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La declaración de ilegalidad de la medida de fuerza decretada por el Ministerio de Trabajo ni bien arrancó el conflicto fue la llave que habilitó a Pespasa a despedir a 72 personas y no hubo forma que la empresa desistiera de la medida.
A pesar de la maratónica negociación mantenida entre el Stia y la cámara Capeca con el arbitraje del ministro de Trabajo Teodoro Camino, funcionarios de tercera línea y el intendente local Gustavo Gonzáles, el resultado no fue el esperado por los trabajadores.
La cámara ofreció un incremento salarial no remunerativo de 10 diez mil pesos y cuatro cuotas de mil quinientos pesos a partir de noviembre, pero no aceptó pagar los días caídos y tampoco recontratar a los 20 eventuales de Pesquera Santa Cruz cuyos contratos habían sido dados de baja en la segunda semana de paro porque el calamar que iba a ser procesado por los operarios no pudo llegar a la planta a raíz de los bloqueos.
Aunque la decisión más severa fue la tomada por la empresa Pespasa que no aceptó retrotraer los 72 telegramas enviados a los trabajadores aduciendo que estaba en el marco de la ley porque el paro había sido decretado ilegal.
Mer&Pesca intentó comunicarse con el ministro de Trabajo Teodoro Camino para saber cómo seguirán las negociaciones, y que pasará con los trabajadores despedidos si la empresa se mantiene inflexible, pero no obtuvo respuesta.