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Se trata de casi ochenta lanchas de plástico y fibra que en los últimos años se reconvirtieron al langostino. La Prefectura les exigió certificaciones de navegabilidad y paralizaron el puerto de San Antonio. Prorrogan plazo para su regularización.
Como una derivación directa del siniestro ocurrido en enero con el hundimiento del barco pesquero Golfo Azul, la Prefectura Naval de San Antonio Oeste (SAO) empezó a aplicar con máxima rigurosidad toda la normativa vinculada a la seguridad en la navegación de los artesaales, y en ese marco, se disparó un conflicto que mantuvo paralizado al puerto sanantoniense en el comienzo de semana tras la prohibición de despacho a la pesca.
El destacamento SAO de la PNA había resuelto impedir la salida de 80 lanchas de plástico y fibra de menos de 10 metros de eslora, que actualmente se dedican a la pesca del langostino en aguas del Golfo San Matías.
Inicialmente eran menos de 50 este tipo de embarcaciones que se dedicaban, en forma artesanal, a la pesca con palangre y extracción de mejillones por buceo, y ese número se incrementó en los últimos cinco o seis años ante la presencia del preciado Pleoticus muelleri dentro del golfo que comparten Río Negro y Chubut.
El naufragio del barco de madera Golfo Azul fue el detonante para que la autoridad naval comenzara a aplicar taxativamente lo normado en REGINAVE y empezara a exigirles “certificado nacional de seguridad de la navegación” a los lancheros, pidiéndoles además desmontar las artes de pesca de langostino que les instalaron, al señalar que dichos elementos no contaban con autorización, ya que con los mismos no se les realizaron pruebas de estabilidad a las lanchas, ni habían superado inspecciones.
Paralización del puerto
La PNA prohibió los despachos hasta tanto no dieran cumplimiento con tales certificados y esto desató que los pescadores artesanales de SAO iniciaran una fuerte protesta con la paralización total del puerto rionegrino, lo que obligó a iniciar gestiones administrativas y políticas para destrabar la situación.
Legisladores provinciales mantuvieron contacto con senadores nacionales que a su vez llegaron hasta la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, de quien depende la Prefectura Naval, y después de intensas gestiones se acordó una “tregua” de 50 días.
Durante ese lapso, las embarcaciones deberán cumplimentar los requerimientos de seguridad que establece la normativa, al tiempo que se abre una mesa de negociación, ya que los pescadores plantean que se adecúe esas reglamentaciones a su realidad particular, insistiendo en que deben quedar exceptuados de la exigencia de un “certificado de navegabilidad” de sus lanchas.
Cambio de criterio
El pescador artesanal Enrique Horacio Dowbley Alanis explicó que el conflicto se dispara con la llegada del nuevo jefe del destacamento de la PNA, el Prefecto Principal César Adrián Insaurralde, quien resolvió aplicar nuevas exigencias de seguridad que antes no les pedían. “Nos vino a tirar con el REGINAVE (Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre) por la cabeza y paralizó a 80 pymes. Son 80 lanchitas artesanales de hasta 9 metros de plástico y de fibra, y nos prohibió despacho por las estructuras que les pusimos para hacer arrastre de langostino”, explicó a REVISTA PUERTO antes que se destrabara el conflicto.
“El nuevo Jefe de la Prefectura dice que esas estructuras deben tener una inspección hecha por técnicos e ingenieros navales, pero hace 5 años que venimos trabajando así. Y llevamos más de 15 años con el arrastre para vieira o con artes para pesca de mejillones. Desde el 2000 que estamos trabajando, y hace 5 años que nos abocamos al langostino”, detalló al insistir en que “nosotros estamos exceptuados por una disposición de tener certificado de navegación”.
Levantaron la protesta
Por su parte, el pescador artesanal Alejandro Sarmiento precisó que “finalmente se comprometieron a darnos una prórroga por 50 días para que regularicemos la situación. Cada uno de los dueños de las lanchas debe presentar una solicitud de prórroga, pero la orden ya vino desde Nación para que tengamos 50 días de plazo, y nosotros levantamos las medidas. El puerto ha sido liberado”, afirmó al contar cómo se zanjó, al menos por ahora, la situación.
“En este plazo vamos a volver a pedir que sigamos exceptuados de tener un certificado de seguridad de la navegación. No somos barcos industriales, somos artesanales, es otra realidad”, razonó. “Por lo pronto vamos a poder seguir pescando y terminar la temporada de langostino que quedan pocas semanas de recurso”, interpretó.