Diario La Nación – Bs. As.
El Gobierno decidió reforzar la presión con la esperanza de hablar de soberanía y se fijó un objetivo ambicioso: que la Asamblea de la ONU 2022 condene la «usurpación» de las islas
«El día que ese arco se complete, la Argentina estará integrada, porque Malvinas será parte de la Argentina definitivamente», dijo el presidente Alberto Fernández, el jueves, mientras señalaba el trunco monumento de piedra frente a la casa del general San Martín en Yapeyú que recuerda aquella amarga derrota militar, hace ya casi 39 años.
No se trató, por cierto, de un comentario casual. Decidido a dejar atrás la política que califica de «complaciente y desmalvinizante» y que atribuye a la gestión de Cambiemos, y mientras reduce de manera considerable su contacto con el gobierno británico, el Gobierno decidió reforzar su presión en los foros internacionales sobre Gran Bretaña para que acepte el diálogo de soberanía sobre las islas. El ambicioso objetivo de mediano plazo: conseguir, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2022, un rechazo a la «usurpación» de las islas y una condena al Reino Unido.
«Malvinas sigue siendo el tema central en el vínculo con el Reino Unido, esto no implica que no se avance en una agenda positiva», expresó a LA NACION Daniel Filmus, titular del Observatorio Malvinas. Más allá de su tono conciliador, desde la Cancillería que encabeza Felipe Solá refuerzan la estrategia de «sacar (a Gran Bretaña) de la zona de confort en la que los había dejado (Mauricio) Macri», según una alta fuente diplomática argentina.
En sus 14 meses de gestión, el Gobierno suspendió el suministro de información a Gran Bretaña en materia de pesca, con el argumento de que favorecía la captura «ilegal» y «viabilizaba» en los hechos los permisos de Gran Bretaña a barcos pesqueros de España, Taiwán y Corea del Sur en aguas del océano Atlántico. El año pasado, la diplomacia argentina sumó al G-77 al grupo de organizaciones internacionales que condenó al Reino Unido por no reiniciar el diálogo sobre soberanía, tal como lo hizo hace dos semanas el comité de descolonización de la ONU, y lo suelen hacer entre otros la Celac, el Mercosur, la Unasur y el SICA, de los países centroamericanos.
Al mismo tiempo, no volvieron a repetirse fotos del embajador británico Mark Kent con ministros del gabinete nacional, moneda corriente durante la gestión de Cambiemos. «Creemos en el diálogo, y durante nuestro gobierno ningún ministro tenía que pedir permiso para sacarse una foto o compartir una actividad con representantes de Gran Bretaña, estaban capacitados y autorizados para hacerlo», respondió a LA NACION uno de los responsables de la diplomacia durante el gobierno de Macri.
El deseo de volver a sentar a Gran Bretaña a la mesa de negociaciones, al estilo de la reunión que protagonizaron el canciller argentino Miguel Zabala Ortiz y su par inglés Michael Stewart en Buenos Aires durante el gobierno del radical Arturo Illia, hace ya cincuenta y cinco años, viene de la mano de la idea de que la administración del demócrata Joe Biden en la Casa Blanca tendrá una mirada «más neutral» que la de su antecesor Donald Trump en este tema. Fuentes diplomáticas sugieren que el gobierno norteamericano dio esas «garantías» de manera extraoficial luego del reciente entredicho por el ingreso de un submarino nuclear de Estados Unidos en el Atlántico Sur, que realizó ejercicios militares conjuntos con aviones británicos. «No es creíble que Estados Unidos cambie su postura y deje de ver a Gran Bretaña como su aliado natural», descartó uno de los protagonistas de la política exterior del gobierno pasado.
¿Qué dice Gran Bretaña? «El Reino Unido no tiene dudas acerca de su soberanía sobre las islas Falkland y las áreas marítimas circundantes, como tampoco sobre el principio y el derecho de los isleños de las Falklands a la autodeterminación, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo primero de los dos pactos de la ONU sobre derechos humanos, en virtud de los cuales determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural», contestó a LA NACION un vocero de la cancillería británica.
«Esto significa que no puede haber diálogo sobre la soberanía a menos que los habitantes de las islas Falkland así lo deseen. El referéndum de 2013 (en el que el 99,8% de los que votaron lo hicieron por mantener su actual estatus como territorio británico de ultramar) dejó en claro que el pueblo de las islas Falkland no quiere dialogar sobre la soberanía», rechazó la fuente de la diplomacia británica, y destacó que la relación de ese país con sus «territorios de ultramar» está basada en el «derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro». Se trata del principio de autodeterminación que, curiosamente, el Gobierno respalda en el caso de Venezuela ante la «injerencia» de Estados Unidos.
Más allá de las tensiones, el diálogo sigue abierto en temas puntuales, como el de la identificación de restos de víctimas de la guerra, auspiciadas por la Cruz Roja Internacional, tema en el que según Filmus «se avanzará en las próximas semanas» con el acuerdo para continuar el análisis en dos tumbas colectivas, iniciativa que ya cuenta con el aval de los familiares para avanzar. El avance de una agenda común en otros temas, como la política ambiental, derechos humanos o derechos de las minorías, parece condicionado por la discusión de la soberanía, que el Gobierno -un mes antes de un nuevo aniversario del desembarco argentino- se jacta de haber puesto otra vez en el «tope de la agenda» de la política exterior.
Por: Jaime Rosemberg