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En las horas finales de un proceso trascendental que da sustentabilidad, certeza y previsibilidad al sector pesquero y naval, avizorando la inminente definición de la cuotificación de las especies pesqueras restantes para los próximos quince años, el clima se enrareció.
Este proceso, que ya asignó las cuotas de Vieira oportunamente, incluye ahora la Merluza de Cola, Merluza Negra, Polaca y Hubbsi, y se ha tornado más complejo en las últimas horas debido a la irrupción de actores clave y de pretensiones provinciales que generaron tironeos dentro del propio recinto. Algunas provincias con justificadas razones; otras distanciadas al artículo 27 de la Ley Federal de Pesca 24.922 a simple vista parece una apreciación menor. No lo es.
Están quienes desean hacer uso de sus atributos, y quienes al momento de la etapa final buscan un mejor perfil hacia adelante con menos sustentos evidentes, algo ya oportunamente informado a nuestros lectores en sucesivas notas. Este es el órgano para discutir las posiciones de interés de cada una de las provincias con litoral marítimo, representando a cada uno de sus grupos empresarios, la masa salarial de trabajadores y los propios intereses sociales y económicos de cada representación, por ende, todos juegan dentro del cuadrilátero que el propio recinto tiene atribución.
Uno de los factores que ha elevado la tensión es la aparición de representantes de las provincias con intereses en el reparto. El Ministro de Producción de Santa Cruz, Gustavo Martínez, junto a Ricardo Ancell Patterson, han presentado una propuesta que, basándose en la Ley Federal de Pesca, solicita una ampliación de la cuota de Merluza Hubbsi para la provincia, argumentando un cálculo propio de 30.000 toneladas. De manera similar, la provincia de Río Negro ha sumado sus demandas, aunque sin los fundamentos tan bien argumentados y detallados en la presentación de Santa Cruz, abogando, además, por la necesidad de revisar los coeficientes de conversión de los equipos de procesamiento en plantas de buques congeladores. Algo que en el fondo, y a instancias de la tan cargada situación cuasi desesperante del sector que desde el 27 de diciembre lleva adelante en hechos de público conocimiento, o bien podía esperar o bien podía haberse tratado en otra instancias, por lo que se juzga a priori y según propios consejeros, como algún otro interés en esta instancia de negociación, pero totalmente entendible, la provincia de Río Negro desde hace algo más de un año decretó la emergencia pesquera.
El escenario, que se preveía concluir de manera razonable con un reparto de las cuotas basado en criterios históricos (50%), empleo (30%), inversiones (15%) y el cumplimiento de normativas penalizando infracciones a lo largo de los ultimos años (5%), en una polinómica busca equidistante equilibrio y armonía en todo el sector, ha quedado desdibujado por estas nuevas intervenciones.
Durante varios días de debates intensos, en un esfuerzo casi sobrehumano, en la modalidad taller, donde todos los consejeros, representantes del PEN y órganos satélites del Estado Nacional han dedicado gran parte de su vida en estos últimos meses por encontrar consensos y el camino a una cuotificación sin mayores inconvenientes, diversas provincias, especialmente Buenos Aires, han defendido los intereses de cada grupo empresario de manera superlativa, bajo el liderazgo de figuras experimentadas como Carlos Damian Liberman, ex hombre de Pesca y a quien pocos podrán refutar su dedicación y experiencia en el sector, como la propia Carla Seain bajo la conducción del ministro Javier Rodríguez; sería muy injusto no exteriorizarlo.
Con gran trabajo, ya se alcanzaron consensos preliminares sobre especies como la Merluza Negra, Polaca y Merluza de cola, cuya resolución final se espera en las próximas horas, nos aventuramos a informar.
Sin embargo, en medio de este proceso técnico y político, ha surgido un inesperado escándalo que podría alterar el curso de los acontecimientos. Según un informe publicado por el medio La Política Online, un presunto pedido de soborno de 15 millones de dólares por parte de emisarios del gobierno ha llegado a la Embajada de Estados Unidos. Este soborno, supuestamente destinado a facilitar la asignación de derechos de pesca de merluza en el Mar Argentino, habría sido denunciado por la empresa española Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity.
El trasfondo de estas tensas negociaciones radica en la inminente renovación del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), que expira el 31 de diciembre. Según las mismas fuentes, en una reunión secreta celebrada en un lugar de Plaza de Mayo, un emisario del gobierno habría insinuado la necesidad de un pago para asegurar los beneficios de las empresas involucradas durante los próximos quince años. Esta situación ha generado alarma en la industria pesquera y el propio recinto que recibió la noticia “como un balde de agua fría”.
Según la publicación de LPO, este incidente ha sumado aún más presión sobre las divisiones internas del gobierno, donde figuras como Santiago Caputo, Lule Menem y el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ha sido crítico del sistema actual de asignación de cuotas, calificando de insuficiente la tasa de Derechos Únicos de Extracción. Esta pugna, reflejo de intereses contrapuestos en torno al control de los recursos pesqueros, deja entrever las tensiones que podrían definir no solo el futuro del sector pesquero, sino también las dinámicas de poder dentro del gobierno, por cuanto en un marco complejo de negociaciones dentro del propio órgano legislativo, filtra una variable más que podría desestabilizar la armonía y equilibrio dentro del marco netamente técnico reinante.
Para el sector, solo resta esperar que las aguas turbulentas encuentren la tranquilidad que permita navegar con mar claro y buen tiempo, no será la primera vez que el sector transita una tormenta, máxime cuando la pesca termina siendo una moneda de cambio para otros temas alejados del ancestral oficio de pescar.
