Renunció un funcionario encargado de controlar la pesca furtiva por una supuesta presión de Cancillería a favor de un empresario chino

Sitio de Internet – Infobae – Bs.As.

Se trata de Julián Suárez, quien hasta ayer era Director de Control y Fiscalización Pesquera. Polémica con la carga millonaria del buque Tai An por pesca no autorizada de la codiciada merluza negra

Otra renuncia cruza al Gobierno de Javier Milei. Esta vez se trata de un funcionario de tercera línea, que venía del gobierno anterior, pero el impacto de su salida se da por lo supuestos motivos que la generaron: una llamada intimidatoria de parte de un alto funcionario de Cancillería, la cartera a cargo de Diana Mondino, para intervenir en favor de un buque pesquero que pertenece a un empresario chino.

El funcionario que dio el portazo es Julián Suárez, hasta ayer, Director de Control y Fiscalización Pesquera. Suárez ocupó el cargo durante todo el gobierno de Albero Fernández, pero trabajaba hace 15 años como funcionario del área. Ayer le presentó la renuncia indeclinable al Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla. La subsecretaría está bajo de órbita de Fernando Vilella, secretario de Bioeconomía (ex Agricultura), quien a su vez está dentro del organigrama de Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía.

La llamada que generó la renuncia de Suárez fue para interceder a favor de un barco pesquero llamado Tai An. Se trata de una nave de bandera argentina, radicada en Tierra del Fuego. El dueño de la empresa es Liu Zhijiang, un empresario de origen chino que vive en esa provincia dueño de la empresa Prodesur.

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Días atrás, el Tai An estaba pescando en una zona prohibida de la codiciada merluza negra. Las tres están bajo un régimen de cuotificación que existe hace 15 años. O sea, no se las puede pescar sin autorización, ni para barcos locales ni extranjeros. La depredación y la pesca furtiva en la zona del Mar Argentino es más que importante.

El barco no tenía ningún tipo de cuota extra autorizada y se detectó que tenía 163 toneladas de estas especies de merluza, se notificó a Prefectura y se le ordenó que regrese inmediatamente a puerto. En ese momento llegó el llamado de Cancillería.

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El funcionario que llamó fue Pablo Ferrara Raisberg, Coordinador General en Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien también tendría una relación familiar de Mondino. Con un tono fuerte e intimidatorio, pero no insultante, según pudo saber este medio, Ferrara cuestionó el procedimiento y ordenó que el barco no debería regresar a puerto. Cazorla tomó intervención en el caso y ordenó que no regrese, pero se mantenga fuera de la zona de veda de la merluza negra. “Finalmente, la llamada tuvo el efecto que buscaban”, dijo una fuente con conocimiento del tema.

“Es una intromisión desmedida en un área ajena a su órbita. Fue todo muy intimidatorio”, aseguró otro allegado. Suárez había renunciado en diciembre, cuando se fue el gobierno pasado, y le pidieron que se quede por su experiencia. Además, según pudo saber Infobae, en las últimas horas le pidieron una lista de 50 personas para despedir y tuvo reuniones por desregulaciones que el funcionario interpretó como medidas que “no tenían criterio”. El affaire del pesquero de merluza negra fue la gota que rebalsó el vaso para este joven funcionario.

Por el momento, ni Cancillería ni el propio Ferrara, con quien se comunicó este medio, tienen comentarios sobre el tema.

La merluza negra es una especie muy buscada y escasa. Tiene un precio de venta de hasta USD 30.000 y por año están autorizadas a pescar en el Mar Argentino unas 3.700 toneladas. Por eso, las 163 toneladas en un solo barco en un día resultaba un número significativo, casi 5 millones de dólares de valor de venta final.

“Ese barco ha estado capturando merluza negra sin cuota. Configura un caso de pesca ilegal porque es una captura intencional contra la ley”, relató Milko Schvarzman, especialista en conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales a Infobae.

“Sabemos de la actividad que realizaba porque este barco, además de tener su tripulación, lleva a bordo un inspector y un observador. Uno de la Secretaría de la nación y otro de la provincia. Cuando se recibieron las denuncias debería haber sido llamado a puerto inmediatamente, así establece la ley. Eso no sucedió. Aunque hubieran dudas, se lo debe llamar a puerto igualmente para corroborar”, agregó.

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