Diario La Capital de Mar del Plata
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Mar del Plata acaba de ganar dos batallas -triunfos no definitivos, cabe aclararlo- de singular importancia para la economía de la región. Dos situaciones que preocupaban a vastos sectores y que por ahora quedarán afuera de la discusión parlamentaria. Gracias a la unidad y la presión ejercida por las autoridades políticas locales, legisladores provinciales y nacionales, gremios, prensa, entidades intermedias y profesionales, el Gobierno nacional decidió, cuando constató que no contaba con los votos para llevar adelante ambas iniciativas, retirar del paquete que conforma la ley ómnibus -y que está siendo tratada por la Cámara de Diputados de la Nación- los proyectos de reforma de la Ley Nacional de Pesca y el que excluía a General Pueyrredon y decenas de localidades más de la denominada Zona Fría, con lo cual rige una reducción en la tarifa del gas domiciliario. Miles de puestos de trabajo se hubiesen perdido en la pesca, aseguraban empresarios del sector, al tiempo que la boleta de gas, que tendrá fuertes aumentos, con el retiro de “Zona Fría” hubiese sido impagable para numerosos marplatenses y batanenses. La unidad de todas las fuerzas políticas con representación en el distrito permitió que ambos proyectos naufragaran. Cuando se quiere, se puede…
Acciones, las anteriores, que se registraron en la antesala del 150º aniversario de la ciudad a celebrarse con fiestas y recitales populares durante varias jornadas a partir de la noche del viernes y que encontraron a la clase dirigencial local encolumnada, como pocas veces se vio, sin fisuras, en la lucha contra dos medidas que iban a perjudicar a los habitantes de Mar del Plata. No obstante, quedan valiosas lecciones, especialmente en lo referente a la pesca, un sector que siempre mostró divisiones, pujas internas y poco anclaje en la comunidad local. Porque, más allá de generar miles de fuentes de trabajo, los marplatenses no parecen sentir una identificación plena con esta notable actividad económica y comercial. ¿Culpa de los marplatenses o de los empresarios del sector con sus movimientos y acciones endogámicos? La pesca marplatense, tras lo vivido en los últimos días, cuando la actividad estuvo al borde del knock out, está en deuda con la ciudad. Sin lugar a dudas. Debería llegar el tiempo de la autocrítica de los hombres y mujeres que conforman el mundo de la pesca y trazar estrategias de cara al futuro. Porque nadie puede garantizar hoy que este Gobierno no vuelva a la carga con su proyecto, lo cual ya ha sucedido con todos las gestiones anteriores que ni bien asumen ven en la industria pesquera un interesante botín recaudatorio. La diferencia entre el proyecto trunco del actual gobierno con los anteriores es que el de Milei se caracterizó por la ferocidad recaudatoria y el total desconocimiento de las cuestiones básicas que rigen a la actividad. No hubo diálogo ni consultas, pretendiéndose imponer un régimen que pudo haber funcionado en Namibia pero no aquí.
“El proyecto era un disparate pero cuidado que en lo referente al aporte del sector hacia el resto de la sociedad argentina, ante la explotación de un recurso que es de todos, la iniciativa incluía algunas verdades dolorosas. Seremos nosotros quienes ahora deberíamos unificar una propuesta superadora y llevársela al Gobierno antes que vuelvan a la carga”, reconocía el fin de semana uno de los empresarios más fuertes del sector en un encendido y rico contrapunto con un legislador de la ciudad. “Mar del Plata se la jugó por ustedes pese a que la pesca muchas veces parece estar radicada en otro planeta”, disparó el diputado provincial, quien se preguntó “cómo es posible que las empresas más importantes, por ejemplo, no se hayan puesto nunca de acuerdo para levantar y solventar un centro de salud en el puerto o un jardín de infantes o si se quiere una plaza y cedérsela a la Municipalidad, como sí lo hizo alguna vez el sector de la construcción. ¿Cómo es posible -continuó- que no puedan hacer una Fiesta de los Pescadores, como Mendoza tiene la de la Vendimia? ¿Cómo se entiende que las calles linderas a muchas de las plantas pujantes y modernas del puerto pidan a gritos ser asfaltadas desde hace años cuando se convirtieron en festivales de baches?”, acotó. Y cerró preguntándose, ante la mirada atónita del empresario, cuántas toneladas de pescado fresco o congelado cedieron las empresas pesqueras locales a comedores comunitarios o a Desarrollo Social de la comuna en los últimos años? Abran las empresas, muéstrensela a los marplatenses, y también abran las billeteras y no le den la espalda a la ciudad que los bancó como pocas veces se vio”, dijo despidiéndose.
“Analizando con frialdad y conciencia la visión que tiene el Gobierno del sector, es difícil refutar algunas alocadas premisas que en el fondo todos sabemos que algo de sustento tienen. Podríamos hacer una lista de infinitas explicaciones, pero quienes deambulan desde hace al menos seis años los pasillos del Consejo Federal Pesquero y la Subsecretaría de Pesca saben que algo de peso, sustento y razón tienen”, se señalaba en un duro editorial en el sitio especializado pescare.com.ar. Y añadía que la Ley Federal de Pesca “se violó sistemáticamente, y por acción u omisión, hay muchos responsables que si las nuevas autoridades y la justicia fuesen serios y no se cumpliese el pacto de silencio y no investigación del pasado inmediato, deberían estar dando explicaciones en Comodoro Py, fundamentalmente algunos integrantes del Consejo Federal Pesquero que hoy parecen desentenderse que fueron quienes tuvieron la cuota máxima de aporte para que un ente colegiado que rige la legislación de la pesca pase a ser un garito”.
En ese fuerte editorial publicado por pescare.com también se salió al cruce de quienes manifiestan que el caladero está en equilibrio y creciendo en toneladas, cuando otros desaparecieron. Si bien se reconoce que es cierta la situación, se apunta al tamaño de lo que se captura (“el caladero argentino se ha convertido en una pesca de juveniles”) y a la reproducción de los metros cúbicos de bodegas de flotas enteras sin el aval o el sustento legal. Y se remarcó que el impacto del proyecto “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” fue “tan violento y arbitrario” que justificó la peregrinación por medios de difusión y espacios políticos por parte de muchos que jamás abrieron a la opinión pública su actividad. “Había que desactivar una bomba y valía todo para aquello, a tal punto que las líneas de norte-sur, congelador-fresquero, gremios-empresarios y el antagonismo de cámaras del sector con diferentes intereses no se tuvieron en cuenta, poniendo en práctica aquello de que no los unió el amor sino el espanto”, se resaltó.
De los encuentros concretados entre representantes de la pesca y funcionarios del Gobierno nacional se desprende que para las actuales autoridades, el sector primario extractivo no paga lo que debiese pagar por extraer un recurso de todos los argentinos. Para el Gobierno, el Consejo Federal Pesquero no es un lugar donde se consensúa la política pesquera, teniendo como premisa el cumplimiento riguroso de la Ley Federal de Pesca 24.922, sino un entorno plagado de vicios y negociados entre representantes de provincias que le hicieron mucho daño a la eficiencia de la administración de las pesquerías y además violaron serialmente la ley que lo fundamenta. A su vez, están convencidos en al menos dos ministerios del Gobierno que el sector es un núcleo cerrado de no más de diez grupos empresariales “que se llevan todo el Mar Argentino y no desean que ingrese nadie. No quieren competir y por eso les cae tan mal el tema de las licitaciones”, añaden. A todo esto, el 31 de diciembre vencen las cuotas de CITC, por lo que será necesario buscan un instrumento que mejore la participación y libre competencia para buscar el mayor lucro para el Estado.
“La pesca, a la corta o a la larga, va a tener que pagar por lo que extrae”, le comentaba a periodista de este medio un funcionario del Gobierno nacional que acompañó este fin de semana al presidente Javier Milei en su visita a Mar del Plata. Desde el sector se insiste con que hoy se abona ese tributo, a través del Derecho Único de Exportación (DUE), aunque esos fondos son coparticipables, llegando a las provincias y a distintas instituciones como Escuela Nacional de Pesca, Inidep, Armada y Prefectura. Fondos que no llegan al Tesoro Nacional, por lo que el Gobierno pretenderá cobrar un canon o arancel de captura por un tiempo determinado, adecuar un modelo de DUE -consignaba el artículo de pescare.com.ar – para que llegue a las arcas nacionales pero además actualizado en precios e interrelación de especies. Por allí, el de la recaudación de más fondos para el Gobierno, pasará seguramente la próxima discusión.
“Todos los gobiernos, ni bien asumen, miran a la pesca como un lugar de donde obtener recursos económicos inmediatos. Lo hicieron los gobiernos de facto, lo hizo Alfonsín, lo repitió Menem y lo intentó De la Rúa con los charteos, lo intentó Kirchner y, por suerte, un casi colapso nos obligó a resolver la cuestión definitivamente”, sostuvo por su parte Mariano Retrivi, presidente de Capear Alfa. “Ojalá -añadió- que La Libertad Avanza no cometa el mismo error. Sin duda, se pueden discutir mejoras en el ámbito del Consejo Federal Pesquero, pero lo que no se puede es detonar al sector y un sistema que mediante consenso, trabajo e inversión, formó una industria pujante que está en su máximo rendimiento sustentable en lo biológico y económico”, especificó.
La entidad que preside Retrivi, tras conocerse el “retiro” del proyecto por parte del Ejecutivo Nacional, sostuvo en un documento que la pesca argentina “sigue en alerta, trabajando en pos de los mejores resultados de nuestro país. Hoy más que nunca -añade- los sectores pesquero y naval deben unirse en un trabajo mancomunado en defensa de nuestra soberanía, en el crecimiento adulto de nuestras industrias y en la generación de divisas”. También la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata agradeció al intendente, al gobernador, a diputados y senadores nacionales y provinciales y concejales de distintos partidos que “bregaron para que esta reforma fuera retirada”. Y reconoció que “nos queda un enorme aprendizaje de esta triste experiencia vivida y también la autocrítica de comenzar a trabajar más profesionalmente en la difusión de las actividades que realizamos desde la industria naval y de la pesca argentina. Seguiremos trabajando para reconstruir la confianza perdida y continuar con el proceso de renovación de la flota pesquera”, finalizó el documento de la CIN.
Sería auspicioso que el Gobierno, así como pretende recaudar más por la pesca, ponga el mismo empeño en controlar lo que sucede al borde de la milla 200, con la presencia de centenares de buques extranjeros que siguen depredando e ingresando a menudo en aguas jurisdiccionales argentinas cuando no existen controles. No es un tema nuevo. Los últimos gobiernos nunca le dieron importancia al tema pese a los encendidos reclamos. Lo cierto es que cerca de 500 buques llegan a pescar en la milla 201 en algunas épocas del año. Esa flota está compuesta principalmente por barcos poteros de bandera china, cuya captura es el calamar Illex argentino. Además, operan en la zona unos 90 pesqueros arrastreros congeladores, mayormente españoles, que pescan todas las especies que salen de nuestra plataforma. Y unos 20 palangreros coreanos y taiwaneses que capturan merluza negra y abadejo, arrojando unos 350 mil anzuelos diarios. Justamente, mientras se escriben estas líneas, en esa zona hay más de 300 barcos operando en la zona, recibiendo el apoyo de cuatro buques petroleros para la recarga de combustible en alta mar.
La competencia es desleal, claro está. La actividad de los barcos que operan en la milla 201 se encuentra fuertemente subsidiada por sus países de origen, por ejemplo, en la provisión de combustible. Además, los barcos de bandera española, al ingresar con los recursos capturados en el Atlántico Sur a la Unión Europea, no pagan aranceles. También hacen negocios los “países amigos”, como Uruguay. En 2021, Uruguay abrió la licitación internacional para la construcción de una terminal pesquera en el puerto de Montevideo con la expresa intención de brindarle apoyo a la flota china que opera en el Atlántico Sur. La licitación quedó desierta por falta de oferentes, por lo que la administración nacional de puertos de Uruguay terminó haciéndose cargo de la obra, con una inversión de más de 100 millones de dólares.
