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por Roberto Garrone
La subsecretaria de Agricultura bonaerense, Carla Seain tiene una compleja tarea. Unir a una pesca marplatense que asoma dispersa en torno a la cuota social de langostino para la Provincia y luego establecer las reglas para el reparto. Los antecedentes del reparto de merluza social enmarcado en una letra que es cartón pintado
Cuando la flota tangonera en aguas nacionales parece haber recuperado el humor de la mano de marcas de langostino más concentradas en sectores de la subárea 7 que permiten recuperar la regularidad perdida por los repetidos temporales de semanas atrás, y tienen más espacio hacia el este con la habilitación de la subárea 9, los números de las exportaciones pesqueras en los primeros cinco meses del año reflejan contornos de una mejor zafra que la pasada.
Pero eso no es importante. Todas las miradas por estos días pasan por el debate que parió la iniciativa de la cuota social de langostino para la provincia de Buenos Aires. En lo estrictamente administrativo, la presentación con el pedido formal quedó para cuando el Consejo Federal Pesquero reanude actividad luego del receso por vacaciones de invierno.
Habrá que esperar si en este tiempo los sectores de Mar del Plata logran aunar posiciones detrás de una propuesta común que hoy no existe o si Seain, con el respaldo de las mayorías, pedirá esas 2500 toneladas que conllevan el incremento adicional para Chubut y Santa Cruz.
Desde ALFA asoma el sector más rebelde para una posición consensuada. Pedir un resarcimiento por no pescar en el AIER parece una jugada, más que ambiciosa, desmembrada de la opinión del resto de los sectores.
“Yo me banco el reclamo de los congeladores pero acuerden entre ustedes”, fue el pedido del Subsecretario de Pesca cuando vio la avanzada de la Provincia por la cuota social. Y hasta ahora los planteos de la cámara langostinera cosecha más divisiones que uniones.
Pero si la medida finalmente es aprobada en el CFP quedará a criterio de la administración bonaerense la manera en que se repartirá la cuota. Si ocurre lo mismo que con buena parte del 7,56% de la captura máxima permisible de merluza que Buenos Aires recibió como cuota social, seremos testigos de un espectáculo entretenido.
Fundamentalmente porque en diciembre del 2009 la Provincia repartió casi toda la cuota a 69 barcos fresqueros de Mar del Plata. Los tenedores tienen la obligación accesoria de descargarla en el puerto local y la merluza debe ser procesada en establecimientos industriales habilitados.
El artículo 3 de la Resolución 30/2009 establece que los titulares de la cuota social deberán, entre otras cosas, cumplir con las obligaciones fiscales y laborales referidas a la debida registración de sus trabajadores y el cumplimiento de las cargas provisionales a su cargo en el orden nacional y provincial
Algo que quizás se cumplió en los primeros años de vigencia pero se fue desinflando con el tiempo. No había mucho problema porque la subdeclaración estaba a la orden del día.
Una década después la flota fresquera centró su objetivo en otra especie y tampoco hay muchos controles para que la merluza no termine alimentando el circuito informal. Pero como nadie controla, mucha letra en la pesca es cartón pintado.
Hoy la plaza de mercado interno tiene algunos jugadores que comercializan esa merluza. Tienen nombres o sobrenombres… Horacio, Hormiga, Vicente, Federico, Jonathan que compran ese pescado y la reparten en pequeñas plantas que florecen al sur de Magallanes.
Lo de Chubut es peor, incluso. La provincia también recibe cuota social y con el mismo carácter de “máximo interés social” se la termina entregando a barcos congeladores como el “Anabella M” y el “Puente Mayor”, como refleja la última acta del CFP.
Cuando no se reparte entre congeladores termina generando problemas en Mar del Plata aunque los perjudicados son otros. Los armadores suelen quejarse del pescado que alimenta circuitos productivos llegados por la Ruta 3.
Es difícil pensar que el langostino de la cuota social de Buenos Aires no termine contenido con la buena letra e intenciones de las resoluciones del Consejo, pero que en la práctica, termine generando trabajo precario en plantas que funcionan sin ningún tipo de habilitación ni fiscalización sanitaria. Un sistema que fluye aceitado y marginal a fuerza de dádivas mucho más frecuentes que las inspecciones y/o sanciones
En realidad el debate debería necesariamente ser más amplio. Establecer de una vez por todas las condiciones mínimas que deben cumplir los establecimientos fabriles para poder funcionar/reprocesar langostino.
Desde lo edilicio, habilitaciones, fiscalizaciones sanitarias y en relación con los trabajadores. Qué eslabones cooperativos son viable y cuales son meras pantallas de precarización. Pero a nadie le interesa fijar reglas, mucho menos hacerlas cumplir, cuando hay muchos beneficiados por el descontrol.
La cuota de langostino regala otra oportunidad como en su momento lo hizo la cuota social de merluza hace 13 años atrás. Una chance que tiene muchas posibilidades de ser, también, desperdiciada.