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Nelson Saldivia
“El blanqueo forzado de la pesca: una denuncia por evasión obligó a más de 45 empresas a regularizar deudas con AFIP por $ 1.500 millones”, ventiló este jueves la agencia de noticias ADN Sur. El informe da cuenta que a partir de la Ley Bases N° 17.743 y la instrumentación del Régimen de Regularización de Activos, un grupo de particulares y empresas vinculados a la flota amarilla de Puerto Rawson se acogieron al ‘blanqueo’.
El objetivo no habría sido solo regularizar su situación tributaria sino desactivar las causas por evasión que se investigan en la Justicia Federal, ya que la ley de blanqueo permitiría que al pagar lo adeudado se extinga la acción penal.
“Pesqueras que operan en Puerto Rawson y un grupo de personas físicas, concurrieron en los últimos meses a la Afip, y regularizaron deudas de los períodos 2016 al 2020 en concepto de IVA, Ganancias y Salidas No Declaradas por un total aproximado de 1.500 millones de pesos”, consigna el reporte al tiempo de precisar que “se trató de un blanqueo de facturaciones que no habían sido informadas al fisco en el momento oportuno y que salieron a la luz producto de una investigación de la justicia federal, a cargo del fiscal Fernando Gélvez, a partir de una denuncia anónima que acercó el ex ministro Federico Massoni en diciembre de 2020”.
Por otra parte, la sanción de la Ley Bases y el capítulo de Regularización de Activos fue el momento oportuno para declarar los montos más grandes. Recuerda que el momento más álgido del proceso fue en mayo de 2022, cuando la justicia federal y la AFIP realizaran una serie de allanamientos en Trelew, ante la comisión de una posible evasión tributaria por parte de un grupo de empresarios vinculados a la industria pesquera de Puerto Rawson.
En aquel entonces, -precisa la agencia ADN Sur- a pedido del fiscal Gélvez, el juez Gustavo Lleral habilitó las operaciones, de las que participaron agentes de la Policía Federal de Puerto Madryn y de Comodoro Rivadavia, así como 15 funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos: 5 especialistas en informática, 5 abogados y 5 contadores.
USINA DE FACTURAS TRUCHAS
Describe que se allanaron estudios contables y sedes de empresas pesqueras en Trelew, así como un local comercial que funciona como agencia de autos y un domicilio particular. La investigación había comenzado en 2021, y se llegó a la presunción de la posible comisión de los delitos de Evasión Tributaria Agravada, así como de Apropiación Indebida de Tributos, y la posible existencia de una Asociación Ilícita de delitos tributarios.
“Concretamente, se sospechaba que un grupo de empresarios de la Flota Amarilla en conjunto con empresarios de la estiba de Puerto Rawson, habrían urdido una serie de operaciones creando empresas “fantasma”, truchas o apócrifas (“usinas” en la jerga) a las que le facturaban servicios con el fin de evadir impuestos como IVA y Ganancias”, añade.
SE EXTINGUE LA ACCIÓN PENAL
En otro tramo del informa se menciona que “más de dos años después de los allanamientos, la mayoría de las empresas y personas investigadas se acercaron a la Afip y declararon facturaciones de los períodos 2016 al 2020, por lo que debieron ponerse al día con el capital adeudado en una serie de tributos. El momento elegido no fue casual, y estuvo vinculado al “blanqueo” aprobado por el Congreso”.
“La primera explicación del tema es que la Ley Penal Tributaria establece que, si una persona investigada por la justicia no fue aún llamada a prestar declaración indagatoria, está a tiempo de pagar y evitar toda acción penal, ya que el delito de evasión queda extinguido con el pago”, analiza y aporta otro dato: “La cuestión, es que el capítulo de la Ley Bases con el decreto reglamentario, sostiene que con el blanqueo de capitales -regularización de activos- directamente se cierra toda investigación judicial que pudiera llegar a un delito como el de asociación”.
Y, en esa línea, interpretan que, con el pago de la deuda, directamente el fiscal federal Gélvez quedaría impedido de avanzar en una acción penal si los empresarios cumplen con saldar el compromiso.
Asimismo, consigna que el dato de los $ 1.500 millones alude exclusivamente a la deuda de capital, una suma que al no contemplar intereses luego de varios quedaría licuada a valores nominales en pesos con una inflación del 200 % anual. Resta saber si la Afip luego iniciará un juicio posterior de tipo civil para reclamar por el retraso, y si además puede haber algún tipo de reclamo de ingresos brutos a nivel municipal o provincial.
INVESTIGADOS POR EVASIÓN
ADN Sur sostiene que “el chequeo de fuentes judiciales permite confirmar el nombre de las 37 firmas y empresarios que se acercaron a la AFIP a regularizar su deuda”.
Lo primero a resaltar, es que un grupo de 14 personas físicas y jurídicas directamente cancelaron la deuda impositiva, sumando en total una cancelación por casi 64 millones de pesos.
“Se trata de los empresarios Raúl Matías Cereseto, Raúl Horacio Cereseto, Alejandro Suárez, Gustavo González, Marcelo Ortega, Diego Martín, Sergio Pantano, Ricardo Traversini Loza, Ezequiel Jaroslavcky y Magdalena Salaberry”, detalla el minucioso informe. También consigna una serie de sociedades que también concurrieron a la Afip a regularizar su situación tributaria, que va de pymes a empresas de mayor porte. Pero sin dudas el dato más relevante dado a conocer por la agencia de noticias de Comodoro Rivadavia es que las personas sospechadas de evasión fiscal que estaban siendo investigadas por la Justicia Federal de Rawson habrían accedido a blanquear sus deudas ante el fisco para así lograr extinguir la acción penal que se tramita en su contra.