Diario El Chubut – Comodoro Rivadavia
Desde la entrada en vigencia en 2018 del Fondo Ambiental Pesquero (FAP), más conocido como «canon del langostino», hubo serias dificultades para que el sector empresario cumpla con los pagos correspondientes. Incluso motivó fuertes cruces entre algunos diputados y las autoridades de Pesca de la Provincia. Ahora se estaría analizando directamente derogar su aplicación e incluso otorgar un plazo de cuatro años a las empresas para ponerse al día con lo adeudado.
El FAP fue establecido por la Ley 620 del 2018, impulsado por la diputada provincial Rossana Artero, y tuvo modificaciones posteriores que fijaron un canon equivalente a un litro de diesel premium YPF por cajón de langostino que se desembarque en los puertos de Chubut. Pero además se exceptuó del canon al puerto de Comodoro por posibles descargas en Caleta Olivia, a pedido del SUPA. Y hubo otras modificaciones a pedido del sector empresarial, contemplando que todos los cajones que descargaran en los puertos con permisos provinciales pagarían un 50% del canon.
Pese a todas esas concesiones, hubo presentaciones judiciales contra la aplicación del canon del langostino que no tuvieron desenlaces favorables a los empresarios. Y aún así se fue acumulando deuda por incumplimiento.
Ahora, antes esa situación, algunos diputados oriundos de ciudades portuarias, estarían conversando con el Ejecutivo provincial para dejar sin efecto la aplicación del FAP. Incluso, se maneja la posibilidad de dar una facilidad de pago en 48 cuotas por la deuda contraída por algunas de las empresas.
El Ministerio de Ambiente es el órgano responsable del cobro del FAP, mientras que la Secretaría de Pesca está en la obligación de sancionar a aquellas empresas que incumplan con el pago del canon. En la práctica nada de esto llegó a concretarse. De hecho, ya desde el año pasado se viene manejando la posibilidad de derogar el FAP.