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En el marco de un almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea, con la presencia de figuras clave como Osvaldo Giordano y Domingo Cavallo; expuso el Dr.Federico Sturzenegger anticipando fuertes reformas en materia laboral.
Fotografía gentileza Federico Sturzenegger, Alvear Palace Hotel 02SEP24
Desde una perspectiva kuhniana, el discurso del Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, puede interpretarse como parte de un cambio de paradigma en el ámbito laboral y económico del país.
El anuncio de la «flexibilidad» en el nuevo régimen de despidos refleja una transformación en las normas y prácticas establecidas, lo que Thomas Kuhn describiría como una transición entre un paradigma tradicional, basado en la estabilidad y protección laboral, hacia uno nuevo que prioriza la adaptabilidad y la reducción de costos empresariales; la libre disponibilidad y flexibilidad de incorporación y despido de trabajadores.
Este nuevo paradigma, representado por la Ley de Bases y su capítulo sobre el «Fondo de Cese», busca redefinir las relaciones laborales permitiendo a las partes involucradas apartarse de la Ley de Contrato de Trabajo en lo referente a despidos. Según Sturzenegger, la próxima reglamentación de esta ley permitirá a las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, diseñar sus propios esquemas de despido con una flexibilidad sin precedentes. Este enfoque rompe con la concepción anterior que centraba las políticas laborales en la protección de los trabajadores, introduciendo un cambio radical en las estructuras vigentes.
El contexto en el que se presentó este nuevo marco normativo —un almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea, con la presencia de figuras clave como Osvaldo Giordano y Domingo Cavallo— subraya la importancia del consenso entre las élites económicas en la consolidación del nuevo paradigma. Los empresarios presentes, incluidos Sebastián Bagó y Roberto Urquía, representan actores fundamentales en la aceptación y validación de este cambio estructural.
Sin embargo, tal como señala Kuhn, los cambios de paradigma no ocurren sin resistencia. Las tensiones con los sectores empresarial y sindical en relación con los detalles de la ley indican la presencia de anomalías dentro del nuevo paradigma que aún deben ser resueltas. Estas anomalías podrían reflejar la dificultad de ajustar un marco laboral tradicional a las exigencias de un mercado más flexible, lo que genera un conflicto entre las expectativas del antiguo paradigma y las nuevas propuestas.
El ministro, al resaltar que el gobierno no impondrá un único modelo de indemnización o despido, sino que permitirá la co-creación de soluciones por las partes involucradas, parece estar respondiendo a estas anomalías. Esta apertura puede interpretarse como un intento de mitigar la resistencia al nuevo paradigma, permitiendo cierta continuidad con las prácticas anteriores mientras se avanza hacia un modelo más flexible y descentralizado.
En su alocución, Sturzenegger elogió las medidas de desregulación impulsadas por el gobierno, comparándolas con un «scrum» de rugby, lo que refleja la percepción de que el avance del nuevo paradigma es arduo y enfrenta múltiples resistencias. La referencia a Javier Milei y Luis Caputo como figuras clave en la implementación de cambios impensados sugiere que el nuevo paradigma no solo implica una reconfiguración económica, sino también un cambio en la mentalidad y la cultura política del país.
Finalmente, al justificar la reducción del impuesto PAIS y el veto a la ley previsional, Sturzenegger reafirma el compromiso del gobierno con el nuevo paradigma, que prioriza la estabilidad fiscal sobre las políticas redistributivas tradicionales. Esta postura, aunque controvertida, refleja una ruptura clara con el pasado, donde el equilibrio fiscal se presenta como un principio inamovible dentro del nuevo marco teórico.
En resumen, el discurso de Sturzenegger y las medidas presentadas deben entenderse como parte de un proceso de cambio de paradigma en el que se está reemplazando un conjunto de valores y prácticas por otro, en un contexto de resistencia y ajuste. Este proceso, característico de las revoluciones científicas descritas por Kuhn, implica una transformación profunda en la estructura del pensamiento económico y laboral del país.
Fondo de Cese, Ley Bases
El Gobierno, con el respaldo de algunos sectores sindicales, impulsa una reforma clave en el ámbito laboral: la creación del Fondo de Cese Laboral. Este mecanismo, propuesto en la Ley de Bases, busca reemplazar las indemnizaciones tradicionales y, según los defensores de la medida, reducir lo que denominan la «industria del juicio», es decir, la proliferación de litigios laborales que, según ellos, encarecen el costo del empleo y generan incertidumbre tanto para las empresas como para los trabajadores.
El Fondo de Cese Laboral no es una idea nueva; ya está implementado en la UOCRA, el gremio de la construcción, y ha sido señalado como un modelo exitoso que podría expandirse a otros sectores. La propuesta del Gobierno es que este sistema sea optativo, permitiendo que cada industria lo negocie en sus convenios colectivos. No obstante, esta propuesta no ha sido adoptada de manera unánime. Aunque algunos sindicatos, como la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), han mostrado interés, otros sectores empresariales y sindicales permanecen cautelosos.
El argumento central del Gobierno, articulado por figuras como el ministro Federico Sturzenegger, es que el Fondo de Cese Laboral ofrece una solución eficiente a las problemáticas vinculadas al despido y la indemnización, especialmente para las pymes, al externalizar el costo y reducir la incertidumbre. Esta reforma se presenta como una herramienta para disminuir los litigios laborales, que frecuentemente resultan en altos costos para las empresas y en largos procesos judiciales.
Sin embargo, la implementación del Fondo de Cese no está exenta de controversias. Algunos expertos legales advierten que podría generar nuevos costos fijos para las empresas, además de posibles cuestionamientos de constitucionalidad. La principal crítica radica en que el fondo no garantiza la estabilidad laboral protegida por la Constitución, ya que podría no cumplir con las condiciones de una indemnización adecuada.
Mientras tanto, en el seno del empresariado, las opiniones son divididas. Mientras las pymes ven con buenos ojos una herramienta que alivie la carga financiera de las indemnizaciones, las grandes empresas dudan de su eficacia y lo perciben como un costo adicional innecesario. El desarrollo de la reglamentación, que se espera en los próximos días, será crucial para determinar cómo se implementará este fondo y si logrará el consenso necesario entre todos los actores involucrados.
En síntesis, el Fondo de Cese Laboral se posiciona como una pieza central en la estrategia del Gobierno para reformar el sistema laboral y combatir la «industria del juicio». Pero su éxito dependerá de cómo se resuelvan las tensiones y preocupaciones en torno a su implementación, tanto a nivel legal como en la práctica cotidiana de las relaciones laborales.