Las versiones de coimas en la pesca

Diario La Capital de Mar del Plata

Gravísimas denuncias y ninguna desmentida aún. En diferentes medios periodísticos, en redes sociales e incluso en comentarios en off de representantes de sectores ligados a la pesca, se insistió en que habría habido un pedido de coimas por parte de funcionarios del gobierno nacional de 15 millones de dólares para la renovación de cuotas de pesca de merluza para distintas empresas. Asimismo, en ese contexto, trascendió que una empresa española -Iberconsa- controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity habría comunicado esta situación a la embajada de Estados Unidos. “Parece ser una operación de la embajada de Estados Unidos en defensa de sus empresas, con una nota sin datos y medias verdades que, sin embargo, destapa un escándalo que es cierto”, sostuvo el periodista especializado en pesca, Guillermo Nahum, en la revista Puerto. “Nadie del sector pesquero se asusta porque alguien les pida plata para la campaña o la actividad política, pero esto era otra cosa por los montos exigidos y los métodos violentos e inéditos”, añadió Nahum. Y completó relatando que “la cosa se puso fea porque algunos empresarios se negaron a pagar. Dicen que el primero que dijo no fue Tony Solimeno. Pero, al parecer, lo que pateó el hormiguero fue que la negativa del grupo Iberconsa, con vinculados a la embajada de EE.UU., destapó el escándalo a través del portal La Política Online”.

Quienes siguen de cerca la relación de la pesca con el actual gobierno coinciden en destacar que hay sectores enfrentados con dos cabezas visibles: por un lado, el asesor y mano derecha del presidente Santiago Caputo y, por el otro, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ha hecho de sus críticas al actual régimen de pesca y las bajas regalías una bandera. Cada vez que tiene la oportunidad, Sturzenegger, tras el fracaso de su iniciativa con respecto a la pesca contemplada en el texto original del proyecto de la ley Bases y luego eliminada ante las presiones políticas y empresariales, denuncia que “están sacando gratis” los recursos del Mar Argentino. Días atrás, en el marco de la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), insistió en que mientras otras industrias, como la petrolera, deben pagar regalías elevadas, el sector pesquero tiene un régimen de apenas el 0,15% lo que calificó como “un escándalo”. Insiste el funcionario con esas cifras, mientras desde las distintas cámaras empresariales tildan de falaces sus argumentos. 

“En Mendoza, si sacás petróleo, pagás una regalía del 156%. Los pesqueros pagan 0,15%”, dijo, y añadió que “es el recurso natural de todos los argentinos. Lo sacan gratis, lo bajan en el puerto, se nos matan de risa y se lo llevan”, añadió. Durante su intervención, Sturzenegger también dio detalles de los frustrados intentos por reformar el régimen de pesca que actualmente se basa en las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), explotadas por las empresas durante 15 años. Y admitió -¿tendrá relación directa con las denuncias sobre pedidos de coimas?- que su propuesta para licitar las cuotas de pesca fue rechazada por sectores dentro del propio gobierno con los que tuvo “fuertes diferencias”. No obstante, enfatizó que gracias a su insistencia se logró aumentar la tasa del 0,15% al 2,5%, pero reconoció que “aún queda mucho por hacer para regularizar y transparentar el sector”.

El exintendente y actual diputado provincial Gustavo Pulti, quien a la vez es presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, viene siguiendo de cerca este delicado tema. Luego de presentarse ante la Cancillería, la Secretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero, en el marco de la ley de acceso a la información, acaba de promover un pedido de informes en la legislatura bonaerense dirigido al gobierno nacional. “Vamos a pedir el apoyo de todas las bancadas ya que no se debe minimizar ni encubrir si hubo corrupción y funcionarios que pretenden enriquecerse ilícitamente con recursos estratégicos de la Nación”, dijo, y añadió que también se pedirá al Gobierno nacional que ratifique o rectifique si hay una denuncia en la embajada de Estados Unidos.

El pedido de informes presentado en la Legislatura se dirige a la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Economía de la Nación y la Cancillería para que comuniquen sobre las denuncias de corrupción realizadas por diferentes medios contra agentes del Gobierno Nacional y vinculadas a la renovación de las “cuotas de pesca” correspondientes al Régimen General de Cuotas Individuales y Transferibles de Captura, cuyo vencimiento opera el 31/12/2024. “Las denuncias son gravísimas, y el silencio del gobierno nacional, que no refuta a los medios y tampoco da explicaciones, encubre lo que sucedió. Queremos saber quién pidió las coimas y si se ratifica o se rectifica que hay una denuncia en la Embajada de Estados Unidos”, agregó el diputado provincial, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca.

La iniciativa presentada por el diputado Pulti solicita que se informe “cuáles han sido las medidas adoptadas en el marco del proceso de renovación de las cuotas, qué funcionarios han sido designados para intervenir y llevar adelante el proceso de renovación de las CITC en curso y si se ha tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, ante la embajada de los Estados Unidos respecto de la existencia de actos de corrupción efectuados por agentes del Gobierno nacional”. También requiere que informen “cuáles son las medidas que se han adoptado frente al estado público de la denuncia de corrupción y, en su caso, si se ha dado intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a la Oficina anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y la denuncia penal pertinente”. El exintendente remarcó que “es una responsabilidad de la Cámara de Diputados preguntar sobre la transparencia y legalidad de una decisión que afecta el trabajo de más de 60.000 bonaerenses, marplatenses y muchos otros argentinos y argentinas”. Y finalizó afirmando que “el Gobierno nacional tiene que dar explicaciones, de otra forma está encubriendo la corrupción”.

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