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La industria pesquera, con su peso y relevancia propia, vive horas claves para sus trabajadores ante el inicio de las negociaciones paritarias: quienes se embarcan se encuentran entre su necesidad de recuperar poder adquisitivo, la incertidumbre en torno al posible regreso del Impuesto a las Ganancias y el techo impuesto por el gobierno a las negociaciones colectivas.
Luego del cierre de la paritaria 2023-2024 donde, por ejemplo, la flota fresquera terminó con una variación anual de alrededor del 200% -según confirmaron desde uno de los sindicatos del sector-, actualmente se encuentran en plena renegociación en el marco de los distintos convenios colectivos del personal embarcado, tanto en lo que respecta al cierre del 2023-2024 como el inicio del periodo 2024-2025.
Sin embargo, no es una negociación fácil, tanto por el proceso inflacionario como por la férrea intervención y el techo que impuso el gobierno nacional en las negociaciones paritarias que, mientras beneficia a las empresas con la liberación de precios, recorta fuertemente las posibilidades de negociación de las partes en contradicción flagrante con su discurso liberal.
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Es que para la parte empleadora, además, resulta un respaldo para nada menor la postura del gobierno nacional de no homologar porcentajes por encima de los índices inflacionarios -tal como se amenazó en la paritaria de Camioneros- lo que elimina la posibilidad de reclamar por el poder adquisitivo perdido en las negociaciones recientes, a pesar de que en paralelo libera a las empresas -de telecomunicaciones, por ejemplo- para cobrar sin techo alguno y retrotraer su rentabilidad.
¿Y entonces, cómo se impone ese techo salarial? Porque más allá de los acuerdos que se celebren entre la patronal y los gremios en el marco de las negociaciones paritarias de cada convenio colectivo, la última palabra siempre la tiene el Estado a través de la homologación de esos acuerdos, ante lo cual, según trascendió en el conflicto con Camioneros, el gobierno de Milei -a pesar de su discurso “liberal” y anti intervencionista- ya tomó la postura de no aceptar acuerdos por encima de la inflación.
Esa situación, entonces, también impacta de lleno en la paritaria pesquera si se considera que, según calculan desde el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el último periodo paritario (marzo 2023-febrero 2024) cerró con un 70% por debajo de la inflación interanual que para ese mismo período redondeó 276,2%.
A eso se suma, además, el retroceso que traería aparejado el paquete de reformas que el gobierno nacional buscará pactar con las provincias el 25 de mayo, que también puso en alerta al sector, que por sus características particulares solía ser alcanzado por el tributo con la posible regresión a la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Eso, además, sin contar que las patronales ya ofrecieron a algunos de los sindicatos reformas a las sumas que perciben los trabajadores por fuera de convenio.
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Al respecto, en las últimas semanas desde el SOMU realizaron un “cartelazo” en las distintas unidades de altura para mostrar su descontento. “Nos encontramos en una encrucijada en la que no podemos permanecer indiferentes”, adelantaron semanas atrás en un comunicado en referencia a la exención de la cuarta categoría del tributo lograda en 2023 al calor de la campaña electoral.
Así, haciendo un llamado a la “reflexión”, sumaron: “Creemos firmemente que esta carga impositiva pone en peligro nuestra estabilidad económica y la de nuestras familias. Ya enfrentamos suficientes desafíos en un entorno laboral que no siempre es seguro ni justo. Este impuesto solo agrega más presión y dificulta aún más nuestro camino”.