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Nelson Saldivia
Transcurrieron casi dos meses desde que el Secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, anunció al arco pesquero provincial que elevarían a la Legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia pesquera.
A principios de agosto, el Gobierno del Chubut, que encabeza Ignacio Torres, dio a conocer la decisión política de elevar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia pesquera, cuyo eje central sería la instrumentación de diversas medidas de alivio fiscal para aquellas empresas del sector que se comprometan a mantener los puestos de trabajo.
Aquel anunció se realizó en el marco de una cumbre que contó con la participación del propio secretario de Pesca, Andrés Arbeletche; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; representantes de la Cámaras Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), la Asociación de Pescadores Artesanales de Rawson (APARCH) y la Cámara Pesquera del Golfo San Jorge; como así también integrantes de los gremios STIA, SICONARA, SOMU, Asociación de Capitanes y el Centro de Patrones.
En el sector generó expectativas, toda vez que era una medida que se venía solicitando desde hace al menos dos años, cuando las diferentes variables de la macroeconomía comenzaron a esquilmar la competitividad de la industria pesquera.
La emergencia provincial no será la solución, pero resulta un gesto de reconocimiento de la situación de crisis que tiene la actividad, donde los elevados costos, entre ellos los salariales, han trastocado la ecuación del séptimo complejo exportador de Argentina, y el tercer sector exportador de Chubut.
La lógica es que ese ‘paquete’ de medidas de alivio fiscal que impulsa el Gobierno de Chubut entre en vigencia en la inminente temporada de langostino que debería estar comenzando a fines de octubre. En rigor, hasta el momento no ha sido elevado el proyecto por parte del Poder Ejecutivo a la Legislatura.
La condición para acceder al régimen de beneficios impositivos, por parte de las empresas pesqueras, sería que garanticen la preservación de los puestos de empleo. La Emergencia Pesquera sería por el término de un año, prorrogable en base a las variables que fundamentan su dictado.
La ley tendría como base dos ejes, uno que las empresas que mantengan los puestos de trabajo van a poder acceder a beneficios fiscales, es decir, el Gobierno hace un esfuerzo para apoyar a las fuentes de empleo y también los sindicatos ven garantizados los puestos de trabajo que hoy tiene el sector.
El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, ya tendría definido los términos de la Ley de Emergencia Pesquera y podría elevarla en los próximos días, o a su regreso de España, tras su participación de la feria Conxemar en Vigo donde acompañará al sector.