Diario La Opinión Austral – Río Gallegos
La pesca indiscriminada del recurso generó un duro impacto ambiental, renuncias e implicó a funcionarios de Cancillería. Agustín de la Fuente (CAPIP) señaló que en Argentina las leyes del sector funcionan.
La pesca argentina transita el año en las primeras planas de los grandes medios de comunicación del país, esta última semana, hubo un escándalo con el buque Tai An -bandera argentina de capitales chinos- perteneciente a la empresa Prodesur. Desobedeciendo a las leyes vigentes, la nave pescó de forma ilegal 163 toneladas de merluza negra, valuadas en USD 5 millones, según constató una comisión fiscalizadora cuando regresó al puerto de Ushuaia.
Las acciones podrían incurrir en pesca ilegal no declarada y no documentada en la Zona Económica Exclusiva, además que especialistas alertaron que la práctica ilegal implica un duro impacto a la especie, se hallaron ejemplares juveniles, de longitud menor a 30 centímetros, cuya captura está expresamente prohibida con el objetivo de preservar la especie. Por su parte, el sector empresario pidió al Estado argentino un castigo ejemplar para evitar que sucedan idénticos hechos.
Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) precisó por LU12 AM680 que en el territorio argentino “todas las merluzas están cuotificadas, la Ley Federal de Pesca establece una cuota para pescar. No es sólo necesario un permiso, sino que se le asigne una cuota” e indicó que el buque “tenía el permiso, pero no la cuota“. “La merluza negra es una especie muy codiciada en este sector productivo por su valor comercial y que los máximos permitidos de capturas son bajos para cuidar el equilibrio”, completó.
Antecedentes
El 8 de marzo pasado, previo a que estallara el escándalo ambiental en el Mar Argentino, “el barco fue previamente denunciado por maniobras sospechosas, fueron las propias compañías las que alertaron”, describió.
La Opinión Austral accedió a la denuncia realizada por Mauro Zamboni de Argenova S.A, Alan Marckern de Estremar S.A.U, y Roberto Crespo de Pesantar, se trata de firmas “poseedoras del 100% de la cuota de captura”.
Describieron que “estaría violando el Régimen Federal de Pesca” y el sistema de capturas impuesto por el CFP. De acuerdo a “ploteos satelitales, la nave realizó tareas compatibles a la pesca de merluza negra”, además de haber realizado “ofertas en los mercados de Estados Unidos y China“.
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La denuncia empresarial dirigida a la Subsecretaría de Pesca.
En esa sintonía, exigieron que “regrese a puerto y se enfrente a una comisión de descarga fiscalizadora, además de solicitar una sanción ejemplar”.
Las pesqueras, además, remarcaron que de llegar a los mercados internacionales los productos “causaría desprestigio a Argentina, la Ley Federal de Pesca y el sistema de cuotificación vigente“.
En este escenario, se realizó la requisa solicitada y el sumario administrativo. “La Ley Federal es clara y establece las consecuencias, ahora le cabrá todo el peso de la ley sobre el buque y la empresa”, dijo el entrevistado.
El escrito fue dirigido al entonces director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez. Pasados los días, producto del escándalo que generaron las acciones del buque Tai An, el funcionario de reconocida trayectoria renunció a su cargo denunciando que habría recibido una llamada amenazante de parte de un Coordinador General de la Cancillería que conduce Diana Mondino, Pablo Ferrara Raisberg. El escándalo tomó una dimensión tal que él también presentó su renuncia y fue aceptada días después por la propia canciller tras regresar de un reciente viaje de China.
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La nave pertenece al pabellón argentino a pesar de provenir de capitales chinos.
Suárez recibió la denuncia del hecho, pidió el derrotero del barco, antecedentes y parte de pesca electrónico para comprobar el ilícito y tras verificar que para ese momento llevaba capturadas 142 toneladas de merluza negra, preparó la nota para ordenar el inmediato regreso a puerto del buque, pero no pudo llevarlo a cabo, ya que habría recibido una llamada desde Cancillería, consignó el diario Perfil.
Ejemplares
“La pesquería tiene una protección internacional de bajo volumen, la merluza tiene una reproducción lenta a mucha profundidad y se establecen tallas que son juveniles a partir de 32 centímetros“, dijo más adelante Agustín de la Fuente.
“Cuando abrieron la cámara había ejemplares menores a esa talla y lo vemos como una consecuencia delictual porque atenta contra los recursos”, además que el “marco regulatorio de pesca es claro y tiene penalidades, además de un orden de cuánto se puede pescar”, describió. Las cuotificaciones son establecidas por el INIDEP, instituto científico nacional.
Agustín de la Fuente, presidente de CAPIP. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL
En esta línea, observó que “son pocos los empresarios que no cumplen, la mayoría sí lo hace. De hecho fue el propio control empresarial el que denunció las malas maniobras y esto hay que destacarlo”. Al mismo tiempo, valoró el correcto funcionamiento de los mecanismos previstos en las leyes marinas tendientes a la protección del recurso.
Se aclaró que el buque pertenece al pabellón argentino más allá que proviene de capitales chinos y “se rige por la Ley Federal de Pesca en cómo pescar, las formas, y las articulaciones con los funcionarios públicos. El que no cumple le cae todo el peso de la ley y eso fue lo que ocurrió porque actuó el SENASA, Prefectura Naval y la autoridad de aplicación”. “La primera denuncia surge del inspector a bordo que iba en el buque, es un parte digital que dirige a la Dirección de Control y Fiscalización de Pesca Argentina”.
Luego se iniciaron los trámites del sumario administrativo para iniciar las acciones correspondientes, los castigos van desde cuantiosas multas económicas, paradas en el puerto por más de 60 días, hasta pérdida misma del permiso de pesca.
Controles
Al ser indagado sobre su mirada por los mecanismo de control, precisó: “Desde nuestra Cámara tuvimos una defensa ardua durante el verano cuando se elevó al Congreso de la Nación la Ley Ómnibus, ahí se establecían modificaciones a las leyes actuales, y en ese escenario de debate destacamos que la Ley Federal de Pesca nace a partir de la depredación que tuvo merluza hubbsi en 1995 y 1996 generando un buen ordenamiento al sector”.
Recordó que “luego de más de cinco años de debates se promulgó y ordenó mucho al sector buscando hacer sustentable a la actividad y creó un órgano como el Consejo Federal Pesquero, espacio en el que participan todas las provincias y pueden establecer sus razones sociales, económicas y ambientales de la jurisdicción”. “La ley funciona cuidando a todas las especies, tenemos uno de los caladeros más cuidados del mundo y cada tanto aparece un descarriado, que cree que puede hacer lo que quiera, y claramente no es así”.
Más adelante, el referente de CAPIP repitió a “La Decana de la Patagonia” que es necesario que “haya una actuación ejemplar, todo fue en escalada porque lo ocurrido repercute en el Congreso de la Nación con pedidos de informes y explicaciones”. El primero que tomó nota fue el diputado nacional por Chubut, José Glinski, luego el diputado nacional Pablo Juliano buscando llevar claridad ante los acontecimientos que alcanzaron hasta la Cancillería Argentina.
Hacia adelante, desde el sector empresario esperan que corran los plazos administrativos y legales, para determinar el futuro del buque, pero el objetivo es dar señales claras a los mercados internacionales, ya que la pesca tiene un fuerte componente exportador generando dólares para la economía nacional y mano de obra de calidad con un fuerte impulso a las economías regionales.
Cancillería comprometida en el escándalo
El caso del buque Tai An, denunciado por pescar de manera ilegal 163 toneladas de merluza negra, una especie protegida en todo el mundo, continúa con la polémica.
La Ley Federal de Pesca establece para una falta de este calibre además de una multa millonaria y el decomiso de la mercadería, la parada en puerto por al menos sesenta días y hasta la posible pérdida del permiso de pesca. Mientras se conoció la renuncia del tercer funcionario nacional.
Guillermo Abdala Bertiche renunció a la Dirección de Acuicultura, quien se habría negado a no aplicar las regulaciones vigentes a la explotación pesquera. Además, denunció haber recibido presiones para presentar un listado con más de 50 despidos en su área, que cuenta con alrededor de 350 trabajadores. Idéntica negativa había dado Julián Suárez quien actuó como director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, pero tras ser presionado desde Cancillería por el escándalo de la merluza negra, también declinó en su labor.
Pablo Ferrara Raisberg renunció a Cancillería.
Antes, Pablo Ferrara Raisberg, presentó su dimisión como coordinador general en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, acusado de haber presionado al área de Pesca para favorecer al buque del empresario chino. Diana Mondino lo había designado como representante de la Cancillería frente al Consejo Federal Pesquero.
Ante esta dimisión, el diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto de resolución solicitando se esclarezcan los motivos de la renuncia de Ferrara Raisberg y si “realizó algún tipo de presión sobre Julián Suárez para que no actúe ante el buque Tai An”, entre otros aspectos.
Desde Chubut solicitan al Gobierno nacional explicaciones
José Alejandro Glinski, diputado nacional por Chubut, fue uno de los primeros legisladores del país que reaccionó al escándalo de la pesca prohibida de la merluza negra en el Mar Argentino.
Explicaciones
Ante lo sucedido, elevó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, informe de manera completa y detallada a esta Cámara de Diputados de la Nación, las siguientes cuestiones:
– Informe si desde el 10 de diciembre de 2023 la empresa Prodesur S.A realizó alguna presentación ante el Consejo Federal Pesquero gestión, actuación administrativa, presentación de notas o solicitudes o cualquier otro tipo de acción con la finalidad de conseguir autorización para la pesca de merluza negra por parte del buque Tai An.
– Indique detalladamente el curso que haya tenido la presentación o gestión realizada por la empresa en función de los objetivos detallados, aclarando específicamente si dicha solicitud resultó autorizada o rechazada.
– Indique si el Poder Ejecutivo de la Nación a través de las autoridades competentes en materia de pesca recibió algún tipo de denuncia sobre la posible captura sin autorización de merluza negra en el Mar Argentino por parte del buque Tai An de la firma Prodesur S.A. En caso de haberla recibido, proporcione detalle de los hechos denunciados.
– Indique cuáles fueron las medidas adoptadas por parte del Poder Ejecutivo de la Nación para determinar si existió, o no, una violación a la Ley de Pesca N° 24.922 por parte de la firma PRODESUR S.A. Indique si se inició el correspondiente sumario administrativo. En caso afirmativo, acompañe copia de la totalidad de las actuaciones obrantes en el mismo.
-Informe, en caso de haber existido una violación a la Ley de Pesca N° 24.922, si resultaron aplicadas y ejecutadas las sanciones y consecuencias previstas en el capítulo 13 de la citada ley. Indique, explícitamente, si dio la orden de regresar a puerto argentino al buque Tai An mediante los canales correspondientes. Indique explícitamente, además, si ordenó la descarga fiscalizada por parte de dicho buque en puerto argentino, a los fines de constatar la posible comisión de la infracción, y en su caso, ordenar el decomiso y actuaciones que correspondan.
– Dé a conocer si dio la orden de retirarse del área de distribución o captura de merluza negra al buque Tai An. En caso de haber tomado esta medida, fundamente el motivo por el cual no se exigió al buque Tai An el regreso a puerto argentino para la fiscalización de su carga, a los fines de determinar la comisión, o no, de la infracción públicamente denunciada.
– En caso de que no hayan sido aplicadas las actuaciones y/o sanciones previstas en la normativa vigente, fundamente los motivos y razones por las cuales el Poder Ejecutivo de la Nación decidió no tomar ninguna medida sancionatoria al respecto.
