Usemos las herramientas de la república para impedir la pesca ilegal

Diario La Nación – Bs. As.

Sabido es que la temporada de pesca del calamar Illex, básicamente, en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), se extiende entre el 1 de febrero y el 31 de agosto anualmente; momento en que la especie se encuentra migrando sobre la plataforma continental. En el mismo sentido, entre septiembre y enero se aplica la veda para proteger a los ejemplares jóvenes de dicha especie.

Ahora bien, los principales medios de prensa nacionales dieron cuenta de la información por la cual el gobierno de Chile, puso en conocimiento en forma oficial a su par de la Argentina, sobre la navegación como «paso inocente», sobre las aguas del estrecho de Magallanes, con rumbo Oeste – Este (es decir del Pacífico hacia el Atlántico) de una importante flota de embarcaciones conocidas como «poteros», con bandera de la República Popular China, destinadas a la pesca exclusivamente del calamar. Su efecto inmediato, como todos los años, es operar al borde de la ZEEA, dentro de la Plataforma Argentina y también dentro de nuestra ZEEA, a la cual se sumarán buques de otras banderas, pero con igual propósito de extracción ilegal del recurso. Infinidades de especialistas en la materia se han ocupado y se preocupan por esta cuestión en nuestra historia más reciente y desde la llegada de la democracia en 1983, con mayor libertad para la exposición pública.

Según el experto en la materia, Cesar Augusto Lerena, «este tipo de extracción ilegal del recurso ictícola se lleva hoy, al menos, 2600 millones de dólares anuales y si medimos el impacto final de la economía, al llegar el producto a la mesa del consumidor, podemos estar hablando entre 14.000 y 15.000 millones de dólares por año» de pérdidas de nuestras arcas hoy tan vilipendiadas.

La actual administración gubernamental tomó nota de ello y emprendió una rápida reforma de la Ley 24922 Federal de Pesca, modificando el régimen de infracciones y sanciones contemplada en la misma; sin darle la correspondiente intervención ni oportunidad de análisis y discusión, a la «Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios» de la Cámara de Diputados de la Nación, privándose de un enriquecimiento natural del texto final.

Solo se abordó el incremento de las multas, perdiéndose otra oportunidad de pensar en conjunto una política dinámica e integral del control y protección del recurso ictícola en nuestra ZEEA; dado que con el tope de multa alcanzada en esta «reforma y actualización», en el caso de que las agencias abocadas al control del espacio marítimo capturen un buque extranjero ilegal (hay que tener en cuenta que promedia en los últimos 10 años un total de 3 buques capturados anualmente), la pena pecuniaria es ínfima e irrisoria para estas flotas pesqueras ilegales extranjeras.

Avanzando en esta problemática, quien esto escribe solicitó informes al jefe de Gabinete en reiteradas oportunidades, sobre la problemática de la pesca Ilegal en nuestras aguas jurisdiccionales o como se la llama pomposamente hoy «pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el límite de la ZEEA», sin obtener precisiones ni conceptos claros de cómo se aborda la misma.

El licenciado Santiago Cafiero se refirió a una «estrategia» del Poder Ejecutivo para proteger el recurso de nuestro Mar Argentino, conformando una «mesa interministerial» en la cual participan Prefectura Naval, el Ministerio de Agricultura, la Armada Argentina, Cancillería, los Ministerio de Seguridad y Defensa de la Nación; exponiendo como un gran logro, la «Coordinación de las Operaciones de los medios de Superficie y Aéreos» que cumplen las tareas en el lugar.

En ese mismo sentido, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, confirmó recientemente esta «estrategia» del ejecutivo, de la conformación de la «mesa interministerial». Idea que rápidamente es cooptada por el Ministerio de Defensa desarrollando, en el Estado Mayor Conjunto, la creación del «Comando Conjunto Marítimo» para la vigilancia de los espacios marítimos con el empleo del instrumento militar (nota publicada por Portal Ciencia el 14 de diciembre pasado).

También se debe puntualizar que la ministra Frederic aseveró que «el protocolo de actuación para la captura de buques pesqueros ha funcionado bien», con tres buques extranjeros capturados al año sobre más de 400 operando ilegalmente.

A esta altura, y enfatizando la idea de que utilizando las herramientas de la república también se defiende la Zona Económica Exclusiva Argentina, y por todo lo antedicho, los motivos de esto es la ignorancia (no desde el desconocimiento sino desde la soberbia) de la existencia de las Leyes de Seguridad Interior (24059) y de Defensa Nacional (23554). Ignorar que la Ley Federal de Pesca (24922) solo contempla faltas contravencionales, por lo que estamos ante una infracción que es sancionada con multas, salvo que la Justicia Federal actuante dictamine que se está ante la comisión de un delito. Ignorar los pasos legislativos a que se debe someter todo proyecto de ley o reforma de una ley, devuelta, para enriquecer su contenido y que sirva a todos los actores involucrados.

Seguramente la ministra Frederic no quiera una Fuerza Armada con estado policial, ni una fuerza policial con estado militar, pero «inconscientemente» lo está logrando y desandando, con esta «estrategia del Poder Ejecutivo», según los dichos del jefe de Gabinete, todo un andamiaje legal de años de trabajo con el funcionamiento a pleno de las herramientas republicanas desde el gobierno del doctor Raúl Alfonsín hasta nuestros días.

Si hay que reformar leyes hay que encararlo desde el lugar natural que la república nos brinda, con la división de poderes y hacerlo seria y abiertamente.

Que cada uno de los actores presentes expongan sus puntos de vista, en las respectivas comisiones de analice los puntos, etc.

Para finalizar, solo un párrafo a lo que la licenciada Frederic evaluó como «un buen protocolo» para la captura de buques pesqueros ilegales extranjeros; pudiéndosele agregar ineficiente y antieconómico. Con las herramientas tecnológicas que ella misma nombra (sistema guardacostas, monitoreo satelital de buques, sistemas de identificación automática, etc.) y que se cuentan hoy en la Central de Control de Tráfico de la Autoridad Marítima Argentina, se pueden introducir los cambios pertinentes en el «Protocolo» y actualizarlo para que sea más eficiente y más redituable al fisco.

No exponiendo a los buques de las propias fuerzas a riesgosas persecuciones e inclusive, sin contar con el sistema de armas correspondiente para la situación, o lo que es peor, careciendo totalmente de ellas como es el caso del último buque tipo OPV, de nacionalidad francesa, incorporado por la Armada Argentina.

Este «Protocolo Actualizado» y novedoso se puso en práctica en abril de 2016 pudiendo capturar, en Indochina, al buque pesquero Chino «Hua Li 8», el que para ser liberado debió pagar la multa correspondiente al Estado Argentino, actuando la justicia federal e Interpol Argentina (quienes no se encuentran en la Mesa Interministerial).

Por otra parte, es inentendible que la Cancillería Argentina, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero Felipe Solá, no exprese una palabra sobre los informes de la República de Chile relacionados con el monitoreo que la Armada de ese país está realizando del avance de la flota china hacia el Mar Argentino; como así tampoco sobre la postura del gobierno de la República Oriental del Uruguay, que le sirve de apoyo logístico a la flota extranjera que depreda nuestra Zona Económica Exclusiva Argentina.

Diputado Nacional UCR, presidente de la Comisión de Transporte e integrante de las Comisiones de «ntereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados

Por: José Manuel Cano

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