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by Roberto Garrone
Por estas horas la administración Arcioni intenta recoger hilo del carretel que se extendió durante casi una semana y provocó una crisis de proporciones en la industria pesquera. La intención era descomprimir, recuperar cierto control e intentar encauzar un conflicto que se desató por las internas de una administración en el ocaso de su gestión y se sintió en la cara marítima de Chubut.
“Tirenmé un centro para poder actuar”, pedía Gabriel Aguilar ayer mientras circulaba el borrador del proyecto de ley que deroga la ley del FAP y habilita un plan de facilidades de pago para la deuda solo de capital, pero del que se desconoce el régimen de los convenios, sus plazos de ejecución y si contempla, algo que se descontaba, la obligatoriedad de desistir de las instancias judiciales, algo que no les cierra a muchos armadores, sobre todo porque la nueva ley acaba de darles la razón.
Más que el interés por el articulado final de la nueva ley, algunos abogados estaban esperando ver los considerandos que la respaldan. Será letra de donde aferrarse para seguir avanzando en la justicia.
Mientras se espera la sesión especial y se reúnan los 28 legisladores, no estaba claro si será mañana o el lunes, el Secretario de Pesca pretendía poder ganar tiempo con un Dictamen de Fiscalía de Estado o un Decreto del propio Gobernador que suspenda la aplicación de la Resolución que desató la crisis y paralizó la actividad en los puertos provinciales.
Arcioni, como Aguilar, nunca estuvo de acuerdo con el FAP y por eso en estos años de mandato nunca movió un dedo para que se aplique o se recupere la deuda, más allá que el intento del cobro del canon esta judicializado por las empresas que consideran su anticonstitucionalidad.
No es casualidad que el FAP Gate brotara en vísperas de que la flota amarilla de Rawson debía renovar sus permisos de pesca, como lo hicieron en estos últimos años sin que se les pida estar al día con el FAP.
Por eso esta historia que paralizó la actividad en Madryn, Rawson y Camarones y desplegó cortes de rutas nacionales y provinciales en las principales ciudades de Chubut –una alianza estratégica de gremios con empresarios que tendrá su vuelto en breve con la reapertura de las paritarias- tiene una interna política detrás.
Algunos diputados vieron la oportunidad de hacer surgir la valla del FAP como principal obstáculo para renovar los permisos de pesca en tiempos en que la Legislatura discute una nueva ley provincial de pesca antes que concluya el mandato de legisladores. El proyecto es rechazado por el sector de la flota amarilla.
Aguilar debió mover la Dama obligado por Fiscalía de Estado, desde donde le enviaron una nota advirtiendo de la vigencia del FAP bajo la amenaza latente de una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no hacer cumplir una ley vigente.
Ya había un antecedente. La propia intendente de Camarones, Claudia Loyola, había presentado una denuncia ante la oficina Anticorrupción por la renovación de los permisos del 2021 sin que exigieran el libre deuda del FAP. Más allá de la interna que mantiene con Arcioni y Aguilar, lo hizo como particular damnificada. Los municipios donde se cobra o cobraba el FAP se quedaban con el 50%. A Camarones le corresponden 137 millones dijo Loyola en recientes declaraciones periodísticas.
Lejos de decodificar el mensaje que bajaban los legisladores y algunos miembros del gabinete y la justicia, la pesca y sus trabajadores, de Rawson y Mar del Plata, salieron al unísono a rechazar el FAP y su pago obligatorio.
En Mar del Plata muchos ya habían asegurado que no volverían a Chubut hasta que no se derogue el FAP. Por estas horas analizan opciones en otros puertos del litoral marítimo, SAO, Rosales y Mar del Plata mientras esperan conocer detalles de la nueva ley que aprobará la Legislatura.
Al cierre de esta edición no estaba claro si el borrador del proyecto había sido enviado. Se avanzó luego de la reunión de Arcioni con el Vicegobernador y los tres intendentes, dando a entender que estaban todos de acuerdo con derogarlo.
Eso había dilatado la elevación del proyecto en la tarde del martes, más allá de los denodados esfuerzos que había aplicado el abanico pesquero y gremial de la provincia para extender los cortes de ruta en toda la jurisdicción a modo de presión.
Arcioni ni se inmutó pese a que detrás de las presiones había tensiones cada vez más latentes. La parálisis quedó maquillada las primeras horas del conflicto por el mal tiempo. Pero en cuanto el tiempo mejore la postal de los barcos parados quedará en evidencia junto al poco producto fresco para trabajar en las plantas de reproceso.
Para bajar la tensión que se vivía en los cortes, alimentados de bengalas, bombos y alcohol, se hizo viral el video del vice gobernador, Ricardo Sastre, bajando información en uno de los tantos cortes de ruta para persuadirlos a que levanten la protesta.
Pero Sastre habló de un trámite sencillo, la derogación del FAP. No de lo que pasaba con la deuda generada en estos años, calculada en mil millones de pesos, a razón de un litro de gas oil por cada cajón de langostino fresco descargado en Camarones, Rawson y Madryn desde hace más de 4 años.
Los armadores tenían dos objetivos en esta pelea. Voltear el FAP era el prioritario. El otro desvelo, cómo quedaba el tema de la deuda contraída. Es clave para renovar los permisos de pesca que se viene antes de fin de año.
El borrador del proyecto que circuló ayer por la tarde despejaban algunas incógnitas. Se derogaban las leyes 620, 627 y 658 en tanto en el artículo 2 se autorizaba al Ejecutivo a suscribir convenios de pagos individuales en los que se podrán condonar intereses y hasta el 50% de la deuda. De ese monto, un 40% como anticipo y cinco cuotas que se pagan en plena zafra de aguas provinciales.
Es menos del 50%, al menos en el sistema a la parte, porque el proyecto de Arcioni libera a los trabajadores del pago del canon. “Todavía no sacamos la cuenta”, reconocía un armador de Playa Unión.
Por qué se condona el 50% y no el total, porque la mitad de lo recaudado no le corresponde a la Provincia sino a los tres municipios, quienes ya lo han incorporado a sus presupuestos y su eliminación es aún más dificultosa. Habrá que pensar qué parche le entregan a los trabajadores de la Secretaría de Pesca, que también se manifestaron porque una porción del FAP terminaba en sus bolsillos. Por ahora hay otras urgencias por resolver.
Por estas horas se debatía entre los barcos costeros de Rawson si continuaban el paro para seguir presionando por la derogación. En Madryn y Camarones algunos fresqueros de altura de Mar del Plata habían movido el martes luego que intercediera el SICONARA y persuada a los estibadores del SUPA. Ayer estaban armando otros buques para volver a zona de pesca. El lugar de descarga es un misterio.
Servirá la novela del FAP para que la clase política entienda que más que palos en la rueda a la producción, más que meter la mano en el bolsillo de los que trabajan, producen y generan desarrollo y riqueza en la Provincia se necesita que piensen en alternativas para potenciar todo lo que la industria pesquera ya genera: políticas para que todo ese trabajo y desarrollo crezca y se potencie con más inversiones, más valor agregado y más empleo. Inventar impuestos no es el camino. En Chubut nada queda en claro para siempre hasta la próxima interna.