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Esa fue la conclusión de los principales dirigentes empresarios y sindicales del sector portuense de Mar del Plata, tras la reunión que mantuvieron con el intendente Montenegro, que se comprometió a reunirse con el bloque del PRO para que no avance el proyecto de ley en el Congreso.
Gremios y empresarios del sector pesquero de Mar del Plata dejaron de manifiesto nuevamente su amplio rechazo al proyecto de la Ley Ómnibus, que introduciría en la pesca profundos cambios que dejarían «graves» problemas para la economía regional, que afectaría a más de 40.000 familias de la ciudad. En tal sentido, confirmaron el rechazo unánime a cualquier modificación del proyecto de ley de Javier Milei y pidieron mantener la actual Ley Federal de Pesca, sancionada en 1997.
Luego del encuentro que mantuvieron esta mañana con Guillermo Montenegro, Pablo Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), expresó que «esas modificaciones que supuestamente hicieron es todo mentira y si se hace, la pesca la va a pasar muy mal», al tiempo que agradeció la actitud del Intendente, «que se comprometió a tener reuniones con el bloque del PRO, senadores y diputados, para explicar estos temas».
Ante la consulta de 0223, Trueba, dijo que «el Intendente está de acuerdo y apoya desde un primer momento y está clarito porque salió en la foto, que salimos todos preocupados porque nos queda muy poquito, una semana y hay que sumar cada poroto para que no salga» y la falta de diálogo del gobierno «es algo como si fuera un fanatismo y es claro que no vieron el interior», señaló el dirigente que cuestionó los cambios pretendidos por el Ejecutivo «de una ley que desde hace 25 años funciona». «Todo fue hecho atado de los pelos y hace daño, particularmente a Mar del Plata», insistió.
Por su parte, Fernando Rivera, de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), aclaró que la actual Ley Federal de Pesca «no es cuestionada por nadie» y que la rapidez que intenta imprimir el Ejecutivo por sancionar la normativa «puede convertirse en resultados muy malos», debido a que afectarían a más de 40.000 familias afectadas directa o indirectamente.
«Consideramos que el proyecto es malo, que se pueda modificar, porque es un proyecto que está modificando algo que está funcionando bien», dijo el titular de Caipa y se preguntó: «¿Para qué hacemos este tipo de cambios? Lo único que hace es complicar todo y poner en riesgo toda la actividad de las empresas, que tenían un valor patrimonial determinado y después de la publicación del proyecto no tienen valor alguno. Porque si no tienen cuota, las empresas no tienen valor», razonó.
En ese análisis, el empresario se mostró preocupado a que avance la polémica iniciativa. «El problema es que entre los legisladores, hay algunos que están a favor y otros no. Nosotros lo que no queremos es correr riesgos, que el proyecto se comience a tratar, se abra la discusión y que termine en cualquier cosa. Para evitar eso, decimos de retirar el proyecto, mantengamos lo que tenemos que es la Ley Federal de Pesca y después en el Consejo Federal Pesquero -en el que el Estado tiene votos- se pueda mejorarlo», puntualizó.
Para Cristina Ledesma, histórica referente del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip), de aprobarse la ley, «verdaderamente sería una destrucción total del sector», que recordó, ya viene siendo «de público conocimiento» por la reducción de los puestos de trabajo «año a año».
Por último, Carlos Mezzamico, del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), coincidió con la apreciación general y advirtió: «Si pasa lo que se propone el gobierno, Mar del Plata se podría convertir en una ciudad fantasma, porque si 40 o 50 mil personas se quedan sin trabajo, quién se va a hacer cargo de esto. Es un problema no solo de los trabajadores. Tenemos que salir a la calle a defender a Mar del Plata».