Diario La Capital de Mar del Plata
Mucho se habla de la exploración petrolera pero poco de lo que perjudica a la Argentina la pesca ilegal. Nuestro país pierde entre 1.000 y 2.600 millones de dólares anuales a través de la pesca ilegal y la pesca no reglamentaria en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) producto de la falta de atención de lo que sucede en alta mar y de su potencial”, dijo el diputado nacional Héctor Stefani (PRO-Tierra del Fuego). El legislador instó a todos los diputados a tratar un proyecto de ley de su autoría que modifica integralmente el régimen federal de pesca. Desde la oposición aseguran que “el abandono y la desidia en materia marítima no solo derivó en que perdamos una de las flotas de marina mercante más importantes del mundo, sino también en que se vulnera nuestra soberanía todos los días”.
Además, según Héctor Stefani “entre enero del 2019 y abril del 2021 se interceptaron al menos unas 800 señales de barcos ilegales (99% de ellos extranjeros) donde se detectaron 900.000 horas de ´pesca visible´ para los radares”. “Esto es una vulneración directa a nuestra soberanía en la que urge empoderar a la Prefectura y la Armada para custodiar nuestros recursos y proteger nuestros mares”, afirmó el diputado de Juntos por el Cambio. “Si la Argentina quiere recuperar la senda de la producción y el crecimiento para generar divisas que tanta falta hacen, entre otras cosas, no podemos continuar dándole la espalda al mar”, sentenció. En relación al proyecto que el diputado de JxC pide tratar en el Congreso de la Nación, hace hincapié en doblar las multas que propuso el Gobierno y establece unidades en base al precio del combustible de CABA, cuestión que no estaba aclarada (luego el Senado lo corrigió) en el proyecto del Ejecutivo ya que los precios varían en cada distrito.
El proyecto de ley presentado por el diputado fueguino busca responsabilizar no solo a los armadores y propietarios de los barcos, sino también a los capitanes que incurran en estas faltas. Además, prevé la pena de prisión para aquellos casos donde haya antecedentes de multas previas. También suma políticas sobre lo decomisado. Esta ley pretende que esta mercadería se venda a un 25% del precio del mercado y esos ingresos sean destinados a plantas procesadoras o industrias nacionales que generen valor agregado. Asimismo, establece los montos de las multas sean destinados a la fuerza que capture la embarcación -Prefectura o Armada- y que la aplicación de estas sanciones se efectúe junto a la Sigen y la AGN en conjunto con la asesoría técnica del Inidep a fin de evitar cualquier hecho de corrupción.