Diario El Atlántico – Mar del Plata
El consejo directivo de la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca anunció un plan de lucha que comenzará el 2 de enero con un paro de 72 horas afectando a un sector que genera unos 2.000 millones de dólares al año y advirtió que el conflicto se profundizará si no hay una respuesta positiva a sus reclamos contra el impuesto a las Ganancias.
Al respecto, el secretario General del sindicato, Jorge Frías, señaló que «desde hace unos 20 años, los trabajadores del Mar Argentino, que llevamos adelante la industria pesquera en sus diversos sectores como personal a bordo de los buques pesqueros, en los puertos y en actividades vinculadas con la actividad, reclamamos para que se nos deje de aplicar el llamado impuesto al trabajo». Y subrayó: «El impuesto a las ganancias nos roba la voluntad de trabajar».
El gremio informó que el cese de actividades comprende a la totalidad de las tripulaciones de todas las flotas pesqueras, por el término de 72 horas a partir de las 00 del 2 de enero de 2023, «amarrados sin salir a producir con los buques y en los muelles y a la espera de ser convocados por las autoridades necesarias ya sea el Presidente de la Nación, el Ministro de Economía o la totalidad de los Legisladores de la Nación y por qué no el Poder Judicial, para brindarles claros detalles y recibir la solución adecuada. En caso de no encontrar respuestas, se profundizarán las acciones gremiales hasta ser escuchados y que se alcance una solución definitiva», remarcó.l
Frías relató a iProfesional: «Pasan los gobiernos y ninguno presentó una respuesta a las demandas gremiales, sino que aplicaron parches parciales para que algunos trabajadores de la actividad del transporte, bancarios u otros sectores cuyos salarios se mantienen al límite de la aplicación de Ganancias fueran beneficiados con la elevación del mínimo no imponible». Aclaró que «celebramos los beneficios que han conseguido esos compañeros y compañeras, pero nosotros no podemos seguir siendo discriminados».
La industria pesquera cuenta hoy con unos 500 buques de diferentes tamaños, capacidades de captura y carga de especies objetivo. En materia laboral, genera empleo genuino y directo para más 40.000 personas (tripulantes, portuarios, procesadores, etc.) y más de 100.000 de manera indirecta. Captura un millón de toneladas de diferentes especies a lo largo del año y genera ingresos económicos para el Estado, por las exportaciones pesqueras que rondan los 2.000 millones de dólares anuales, a consecuencia de exportarse el 95 por ciento de lo capturado.
Indicó que «legar a ser trabajadores de la pesca no es una tarea menor, ya que para obtener las certificaciones y habilitaciones requeridas, primero hay que trabajar largos años como marinero y luego concurrir a una escuela de capacitación durante cuatro años, lo que exige un alto costo económico porque se debe dejar de trabajar para realizar los cursos y, salvo excepciones, todos contamos con familia a cargo». Apuntó que «el esfuerzo de realizar un trabajo a destajo, con descanso mínimo, solo se justifica por la necesidad de generar producción siendo esta el real motivo del sacrificio y la única manera de obtener rentabilidad, ya que los salarios básicos por Convenio Colectivo de Trabajo son mínimos, dado que el verdadero salario es el generado por la producción».
Frías expresó que «a lo largo de estos años hemos presentado nuestras demandas a diferentes autoridades, a algunos diputados en particular, pero también hemos participado de exposiciones con la CGT y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ante la Cámara de Diputados y las Comisiones correspondientes. Presentamos el reclamo al gobierno anterior y al anterior del anterior, y al asumir nuestro actual Presidente Alberto Fernández también tuvimos oportunidad de hacerlo, gracias a la intervención de los compañeros Hugo y Pablo Moyano, pudimos explicarle la problemática y de ampliar luego la información al ex Jefe de Ministros Santiago Cafiero. Los funcionarios y legisladores de todas las provincias con puertos pesqueros: Buenos Aires, Rio Negro, Chubut y Tierra del Fuego, tienen muy presentes la problemática, pero la solución no llega».
Por último, sostuvo que «los trabajadores no somos beneficiados por este delito fiscal, somos víctimas que a mediano y largo plazo pagamos las consecuencias del salario no registrado, percibiendo una desproporcionada baja jubilación con relación a los salarios de la actividad. El Estado, como tal, tampoco se beneficia, salvo que dentro del mismo haya alguien o algunos que sí lo hagan».