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El Consejo Federal Pesquero (CFP) resolvió la distribución de $3.788 millones del Fondo Nacional Pesquero (FO.NA.PE.), correspondiente al saldo disponible al 16 de abril de 2025, según consta en el Acta CFP Nro.11/2025. Los recursos serán destinados a fortalecer la investigación científica, las tareas de patrullaje y control en el mar, las actividades del propio CFP y la capacitación, además de ser coparticipados entre las provincias marítimas y la Nación.
De acuerdo con el informe financiero de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (NO-2025-42388580-APN-SSRAYP#MEC), al 16 de abril el FO.NA.PE. había recaudado un total de $17.602.710.417,40. De esa suma, $271.408.093,34 correspondían específicamente a los fondos recaudados por embarque de inspectores en campañas de control pesquero. Con parte de esos recursos ya distribuidos en anteriores actas (Ver Acta CFP Nro. 4/2025 y Acta CFP Nro. 8/2025 ), quedó un saldo disponible para nuevas asignaciones.
Cómo se distribuyen los fondos
El CFP decidió, por unanimidad, dividir el saldo en partes iguales entre recursos no coparticipables y coparticipables:
Recursos no coparticipables: $1.894 millones destinados a:
Autoridad de Aplicación: $568,2 millones.
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): $568,2 millones para actividades científicas.
Patrullaje y Control: $568,2 millones, divididos en partes iguales entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina para fortalecer el control en la Zona Económica Exclusiva.
Consejo Federal Pesquero: $113,7 millones para gastos de funcionamiento.
Capacitación: $75,8 millones destinados a formación en el sector.
Recursos coparticipables: $1.894 millones que se distribuirán entre:
Provincia de Buenos Aires
Provincia de Río Negro
Provincia de Chubut
Provincia de Santa Cruz
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Nación
Cada uno de estos destinatarios recibirá $315,7 millones. En el caso de Río Negro, la transferencia se dividirá: el 60% para la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA) y el 40% para una cuenta especial provincial.
El acta también detalla los mecanismos de transferencia:
Los fondos destinados al INIDEP se aplicarán a tareas de investigación pesquera.
Para patrullaje y control, se repartirán en partes iguales entre la Armada y la Prefectura.
Los fondos asignados al CFP y a capacitación se canalizarán a través de convenios con la Fundación Argeninta.
Las provincias recibirán los recursos conforme a acuerdos ya vigentes o ratificados para el ejercicio 2025.
Finalmente, se reiteró la instrucción a la Autoridad de Aplicación para asegurar la disponibilidad de cuotas de caja que permitan efectivizar la distribución y cumplir con las previsiones de asignación de la Ley Federal de Pesca.
En el estricto análisis de los hechos y del entramado fiscal que rige la recaudación y distribución de los recursos del sector pesquero, resulta insoslayable una distorsión histórica y estructural: la provincia de Chubut percibe de manera exclusiva el Derecho Único de Extracción del langostino, destinándolo íntegramente a sus arcas sin transferencias al FO.NA.PE. (Fondo Nacional Pesquero). Sin embargo, al momento de la redistribución de fondos nacionales, Chubut participa como una jurisdicción más, beneficiándose de un sistema al que en términos reales no contribuye en la misma proporción. Esta asimetría revela una transferencia neta y sistemática de recursos del conjunto hacia una provincia, legitimada por la pasividad de autoridades y actores que, por conveniencia política o por descarada complicidad, eligen el silencio. La ecuación es tan evidente como injusta: Chubut capitaliza localmente los ingresos, pero socializa las cargas en la redistribución nacional. Un privilegio fiscal sostenido a costa del resto de los actores participantes.
Cabe señalar desde esta Editorial —y conviene subrayarlo con claridad meridiana, especialmente para aquellos que emiten juicios desde la comodidad de la ignorancia o la endeble arquitectura de un pensamiento superficial— que hasta el 16 de abril, el sector pesquero ha transferido al Estado más de 14 millones de dólares en concepto de tributos, tasas y aportes, lo que proyecta una recaudación anual cercana a los 40 millones de dólares. Esta masiva erogación, – a pesar que el complejo pesquero langostinero de Chubut no aporta el Derecho Único de Extracción para el FO.NA.PE. haciendo caso omiso al Art.29 de la Ley Federal de Pesca-, que algunos pretenden invisibilizar en el debate público, constituye una sangría directa de la rentabilidad sectorial. No se trata solo de cifras: es el reflejo concreto de una presión fiscal asimétrica que erosiona la competitividad, castiga la inversión productiva y acentúa la fragilidad financiera de una industria que, paradójicamente, sostiene buena parte del andamiaje recaudatorio del Estado. Quien ignore esta dinámica, o la banalice, está contribuyendo —por omisión o complacencia— a la crónica desfinanciación de un sector estratégico, generador de divisas y sobre todo de empleo genuino.