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Un juzgado de Comodoro Rivadavia hizo lugar a una presentación de la empresa propietaria del buque y ordenó a la Provincia de Chubut abstenerse de ejecutar la deuda por el canon pesquero
El Juzgado de Primera Instancia de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, a cargo del doctor Gustavo Toquier, hizo lugar a una «medida cautelar innovativa» solicitada por la empresa Frangela S.A., propietaria del buque fresquero de altura Pensacola I, en la cual se le ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Chubut abstenerse de iniciar cualquier tipo de ejecución o reclamo administrativo o judicial o proceso cautelar referido a los certificados de deuda que tengan su fundamento en las Leyes Provinciales N° 620, N° 627, N° 658 y de los decretos provinciales N° 723/18 y N° 806/18. Se trata de la Ley que creó el denominado canon pesquero al langostino y sus modificatorias.
El magistrado ordenó también al Estado provincial “abstenerse de trabar embargos sobre sumas de dinero o bienes de su propiedad, y abstenerse de notificar a los puertos de la provincia de Chubut la suspensión de los servicios que allí presta Frangela S.A. y el buque pesquero Pensacola I (MN 0747)”, indicó REVSTA PUERTO.
Asimismo, la resolución expresa que se hace “lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por Frangela S.A. previa caución juratoria que prestará por los daños y perjuicios que la misma pudiese irrogar, ordenando al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía de Estado y al Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de iniciar ejecución de los certificados de deudas” surgidos del canon pesquero.
Deuda acumulada
En tanto, en la sesión de la Legislatura de Chubut se aprobó un nuevo pedido de informes sobre el Fondo Ambiental Provincial (FAP), en el que se le requirió al Poder Ejecutivo que dé a conocer lo que se recaudó hasta el momento y cuánto se transfirió a los municipios, como así también la deuda acumulada por los barcos.
La diputada de Rawson, Rossana Artero, recordó que está plenamente vigente la ley que creó el canon pesquero “que grava con un monto cada cajón de langostino que se desembarcaba en los puertos de la provincia. En la ley original y sus modificaciones también se establece que será la autoridad de aplicación y el organismo encargado de cobrar dicho canon el Ministerio de Ambiente”.
Por ese motivo solicitó en forma detallada “informes sobre las recaudaciones, montos, certificados de cobro, acciones judiciales”, entre otros puntos del informe.
“Como es importante tanto para los municipios como las arcas provinciales y para los propios trabajadores, es que solicito que se esclarezca definitivamente esta temática donde evidentemente a la luz de los resultados ninguno de los actores involucrados, tanto oficiales como privados evitan pagar e informar”, planteó la legisladora provincial.
Ampliaciones de bodega en la mira
Otro tema sensible al ámbito pesquero fue un pedido de informes, también aprobado por la Legislatura, referido al decreto por el cual se permitió la ampliación de bodega de los buques pesqueros. “Es que el Decreto Nº 1109/18 modificó la ley de pesca provincial y se hizo una interpretación muy especial del artículo Nº 35 para permitir, contrariamente a lo que establece, hacer ampliación de bodega sin ningún control. Les puedo asegurar que propietarios de un barco de 60 cajones hoy cuentan, partiendo de ese permiso original, con una embarcación de 1.200 cajones”, ventiló la diputada en la sesión.