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Por Nelson Saldivia
El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, volvió a hablar este fin de semana de los permisos de pesca que nacieron a la luz de la nueva ley de pesca. Anunció que usará la vía del “decreto” para que haya una suerte de compulsa de precios entre las empresas aspirantes a quedarse con esas concesiones estatales para pescar en aguas provinciales
Lo dijo este sábado al recorrer la obra de refacción y ampliación de la Escuela 704 “Biología Marina” de la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde junto a funcionarios del gabinete provincial visitó las instalaciones de la institución educativa en cuestión, y se interiorizó sobre los avances de la obra cuyos trabajos dieron comienzo días atrás.
FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
En ese marco, el titular del ejecutivo chubutense refirió que “en los próximos días vamos a estar firmando el decreto para volver a licitar esos famosos permisos de pesca que fueron entregados de forma espuria durante el gobierno anterior, y que le hicieron perder siete millones de dólares a nuestra provincia”.
Además, aseguró que “el dinero que obtengamos de esos permisos lo vamos a destinar al programa de recuperación de la infraestructura escolar”.
CAMBIO DE REGLAS DE JUEGO
Torres volvió a catalogar de “espurios” los permisos que entregó la anterior administración de Mariano Arcioni. Es decir, las empresas Veraz, Estrella Patagónica y Consermar están usufructuando licencias de pesca en forma espuria. Y si es así, cómo es que tendrán prioridad en realizar una oferta para quedarse con esas concesiones estatales. Si recibieron permisos espurios cómo es que tendrán el privilegio de competir en mejores condiciones que otras empresas.
Múltiples interrogantes se abren a partir de estas circunstancias. Lo cierto es que varios estudios jurídicos esperan con ansias el dictado del instrumento administrativo que “dejará sin efecto”, parcialmente, el otorgamiento de esas licencias. Hay quienes creen que se debió recurrir a una reforma de la ley que los creó.
El decretó revocaría la adjudicación hecha por la misma vía y establecería nuevos requisitos para acceder a los mismos. Los que ya los recibieron bajo determinadas condiciones y durante un año los usufructuaron sin cuestionamiento ni reproche jurídico por parte del Estado, consideran tener un derecho adquirido, y podrían recurrir a la Justicia si es que consideran que sus derechos han sido vulnerados.
POSIBLE JUDICIALIZACIÓN
Aún no está claro cuántos de los permisos otorgados serán puestos nuevamente en licitación. Primero se habló de tres y después de siete. Tres de planta, tres artesanales y el sexto VACOPA. Desde el Gobierno adelantaron que las empresas que fueron beneficiadas con “permisos espurios” tendrán prioridad en ofertar la base que el Ejecutivo ponga para cada licencia, y en caso de aceptar voluntariamente pagar ese monto, el permiso no irá a licitación.
Pero si el adjudicatario no se allana a pagar la cifra que disponga el Gobierno, el resto de las empresas interesadas podrán mejorar la oferta base de la peculiar licitación y el que más alto importe ofrezca se quedaría con el permiso en cuestión. Desde lo jurídico hay quienes interpretan que el proceso podría judicializarse. Lo cierto es que se trata de una situación inédita