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Nelson Saldivia
Un nuevo giro de los acontecimientos tomó el proceso en el que se investiga a la cúpula del Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (SUPA Chubut) a partir que se ventiló que, presuntos denunciantes adhesivos a la causa original no habían formulado acusación, sino que fueron ‘acosados’ desde el Ministerio Público Fiscal para que asistan a una entrevista, la que a la postre se transformó en denuncia penal.
Señalan a la fiscal general Florencia Gómez de “direccionar la causa” y piden la intervención de la Procuración General de Chubut y se corra vista de las actuaciones al Consejo de la Magistratura, para que analice el comportamiento y conducta de la funcionaria en el polémico caso.
El abogado Federico Massoni reveló que patrocina a los titulares de la empresa de estibajes Aravales e Hijo SRL, los que aparecen como denunciantes por amenazas y presunta extorsión contra directivos del sindicato.
Al contextualizar la situación, el abogado dijo que “Cereceto y su banda realizan una denuncia contra la comisión directiva del SUPA, diciendo que los extorsionaban y le pedían plata, y esa denuncia fue llevaba adelante por la fiscal Florencia Gómez, que no solo pidió la apertura de investigación, sino que le dijo a la jueza que había más empresarios que tenían miedo y que se iban a sumarse a esa denuncia, por eso pidió la prisión preventiva de la comisión de este sindicato. La jueza accede y le dan un mes de prisión preventiva”, relató en declaraciones a Radio Chubut.
“Un mes después -prosiguió Massoni- la fiscal dice que tiene más denuncias como las de los señores Aravales, y pide una nueva apertura de investigación contra la comisión del SUPA por extorsión y amenazas. La fiscal pidió que la prisión no sea domiciliaria, sino que sea en un instituto penitenciario, porque esta es la forma que tienen de aleccionar, no la fiscal, sino este grupo. ‘Nosotros con la plata manejamos todo, y vas a ver que con nosotros no te vas a poder meter’”, planteó el letrado al dar a conocer una presentación realizada esta semana en la Oficina Judicial de Rawson.
NIEGAN HABER FORMULADO DENUNCIA
“Me vienen a ver como abogado los señores Aravales, padre e hijo. Me dicen que los llamaban de la fiscalía en forma permanente para tomar una entrevista. Primero va el padre, Oscar Luis Aravales, y le toman la entrevista, donde el mismo dice lo que creía y luego fue el hijo, pero me dicen: ‘nos encontramos con la sorpresa que aparecemos como denunciantes, cuando no denunciamos nada’”, explicó sobre la novedad que se presenta en la causa.
Federico Massoni sostuvo que “la fiscal Florencia Gómez acosaba a los empresarios para que dieran una entrevista, le modificaron la entrevista, y la transformaron en denuncia, y con esa denuncia pidieron una apertura de investigación y pretendían aportar que había más empresarios denunciando”, sintetizó sobre lo que considera es un ardid de la fiscalía para complicar procesalmente a los directivos del sindicato en cuestión.
EL TRÁMITE BAJO SOSPECHA
En otro tramo de las declaraciones radiales, el abogado que además es denunciante en una causa de evasión fiscal contra Gustavo González y Raúl Cereseto, dio detalles de la presentación realizada por los empresarios Aravales sobre cómo discurrió el trámite en el Ministerio Público Fiscal de Rawson.
“Con intensidad supina la fiscalía intentaba contactarme permanentemente con el fin a que me acerque a ser entrevistado”, señala Oscar Aravales en un escrito aportado al expediente. “Dicha entrevista fue realizada frente a un funcionario de Fiscalía, sin ser esta grabada ni filmada”, añade.
“Habiendo narrado los hechos con relación a los movimientos y actos que se dieron dentro del puerto de Rawson dejé claro que nunca existió apriete o extorsión por parte del sindicato. Que los pagos que se realizaron se corresponden con los usos y costumbres. Que nunca sentí miedo y que el único objetivo que teníamos era trabajar”, manifiesta el empresario de la estiba contradiciendo la teoría de la fiscal.
“Asimismo, manifesté que cuando se suscitó la controversia de las empresas de Cereseto, Jaroslasky y otros, nosotros dejamos de realizar los pagos acordados a la comisión sindical y seguimos trabajando sin ningún tipo de inconvenientes, ya que el sindicato nos seguía mandando gente”, indica sobre el vínculo con los gremialistas.
Por otra parte, sostiene que “habiendo sido esto lo que manifesté ante el funcionario de fiscalía, me sorprendió, transcurrido algunos días, cuando tomo conocimiento que mis manifestaciones habían sido modificadas, y no solo eso, sino que la entrevista la habían transformado en una denuncia penal, la cual en este acto dejo expresamente aclarado que nunca tuve intención de denunciar ningún tipo de ilícito, atento a que considero que no se ha cometido tal”, insiste Aravales en el escrito aportado al expediente.
Tras lo cual aporta un dato por demás sorprendente: “Debo resaltar que cuando fui convocado hubo un acto por parte de la fiscal Gómez, cuando se comunicó delante mío, vía telefónica, con el señor Cereceto, anoticiándolo que yo ya me encontraba en fiscalía en ese momento”, refiere Aravales dejando entrever una presunta connivencia entre la funcionaria judicial y el empresario de la estiba.
“MANEJO IMPUNE Y ASQUEROSO”
Posteriormente, Massoni contó que “ahora me convocan como abogado particular porque están diciendo que nunca hicieron esa denuncia. Hoy mismo me presenté ante la Oficina Judicial pidiendo una audiencia urgente, porque esto que ocurrió no se debe dejar pasar”, relató al advertir sobre la gravedad de la situación planteada.
“Pedimos ante la jueza interviniente dejar sin efecto la denuncia que no es tal, por parte de Aravales contra el sindicato. Además, atento la gravedad del asunto, le pedimos al Procurador General de la Provincia (Jorge Miquelarena) iniciar un sumario interno por esta actitud de la fiscalía. Y, pretendemos que estas actuaciones también pasen al Consejo de la Magistratura”, para evaluar la conducta de la funcionaria.
Finalmente, Federico Massoni reveló lo que sus clientes les contaron respecto a los entretelones de cómo se dio el contexto en que estos empresarios de la estiba fueron presionados por el grupo empresario que denunció al SUPA. “Maximiliano Aravales me dijo, y lo va a declarar ante la jueza, que lo llamó Gustavo González y le dijo: ‘si ustedes quieren seguir trabajando más vale que estén de nuestro lado, sino olvídense que van a descargar un barco’”, habría sido la advertencia. “Este es el manejo impune y asqueroso que lleva adelante este grupo que se cree impune y dueño de la pesca”, reprochó el abogado.