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Por: Roberto Garrone
La industria pesquera y naval viven uno de los peores fines de semana de los últimos 15 años. Desde que hordas de forajidos prendieron fuego fábricas en Puerto Deseado, invierno del 2007, que el sector no atraviesa días tan difícilesl como ahora.
El anuncio del nuevo borrador de Ley Ómnibus con “modificaciones” en el capítulo de la reforma a la ley de pesca, donde no hay siquiera una coma que sirva al desarrollo de la actividad, y los derechos de exportación que retiran a 35 economías regionales pero la pesca no forma parte de ese grupo y parece condenada a comenzar a pagar 15% para todos los productos exportables, generaron un combo difícil de digerir en el sector.
Hablando de exportaciones, se conocieron las cifras finales del 2023. La pesca exportó 447 mil toneladas y generó 1757 millones de dólares, 2,3% menos de divisas que el año 2022. Estos números, aportados por CAPECA, pueden anticipar la debacle que se aproxima.
Si no se logra revertir este esquema confiscatorio del 15%, las cifras serán aún más bajas. Nadie podrá exportar productos con agregado de valor y por ende se resentirá el empleo. Menos divisas y menos puestos de trabajo, justo lo que dicen necesitar los libertarios. Extraordinario.
Volvamos a la novela del verano. Licitación de las cuotas para empresas nacionales, descargas en puertos argentinos y la flota con tripulantes nacionales. La reseña oficialista desencadenó una lluvia de comunicados de las cámaras sectoriales repudiando la iniciativa y activó rondas de consultas para determinar cómo siguen esta semana.
“Los cambios que el gobierno aceptó modificar”, dicen los medios. O sea que se deroga el Artículo 27 bis, que establecía los méritos para acceder a renovar la cuota, se mantienen las facultades extraordinarias para el Subsecretario a la hora de emitir nuevos permisos de pesca, se licua la representación federal del Consejo Federal Pesquero y se mantiene también la locación a casco desnudo de barcos para especies excedentarias. Hermoso todo.
“Ya no sabemos qué más hacer. Se debate solicitada, conferencia de prensa o suicidio masivo”, confesaba un directivo de una empresa nacional ayer por la tarde. El barcazo para el 10 de febrero, cuando Mar del Plata cumpla 150 años por ahora se piensa como última carta.
Lo peor de todo es que el desastre que provocan al sector nace de una combinación perfecta entre el desconocimiento y el convencimiento más absoluto. En situaciones cruciales como esta, la propia cuotificación de merluza en 2008, hubo contribuciones del sector privado para salir mejor parados en el reparto. Hoy nadie del gobierno, ni que responda a él, está pasando la gorra para que el proyecto se archive. Mejor no demos ideas; lobbystas emprendedores, sobran.
Decepcionados por eso, algunos creen que hay tiempo todavía para convencer a los radicales y a los del PRO. En Mar del Plata será hora que Guillermo Montenegro demuestre que aprendió todos los argumentos que le dieron las cámaras empresarias y los gremios que integran la multisectorial para oponerse al proyecto y pedir que la ley actual no se toque
“Vos tenés que elegir, tu partido político o tu ciudad”, le dijo Pablo Trueba esta semana al intendente de General Pueyrredon. Hasta ahora solo pronunciaron su repudio CaIPA, CAPEAR ALFA, la cámara de la Industria Naval y CEPA, por orden de aparición.
Veremos si Montenegro tiene margen para ponerse al frente del reclamo de Mar del Plata cuando ya no tiene oxígeno financiero siquiera para pagar los sueldos de los municipales. Ya no tiene ningún sentido la reunión que buscó promover con Guillermo Francos porque el gesto de flexibilidad del gobierno ya se consumó con los cambios propuestos.
Qué hará Juan Antonio López Cazorla si las modificaciones se convierten en ley. Renuncia como anticipó a algunos interlocutores o se mantiene para colaborar desde el lugar que pueda. Esta semana se anotó el primer logro de gestión: la reincorporación de los 26 contratos caídos en el INIDEP.
El entierro del proyecto/negociado del buque Ice Class, que a través del BID, el Instituto tenía previsto mandar a construir a Armon, no es de él, pero igual se grita como un gol.
También en el INIDEP recibió el jueves por la tarde a una comitiva reducida de empresarios y dirigentes sindicales. Una presentación modesta donde nadie prestó mucha atención a lo que dijo, atentos a lo que se negociaba en las comisiones del Congreso.
Reducida porque un rato antes, el Subsecretario de Pesca participó de un almuerzo en La Farola, invitado por no se sabe quién porque hubo directivos de CaIPA, CEPA, Cámara de Armadores y de la Asociación de Embarcaciones Costeras.
No parece una buena señal, o es innecesario marcar diferencias, cuando todo el sector está haciendo frente, unido, a la pelea más importante del nuevo siglo, y se lo iba a encontrar un par de horas más tarde, en el INIDEP. Con tantos intereses contrapuestos, posiblemente lo más difícil para López Cazorla fue elegir de la carta qué almorzar.
El otro que quedó completamente desdibujado con el proyecto modificado fue Nacho Torres. El Gobernador de Chubut no para de cosechar fracasos. El despacho mayor de la Subsecretaría de Pesca, afuera; el sillón del Poder Ejecutivo en el Consejo, afuera; sacar el proyecto de ley de pesca de la Ley Ómnibus, afuera.
Eso debe haber dolido más. Horas antes había mantenido un zoom con varios referentes de la actividad donde había renovado su compromiso de trabajar para eliminar de plano todo el proyecto reformista. A esta altura muchos ponen en duda el verdadero poder de Torres en el tablero político nacional.
Al menos tuvo éxito con los allanamientos que convulsionario Chubut el viernes a la madrugada y que deja la puerta abierta a la intervención del SUPA, algo que desde esta columna anunciamos hace dos semanas.
Las pericias en los celulares de Vera, Villarroel, Zambrano y Analef, permitirán acceder a elementos vitales para la causa por extorsión que impulsaron algunas empresas de estiba en Rawson, que se oponían a firmar el reajuste paritario pretendido por el gremio y sufrían paros sorpresivos en medio de la temporada de langostino en aguas nacionales.
Paros que se flexibilizaban cuando las empresas pagaban las coimas solicitadas por Alexis Gutiérrez, el único que no estaba en su domicilio la madrugada del allanamiento. De qué valores: el precio de 1500 cajones, por mes, por empresa, para cada uno de los dirigentes.
En el entorno de la fiscal Florencia Gómez creen que alcanzará con los teléfonos de sus compañeros de comisión directiva para demostrar la complicidad en las maniobras. Las pericias en las cuentas bancarias de los implicados ya habían dejado pocas dudas.
Buen domingo.
