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El Secretario de Pesca de Chubut, Dr. Andrés Arbeletche, se pronunció hoy a través de la red social X sobre la propuesta de creación del Consejo Provincial Pesquero, algo que ya habíamos anticipado hace algunas semanas.
En su mensaje, cuestionó, sin mencionar directamente a un ex Subsecretario de Pesca de la Nación, a quien describió como un «vetusto lobista político«, por haber defendido oportunamente la creación de un Consejo de Pesca a nivel provincial.
«Frecuentemente, aprovechando momentos de conflicto en el sector pesquero, surgen actores políticos que abogan por la creación de un Consejo Provincial Pesquero compuesto por diversos representantes del sector, con el objetivo de administrar y tomar decisiones de manera similar al Consejo Federal Pesquero (CFP). Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ambos. El CFP, a pesar de la significativa influencia de la Nación, tiene una representación democrática de las jurisdicciones y no de diversos sectores. Es crucial recordar que el recurso y su regulación pertenecen siempre a las Provincias, es decir, a la ciudadanía en su totalidad, y no a los integrantes de la actividad pesquera. Aunque es valiosa la participación consultiva y no vinculante en la toma de decisiones«, explicó Arbeletche al comparar ambos organismos.
El titular de la cartera de Pesca del gabinete de Ignacio Torres, con sentido común, advirtió: «Quienes insisten en la creación de un Consejo Provincial Pesquero –usualmente vetustos lobistas políticos– pretenden que la Provincia se despoje de sus funciones de administración, control y regulación, delegándolas en Cámaras Empresariales, Sindicatos, ONG’s y políticos de diversos sectores. Esta acción colisionaría con el artículo 99 de la Constitución de la Provincia del Chubut y resultaría en una administración pesquera ineficiente, ya que las decisiones surgirían de un complicado proceso de negociaciones donde cada sector busca beneficios para sus representados a cambio de sus votos. Es natural que quienes representan intereses intenten beneficiar a su sector, lo contrario sería antitético a su naturaleza. Un Sindicato querrá favorecer a sus trabajadores, una Cámara a las empresas y una ONG, quién sabe a qué. De ahí la necesidad de que las decisiones sobre una actividad económica que utiliza un recurso del Estado permanezcan bajo la tutela y control de este, ya que a menudo deben tomarse decisiones que, aunque sean impopulares para ciertos sectores, benefician al bien común de la ciudadanía«, fundamentó Arbeletche, siempre desestimando la idea de constituir un Consejo Provincial de Pesca.
El actual representante de Chubut ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) consideró que «suponer que los distintos actores de la actividad pesquera se autorregularán, preservando los intereses de todos en perfecta armonía y bajo decisiones democráticas, es de una ingenuidad absoluta o denota un desconocimiento del funcionamiento de la actividad«, opinó.
Norberto Yauhar, en recientes declaraciones, propuso crear un Consejo Provincial Pesquero. En otro párrafo dirigido por elevación, aunque sin mencionarlo, Arbeletche afirmó: «Estos lobistas que insisten en la creación de un CPP carecen de muchas cosas, pero no de ingenuidad o desconocimiento; sus motivaciones se fundamentan en la creación de más organismos burocráticos, con asesores, viáticos, honorarios y más nichos para generar negociaciones espurias entre sectores antagónicos«, criticó con vehemencia el funcionario provincial.
Arbeletche sostiene que esos «vetustos lobistas político«, tienen intereses ocultos non sanctos en impulsar un organismo de esas características. «Actividad en la cual son expertos y de la cual recogen beneficios. Por tal motivo, considero que la creación de un Consejo Provincial Pesquero carece de todo asidero jurídico por contrariar la Constitución Provincial y sólo conlleva a incrementar gastos, generar demoras en la toma de decisiones y muy posiblemente repercuta en negociaciones cuestionables entre los diversos actores«, refutó al dejar clara la postura del Gobierno de Torres de no avanzar en ese sentido.
OPINIÓN
En diversas oportunidades, especialmente cuando se desatan conflictos en el sector pesquero, emergen voces desde la esfera política que buscan encontrar una solución desde el sector privado, en este caso, proponen la creación de un Consejo Provincial Pesquero. Este organismo, compuesto por representantes de diversos sectores, tendría la misión de administrar y tomar decisiones sobre la pesca en la provincia, emulando el modelo del Consejo Federal Pesquero (CFP). Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre ambos enfoques que deben ser examinadas cuidadosamente.
El Consejo Federal Pesquero se caracteriza por su representación democrática de las jurisdicciones, es decir, cada provincia tiene voz y voto en la toma de decisiones. Este modelo asegura que las decisiones sean producto de un consenso entre las distintas provincias, bajo la supervisión de la Nación. En contraste, la propuesta de un Consejo Provincial Pesquero implica la participación directa de diversos sectores de la actividad pesquera, como Cámaras Empresarias, Sindicatos, ONG’s y políticos de diferentes ámbitos, tal lo expuesto por Arbeletche sobre recursos transzonales y nacionales, aunque estén es jurisdicción de una provincias. El recurso es nacional.
La Constitución de la Provincia del Chubut, en su artículo 99, establece que la administración, control y regulación de los recursos pesqueros es competencia exclusiva del Estado provincial. Por ende, la creación de un Consejo Provincial Pesquero que delegue estas funciones a actores no gubernamentales contravendría este precepto constitucional. Además, delegar la administración pesquera a un consejo mixto podría resultar en una gestión ineficiente, conflictiva, parcializada y sectorizada, dado que cada sector buscaría priorizar sus propios intereses.
Es comprensible que cada grupo involucrado en la actividad pesquera tenga sus propios intereses: los sindicatos buscan mejorar las condiciones laborales, las cámaras empresariales quieren maximizar beneficios económicos, y las ONG’s tienen diversas agendas que pueden o no coincidir con el bien común, expuso el secretario de pesca. Por esta razón, es fundamental que la administración de un recurso tan crucial como la pesca permanezca bajo la tutela del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de velar por el bienestar general de la ciudadanía, tomando decisiones que, aunque a veces impopulares, beneficien al conjunto de la sociedad.
La idea de que los diferentes actores de la actividad pesquera puedan auto-regularse de manera equitativa y armoniosa es ilusoria. La realidad muestra que los intereses sectoriales suelen entrar en conflicto, y sin una autoridad imparcial que medie, las decisiones podrían inclinarse en favor de los más poderosos o influyentes, en detrimento del interés común. Además, la creación de un nuevo organismo burocrático conllevaría costos adicionales, demoras en la toma de decisiones y potenciales negociaciones cuestionables entre sectores antagónicos.
Por todo lo anterior, la creación de un Consejo Provincial Pesquero no solo carece de fundamento jurídico por contravenir la Constitución Provincial, sino que también podría resultar en una administración pesquera menos eficiente y más corruptible. Es esencial que la gestión de los recursos pesqueros permanezca bajo la jurisdicción del Estado provincial, garantizando así que las decisiones se tomen en función del bien común y no de intereses sectoriales. La experiencia y la lógica nos enseñan que, en asuntos de interés público, la regulación y el control equilibrado son insustituibles para asegurar una administración justa y equitativa de los recursos y sus participantes.
En otro orden de cosas y bajo el mismo paradigma, lo grave de esta situación y que roza con algunas prioridades que se están dando también intentando dar en Santa Cruz, en el mismo aspecto pesquero, pone en alerta a todo el sector. Lo alarmante es que la situación de máximo interés social terminaría desvirtuando la esencia del sector. Eso es grave.
Medida contradictoria y con intereses sesgados. Avanzar con la creación de una Sociedad de Estado Provincial (Santa Cruz PUEDE Sociedad Anónima Unipersonal), que podría dar inicio, bajo el pretexto de los máximos intereses sociales -debido a la situación que cursa la provincia en esta materia-, solicitar permisos de pesca, cuotas y cupos de las principales especies, cuyo objetivo de creación es la merluza y el langostino. Algo que todo el sector, que hoy está más preocupado por la cuotificación de la merluza que de los hechos de fondo que podrían afectar severamente la actividad dando participación a organismos ad hoc creados para incrementar solicitudes, y su participación en puntuales pesquerías como la merluza y el langostino, bajo estricto interés social.