Diario El Patagónico – Comodoro Rivadavia
El anuncio se dio a conocer de manera oficial a primera hora de este lunes a través de un breve comunicado de prensa, sin darse precisiones sobre los motivos que evaluó el gobernador para requerirle la dimisión a Bark, algo que seguramente se concretaría antes de finalizar esta misma jornada.
Por esta razón, surgieron diversas versiones sobre la salida de un funcionario que ocupaba un puesto clave en un área que depende del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria.
En las esferas políticas se dice que Vidal no sintonizaba desde un principio con Bark, ya que el mismo viene del riñón del ex gobernador Daniel Peralta (actual diputado provincial), quien en 2013 lo tuvo como ministro de la Producción, pero al no contar con otro referente que pudiera manejar la secretaría de Pesca, el actual mandatario le asignó ese cargo. Además, el sector de referencia continúa afrontando serios problemas económicos, estructurales y de seguridad.
No por algo, en este contexto, el gobierno provincial tuvo que imponer hace pocas semanas una política de “puerto seguros” para asegurar el normal desarrollo de las actividades en las estaciones marítimas, pero ello no resolvió la necesidad de incrementar las exportaciones de productos ictícolas.
Otro factor que pudo haber incidido en el pedido de renuncia sería la muerte de un estibador que se registró por un gravísimo accidente en un buque pesquero amarrado en el puerto Caleta Paula, lo que dejó al desnudo la falta de medidas de seguridad y otras precarias condiciones laborales que venían afrontando los trabajadores en este recinto marítimo.
También se dice que no por algo el ex diputado nacional Héctor Di Tulio irrumpió la semana pasada en una sesión ordinaria de la Legislatura Provincial para reprocharles a los diputados sobre una supuesta “mafia” que opera dentro del ámbito pesquero, pero el vehemente político radical no alcanzó a vociferar detalles de su denuncia.
No obstante, este medio pudo saber que Di Tulio iba reclamar que sea la provincia la que pague el salario de los inspectores de pesca, y no las empresas como ocurre actualmente, postura que venía defendiendo Bark. Como cae de maduro, si esto sigue así los inspectores seguirán condicionados y el sistema de contralor de capturas en altamar generará eternas dudas.