”  al sector.

Entre los temas a tratar en la agenda de diálogo, propusieron “la reducción de costos operativos; desregulación y simplificación de trámites”.

“La industria pesquera está en una situación de quebranto inminente”

Sitio de Internet – Parte de Pesca – Mar del Plata

Por Nelson Saldivia 

“Inexplicablemente, la pesca es la única economía regional que quedó afuera de la baja a las retenciones”, esgrimen desde la cámara pesquera marplatense ALFA al sumar expresiones de disgusto por la medida oficial de la semana pasada donde el Ministerio de Economía de la Nación redujo los Derechos de Exportación al campo y las economías regionales, pero dejaron afuera a los productos pesqueros a pesar de los diferentes argumentos que así lo justifican.

El nucleamiento empresarial aseguró que “ante el sostenido escenario de crisis y el aumento del 275% de los derechos de extracción, es incomprensible que la industria pesquera argentina sea la única economía regional excluida en la baja de las retenciones. Es necesario que esta medida se revise de manera urgente. La pesca ya no resiste más”, enfatizan.

La gerente de CAPEAR ALFA, Ayelén Fortunato, no ocultó el malestar que la exclusión de la pesca generó en el sector a nivel nacional. “Nos sentimos denostados. Sentimos que no hemos sido tenidos en cuenta, siendo que la pesca es una actividad que merece la baja de las retenciones a las exportaciones”, argumentó.

“Tenemos una cadena productiva que genera gran cantidad de empleo en cada lugar donde la pesca está emplazada. Necesitamos más diálogo, y que se conozca lo que es la pesca y lo que significa para la economía nacional”, insistió.

Fortunato consideró que “hay un desconocimiento integral de lo que es el sector y de ahí las decisiones que en este momento no nos están favoreciendo”, hizo público al dar cuenta de la preocupación que hay actualmente en la pesca nacional que ha perdido competitividad, entre otros factores, por la presión fiscal que representan las retenciones a las exportaciones y la suba del DUE a partir de 2025.

Por otro lado, lamentó que “no somos considerados como economías regionales cuando es una industria fundamental para el desarrollo económico regional. Es una industria que tiene una derivada de 47 mil puestos de trabajo en Argentina”, significó.

“La industria pesquera está en una situación de quebranto inminente”, advirtió la gerente de ALFA al dar cuenta de la dimensión y la gravedad del contexto en que halla el sector que el año pasado le generó alrededor de 2.000 millones de dólares de divisas al país.

“Esto hace mucho que lo venimos diciendo y que nos hayan dejado afuera de la baja de retenciones y a eso sumarle el incremento del 275% de los Derechos Únicos de Extracción (DUE), realmente, nos agravia y nos deja en una situación complicadísima”, sintetizó.

Al borde del colapso

Diario EL Atlántico – Mar del Plata

Desde la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT), expresaron su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de mantener los derechos de exportación sobre los productos pesqueros. La entidad advirtió sobre el impacto negativo que esta medida tiene en la competitividad del sector, que ya enfrenta serias dificultades económicas y estructurales.

Según el documento, la industria pesquera está atravesando una crisis marcada por altos costos internos, burocracia excesiva y una carga impositiva que limita su capacidad de competir en los mercados internacionales. Además, CAFREXPORT destacó la falta de un diálogo efectivo con las autoridades gubernamentales a pesar de los intentos realizados en el último año para exponer la delicada situación del sector.

“Valoramos el esfuerzo del gobierno por reducir el déficit fiscal y combatir la inflación, pero no se está considerando el impacto que los derechos de exportación tienen sobre la competitividad de la industria pesquera, especialmente en las ciudades costeras donde esta actividad es un pilar económico fundamental ”, señaló la cámara que representa a pequeñas y medianas industrias pesqueras.

CAFREXPORT también cuestionó la desigualdad en el tratamiento de los sectores exportadores y recordó que el propio gobierno ha reconocido que los derechos de exportaciones son “distorsivos” y afectan la competitividad. En este sentido, reclamaron la eliminación del gravamen para todas las actividades económicas exportadoras y la convocatoria urgente a reuniones para delinear políticas que fortalezcan a la industria pesquera.

“Trabajar en estos temas significa defender la soberanía nacional, potenciar el trabajo de una industria con más de 100 años de historia y asegurar su continuidad. Sin embargo, las políticas intervencionistas y la falta de ajustes en áreas clave están poniendo en jaque el futuro del sector ”, advirtió la cámara.

El comunicado finaliza con un llamado a generar un diálogo “abierto y sincero” con el gobierno para abordar los desafíos que enfrenta la industria. CAFREXPORT destacó que la falta de políticas económicas adecuadas y de un Estado ágil ha llevado al sector a un “punto de no retorno”, pese al esfuerzo continuo por mantener la competitividad en los mercados internacionales.

También la Cámara enfatizó su disposición a trabajar en conjunto para implementar cambios y soluciones, pero advirtió que cualquier transformación debe estar acompañada de herramientas y políticas concretas que permitan superar las dificultades actuales.

El mensaje subraya la importancia de la industria pesquera en las economías regionales de las ciudades costeras del país, donde genera empleo y sustenta la actividad económica. Por ello, la continuidad de las retenciones pone en riesgo no solo a las empresas del sector, sino también a miles de familias que dependen de esta actividad.

Con un panorama desafiante, CAFREXPORT insta a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de la industria pesquera argentina en el contexto global.

Pesca multó a Pesquera Arvi S.A con $105 millones por traslado ilegal de langostinos

Diario El Chubut – Comodoro Rivadavia

Desde el área encargada de la fiscalización del sector indicaron que «el monto de la sanción se fundamenta en el tipo de irregularidad cometida, los antecedentes de la firma involucrada y el deliberado accionar de sus responsables en cometer la falta».

La Secretaría de Pesca de Chubut, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Pesca de Santa Cruz, detectó la presencia de un camión con más de 10 toneladas de langostinos frescos, los cuales eran trasladados sin la autorización correspondiente y en contravención con la legislación provincial.

DENUNCIA PENAL 

En razón de ello, el titular de la cartera, Andrés Arbeletche, procedió a realizar la correspondiente denuncia penal, a fin de que se establezca la posible comisión de un delito. Asimismo, se instruyó a la Dirección de Sumarios de la Secretaría de Pesca, la imputación a la firma involucrada, Arvi S.A., radicada en la ciudad de Trelew, por un monto de $105 millones.

ANTECEDENTES DE LA FIRMA

Al respecto, Arbeletche explicó que «el monto de la sanción se fundamenta en el tipo de irregularidad cometida, los antecedentes de la firma involucrada y el deliberado accionar de sus responsables en cometer la falta endilgada, dado que lo acontecido, bajo ningún punto de vista, puede deberse a un error o una omisión, sino a un accionar destinado a cometer un ilícito».

El funcionario agregó que «el Gobernador ha sido claro en que aquellos que incumplan la ley y defrauden al Estado deben ser sancionados de manera ejemplificadora, sin importar si se trata de empresarios poderosos o delincuentes comunes, y ese es nuestro compromiso como Secretaría».

Detienen en España al capitán de buque pesquero por trata laboral en aguas argentinas

Sitio de Internet – Pesca Chubut – Comodoro Rivadavia

Extradición capitán pesquero. El imputado, de nacionalidad española, fue detenido en diciembre por la policía de ese país, luego de la emisión de una notificación roja a través de INTERPOL, y aguarda el proceso de extradición. El caso data de 2017, cuando un marinero del buque fue evacuado en estado de coma por la Prefectura Naval a 135 millas marinas de Puerto Deseado.

La Policía española detuvo con fines de extradición al capitán de un buque pesquero de ese país que navegó por aguas jurisdiccionales y llegó a amarrar en las islas Malvinas, en el marco de una investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, por acogimiento y recepción, triplemente agravado por haber aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, el haber consumado la explotación y la pluralidad de víctimas -marineros integrantes de la tripulación-, una de ellas de nacionalidad senegalesa, identificada y rescatada de la embarcación.

La pesquisa que involucra al imputado, de nacionalidad española y de 56 años de edad, es motorizada desde junio de 2017 por la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, a cargo del fiscal federal Lucas Colla, luego de que la Prefectura Naval Argentina (PNA) evacuara de aquel buque a un marinero senegalés en estado de salud crítico, cuando navegaba a 135 millas náuticas de la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

La situación de salud del marinero senegalés -rescatado en estado de coma- y su posterior declaración en sede judicial permitieron al Ministerio Público Fiscal avanzar sobre la hipótesis criminal del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, dado que -entre otros detalles- el marinero sostuvo que realizaba trabajos agotadores de hasta 22 horas al día, los siete días a la semana, en condiciones insalubres, sin vestimenta adecuada y escasa alimentación, por la que recibía un salario por debajo del mínimo establecido en los estándares internacionales. Añadió que el contrato de trabajo tenía una extensión de meses, que podía llegar a dos años.

Luego de que recompusiera su estado de salud, la víctima prestó declaración testimonial. Posteriormente, se gestionó su partida a su pueblo natal, con la intervención del área de Trata de Personas y del Programa de Asistencia a las Victimas del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que articuló con la Organización Internacional para las Migraciones su reinserción laboral en Senegal.

La detención del capitán de la nave fue ordenada el 13 de noviembre pasado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, que emitió a través de INTERPOL la notificación roja correspondiente a pedido del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades españolas concretaron el arresto el 18 de diciembre. Dos días después, el juzgado requirió a la Cancillería que gestione con el Reino de España la extradición del imputado.

El caso fue impulsado desde el inicio por la Fiscalía Federal (tras la implementación del proceso acusatorio, hoy denominada Sede Fiscal Descentralizada) de Caleta Olivia, que propició la competencia del Poder Judicial de la Nación a partir de los datos de navegación del buque provistos por la PNA. Con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el Ministerio Público Fiscal requirió en octubre de 2019 la convocatoria a prestar declaración indagatoria para el capitán de la nave, a quien imputó el delito de trata de personas agravada por el número de víctimas.

Leé también: Desperfecto en buque amenaza inicio de temporada en Puerto Deseado

La orden judicial que dispuso el llamado a indagatoria fue dictada el 26 de febrero de 2024. Posteriormente, en junio, la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Buenos Aires libró una notificación azul para recopilar información sobre el capitán y sus actividades. Las oficinas de INTERPOL Madrid y Montevideo proporcionaron información que permitió confirmar la identidad del capitán y las listas de tripulantes, y la posterior emisión de la notificación roja para el arresto del imputado, publicó Mar y Pesca Noticias Patagónicas.

De acuerdo con la imputación, el capitán de la nave aceptó y albergó el 15 de febrero de 2017 dentro de la tripulación a su cargo a un marinero senegalés, entre al menos tres más, “de cuyas situaciones de vulnerabilidad se abusó”. Según se especificó, las víctimas fueron contactadas previamente a través de la empresa armadora, que les pagó el pasaje en avión desde Senegal hasta Cabo Blanco, en Mauritania -desde donde partió el buque-, “para explotarlos, depositándoles una suma de dinero inferior al salario mínimo, cumpliendo jornadas laborales de alrededor de veintidós horas diarias, de lunes a lunes, en el área de fileteado en la bodega del B/P [buque pesquero], sin descanso ni asistencia médica apropiada, no aportándole lugar de descanso ni esparcimiento, ni ropa pertinente, con ausencia de condiciones salubres de higiene y alimentación adecuada, generándole [al marinero identificado] un cuadro de desnutrición, hipotermia y deshidratación, hasta el día 05 de junio de 2017, momento en que se tuvo que ordenar el desembarco urgente de la víctima” a 135 millas náuticas de la ciudad de Puerto Deseado.

La imputación añade que la víctima llegó al hospital de esa ciudad en estado de coma, “no ubicado en tiempo y espacio y con afectación del sensorio motriz (hipotímico), pese a haber ingresado al Buque Pesquero en condiciones de apto físico”.

La fiscalía investiga el caso con la asistencia de la PROTEX, de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) y de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). Con el asesoramiento de esta última, el MPF procura información del buque, por ser elemento del delito investigado. Esa pretensión tramita en un legajo separado y fue rechazada en primera instancia por el Juzgado Federal de Caleta Olivia. Actualmente se encuentra apelada por la fiscalía.

En el marco de la investigación, la fiscalía también está recibiendo apoyo del Programa de Seguridad Ambiental de INTERPOL, a través de su proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), centrado en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), con el objetivo de analizar e identificar buques de pesca de larga distancia que operan ilegalmente en el mar, y de la Unidad de Tráfico de Personas y Contrabando de Migrantes de INTERPOL, en el marco de la Operación LIBERTERRA II.

Crece el malestar en la pesca por la “exclusión” en la rebaja de retenciones

Diario La Capital de Mar del Plata

Un fuerte malestar de la industria pesquera con el Gobierno nacional volvió a hacerse sentir tras el reciente anuncio del Ministerio de Economía sobre la reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Advirtieron ser “la única economía regional excluida” de este beneficio, y ahora la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport) se sumó a los reclamos y expresó su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno y solicitaron “igualdad de condiciones” para todas las actividades exportadoras.

Mediante un comunicado, las medianas industrias procesadoras y comercializadoras de productos pesqueros que integran la cámara manifestaron su preocupación, la cual “se acrecienta si consideramos que hemos intentado mantener, a lo largo de los últimos 12 meses, un diálogo directo con las distintas autoridades para explicar la dinámica del sector y la crisis que atraviesa”, plantearon.

Desde Cafrexport valoraron el esfuerzo del gobierno por bajar el déficit fiscal y combatir firmemente la

inflación, una medida que “debería permitir pensar en planes de mediano y largo plazo”, pero enseguida alertaron: “Se ignora que enfrentamos una altísima estructura de costos internos, burocracia e impuestos como los derechos de

exportación -retenciones- que vienen afectando nuestra competitividad y hoy ponen en jaque el futuro de este sector”.

El impacto, señalaron, “puede ser mayor” si “no se entiende la importancia” que esta industria tiene en las ciudades costeras de la Argentina, como Mar del Plata, donde la pesca “está muy desarrollada”.

“Tampoco comprendemos esa diferenciación entre sectores exportadores que enfrenta situaciones adversas similares, dentro de las particularidades de cada sector. Más aún cuando el propio gobierno reconoce que los derechos de exportación dañan nuestra competitividad y son distorsivos”, expresaron.

En este sentido, desde Cafrexport solicitaron “enérgicamente” la baja de las retenciones en “un plano de igualdad para todas las actividades económicas exportadoras” y la “urgente convocatoria a mantener reuniones para trabajar en las políticas que necesita la industria pesquera”. 

La comisión directiva de la Cámara resaltó la importancia de ampliar el diálogo. “Trabajar estos temas significa defender la soberanía nacional, fortalecer la presencia argentina en los mercados del mundo, potenciar el trabajo de nuestra industria y trabajar por un sector con más de 100 años de historia que supo crecer y desarrollarse mundialmente. Y que hoy, culpa de políticas intervencionistas y desajustes en diversas áreas, se atenta contra la continuidad del mismo”, plantearon.

“Competimos a diario con el mundo, y a pesar de no contar con un Estado ágil y con políticas económicas e industriales acorde desde hace varios años, hemos seguido trabajando. Pero estamos llegando a un punto de no retorno y no por nuestra impericia”, agrega el comunicado y aclara que “esto no implica que no haya mucho por cambiar y mejorar; queremos trabajar en eso”.

Por último, destaca: “Debemos reconocer que los problemas enumerados han erosionado la rentabilidad y la competitividad de nuestros productos. No se puede pretender cambiar la realidad de la noche a la mañana sin generar las herramientas y políticas necesarias. Y menos aún si no podemos mantener un diálogo abierto, sincero y que permita el entendimiento”.

La pesca sigue olvidada y la pelea de Red Chamber con Chubut por la cuota de la ex Alpesca

Sitio de Internet – Punto Noticias – Mar del Plata

Por: Roberto Garrone

El kirchnerismo y los libertarios tienen algo en común al considerar que la industria pesquera no forma parte de las economías regionales. Más allá que la actividad se desarrolla a lo largo de las principales ciudades puerto del litoral marítimo con un impacto sobresaliente en el producto bruto interno de las mismas, por volumen de exportación y divisas generadas forma parte de otra categoría y como tal quedó excluida de la rebaja del 20% de las retenciones a la soja, maíz, trigo y girasol que anunció el gobierno en las últimas horas para desactivar el reclamo del sector agroexportador.

Aunque temporarias hasta el 30 de junio, lo que apura a los exportadores a liquidar la cosecha, no especular con un salto cambiario con el cereal en los silos bolsas, para alimentar las reservas en la previa de las elecciones, la medida oficial deja a la pesca con la ñata contra el vidrio intentando mantenerse a flote.

Si promediamos los derechos de exportación en un 5%, las alícuotas varias entre el 1,5% al 9% según el grado de valor agregado que se le sume a la carga exportable, y vemos los 1981 millones de dólares que la industria exportó el año pasado, el gobierno se quedó con 99 millones de dólares por este concepto.

Si pensamos que es una doble imposición porque los que venían a bajar impuestos multiplicaron por tres, por cuatro y hasta por cinco el coeficiente base que se aplica para establecer el Derecho Único de Extracción, el famoso DUE, que pagan las empresas por el recurso que pescan del mar argentino, la transferencia de recursos del sector privado a las arcas del estado es mucho mayor.

En la primera Acta del 2025 del Consejo Federal Pesquero, reunido esta semana, ingresaron los pedidos de vista del expediente que formularon las principales cámaras sectoriales de la industria. Recordemos que el incremento del DUE fue una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger porque en la industria “pescan gratis” y nadie tuvo acceso a un borrador del proyecto, mucho menos tiempo para discutirlo.

A más de un año de gestión, no tener un interlocutor válido en el organigrama del oficialismo, alguien que comprenda los riesgos que implica enfrentar la tormenta perfecta que azota al sector, es una grave falencia que tiene la industria y excede lo coyuntural. Para consuelo de los lobbystas pesqueros, este gobierno no parece escuchar a ningún sector productivo exportador.

Hoy no asoma la rentabilidad más que en las fileteadoras automáticas de la flota congeladora merlucera y todos sabemos por qué. Los eslabones de la cadena fresquera operan en números negativos.

En Mar del Plata, donde para esta semana se espera un documento común del sector fresquero, la exportación de filet de merluza reprocesado en tierra, cuyo costo, aún con una materia prima que se mantiene a valores del año pasado, supera en 200 dólares el valor de exportación a Brasil, el principal destino del filet interfoliado.

En Chubut la buena es que el langostino que trae la flota suma 63% entre L1 y L2. La mala es que con todo el resto los frigoríficos pierden plata y no la recuperan con el resto. No todos los frigoríficos están en condiciones de pagar el tramo de 100 mil pesos que lleva el bono a 360 mil. El pase del 30% a condición de remunerativo quedará para más adelante. “Ahora nos arruinaba”, confió un industrial patagónico.

Juan Antonio “Salvador” nunca fue alguien capaz de ponerse la pesca al hombro y dar la batalla ante sus superiores por la pérdida de rentabilidad de la merluza en tierra y los altísimos costos que tiene reprocesar marisco en Chubut, donde la certificación del langostino podrá abrir nuevos mercados pero por ahora no ayudará a pagar los aguinaldos de junio ni diciembre.

López Cazorla nunca fue alguien capaz, bueno… Su holograma en la Subsecretaría de Pesca se mantendrá hasta que alguno de los Caputo y su banda de Peaky Blinders decida correrlo de escena.

Y acá en la ciudad donde algunos se ufanan de ser el principal puerto pesquero del país, el intendente Guillermo Montenegro parece más interesado en sumarse a Diego Valenzuela como refuerzo libertario que en alinearse con las necesidades de la pesca.

Mientras la indiferencia y exclusión del gobierno a la pesca avanza, la recuotificación de merluza hubbsi suma heridos a los “olvidadizos” que demoraron en aceptar la cuota e inscribirla antes del 20 de diciembre.

Un día antes ingresó el recurso de reconsideración al Acta 25/2024 que presentó Eduardo Navarro como apoderado de Red Chamber. El escrito lleva el estilo del abogado Miguel Bustamante, el supuestamente sancionado por López Cazorla por entender que convenció a Solimeno de no pagar la coima por la cuota y que le habría picado el boleto con los recaudadores de los Peaky Blinders.

El representante de Chubut solicitó al CFP que se contemple la situación en que se encuentra la porción de la Provisión Administrativa, que proviene de los buques que se encuentran en proceso de expropiación y con una medida cautelar que la habilitó a tomar medidas de administración, incluyendo las transferencias de CITC.

El CFP decidió autorizar a la Autoridad de Aplicación para tramitar las transferencias temporales que solicite la Provincia del Chubut, facultada al efecto, desde la Provisión Administrativa, de hasta el 3,6813 % de la CMP correspondiente a buques fresqueros y de hasta el 1,2538 % de la CMP correspondiente a buques congeladores.

En palabras más sencillas, la cuota que detentaba Red Chamber por haber alquilado los bienes de la ex Alpesca hasta tanto se concluye el proceso de expropiación, pasan ahora a manos de la Provincia de Chubut quien puede cederlos a quien crea que le dará mejor uso que la empresa dirigida por Marcelo Mou.

En el recurso la empresa asegura que tal decisión lesiona gravemente sus legítimos derechos. Red Chamber expone que posee un derecho otorgado por la autoridad pesquera competente que goza de la presunción de legitimidad de todo acto administrativo que le ha otorgado la transferencia temporal de los permisos de pesca y cuotas individuales transferibles de captura de todos los buques pertenecientes a la ex Alpesca, hasta tanto finalice el juicio de expropiación.

“Entiendo que el Sr. Representante de la Provincia de Chubut en su solicitud -posterior al dictado de la Resolución CFP Nro. 11/2024-, debió señalar que las cuotas que integran esa provisión administrativa han sido entregadas legalmente a Red Chamber Argentina SA y peticionar la incorporación de cada uno de los buques con sus respectivos porcentuales como surge de la medida cautelar vigente”, dice Navarro/Bustamante.

La relación de la gestión pesquera de Nacho Torres con Red Chamber es mala y con tendencia a empeorar. Entienden que la empresa nunca se mostró interesada para recuperar a pleno todos los activos de la ex Alpesca y quieren sacar el máximo provecho con la mínima inversión.

Allegados al gobernador aseguran que la decisión de pasar la cuota de Alpesca a la provisión que administra la Provincia se realizó a los efectos de que no se pierda la cuota y en un todo conforme a las facultades que el decreto de intervención y la sentencia del Juzgado Federal de Rawson establecen.

“Como locatarios de la Provincia del Chubut, no tiene (Red Chamber) facultades legales para oponerse por cuanto carece de legitimación activa”, explica la fuente consultada. En ese marco, sería únicamente la Provincia quien podía ejercer tal facultad de administración sobre las cuotas.

“Esto no es privarle a RCA el uso de la cuota, la cual ha subutilizado durante 9 años en un 80%, sino que varía el modo de asignación”, aclaró Andrés Arbeletche. “El resto se ha asignado a distintos barcos por parte de la Provincia del Chubut”, amplió el secretario de Pesca provincial y representante de Chubut en el CFP.

“Todo planteo por más extenso y farragoso que realice RCA carece de todo sustento por cuanto no son dueños ni administradores judiciales de los activos de Alpesca”, completa el funcionario.

Arbeletche asegura que lo tiene sin cuidado lo expuesto por Red Chamber en la nota a López Cazorla pero alguna pista tiene… El recurso de reconsideración presentado por la empresa se extiende por casi 60 páginas.