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Por Nelson Saldivia
La provincia de Santa Cruz planea llevar adelante una prospección de langostino dentro del Golfo San Jorge al dejar sin efecto el acuerdo que mantenía con Chubut para administrar en forma conjunta ese caladero que tiene especies tranzonales. Reabre un debate de hace dos décadas. Un gran aporte a la involución.
La administración provincial que conduce Claudio Vidal en poco más de cien días tuvo serios altibajos en su gabinete con internas y salidas de varios funcionarios, en el marco de un variopinto acuerdo con múltiples sectores políticos que le permitieron ganar la elección y terminar con décadas de kirchnerismo.
Además de estar enfrentado con la Casa Rosada y amagar no firmar el Pacto de Mayo, ahora también provocó la objeción de Chubut en cuanto a la unilateral idea de llevar a cabo un relevamiento con barcos comerciales sobre la especie langostín dentro de la jurisdicción provincial.
Enfrentado con el Gobierno nacional, Claudio Vidal ahora también rompe acuerdos con Chubut
El Acuerdo del Golfo firmado en 2006 por ambas provincias establece que se adoptarán medidas de manejo conjunto sobre las pesquerías, y desde 2018 se fijó una veda permanente sobre la especie Pleoticus muelleri por el lapso de cinco años que venció el año pasado. Sobre el final de la anterior administración, en las últimas sesiones del Consejo Federal Pesquero, la entonces representante de Santa Cruz en el organismo Lucrecia Bravo planteó una prórroga de ese acuerdo, pero hasta el 31 de marzo, de modo que las nuevas autoridades electas tuvieran las manos libres para disponer al respecto.
Desde el sector privado se observa con preocupación la primera medida que toda la gestión de Claudio Vidal, a través de su secretario de Pesca, Harold Bark, que además de romper el convenio interjurisdiccional, pretende imponer por la fuerza que las empresas allí radicadas tengan la obligación de desembarcar determinada cantidad de capturas en puertos santacruceños.
Una normativa similar tenía Chubut décadas atrás y que fuera declarada inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que los grupos empresarios con inversiones en Santa Cruz podrían reevaluar su continuidad en esas latitudes ante tamaña inseguridad jurídica que plantea la provincia. En las últimas horas hubo varias reuniones para analizar estas medias y, un estricto hermetismo, se analizan alternativas jurídicas al golpe de timón del Gobierno del sindicalista petrolero.