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Habló el asesor de gobierno, Federico Sturzenegger, y trajo de nuevo al tapete la preocupación de un sector que debe responder con datos duros de lo que cuesta y paga por extraer peces del mar argentino.
El asesor libertario y cerebro del proyecto de Ley Bases y puntos de partida para la Libertad de los Argentinos, Dr. Federico Sturzenegger, invitado a un simposio en Miami a principios de febrero, hizo algunas manifestaciones donde involucró como ejemplo, al sector pesquero argentino, entre otras profundas apreciaciones respecto a la vida política del país de los últimos 50 años.
Tuvo especial preponderancia en destacar la República Corporativa, otrora la Patria empresaria lobbista, contratista y financiera. En su alocución, Sturzenegger describe un sistema de poder en Argentina donde un grupo de actores privilegiados (sindicalistas, empresarios, políticos y organizaciones sociales) coopta rentas del resto de la sociedad, aprovechándose de viejas leyes cuyo espíritu se han fomentado bajo el orden militar de décadas pasadas, en tal sentido, hace mención a la Ley Federal de Pesca, -cuando la misma fue creada en 1997 distante 14 años del último gobierno militar, y pensada a principios de los ’90, distante 8 años ya entrada la democracia.
El economista en particular, se refirió al proyecto de reforma del régimen federal de pesca, explicando que «se buscaba licitar los permisos de pesca para que el Estado obtenga un mayor beneficio, pero la iniciativa no prosperó en el Congreso debido al lobby de las empresas pesqueras«.
Hizo una fuerte crítica hacia la sociedad argentina por su falta de debate y status quo hacia la pesca en los últimos 50 años, sobre un recurso que debería beneficiar a todos.
Sobre el final, celebró el «reverdecer del debate argentino» y considera que la lucha contra la «República Corporativa» es fundamental para el desarrollo sano y próspero del país.
En su extensa presentación menciona que » Menem, Macri y el kirchnerismo intentaron combatir la República Corporativa sin éxito » y de esta forma justifica el tratamiento de los temas en profundidad a través del DNU 70/2023 y el proyecto de Ley, Bases y Puntos de partida para la Libertad de los argentinos.
Se desprende de su exposición que la estrategia del gobierno de Milei es «empobrecer a aquellos que empobrecen al pueblo» para restarles recursos y poder avanzar con las reformas; es un dato preocupante y no menor; no por el fondo de la cuestión, sino por la aplicación de criterios, en determinadas industrias que carecen del fundamento que origina la premisa, partiendo de una base muy errónea, pues el problema a lo largo de los últimos años no es la Ley Federal de Pesca que se intenta modificar equivocadamente, sino la violación sistemática de la misma, por falta de control u omisión de entes estatales de aplicación ante determinados acontecimientos irregulares, si los hubo.
Por otro lado, nada más desafortunado que pensar que «La Argentina tiene un mar lleno de peces, hay unas empresas que pescan gratis los peces de todos nosotros, en cincuenta años nadie dijo nada, qué cosa extraña…».
Algún ciudadano de bien puede estipular ¿cuál es el costo de un pez a 130 metros de profundidad y a 1300km de Buenos Aires mar adentro?, que además no debiese tener el mismo tratamiento que un bien no renovable como el gas, petróleo o cualquier mineral, puesto que se hace un gran esfuerzo por hacer sostenible y sustentable la pesquería de todas las especies; de hecho no hay ninguna agotada producto de una pésima política de administración pesquera como en otros paises.
Deja perplejo a quienes a diario llevan adelante la costosa tarea de la aventura de la pesca y reabre un capítulo que había quedado en el análisis. El sector se suma a intentar el equilibrio entre lo exigido -que no se sabe cuanto es- y lo que posible pueda pagar por esa explotación.
Siendo una de las actividades que mayor cantidad de mano de obra, emplea, así lo cuentan la cantidad de formularios F.931 todos los meses, y el Estado a través de AFIP, lo puede saber en minutos.
Hay que destacar que para que nuestro país tenga un mar lleno de peces, fue y es como consecuencia de una administración racional de los recursos vivos de nuestro mar, como lo indica el Art.1 de la Ley Federal de Pesca.
En un gran esfuerzo del sector privado empresario por cumplir el Art. 27 de la Ley Federal de Pesca, un trabajo descomunal del INIDEP por establecer las pautas para pescar el máximo posible sin deteriorar la salud de la biomasa identificando la Captura Máxima Permisible (CMP) por especie, por el contrario, hacerla crecer, de ahí surge el cumplimiento del fundamento biológico de la Ley; y por último, y fundamental, el acompañamiento del sector gremial y trabajador, que se sumó a una Ley que en sus inicios también les fue adversa, y lo pudo superar, donde hubo momentos que siquiera tenían la cantidad suficiente de materia prima para elaborar, desarrollar su trabajo y recibir un salario acorde a la necesidad alimentaria de su hogar.
Por otro lado, si la percepción desde el Estado es netamente recaudatoria, y solo si, el Estado no recaudó lo esperado, es como consecuencias de los desacoples de los Derechos Únicos de Extracción (DUE) -Art.45 Ley 24.922- que ajusta semestralmente (ver Resolución CFP Nro.8/2023) ; en un país que tuvo una espiralización inflacionaria que dejó a las Unidades de Pesca (UP) desactualizadas al precio de 1 litro de gasoil al 30 de Septiembre de 2023 a $374; mientras el actual es de $1106 como consecuencia de la inflación vivida desde octubre 2023 a la fecha.
Como así también el desajuste de los coeficientes de UP entre las especies, una foto de precios ponderados interespecies de hace más de 20 años que no aggiornan coeficientes a la realidad de los precios de hoy, en muelles y mercados internacionales; pues la primera resolución que dio inicio a la aplicación del DUE es la Resolución CFP Nro.10/2000.
El problema, como se ve, en lo económico, no es del sector privado sino de la incapacidad del Estado que no supo, o no quiso, solucionar de fondo el problema del deterioro del valor de su moneda; y en materia pesquera, del Estado argentino, por no hacer cumplir el rigor de la Ley Federal de Pesca entre sus administrados.
Ahora bien, tratar al sector todo, por irregularidades puntuales, en principio es arbitrario, inexacto y falaz; si hubo irregularidades, no precisamente en la especie merluza es donde mayor cantidad se podian haber detectado, pero es producto del pésimo funcionamiento del Estado nacional y varios provinciales, quienes lo permitieron.
Por lo expuesto, las falencias del Estado nacional las intentan prorratear entre privados, algo que escapa a las ideas de libertad que se pregona desde la asunción de las actuales autoridades políticas del país.
Sin dudas, el sector pesquero aporta muchísimo más de ese 0.15% que aún no se entiende a que se refiere el Dr. Sturzenegger, que no solamente tiene que ver con lo económico y fiscal, sino con el aporte social y productivo para el desarrollo de las ciudades ribereñas, pero por sobre todo, por el aporte a la ocupación de los confines del límite soberano argentino, lugar que es apetecible por potencias mundiales y que gracias a las pesca, hoy no están ocupadas, al margen de la labor de patrullaje que desempeña Prefectura Naval y la Armada Argentina.
Solo basta controlar y fiscalizar bien cada estamento público y privado, para poner en rigor a algunos participantes si es que sacaron ventajas de operaciones al margen de la Ley como lo venimos publicando desde hace más de 6 años, y no precisamente con la merluza sino con el langostino, pero eso, es otro tema que escapa a esta nota.
No obstante, sería más digno y honorable que el Estado nacional fije cual es el precio que pretende recaudar por la actividad primaria extractiva de las especies cuotificadas y seguramente se encontrará un punto de equilibrio. Un razonamiento lógico entre ciudadanos de bien que luchan por vivir en un país digno, productivo y pujante; y una industria operativa, en el mar y en tierra, por más de 350 días al año derramando trabajo a más de 100.000 familias argentinas en forma directa e indirecta.
