Diario La Capital de Mar del Plata
La polémica sigue y se suman nuevos protagonistas. La decisión de un juez federal de Mar del Plata de ordenar la inmediata suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata generó la reacción del Gobierno nacional. No solo apeló el Gobierno nacional la medida -afirmando el secretario de Energía, Darío Martínez, que la producción “offshore es segura, no contamina y no perjudica a la fauna marina”-, sino que recusó al magistrado local. Y si algo le faltaba a la polémica, apareció una foto que generó distintas lecturas políticas. En su cuenta de twitter, la foto la publicó el constitucionalista Daniel Sabsay. En la mesa aparecen el juez Santiago Martín, que emitió el fallo contra la exploración en el Mar Argentino, el abogado ambientalista José Esain -autor de un planteo para frenar las actividades hidrocarburíferas en representación de cámaras pesqueras ante el Ministerio de Medio Ambiente- y el mismo Sabsay.
Cuando Sabsay publicó la foto celebró el fallo. “Poco después del dictado de la sentencia que frenó la explotación petrolífera en las costas de Mar del Plata junto al autor, el juez Santiago Martín. Honra a la Justicia argentina. Feliz de compartir la mesa con él y con el gran ambientalista José Esain. BRAVO. No lo olvidemos”, escribió el letrado, un acérrimo opositor al oficialismo. Cabe recordar que Sabsay fue mencionado durante el gobierno de Mauricio Macri para ocupar la Procuración General e incluso una vacante en la Corte Suprema de Justicia. En la noche del domingo, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, publicó una serie de tuits sobre la medida del magistrado marplatense y no dejó de marcar con ironía que leía “con estupor la sentencia del juez parecido a Sabsay”. El posteo del constitucionalista, como se esperaba, generó un amplio repudio de dirigentes y militantes del Frente de Todos.
“Me parece que esto es de una gravedad institucional que demuestra cómo se opera en la justicia, como el doctor Daniel Sabsay, que hace negocios con la cuestión ambiental, contra un proyecto que es tan importante para la Argentina para tener energía”, criticó el titular de YPF, Pablo González, en declaraciones periodísticas. Asimismo, González argumentó que, por un lado, el fallo “violó el artículo 14 de la Constitución que establece la garantía al debido proceso” ya que, señala, el “juez no dio ningún lugar a derecho a defensa de las partes ni solicitó el informe correspondiente”. Por otro lado, cuestionó la imparcialidad de la sentencia, puesto que la foto “demuestra una relación de amistad o de cercanía del juez con aquellos que han participado en el proceso”.
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La resolución judicial se enmarca en las presentaciones del intendente Guillermo Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular, Rubén Oscar Godoy, contra la decisión del Gobierno nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente. El Gobierno el 30 de diciembre otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que autorizó a las petroleras a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas a más de 300 kilómetros de la costa bonaerense. En su resolución, el juez indicó que aceptaba la medida cautelar presentada en su momento por el intendente y ambientalistas por “el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.
El magistrado -ternado para ocupar un lugar vacante en la Cámara Federal de Mar del Plata- también argumentó la falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredon en el proceso de toma de decisión; y las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino. El juez Martín citó el Acuerdo de Escazú y recordó que “estas acciones deben realizarse desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos”. “No se vislumbran, en principio, acciones ‘proactivas’ que hayan tendido a poner en conocimiento de la población en general el proyecto de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, y concretamente en las costas adyacentes a la ciudad de Mar del Plata, o al menos que ello haya sido a través de ‘medios apropiados’ (escritos, electrónico u orales)” de modo de “garantizar que el tema ingrese en la agenda pública con anterioridad a la toma de decisión gubernamental”, observó el juez. “Lo de la necesidad de consultar al municipio de General Pueyrredon para decidir una cuestión de interés nacional es una burla”, replicó el ministro Fernández.
En las últimas horas, el Gobierno apeló el fallo que suspendió la exploración petrolera incluyendo una recusación al juez actuante por “manifiesta vinculación” con los principales actores que promovieron la cautelar que frenó la actividad. Tras la presentación de la apelación, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que “el Gobierno apeló este fallo por dos razones centrales: sus fundamentos están desvinculados de la realidad y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en las ciudades costeras”.
En la fuerte ofensiva oficial, se anotó también el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien dijo que con la explotación petrolera “desaparecería el cepo”. El ministro de Desarrollo Productivo aseguró que la explotación offshore podría generar 220.000 empleos y exportaciones por 25 mil millones de dólares. El funcionario puntualizó que la posición del Gobierno “no está ni a favor del vale todo ni por el prohibicionismo”, y destacó que por primera vez en los estudios de factibilidad participó el Ministerio de Ambiente. En ese sentido, remarcó que “todo se hizo en un marco de fuertes resguardos ambientales”, y enfatizó que el desarrollo offshore estará localizado “a 300 kilómetros de la costa”. “Es como creer que algo que pase en la ciudad de Buenos Aires podría impactar a Chascomús“, graficó el ministro, al tiempo que puso de manifiesto “el interés que despertó la iniciativa en la propia comunidad marplatense”, en función de los recursos y fuentes de trabajo que podría significar para la zona.
Mientras tanto, en las redes sociales hubo fuertes contrapuntos y análisis a favor y en contra de esta exploración. Hoy la discusión parece plantearse solo en ese ámbito. Los marplatenses no han tenido la oportunidad de fijar una posición clara en la materia luego de escuchar y analizar las distintas visiones y posiciones porque el debate no existió, salvo exposiciones aisladas. No obstante, no dejó de llamar la atención la declaración del secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores, Pablo Trueba -antes de conocerse la decisión del juez- avalando la exploración cuando se insistía en que la pesca se oponía a esta actividad. Para Trueba, “la resistencia que tiene la exploración se debe a la mala información por culpa de políticos de turno que hacen macanas”. Y recordó que “en realidad, Equinox está estudiando las costas de Mar del Plata hace más de 15 años” y que la ciudad está ante “una gran oportunidad que no puede dejar pasar” porque “se está dando la posibilidad de que efectivamente haya petróleo”, pero “no un poco, sino una de las reservas más grandes del mundo”.
A su entender, el rechazo a las petroleras expuesto por organizaciones ambientalistas e incluso por el intendente Guillermo Montenegro “está fundado en el desconocimiento” y señaló que Brasil, con más de mil plataformas submarinas, “solo tuvo un accidente por un error humano”, al igual que el Golfo de México, y “nunca volvió a pasar”, mientras que en Comodoro Rivadavia “la pesca y el petróleo convivieron siempre sin problemas”. “Hay que terminar con las zonceras y pensar en el desarrollo de Mar del Plata, porque si esto se da vamos a pasar a ser no Puerto Madero como dicen algunos, sino Dubai”, proyectó Trueba. El desarrollo de la actividad en la ciudad, aseguró, “va a generar al menos 22.000 puestos de trabajo” en base a “lo requerido para la plataforma submarina en la que van a trabajar los petroleros; los marítimos, que harán que esa plataforma se mueva; todo lo que tiene que ver con el alistamiento, la logística, con los portuarios y la estiba; los obreros navales, los soldadores… hay que capacitar muy bien a la gente de Mar del Plata”. Las plataformas submarinas, señaló también, “están a 400 kilómetros” de Mar del Plata. “Si te parás en Champagnat, el Obelisco no lo ves. Esto es lo mismo”, comentó. Además, remarcó que “a 400 kilómetros de la costa ni siquiera se está pescando” y, por eso, “no hay ninguna cámara pesquera que haya firmado un amparo en contra de las petroleras; los barcos andan a petróleo, no a vela”, apuntó.
Argentina, resaltó el dirigente sindical pesquero, “necesita petróleo” porque “el paso hacia energías renovables se va a dar en unos 50 años”. “Estamos ante una oportunidad histórica, no podemos dejarla pasar”, advirtió. Y, además, hizo referencia a una cuestión que no está siendo analizada en el marco de la polémica -y grieta-, que adquiere singular importancia geopolítica. El titular del Simape señaló que Argentina “hace un par de años recibió la soberanía sobre las 350 millas, no del lecho marino sino a partir del acantilado después de la milla 200”, pero advirtió que “si no se usa, nos la van a quitar”. Trueba contó que Argentina “ganó” la pulseada para avanzar en la exploración offshore a otros países que competían por lo mismo, como Uruguay y Chile, pero también Inglaterra por las Islas Malvinas. “Hoy tenemos una oportunidad. Hay que ver en perspectiva el desarrollo económico que esto propone, pararnos del lado de la inteligencia. Podemos crear mucho trabajo e impulsar el progreso de los marplatenses. Los jeques que han venido a Uruguay ya vieron que si siguen insistiendo con estas cuestiones ambientalistas, cruzan una manguerita hacia Montevideo por afuera de las 200 millas, chupan el petróleo, se lo llevan y nos va a pasar como con las pasteras, que eran para Gualeguaychú y no para Fray Bentos”, analizó.
Cabe recordar que luego de dos décadas de trabajo ininterrumpido del equipo científico, técnico y jurídico de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Coploa), la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) aprobó las Recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental realizada el 21 de abril de 2009. La Argentina ha demarcado el límite exterior de su plataforma continental cumpliendo con el objetivo de que parte de ese reclamo haya sido reconocido por la comunidad internacional. La propiedad de todos los recursos del suelo y subsuelo y especies vivas adheridas le ha sido otorgada al Estado nacional. Es evidente, entonces, que la ocupación efectiva de esos espacios marítimos más otros que le pertenecían por estar dentro de nuestra ZEE deben ser interpretado como un objetivo estratégico más allá de los eventuales beneficios económicos que puedan aportar, que -sin duda- serán significativos.
“La Argentina convive con un gran desafío geopolítico que es -nada más y nada menos- tener espacios insulares y sus zonas contiguas marítimas ocupadas por una potencia militar extranjera. Esta situación, sin duda, define una significativa amenaza al ejercicio efectivo de nuestra soberanía”, expresaba con preocupación el ingeniero naval, Horacio Tetamanti, ex-subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. “En los últimos días -remarcó- hemos tomado conocimiento de un insólito fallo judicial interrumpiendo las tareas de exploración en bloques marítimos frente a las costas de la provincia de Buenos Aires asignadas por el Gobierno federal argentino de su exclusiva y excluyente jurisdicción. No debemos olvidar que el Reino Unido ocupante ilegal de las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos contiguos hace ya años que ha iniciado este tipo de tareas en el mar que ocupa ilegalmente”, añadió.
“Es evidente que la contradicción entre la reivindicación de esos recursos y la autoexclusión de su explotación por parte de un poder del mismo Estado pondrá a la Argentina en una escalón más bajo aún en su tarea de reivindicación de sus legítimos reclamos”, confió Tetamanti, quien hizo hincapié en la necesidad de que la Argentina “vaya y ocupe estos espacios poniendo en valor estas áreas. Es imperativo que el Estado nacional se encuentre presente en esta misión. La soberanía en el siglo XXI se demuestra y ejerce fundamentalmente por su ocupación material y por el desarrollo en la explotación racional de estos recursos”, puntualizó.
Tampoco tuvo repercusión lo vivido por el doctor en Ciencias Biológicas, Diego Rodríguez, quien dirige el grupo de investigación de Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet. El grupo trabajó en la elaboración del protocolo que deberán cumplir las petroleras en el Mar Argentino, documento titulado “Protocolo para la implementación del monitoreo de la fauna marina en prospecciones sísmicas”, que fue aprobado por el gobierno nacional y publicado en el Boletín Oficial. “En los últimos días -reconoció Rodríguez, quien también mencionó a Gisela Giardino y Juan Pablo Seco Pon- hemos sido objeto de una campaña en extremo agresiva en redes sociales respecto de nuestra participación profesional -junto con más de diez colegas especialistas en diferentes grupos marinos- en los controles ambientales y evaluaciones de impacto en proyectos de exploración sísmica marina. Las campañas -expresó- han sido en tono directamente personal, difamatoria y violenta, escondiendo otros intereses que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente marino”.
El reconocido biólogo también confió que “los profesionales apuntados somos, modestamente, de los pocos que tenemos experiencia comprobable y de larga data en efectos de la adquisición sísmica sobre la megafauna marina”, por lo que “somos permanentemente consultados por las autoridades sobre los estándares ambientales a cumplir en esta actividad. De hecho, nuestra participación permitió que la Argentina tuviera -a partir de 2021- protocolos de mitigación de estos efectos sobre aves, tortugas y mamíferos marinos con los estándares más exigentes a nivel mundial, inexistentes en todas las prospecciones sísmicas autorizadas anteriormente”. Y repudió a quienes “toman la mentira como argumento y el escrache como metodología ante quienes conocemos en profundidad el tema y somos consultados por nuestra experiencia y debemos justificar nuestra inocencia ante estos grupos violentos”. Hizo hincapié Rodríguez en que “independientemente de la posición que cada uno puede tener sobre la exploración sísmica, denunciar de corruptos a quienes sólo aportamos técnicamente para mejorar los estándares y exigencias ambientales de una actividad socioeconómica esconde otros intereses. Muchas actividades que se realizan actualmente en el mar tienen controles ambientales mucho más limitados, y si se aplicaran estándares más estrictos para disminuir sus efectos sobre la biodiversidad marina, la situación cambiaría drásticamente”, dijo y agradeció finalmente “la enorme cantidad de muestras de apoyo, lo que ayuda muchísimo en estas situaciones tan desagradables”.
Mientras en Mar del Plata los grupos de ambientalistas celebraban el fallo del juez, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas criticaba la medida. El organismo técnico comunicó que “ningún procedimiento ni acto requerido por las regulaciones para la aprobación de un permiso exploratorio fue salteado, minimizado ni dejado de lado”. “En el fallo, se hace mención a la falta de consulta previa, estudios de impacto ambiental incompletos y falta de publicidad sobre los términos, lo cual demuestra un preocupante desconocimiento de los procedimientos por parte de quienes decidieron la prohibición”, indicaron en un comunicado difundido vía Twitter. Además, calificaron la resolución judicial como “una injusticia tanto con nuestra industria, como con las decenas de instituciones técnicas, científicas, académicas, cuyos profesionales de gran prestigio trabajaron en el permiso durante meses”.
También aclararon desde dicho Instituto que el permiso para explorar tres áreas de la Cuenca Argentina Norte “siguió puntillosamente cada uno de los pasos que exigen las nuevas regulaciones argentinas, consideradas entre las más estrictas del mundo” y cuestionaron que el Municipio de General Pueyrredon “haya rechazado participar”. “El Municipio de General Pueyrredon, cuya cabecera es Mar del Plata, no lo hizo por decisión propia. Nadie impidió su participación ni tampoco puede aducir que no estaba enterado (¿cómo se enteraron, entonces, cientos de personas e instituciones que sí participaron?)”, explicaron. El IAPG, que reúne a 700 empresas de hidrocarburos, remarcó que los permisos otorgados para la exploración “no son un simple trámite, sino un trabajo científico técnico integral, que aborda el tema desde un sinnúmero de aspectos e involucra gran cantidad de profesionales de numerosas disciplinas. Requiere de meses -a veces años- de trabajo”.
“Por otra parte, la ciudad de Mar del Plata no puede pretender sentirse dueña de decidir sobre un recurso que pertenece a todos los argentinos; que, de existir, se encuentra a más de 300 kilómetros de distancia, y en una jurisdicción que no le corresponde”, agregó el comunicado. “Estamos convencidos de que la exploración de los recursos offshore hacen a nuestra soberanía y constituyen una oportunidad única y auspiciosa para un país al que hoy no le sobran oportunidades de este tipo y, por el contrario, debe lidiar con un sinfín de carencias”, concluyeron.
El intendente Guillermo Montenegro, en tanto, también celebró la medida y tuvo su “revancha” ante su par, Javier Iguacel, quien volvió a Mar del Plata luego de criticar en esta ciudad la postura del actual jefe comunal. Montenegro e Iguacel se encontraron días atrás en el encuentro de intendente del PRO de la provincia y el saludo entre ambos tuvo cierto sabor a revancha. Montenegro venía insistiendo ante sus colaboradores que la justicia fallaría en contra, al menos en esta primera instancia, contra la exploración. “No te olvides que el gordo fue juez y de esto sabe. Nadie avala una medida que tiene al 80 por ciento de la ciudadanía en contra, por falta de información o de convicción, como quieras. Pero el juez tiene que llevar a sus hijos a la escuela y a nadie le gusta que los otros padres lo puteen por una medida antipopular”, describió con honestidad brutal una de las principales espadas políticas del intendente.
“Estan todos preocupados por el petróleo pero estaría bueno también que empiecen a mirar el desastre que producen los plásticos en nuestros océanos, y en eso Mar del Plata tiene mucho por hacer”, revelaba en estricto off the record uno de los principales investigadores del Inidep en informal encuentro playero, donde había periodistas presentes. El plástico, ilustró, representa más del 84% de los residuos contaminantes de la costa. Basándose en datos surgidos de la quinta edición del censo provincial de basura costera marina, que se llevó a cabo en 21 localidades bonaerenses entre setiembre y octubre del 2021, añadió que las cifras son similares a la de una medición anterior. Explicó que 438 voluntarios censaron 422.501 metros cuadrados de playas -equivalente a 58 campos de futbol-, resaltándose que el 19,6% de los restos encontrados fueron colillas de cigarrillos y el 18,7% fragmentos plásticos, siguiéndole envoltorios plásticos, bolsas y restos de nylon. “Si se dan una vueltita por la playa de Constitución después de cualquier tormenta, se darán cuenta el desastre que estamos haciendo y todo lo que va al mar, aunque esto parezca importarle a unos pocos”, expresó finalmente el profesional.
