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“La decisión empresarial de procesar sus productos, generar empleo y mantener sus inversiones tanto en la Provincia de Buenos Aires como en Chubut, deben ser promovidas y defendidas”, señalaron desde la Industria Naval.
Tras las manifestaciones públicas del gobernador de la Provincia de Chubut, Mariano Arcioni, el cual afirmó que en Mar del Plata se trabaja en negro en la actividad y esto implica una competencia desleal para el sector pesquero en la provincia de Chubut y por ello no garantizaría el libre tránsito de personas y mercaderías con destino a nuestra ciudad, desde distintos sectores empresariales y gremiales de la ciudad rechazaron esa situación.
Desde la Asociación Bonaerense de la Industria Naval consideramos que es “imprescindible garantizar el libre tránsito” de mercaderías con destino a cualquier punto de la provincia de Buenos Aires y del país, derechos consagrados en las normas nacionales y constitucionales vigentes y que debe primar el diálogo y la paz social.
“Las medidas de público conocimiento, tomadas por ciertos sectores chubutenses, en verdad, terminan perjudicando a todo el sector pesquero en su integridad y su cadena de valor, especialmente al sector de los trabajadores y a las empresas vinculadas. Hoy, chubutenses y marplatenses por igual son los primeros perjudicados por esta situación”, señalaron desde la entidad que comanda la marplatense Sandra Cipolla.
Al respecto añadieron que “la decisión empresarial de procesar sus productos, generar empleo y mantener sus inversiones tanto en la Provincia de Buenos Aires como así también en la Provincia de Chubut, entre otras de nuestro litoral marítimo, deben ser promovidas y defendidas”.
“Reivindicamos a toda la actividad pesquera argentina y federal, con sus problemáticas y sus desafíos por resolver aún como tantos otros sectores productivos y laborales del país, sabiendo que éstos no fueron ni serán resueltos nunca por la fuerza. Se debe solucionar inmediatamente esta situación, retomando la legalidad y la legitimidad que necesita cada trabajador y cada empresario para dar continuidad, respectivamente, a sus actividades productivas y laborales, sin que nadie se arrogue un supuesto derecho que perjudique en lo más mínimo el mantenimiento y el respeto esencial a nuestra Constitución Nacional”.