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Sitio de Internet – El Marplatense

El pedido se realizó este viernes en una manifestación en la escollera sur del puerto donde además indicaron que se sumarán a la movilización del próximo 24 de enero.

Tal como se anunció, conductores navales efectuaron este viernes una protesta en el Monumento de los Pescadores ubicado en la escollera sur del puerto.

La convocatoria se da en un contexto de defensa de la soberanía nacional y en rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 y el proyecto de ley «Bases» enviado al Parlamento.

Sobre esto, el secretario general de SICONARA, Mariano Vilar explicó a que se debe la protesta: «Hasta ahora lo que se sigue debatiendo en el Congreso es la Ley original. Más allá de varias manifestaciones que venimos escuchando, hoy lo que se está debatiendo es la modificación de la Ley de Pesca que entrega nuestra soberanía y entrega nuestros recursos en el mar argentino».

«Lo que esperamos es que directamente sea eliminado de la Ley ómnibus el capítulo pesca. Eso es nuestra pedido, no queremos ningún tipo de modificación, ningún tipo de nada, porque es una ley que hoy está funcionando, que costó mucho conseguir, que respeta la federalización y que tiene un rol muy fuerte en las provincias que no deben perder».

«Lo que nosotros estamos pidiendo, más allá de la derogación total del DNU y la derogación total de la ley de pesca, que no se trate la Ley ómnibus, lo que pedimos es que puntualmente la parte de pesca sea eliminada».

«Tuvimos varias reuniones, también en la Cámara de Diputados, el Somu ayer también estuvo con diputados del Frente de Todos que están en contacto con el Gobernador. Y entendemos que se está trabajando en pos de esta eliminación. Pero hasta ahora, la realidad es que lo que se está debatiendo en el Congreso es el proyecto original».

En este sentido, afirmó que «el próximo 24 de Enero marcharemos en la localidad de Mar del Plata junto con la CGT local. Y en Buenos Aires lo haremos con la CGT Nacional a la plaza de los dos congresos».

Sitio de Internet – Ahora Mar del Plata

El vicepresidente de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata expuso en el marco del Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados por el tratamiento de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

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Contessi expuso en el marco del Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados por el tratamiento de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (17.01.24)

«Ya han expuesto antes los representantes del sector pesquero, yo ahora lo voy a hacer en términos de la industria naval. ¿Por qué lo voy a hacer en términos de la industria naval? Porque la industria naval está en este momento revitalizándose gracias a la renovación de la flota pesquera, y esta modificación de la ley ha puesto en riesgo todo eso”, dijo en el arranque de su exposición.

“Para la industria pesquera, la Ley entrará en vigencia a partir del momento que se sancione, lo cual esperamos sea sin este capítulo y que se liciten las cuotas dentro de un año. En cambio para la industria naval, los efectos nocivos ya han entrado en funcionamiento ahora. Nadie va a contratar un nuevo barco, nadie va a encargar una nueva construcción si no sabe si va a poder acceder a una cuota. Esto nos ha hecho caer contratos, nos ha hecho paralizar nuevas construcciones de manera inmediata”, afirmó.

“No me voy a referir a artículos como el 25 o 40 que se refieren por ejemplo a la posibilidad de descargar en puertos extranjeros o utilizar tripulaciones extranjeras, porque creo que son demasiado obvios. Me voy a referir solamente al tema de la licitaciones, ya sean nacionales o internacionales y el impacto que tienen. Ya hablé del impacto que tiene en nuestra industria. Veamos el impacto en nuestros clientes: sin clientes, no existe industria naval», señaló.

Además agregó: “Las licitaciones de una pesquería desarrollada e histórica como es el caso de la Argentina, no se aplican en ningún país del mundo, solamente se aplican en países que no tienen pesquerías desarrolladas como pueden ser Samoa o como pueden ser las Islas Malvinas o República Dominicana, o se han aplicado por ejemplo en Namibia cuando se independizó el país y no tenía industria. Pero en una industria ya existente no se aplica en ninguna parte del mundo. Esto generará inmediatamente concentración, desempleo y marginalidad. ¿Por qué digo esto? por ejemplo en el recurso más importante que tenemos, que es la merluza, actualmente hay 150 buques operando, tenedores de cuota, esto se podría reemplazar simplemente por diez barcos. Diez barcos tendrían la misma capacidad de pesca que 150 buques, dejarían a decenas de miles de personas en la calle en las más de 277 plantas en tierra. Es un absurdo total”,

“Generaría también sobre explotación inmediata, porque solamente son cuatro recursos cuotificados, el resto de los recursos no están cuotificados. advirtió Entonces si nosotros agregamos nuevos operadores a la pesquería, el resto de los operadores, lo que van a intentar es salvarse, y por ende van a ir a pescar los recursos no cupificados, y en esto debe entenderse que todo el caladero argentino se encuentra en su máximo rendimiento. Lamentablemente para nosotros, que nos dedicamos a construir barcos, no se pueden construir nuevos barcos. Nosotros nos dedicamos a reemplazar buques, o sea, para entrar un nuevo buque, hay que reemplazarlo”,

“Este proyecto de ley de la licitación implica nuevos operadores, lo cual sería devastador para la sobreexplotación pesquera. También genera una enorme litigiosidad, los legisladores más antiguos se acordarán cuando se sancionó esta ley en el año 1998, que después de la década del ’90, donde se generó una sobreexplotación justamente por ingreso masivo de buques del extranjero, se sancionó esta ley. Hasta ese momento, todos los permisos de pesca eran perennes e irrestrictos. El sector pesquero accedió a renunciar a esa perpetuidad, pero con las condiciones de un artículo 27, que era un artículo meritocrático, que decía que si uno invertía, que si uno empleaba gente, que si uno generaba valor en el país, que si no se cometían infracciones, podía volver a acceder a cuotas, ahora se saca todo eso, se borra toda la parte meritocrática del artículo 27, y se lo reemplaza por una mera licitación.”

“Obviamente, quien se presente nuevo, sin la mochila de empleo, inversiones, obviamente que va a estar beneficiado, ahora, ¿qué pasa con quién no gana la licitación? ¿Cierra la empresa? ¿Despide la gente? ¿Cómo se maneja esto?”, preguntó el presidente de Astilleros Contessi.

“Este sistema es imposible de aplicar, si no existe en forma previa, una expropiación e indemnización de toda la gente. Estamos hablando de 46.000 puestos de trabajo directos, de 806 buques con permiso de pesca y de más de 277 plantas elaboradoras”, apuntó

“La recaudación sí va a disminuir porque lo que se va a recaudar por la licitación, va a ser muchísimo menos a lo que está hoy aportando el sector pesquero en materia, solamente en derechos de exportación, en los últimos 20 años, 2300 millones de dólares aportó el sector pesquero”, precisó,

“Y acá estamos en un sistema donde ni siquiera le obligamos a exportar desde puertos argentinos, un disparate. Pero también en aportes patronales, en cargas sociales, en impuestos a las ganancias, en cánones pesqueros -que se pagan cánones pesqueros-, la recaudación disminuirá irremediablemente”, advirtió.

“Se va a licitar la materia prima de una industria, esto no sucede en ninguna otra industria, se va a resetear una industria cada 15-20 años, esto tampoco sucede en ninguna industria por varios motivos: el primer motivo es porque hay inversiones que no se amortizan en quince, veinte años, y el segundo motivo es porque si estaríamos por ejemplo, a punto de licitar, en los cinco o seis años previos nadie invertiría, todos esperarían a ver cómo sale la licitación para ver si invierten, esto es lo que nos está pasando ahora», sostuvo.

Por último Contessi dijo: “Tenemos un año, hasta el vencimiento de las cuotas, y en este año vamos a parar a la industria naval y vamos a poner en riesgo la industria pesquera, realmente es gravísimo. Quiero aclarar que tanto la industria naval, como la industria pesquera, somos sectores extremadamente competitivos, nos encanta competir, pero acá hay un error conceptual. Esto, reitero, no se aplica en ninguna parte del mundo. Por último, quiero terminar con el tema que todos los sectores industriales han hablado, el tema de los derechos de exportación. Entendemos el momento crítico que vive el país y la necesidad de recaudar, pero no debemos cometer el error de aumentar derechos de exportación en forma plana, que van a significar menos exportaciones y menos empleos, entonces lo que sugerimos es que haya un escalonamiento que se aumenten, pero respetando los actuales porcentajes, con un escalonamiento, para que el impacto no sea tan grande”.

Sitio de Internet – Ahora Mar del Plata

Industriales del sector pesquero reclaman al gobierno, y en especial al Congreso, que no modifiquen la Ley Federal de Pesca por los riesgos de pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas.

Un documento difundido por la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) reclama a autoridades del Ejecutivo y legisladores nacionales que rechacen cualquier modificación de la Ley Federal de Pesca que se impulsa desde el proyecto de “Ley Ómnibus” y advierten que cualquier cambio “pondrá en peligro la existencia de las empresas y el nivel de ocupación de su personal”.

Advierten como errores la modificación pensada para la distribución de cuotas de pesca que, se acuerdo al proyecto oficial, se propone que “se liciten al mejor postor” con el que se dejaría de lado un sistema que contemplaba “inversiones, las exportaciones que había efectuado en todos los mercados del mundo, el nivel de ocupación de mano de obra argentina y los productos elaborados”.

Consideran que por ese camino se dejan de tener en cuenta las consecuencias que esas licitaciones pueden tener para las empresas que actualmente desarrollan esa actividad “y sobre todo, para el personal de las empresas que puedan perder la cuota con motivo de una licitación”.

En cuanto al caladero palpitan un impacto negativo ya que al oferente en el marco de la sugerida licitación de cuotas no se le exigirían “garantías por incumplimientos a la legislación pesquera que pueda producir”.

“Se elimina la obligación de descargar los productos de la pesca en puertos argentinos, con las consecuencias que ello puede significar para el nivel de ocupación existente en esos puertos”, dicen sobre uno de los impactos directos sobre la mano en tierra. El otro, señalan es sobre la industria naval. “Se pone en riesgo todas las inversiones realizadas por la misma y su actividad”, dicen desde Caipa.

Como ejemplo citan que, a consecuencia de este proyecto, se produjo “inmediata cancelación de todos los proyectos de construcción de buques que existían” puesto que los armadores “no tienen certeza de si luego podrá obtener una cuota para poder operar” con esa embarcación.

“Se proyecta la eliminación de la obligación de tripular los buques con tripulación argentina”, afirman y acotan que tampoco se protegerá el caladero en aguas nacionales.

Recuerdan que legisladores, como así también los gobernadores de las provincias con litoral Atlántico y los intendentes de las ciudades portuarias “ya advirtieron de las imprevisibles consecuencias socio económicas que la aprobación del proyecto podían ocasionar”.

Diario Jornada – Trelew

La fiscal jefa de Rawson, Florencia Gómez, solicitó la realización de allanamientos simultáneos en las viviendas particulares de cinco dirigentes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, en el marco de una investigación por denuncias de parte de empresarios pesqueros quienes aseguraron ser víctimas de extorsión y amenazas.

La fiscal Gómez recibió tiempo atrás en Rawson denuncias de un grupo de empresarios de la pesca por presunto cobro de dinero por fuera de los convenios, donde dirigentes de la cúpula del gremio habrían exigido determinados tipos de cobros amenazando con que no descargaban la mercadería o no mandaban gente a trabajar. Esto además en reiteradas oportunidades.

Según confirmó la fiscal, “hay un grupo de empresarios de la pesca de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Rawson que denunciaron por extorsión a la cúpula del SUPA, que les exigían determinada cantidad de dinero a cambio de liberarle la gente para trabajar”.

En este tiempo “hubo medidas de restricción y posteriormente, al continuar con la investigación, la jueza Ivana González autorizó cinco allanamientos; uno en Madryn, dos en Rawson y dos en Comodoro Rivadavia, que se realizaron este viernes a las 6 en forma simultánea por parte de personal de las Brigadas de Investigaciones de las tres ciudades”.

En los mismos “se buscaban los teléfonos porque con ellos se comete el delito de la extorsión, hay una serie de comunicaciones entre los distintos empresarios denunciantes y esta gente exigiendo los pagos”.

La investigación está caratulada como “extorsión y amenazas” porque no sólo los empresarios fueron amenazados sino también sus familias. El monto del que se investiga el delito alcanza a una cifra millonaria.

El comisario general Cristian Ansaldo, director de Policía Judicial, agregó que los allanamientos “tuvieron resultados positivos en la mayoría, ya que se secuestraron celulares de cada una de las personas involucradas”.

“No hubo inconvenientes, las personas colaboraron con la entrega de celulares y los mismos se realizaron en sus viviendas particulares”. #

Sitio de Internet  – Mar y pesca noticias patagónicas

Las diligencias se llevaron adelante en las ciudades de Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia por la presunta comisión de delitos de extorción y estafa

La denuncia por coimas y extorsión llegó a mano de la fiscal general de Rawson Florencia Gómez, quien tras estudiar las evidencias presentadas ordenó una serie de procedimientos en los domicilios de los principales dirigentes del gremio de los estibadores, en busca de más elementos probatorios de los mencionados delitos, ocurridos presuntamente en medio de una medida de fuerza salvaje lanzada en el puerto de Rawson.

En los domicilios de los dirigentes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos se secuestraron celulares, computadoras y documentación.

Las diligencias se desarrollaron en las ciudades de Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, en donde ingresaron a los domicilios de los delegados de Rawson Igor Vera, Villarroel Claudio, Zambrano José y Analef Juan Carlos.

El único que no estaba en su domicilio fue el líder del gremio Alexis Gutiérrez, alias Gallo.

La denuncia apunta a Igor Vera, Villarroel Claudio, Zambrano José, Analef Juan Carlos y el propio Alexis Gutiérrez, por un delito que tiene una pena de entre cinco y diez años de prisión.

Los peritos contables del Ministerio Público Fiscal habían realizado cruces de información referidas a cuentas bancarias, donde se acreditaron importantes sumas de dinero, lo que se considera una prueba crucial en la investigación.

La denuncia data de octubre del año pasado y se suma a otras presentadas, por ejemplo, por la Flota Amarilla, contra una serie de dirigentes y delegados, no solamente por coimas, sino también por “entorpecimiento y daño ambiental” por una medida de fuerza que hizo que se pudrieran 300 toneladas de langostino a bordo de las embarcaciones que se negaron a descargar. Esta denuncia se encuentra en la justicia federal, donde también se pide una reparación económica para el gremio por las pérdidas provocadas, la cual se estima en unos 3 millones de dólares. (LU17)

Sitio de Internet – Pescare – Mar del Plata

En el transitar de conocer más sobre el tema (casi único) que atraviesa a la Argentina, los testimonios de personas con experiencia y conocimiento son imprescindibles a la hora de “poner blanco sobre negro”.

Días atrás PESCARE dialogó con el reconocido Oscar Fortunato (nota que generó gran impacto) y que sirvió para abrir un abanico aún mayor del acostumbrado para que manifestaciones de conocedores tengan más difusión que la habitual desde nuestra redacción.

Buscando una mirada más, desde el lado de la apreciación ambientalista, esta Editorial dialogó con el abogado y Master en Derecho Ambiental, Dr. José Alberto Esaín.

Desde el lugar que ocupa el derecho referido al medioambiente, el letrado sostuvo que “básicamente lo que yo observo, está relacionado con que hay un problema muy grave, que es la eliminación del requisito del desembarque en puerto, lo que puede traer como consecuencia es una pérdida de la capacidad de control del Estado, respecto de la actividad que se realiza con relación al recurso, permitiendo tanto transbordo como desembarco en puertos que están fuera del control de la jurisdicción nacional.”

“Ese es un problema muy grande para cualquier mecanismo que el Estado quiere implementar de control, respecto al esfuerzo que se hace sobre el recurso del sistema productivo”, sostuvo el abogado.

Eso sería en líneas generales podríamos decir, ¿y desde el Derecho Ambiental?

Por una posición ideológica, moral, de Derecho Ambiental, mi posición es una posición que no es una posición extrema, lo que creo es que los recursos se deben utilizar de manera racional, permitiendo la sostenibilidad en el tiempo, permitiendo que las generaciones futuras puedan gozar del mismo recurso para satisfacer sus necesidades que la generación presente.

Esta falta de control puede traer un problema muy grande, que uno no puede tener control respecto a la actividad que se realiza sobre el recurso, y por lo tanto esto puede conspirar contra la pérdida de muchas especies, ponerlas en crisis y provocar una pérdida.

Además tiene un efecto colateral que es este: en el mundo existe una política de lucha contra la pesca ilegal, no declarada, no registrada y no reglamentada si lo ajustamos al nombre técnico.

Los países de la Unión Europea, Estados Unidos, que reciben exportaciones de productos pesqueros, impiden las exportaciones de los países que no tienen una política fuerte en esa materia.  Este tipo de retrocesos, este tipo de reformas, pueden provocar un retroceso también en ese sentido. Pueden ser problemáticas porque pueden incidir en la balanza comercial Argentina.

Valdría decir que a la hora de la reforma ni siquiera se ha tenido en cuenta esta última apreciación que usted hace y que también se debería poner sobre la mesa.

Claro, es así, no se hizo una evaluación de la incidencia que tiene la reforma en materia de exportaciones en materiales de exportaciones para la Argentina. Lo mismo pasa con el artículo que reforma la Ley de Bosques. Hay un artículo que elimina la deforestación en las categorías 1 y 2 de bosques, y Europa está exigiendo en el Reglamento de Lucha contra la Deforestación, que los países luchen contra la deforestación, si no, no les deja ingresar, entre otras cosas, carne y soja.

Si se reforman esos artículos, puede tener como consecuencia, siendo pragmático -no hablando de temas de derecho ambiental-, siendo bien economicistas, podemos tener una salida del ingreso, en la pérdida de mercados y la condena a trabajar en mercados que tienen un valor mucho más bajo los productos, mercados mucho menos desarrollados.

Básicamente, en lugar de avanzar o al menos poder mantener algunos mercados, entraríamos en retroceso y Europa exige una política de lucha contra las políticas pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas, por eso el Dr. Esain sostiene que “que hay que evaluar desde el punto de vista económico la incidencia que tiene para las exportaciones argentinas”.

“Además la reforma de la Ley de Pesca tiene otros inconvenientes graves. Por ejemplo licúa el poder del Consejo Federal Pesquero, lo reduce, lo erosiona, y ese órgano es el órgano donde las provincias se encuentran representadas.  La ley está pensada para coordinar, para concertar los intereses de las aguas de jurisdicción y dominio de las provincias, con las aguas de jurisdicción nacional” sostuvo el especialista también abogado de CEPA.

“¿Cómo hace la ley para resolver eso? forma un consejo en donde están todos los actores, provincias y Nación (Poder Ejecutivo Nacional) para decidir sobre ese sector común. Si uno  bombardea ese órgano, corre el riesgo de licuar los derechos que tienen las provincias para tomar decisiones sobre un espacio común. La Ley tiene sobre el final, un mecanismo de adhesión las provincias. Estas adhieren y envían sus representantes al Consejo”, manifestó el abogado.

Llevando más claridad ante tanta maraña informativa y de conceptos, el jurista que posee un Master en la Universidad del País Vasco, relató que “si esta reforma unilateral por el orden jurídico nacional (porque es una “ley contrato” del formato de las llamadas leyes de adhesión), si una parte, Nación, unilateralmente produce una reforma, las provincias podrían revisar su adhesión, y desavenir a la Ley, porque el órgano en el cual se veían representadas, no está siendo un órgano que tenga la capacidad política de toma de decisión.”

Esta es una las visiones que prácticamente nadie tuvo en cuenta con respecto a la adhesión o no de las provincias. Entiendo que las provincias podrían no adherir, ¿esto es así?

Hoy están adheridas, lo que podrían hacer, es denunciar el Régimen, lo que pueden hacer es: aprobada la reforma, decir “me voy del sistema”. Se corre ese riesgo con una reforma unilateral, aunque alguien podría decir “si los Senadores de las Provincias, aprueban estas reformas, las provincias estarían también adelantando una adhesión”.

El problema central con que arranqué mi explicación era: se licúa el órgano donde las provincias participan. Si le sacan funciones al Consejo Federal Pesquero, las provincias tranquilamente podrían poner el grito en el cielo y desaderir de la ley. Eso traería un descalabro del sistema. Por eso es que la reforma, es una reforma que abre una caja de Pandora. Usted no lo sabe el proceso, en una ley convenio, cómo puede terminar, porque la Ley de Pesca es una ley convenio.

Uno de los problemas que tiene esta Ley Ómnibus, es que está reformulando, reformando muchas leyes de diferente naturaleza, en materia ambiental, desde presupuestos mínimos, en materia de pesca leyes convenio como es la Ley de Pesca. Todas esas reformas de un plumazo, sin considerar el formato que tiene cada una de las normas, es un tema.

Corriéndonos un poco del tema pesquero, aunque tiene vinculación, ¿cómo ve desde su lugar de jurista el tema de las prospecciones offshore que se están realizando?

Hoy hay seis, siete proyectos que están en diferentes estados de tramitación ante el Ministerio de Ambiente de Nación. Los trámites de evaluación de impacto ambiental, en algunos casos se han celebrado en audiencias públicas, en noviembre del año pasado se celebró una audiencia pública por uno de los proyectos. Son proyectos en muy diferentes áreas de jurisdicción nacional en el mar. Algún proyecto está bastante cercano a la costa de Mar del Plata, inclusive más cerca que el proyecto que más ruido trajo, todavía en ese trámite no se convocó audiencia pública, pero es un tema sobre el cual me parece que debería la ciudadanía Mar del Plata, las empresas de Mar del Plata, empezar a poner el foco, no digo para que no se haga, sino para revisar los aspectos técnicos y evitar que traigan impactos y sobre todo consecuencias a las actividades pesqueras o productivas que la ciudad tiene, porque es un proyecto, que a diferencia del proyecto más conocido que estaba como más de 300 kilómetros, este está a alrededor de 170 kilómetros de la costa.

Este sería un proyecto nuevo…

No tan nuevo porque está en trámite hace tiempo, ahora está en instancia de que en algún momento se convoque a audiencia pública. Sería interesante que las autoridades, los sectores productivos, puedan intervenir y corregir si hay aspectos del proyecto que necesitan ser corregidos. No estamos en contra de la actividad, pero lo que sí queremos, es que se realice con todos los recaudos necesarios para evitar que haya impactos que puedan ser graves sobre la población, la salud, el medio ambiente, las actividades productivas de la ciudad.

¿Se tendrían que “dar la mano” la actividad de la exploración offshore con la pesca para sacar esto adelante y que ninguno se vea perjudicado?

Nunca la pesca estuvo peleada, no debería darse la mano con alguien con quien que nunca estuvo peleado, no es necesario.

Se lo digo desde el punto de vista de realizar acuerdos, ya que no han tenido conflictos, y realizara acciones en conjunto en buenos términos y decir: vamos para adelante.

Hablo ahora como abogado de CEPA. Lo que ha hecho la cámara, es ser celoso, revisando que los proyectos no tuvieran consecuencias ambientales, cuando las había las señalamos, muchas fueron tomadas en cuenta y se corrigieron. Se tomó con mucha responsabilidad los trámites y en ese sentido la postura es que las actividades en el mar, nadie puede arrobarse que sea dueña del mar, por lo tanto las actividades en el mar se realizan entre diferentes actores.

Lo único que sí es necesario, es que el Estado intervenga ejercitando el poder de policía y evitando que haya consecuencias para otras actividades productivas, de pesca o las consecuencias que puede tener para el ambiente.

Las consecuencias que se produzcan sobre el ambiente, por la actividad hidrocarburífera, repercutirá también sobre la pesca, porque es la pesca utiliza un recurso que depende del ambiente. Está todo interrelacionado. Esa es la postura que siempre ha tenido CEPA y yo también personalmente. Nunca he estado en contra de la actividad hidrocarburífera.

Ahora sí creo que es una actividad que debe ir desinteresándose, el país debería tener una política de energía renovable, avanzar en eso y pensar en este tipo de actividades en un marco de una transición energética, pero no pensarse como un país, que en el futuro pueda tener este tipo de desarrollo, porque la economía del mundo que viene, es una economía que va a ir desinteresándose de este tipo de energías.

Diario del Fin del Mundo – Ushuaia

En medio de negociaciones y cuestionamientos, la incertidumbre rodea la propuesta del Gobierno Nacional de modificar el sistema pesquero que, según Carlos Cantu, Secretario de Pesca de Tierra del Fuego, ha funcionado durante más de dos décadas. Mientras sectores expresan preocupaciones, se espera claridad en el próximo lapso.

Ley de Pesca Incertidumbre en la Industria Pesquera Argentina

n el centro del debate pesquero argentino, surge una incertidumbre palpable, marcada por las palabras de Carlos Cantu: «Para nosotros es todo un dilema, porque no está claro hasta dónde quiere llegar el Gobierno Nacional». Este desconcierto se nutre de la propuesta gubernamental de cambiar un sistema que, según diversas voces del ámbito, ha operado con éxito durante más de 20 años.

«Porque todos los sectores que uno pueda consultar, que tengan que ver con la actividad, hay una impresión unánime de que la cosa funcionó», destaca el Secretario de Pesca de la provincia. La comunidad vinculada a esta actividad económica, que aportó más de dos mil millones de dólares en exportaciones el último año, muestra una unidad de opinión respecto al funcionamiento del sistema actual.

La inquietud se profundiza al considerar que la pesca es la segunda fuente de ingresos más importante para la provincia, después de los hidrocarburos. «Después de hidrocarburos, es la actividad que mayor ingreso le genera a la provincia», subrayó Cantu, resaltando la relevancia económica de la industria pesquera en la región.

En el marco de las negociaciones, los gobernadores de las provincias patagónicas expresaron sus dudas a través de un documento conjunto. «Nadie entiende. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Por qué se quiere cambiar un sistema que funciona?». La ausencia de respuestas claras por parte del Gobierno Nacional deja a la comunidad pesquera en vilo.

Sin embargo, hay un destello de esperanza en la disposición al diálogo: «Han aceptado, por lo menos, sentarse y revisar cuáles eran sus propuestas». Este gesto de apertura sugiere la posibilidad de ajustar las propuestas iniciales, las cuales parecían orientadas a «destruir a un sector que, en este año que terminó, exportó más de dos mil millones de dólares».

El impacto económico de la pesca va más allá de las cifras de exportación. «Lo que impacta en el puerto el manejo de los pesqueros, en cifras, es un valor muy importante», subrayó Cantu resaltando la multiplicidad de fuentes de empleo y actividad relacionadas con esta industria.

Por otro lado, respecto a la disminución en algunos volúmenes de captura, el funcionario explicó que se debe a la inactividad del «Centurión del Atlántico», el buque más grande de la flota, el cual se encuentra en reparación. «La actividad se va a recuperar prontamente», asegura un informante, mitigando preocupaciones sobre la coyuntura actual.

Sitio de Internet – El Retrato de Hoy Mar del Plata

El sector pesquero y naval rechazó de manera contundente las recientes modificaciones propuestas por el gobierno nacional a la Ley Federal de Pesca. Aunque la gestión de Javier Milei aceptó algunas condiciones en relación al Régimen Federal de Pesca, como mantener la obligación de desembarcar en Argentina y asegurar que el sistema de licitaciones no será internacional, la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa) y la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera emitieron un comunicado expresando su máxima alerta.

Ambos grupos advirtieron sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo insista en la licitación de cuotas, la modificación de la Ley Federal de Pesca 24.992 y el aumento de impuestos, aspectos que generan gran preocupación en la pesca argentina. Asimismo, la Cámara de la Industria Naval rechazó enérgicamente la nueva propuesta de modificación de la ley, destacando que limitar el problema a ciertos aspectos específicos es un grave error.

Las organizaciones del sector pesquero argentino han expuesto informes técnicos y científicos en las últimas semanas, demostrando las graves consecuencias que tendrían las modificaciones propuestas. Advierten que la depredación, concentración, desempleo, marginalidad, litigiosidad, inseguridad jurídica, primarización de exportaciones y otras problemáticas serían consecuencias inmediatas de un proceso de licitación que no se ajuste a los estándares históricos y desarrollados a nivel mundial.

Ante este panorama, instan al poder ejecutivo a reconsiderar la información proporcionada y a detener la “pulseada absurda” que paraliza la industria naval y pone en vilo a la industria pesquera. Exhortan a las autoridades a comprender los perjuicios que enfrentarían los sectores industrial pesquero y naval argentino si no se eliminan las modificaciones propuestas a la ley y el aumento de impuestos.

En última instancia, confían en que los legisladores, incluso del oficialismo, serán capaces de frenar y rechazar íntegramente las secciones problemáticas del proyecto de Ley Ómnibus. Diversas entidades, como la Cámara de la Industria Pesquera Argentina y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), también expresaron su rechazo y preocupación ante las modificaciones propuestas.

En este sentido el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) también emitió este sábado un comunicado para manifestar su “preocupación y rechazo” respecto a las modificaciones presentadas a la Ley Federal de Pesca.

“El CEPA, al igual que todas las instituciones empresarias y gremiales representantes de la Industria Pesquera y de la Industria Naval argentina manifiesta su preocupación y total desaprobación a las modificaciones a la Ley Federal de Pesca incluidas en el Proyecto de ley denominado ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ que fuera remitido a la Cámara de Diputados de la Nación por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.

Remarcaron que “los artículos 242 a 253, referidos a la actividad pesquera, simplemente destruirían un sistema que hasta la fecha, venía funcionando sin inconveniente alguno y que no era cuestionado por ninguno de los operadores del sector”.

“El proyecto afecta a la Industria Naval, poniendo en riegos todas las inversiones realizadas por la misma”, aseguraron y advirtieron que “desde el mismo momento de la presentación de este proyecto se cancelaron todos los proyectos de construcción de buques que existían, debido a la falta de certezas que implica para los empresarios que invierten el esquema de licitación previsto”.

“Esperamos que se rechace el proyecto presentado”, concluyeron.

Diario El Chubut – Comodoro Rivadavia

En el muelle del Puerto Rawson, se realizó ayer por la tarde un «banderazo» en contra de la reforma laboral y las modificaciones previstas para la Ley de Pesca, contenidas en la denominada Ley Omnibus que propicia el Gobierno Nacional y que probablemente tendría tratamiento y resolución esta misma semana.

El banderazo fue organizado por gremios de la pesca, como el Siconara, SOMU y Centro de Patrones. Durante el reclamo, el secretario general del Sindicato de la Industria de la Alimentación (Stia) y delegado regional Virch y Puerto Madryn de la CGT, Luiz Núñez, expresó su acompañamiento «a los compañeros marítimos que hoy llevan adelante este banderazo, en repudio al tratamiento de una reforma de la Ley Federal de Pesca, que está contenida dentro de la Ley Omnibus, y como integrante de un sindicato que representa a los trabajadores de las plantas de procesamiento de productos de mar, sector que también va a ser altamente perjudicado con estas modificaciones», sostuvo.

Sitio de Internet – Parte de Pesca – Mar del Plata

Por Nelson Saldivia

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, consideró que en caso que el nuevo esquema de derechos de exportación, propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en la Ley ómnibus, sea aprobado, habrá otra instancia de negociaciones con el Ministerio de Economía para gestionar una reducción a nivel sectorial.

“A partir del trato con los funcionarios nacionales soy optimista, porque si bien estamos frente a un conflicto, todos sabemos que este nivel de derechos de exportación nos deja directamente afuera de competitividad”, expresó Arbeletche durante la cumbre pesquera al analizar las alternativas que quedan para revertir la suba generalizada de los DEX al 15% para todos los productos y derivados de la pesca, tal como lo plantea el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

“Lo bueno es que nos escuchan, desde Economía están dispuestos a ver los números. Nos han pedido que mostremos técnicamente el impacto de los derechos de exportación, y los que estamos en la actividad sabemos que es así, que en este nivel perjudican, casi de muerte, a la industria”, enfatizó el titular de la cartera provincial de pesca.

“Está el compromiso de Economía que lo van a ver y si es necesario lo van a cambiar. Desde ese punto de vista soy bastante optimista; el Gobierno nacional escucha con un sentido económico, no ideológico en contra de la industria, sino todo lo contrario”, destacó el funcionario.

Durante ese encuentro, el Gobernador de Chubut le había advertido al sector que “no tenemos número para voltear el tema de retenciones. Y ahí la pelea se tiene que dar desde otro lado”, y sugirió que en la mesa sectorial que quiere armar el gobierno, donde las provincias van a tener representación, la industria pesquera “debe organizarse como sector, dejar de lado los regionalismos, e ir con una propuesta concreta”, les planteó como desafío a marplatenses y patagónicos por igual.

Con todo, transcurren horas decisivas, en la noche del jueves, el oficialismo logró arrimar posiciones con bloques opositores y se acerca la firma de un dictamen del proyecto de la Ley Ómnibus, donde se develará cómo queda finalmente redactado lo referente a la pesca y, en consecuencia, cómo llegará al recinto, donde estarían los votos para ‘voltear’ la reforma pesquera. Al tiempo que entre los temas que el Gobierno estaría dispuesto a ceder es retrotraer la suba de retenciones a las ‘economías regionales’, dónde a la pesca se la incluyó el año pasado en el denominado Programa de Incentivo Exportador.