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Sitio de Internet – Parte de Pesca – Mar del Plata

Cinco cámaras empresariales representativas de la flota fresquera de altura anunció que en las condiciones actuales resolvieron no participar de la temporada de langostino de aguas nacionales. La categórica determinación se da en momentos que toda la flota congeladora tangonera sigue en puerto hasta tanto los sindicatos acepten reducir el componente dolarizado de producción.

“Ante la crítica situación que atraviesa la cadena productiva industrial pesquera fresquera y ante la inminencia de apertura de la zafra anual de langostino”, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCyF), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA), la Cámara Pesquera Argentina (CAPEAR ALFA), la Cámara Pesquera del Golfo San Jorge y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), hicieron saber que los barcos colorados quedarán amarrados a muelle.

En forma conjunta marplatenses y patagónicos acaban de dar un duro golpe de timón. “Enfrentando una crisis que conduce al quebranto debido al notorio aumento en los precios de insumos y servicios que han puesto a la industria pesquera en jaque, lo que se suma a deficientes medidas de manejo en la pesquería de langostino. Por ello, se declaran en unidad y decisión firme de no participar en la Zafra Nacional de Langostino en tanto no sean garantizadas las condiciones mínimas de operatividad, costos y ventas, además de definiciones claras en el contexto cambiario actual, dólar blue y remarcación de precios”, comunicaron este miércoles.

FIN DE “LA TABLITA”, TODOS A CONVENIO

Las empresas con buques colorados de altura agregaron que hubo consenso y “se han acordado medidas en forma conjunta” y en tal sentido las resoluciones adoptadas, incluyen, “cumplimiento de los convenios vigentes. Cada armador liquidará a convenio la totalidad de los tripulantes de cada buque pesquero, rechazando categóricamente tablas alternativas referenciales unilaterales”.

PLAN DE MANEJO

Otro de los planteos, en este caso para la autoridad de aplicación y el Consejo Federal Pesquero: “Requerimos un plan de manejo adecuado, acorde las numerosas presentaciones efectuadas por todas las cámaras firmantes, el cual garantice una zafra en condiciones eficientes y sin sanciones arbitrarias o injustificadas”, agregaron.

PRECIOS MÍNIMOS GARANTIZADOS

Luego que en la última semana trascendiera que las plantas de procesamiento no pagarán la materia prima de los fresqueros que pesquen en aguas nacionales por encima de 1,80 dólares, los colorados de altura decidieron: “Nos comprometemos a no operar en valores inferiores a los de la Zafra Nacional 2024, asegurando que los precios reflejen un mínimo razonable. El primer eslabón, representado por los armadores, no puede ni debe aceptar condiciones desfavorables que comprometan su sustentabilidad”, argumentaron.

PROPUESTAS

El sector no solo planteó cuestionamientos y reclamos, sino que también formuló propuestas. “Unidad y autocrítica. Llamamos a la industria a actuar priorizando la unidad y la revisión de prácticas obsoletas para construir un futuro sólido y sostenible. Comisión de análisis de precios. El dólar blue ha ejercido una presión extraordinaria sobre los precios en el mercado, llevando a proveedores a remarcar precios en función de este tipo de cambio, a menudo mucho más alto que el oficial. Instamos a la creación de un equipo especializado que evalúe los precios de bienes y servicios para implementar medidas de deflación urgente y normalización de los precios vigentes, ajenos a la realidad macro del sector fresquero”, puntualizaron.

EN BUSCA DE UN EQUILIBRIO

Finalmente, en el comunicado donde anuncian que no saldrán a pescar a aguas nacionales, los fresqueros de altura “ratificamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todos los integrantes de la cadena productiva pesquera, en busca de un equilibrio que garantice estabilidad y progreso. Seguir operativos y productivos en un esfuerzo común a todos.

Resulta imperativo modificar en conjunto los puntos críticos que afectan a esta cadena industrial productiva, por lo cual invitamos a todos los armadores pesqueros a analizar propuestas, trabajar, aunar esfuerzos y voluntades”, concluyeron.

Con todo, el sector de los colorados de altura es mucho más heterogéneo que el de congeladores, y de hecho ya hay barcos fresqueros pescando arriba del 41°, pero sin dudas que cinco cámaras realicen este anuncio conjunto pone a la actividad en un punto de inflexión.

Sitio de Internet – Lo que pasa.net – Mar del Plata

El diputado provincial de Unión por la Patria presentó un proyecto de declaración en la Legislatura bonaerense para repudiar el decreto del Gobierno nacional, que habilita la importación irrestricta de maquinaria y embarcaciones usadas.

El diputado provincial Gustavo Pulti (Unión por la Patria) presentó un proyecto de declaración en la Legislatura bonaerense para repudiar el decreto 273/25 del Gobierno nacional, que habilita la importación irrestricta de maquinaria y embarcaciones usadas.

“La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, elimina controles estatales clave y permite el ingreso sin restricciones del equipamiento descartado por países desarrollados, afectando gravemente a la industria nacional”, indicó el legislador.

A su entender, “defender la industria argentina es defender el trabajo, la investigación y el desarrollo”, por lo que “este decreto significa abrirle la puerta al descarte del mundo, con consecuencias directas en el empleo, la seguridad operativa y el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”.

El decreto nacional deroga el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), instrumento que hasta ahora regulaba el ingreso de maquinaria industrial en desuso. “Su eliminación permite la entrada masiva de equipos antiguos y obsoletos, sin condiciones ni evaluaciones técnicas”, explicó Pulti, y apuntó: “Ya lo vivimos durante la convertibilidad. Se destruyó la industria naval, se desmanteló la cadena de valor de la pesca y se perdieron miles de puestos de trabajo por el ingreso indiscriminado de embarcaciones usadas. Hoy volvemos al mismo modelo de liquidación industrial”.

La iniciativa denuncia además el impacto estructural que tendrá la medida en municipios bonaerenses con alta concentración industrial. Son 25 los municipios que concentran más del 65% del PBG (Producto Bruto Geográfico) industrial y más 74% del Producto Industrial de la provincia, “generando miles de empleos directos e indirectos que ahora están en riesgo”.

El ex intendente señaló que General Pueyrredon es unos los tres principales aportantes al Producto Bruto Geográfico de la provincia junto a La Plata y La Matanza. Mencionó que representan, a su vez, el 3% de la producción industrial bonaerense, y que concentra el 93,6% de la actividad pesquera de la provincia.

“Con la vigencia de este decreto, no se construirán más barcos ni se desarrollarán nuevas maquinarias nacionales. Se sustituye producción argentina por equipamiento descartado, y eso compromete nuestra soberanía tecnológica y laboral”, advirtió.

Pulti observó que “esta medida no es nueva”, debido a que “durante la década del noventa se aplicó una política similar y las consecuencias fueron devastadoras”. En ese sentido, puntualizó que “entre 1992 y 1999 ingresaron al país más de 100 embarcaciones que podrían haberse fabricado en la Argentina”.

El proyecto también pone el foco “en el desequilibrio que esta política genera en términos ambientales, de sanidad, logística y sustentabilidad”.

“Esta no es una política de desarrollo, es una política de resignación. Convertirnos en el último eslabón del descarte industrial del mundo es un daño al que no debemos resignarnos”, añadió Pulti.

Diario El Atlántico – Mar del Plata

El presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, destacó el muy buen ritmo de los trabajos en ejecución.

Las tareas de dragado que se ejecutan en canales de acceso y espacios operativos interiores del puerto de Mar del Plata registran a la fecha avances superiores al 50% de la obra proyectada y se estima que este último tramo se completará en los próximos 45 días.

El plan diseñado estima la remoción de unos 350.000 m3 de sedimentos y tiene un costo total del orden de los 6,5 millones de dólares, inversión que se encara en su totalidad con recursos del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

“Es muy importante el ritmo de avance logrado con esta obra pública que afrontamos con fondos propios, acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires y un crédito confiado por el Banco Provincia”, destacó el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez.

Resaltó que se trata de uno de los desafíos más importantes porque “suma previsibilidad y garantiza operatoria segura” para las embarcaciones que tiene amarre o hacen estaca en esta terminal.

Los trabajos se pusieron en marcha a fines de enero con la draga Omvac 10, de la firma española Canlemar, que hace algunos años ya ejecutó una obra similar en este mismo puerto. “Se trabaja en doble turno, con 8 a 16 cargas por jornada según condiciones de tiempo”, explicó el capitán de la embarcación, José María Chema.

Transcurridos más de dos meses y medio de obra consideró que “más de la mitad del trabajo que tenemos por realizar ya se ha completado”.

Gutiérrez estimó que los trabajos se completarán en un plazo máximo de un mes y medio y destacó un valor agregado que tiene esta obra de dragado, ya que la arena removida en canales de acceso y el banco que se forma en torno al morro de la Escollera Sur se vuelca frente a Playa Varese. “Contribuye a mejorar el espacio público en nuestro frente de playas céntricas”, explicó

Diario La Opinión Austral – Rio Gallegos

El encuentro realizado en el Anexo de la Cámara de Diputados y fue encabezado por Gustavo González.

En el marco de un encuentro con los dirigentes de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FE.SI.MA.F), empresarios y cámaras del sector, la diputada nacional Sabrina Selva (Unión por la Patria), expresó que su bloque impulsará una sesión especial para derogar el DNU 70/2023. La reunión, tal cual había adelantado La Opinión Austral, realizada en el edificio Anexo de la Cámara, fue encabezada por el diputado santacruceño Gustavo González (Unión por la Patria). En el centro de la escena estuvo la oposición al DNU que promueve la desregulación la Marina Mercante y el Cabotaje Nacional.

Según el medio Ser Industria, al abrir el debate, González, vicepresidente de la Comisión de Intereses Marítimos, ámbito natural de este tipo de encuentros, señaló que ese cuerpo no se reúne desde que asumiera el santafesino Gabriel Chumpitaz. Tras ratificar esa situación, Sabrina Selva se comprometió junto a los diputados presentes a defender el trabajo y la producción nacional. Adelantó su decisión de discutir en el recinto el DNU 70/2023, que ya fue rechazado en el Senado, con la intención de juntos los votos para lograr su derogación.

Pedirán sesión especial para derogar el DNU que desregula la pesca

Finalmente, consideró que el gobierno de Javier Milei destruye la industria y “tiene la decisión política de llevarse puesta a la soberanía y para eso necesitan eliminar la marina mercante y la industria naval“. La inquietud y preocupación de los trabajadores nucleados en la FE.SI.MA.F, surgió a partir del proyecto de DNU que elaboró el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.

La norma apunta a desregular la actividad de la marina mercante, el cabotaje nacional y la industria naval, abriendo las aguas argentinas a empresas y trabajadores de otros países. Asimismo, derogaría los Convenios Colectivos de Trabajo, reinstalando medidas que produjeron resultados negativos en los 90′. En el mismo sentido, el sector expuso su repudio al DNU 273/2025 que habilita la Importación de Bienes de Capital Usados y elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU).

Sitio de Internet – Pesca Chubut – Chubut

El 19 de septiembre de 2024 cerró aguas nacionales para la pesca de langostino y desde esa fecha la mayoría de las tripulaciones de los barcos congeladores tangoneros está sin navegar, solo cobrando los garantizados.

El SOMU acaba de ratificar que “si es el 30% a la baja o nada, será nada”, al dar cuenta que no hay alternativa a negociar nada, y a la luz de la posición de las empresas propietarias de 113 barcos que siguen en muelle, la temporada de langostino de aguas nacionales corre serio riesgo, según publicó Parte de Pesca.

Hoy se cumple la quinta semana desde que la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación habilitó la pesquería de la especie langostino fuera del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza y solamente un barco salió a pescar, y más de un centenar quedó en puerto.

Al día de la fecha no hay negociación en curso, ni fecha de próxima audiencia, de modo que cerrará abril con los barcos congeladores langostineros amarrados y sus tripulaciones en sus casas.

NEGOCIAR CON LOS BARCOS PESCANDO

El medio de la cerrada posición del sindicato de la marinería de no prestarse a dialogar, desde la Asociación Argentina de Capitanes se propuso, la semana pasada, acordar un ‘mecanismo transitorio’ para reencausar la situación y que la flota salga a navegar a la busca del marisco, mientras se prosigue con la negociación, al tiempo de advertir que es necesario que desde el Gobierno nacional se involucren en la problemática, ya que consideran que, además de los costos laborales, también se debe rediscutir la presión tributaria que se aplica sobre la actividad pesquera.

La Asociación de Capitanes ha hecho un aporte interesante bajo la lógica de la mesura para no profundizar el conflicto y con la experiencia de saber que mes que se pierde no se vuelve a recuperar.

Sobre el impacto y las consecuencias de continuar en este punto, Jorge Frías dijo días atrás: “No se si es cierto, ni quien pierde más, sí sé que cada trabajador pierde su día de producción, su día de trabajo y entonces me lleva a la reflexión del porque el diálogo no es el protagonista. ¿Quiénes se benefician con la dilación?”, se preguntó para posteriormente avanzar en una propuesta concreta, la de buscar un mecanismo temporal y transitorio para que la flota congeladora retome la actividad y se continúe discutiendo la problemática de fondo, es decir, seguir negociando, pero con los barcos pescando.

IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO

Desde el 17 de marzo, hay 113 buques o sea 113 unidades productivas, que están detenidas, lo que afecta gravemente las economías locales y no solo a los sectores de vínculo directo a la cadena productiva de la pesca.

La paralización de la flota no solo afecta a los empresarios y a los miles de tripulantes, sino que también impacta en la comunidad de las ciudades portuarias, además de impedirle al país el ingreso de más divisas por exportaciones.

El caso de Rawson es un ejemplo de la historia reciente. Si hubiera sido por la conducción nacional del SOMU, -según reveló el propio Raúl Durdos-, la flota amarilla no hubiera salido a pescar porque ellos no hubieran firmado lo que finalmente se acordó.

A pesar de la dirigencia del sindicato de marineros, hubo acuerdo, la flota salió a pescar y se logró una temporada récord en volúmenes de captura, con las tripulaciones trabajando noviembre, diciembre, enero, febrero y la mitad de marzo.

En el caso de la flota congeladora tangonera ya comenzó el segundo mes se parate, los que irremediablemente no se recuperarán, al tiempo que la dilación hace peligrar la campaña de aguas nacionales.

Sitio de Internet – Mar y pesca noticias patagónicas

Este lunes se realizaron las elecciones en el Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos (SUEPP) de Puerto Deseado. Alejandro Blatt fue reelecto como secretario general tras imponerse al exconcejal Raúl Mella.

El nuevo mandato será por tres años. Blatt señaló que uno de los objetivos será continuar gestionando para que los barcos tangoneros descarguen en el puerto local.

Diario del Fin del Mundo – Ushuaia

El país ibérico ha reconocido que sus buques pesqueros obtienen beneficios de los recursos mari-nos en los mares australes y en jurisdicción de Malvinas y culpa al vacío diplomático que existe entre la Argentina y el Reino Unido, usurpador de nuestras islas. En Sudamérica, Uruguay es el país que estaría facilitando la logística de la pesca furtiva permitiendo el atraque de barcos pesqueros de diversas nacionalidades.

na publicación efectuada por la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA), vuelve a poner en el tapete el problema de la pesca ilegal en el Atlántico Sur y en las aguas que rodean a las Islas Malvinas. Lo hacen, a partir de que España reconoció que se beneficia de la pesca en las zonas mencionadas.

La Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA), es una entidad sin fines de lucro que se constituyó el 25 de agosto de 1999 a fin de agrupar y representar a los armadores de buques argentinos, dedicados a la pesca de calamar a través de poteras.

Según advierte en su artículo, España (en la página web. del Ministerio de Agricultura y Pesca) admitió que los pesqueros españoles captan recursos en los mares meridionales por la ausencia de organizaciones regionales de pesca (OROP), de medidas de conservación de recursos vivos marinos y del vacío diplomático pesquero entre la Argentina y el Reino Unido, país usurpador de las Islas Malvinas.

Desde CAPA mencionan que la pesca furtiva se ve favorecida por “la poca cooperación regional pese a la Declaración del Mercosur contra INDNR (Mendoza, 2017) o a la OROP argentino uruguaya establecida por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo”.

Por otro lado resaltan que el Puerto Capurro (Montevideo) sería el principal punto logístico para los numerosos buques pesqueros que operan al filo de la milla 200 o en las aguas circundantes a Malvinas. De acuerdo al Instituto Nacional de logística del Uruguay, las facilidades que otorga el Puerto Capurro están dadas por normas fiscales y aduaneras especiales además de procedimientos legales laxos sin exigencias de supervisión de carga o trámites especiales,

“Poner un freno a la pesca furtiva que afecta los caladeros argentinos, es cada día más apremiante. Un paso, de conformidad con la FAO, sería lograr respuestas concertadas en el Mercosur que combinen la regulación internacional pesquera con propuestas regionales que tiendan a poner límites sobre el tamaño de las flotas pesqueras además de impulsar medidas diplomáticas colectivas para desincentivar la pesca ilegal y prohibir las subvenciones a la pesca”, consideran desde CAPA. Alertan que “de lo contrario, la sobreexplotación de los recursos pesqueros seguirá creciendo geométricamente con consecuencias irreversibles para los caladeros y los ecosistemas marinos del Atlántico Sur”.

De acuerdo a lo publicado por la revista Science Advances el 85% de la pesca furtiva corresponde a China, Corea del Sur, España, Japón y Taiwán y, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sobrepasan capturas por 26 millones de toneladas anuales afectando a los principales caladeros del mundo, entre ellos aguas de jurisdicción argentina.

La República Argentina es el tercer país del mundo más perjudicado por la pesca ilegal según datos de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera

Sitio de Internet – Info Puerto – Mar del Plata

En una emotiva ceremonia de cierre realizada en Mar del Plata, la Prefectura Naval Argentina finalizó la primera edición de la formación internacional conocida como “Curso Guardacostas”, que se había iniciado el 7 de abril.

Esta capacitación, que reunió a representantes de varios países de la región y Europa, reafirma el compromiso de la Autoridad Marítima nacional en la lucha contra la pesca ilegal y en el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Durante dos semanas, los cursantes participaron de un intenso programa académico que combinó contenidos teóricos y prácticos.

El objetivo fue brindar a los agentes herramientas concretas para enfrentar la problemática de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), a partir de técnicas de intervención basadas en la amplia experiencia operativa de la Institución en capturas de buques extranjeros, complementadas con las buenas prácticas del derecho internacional.

El curso contó con la participación de becarios miembros de servicios de vigilancia marítima y organismos internacionales con competencia policial para la aplicación de la ley en el mar, provenientes de Chile, Ecuador, Paraguay, Italia y Francia (Secretaría General INTERPOL).

Esta diversidad enriqueció el intercambio y fortaleció los lazos de cooperación entre naciones.

La capacitación ofrecida por la Prefectura, no solo reforzó las capacidades operativas de los participantes, sino que también promovió el intercambio de buenas prácticas y experiencias, sentado las bases para una colaboración más estrecha en esta lucha que mantiene la región, contra la pesca INDNR.

Sitio de Internet – Pescare – Mar del Plata

La defensa irrenunciable de la soberanía argentina, la preservación del cabotaje marítimo como patrimonio estratégico nacional, el resguardo del trabajo digno y la vigencia de los convenios colectivos como pilares fundamentales de justicia laboral y cohesión social; fueron los pilares de la exposicion de ayer.

En medio de un clima de creciente inquietud, los ecos del reciente encuentro convocado por el vicepresidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Gustavo Carlos González, resuenan con fuerza entre los gremios del sector marítimo. El escenario fue una reunión marcada por el tono grave de las advertencias y el llamado urgente a frenar lo que muchos consideran una inminente avanzada del Poder Ejecutivo Nacional para desregular la Marina Mercante a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

González, legislador santacruceño y ex intendente de Puerto Deseado, abrió las puertas del Congreso para que las voces de los trabajadores marítimos pudieran ser oídas. Desde allí, remarcó con vehemencia la necesidad de que cualquier modificación al régimen vigente se discuta en el ámbito legislativo, alertando sobre el riesgo de decisiones unilaterales que podrían redefinir el destino del sector.

El encuentro estuvo teñido de una fuerte preocupación por las consecuencias que podría acarrear el plan impulsado desde el Ejecutivo. Voces sindicales alertaron que se estaría gestando, bajo el ropaje de una modernización normativa, una cesión de soberanía encubierta. El núcleo del conflicto gira en torno al Cabotaje Nacional, eje estratégico del transporte marítimo argentino, que podría abrirse a banderas extranjeras en detrimento de la flota local.

La alarma no es menor: la eventual derogación de la Ley de Cabotaje amenaza con desarticular los convenios colectivos de trabajo que rigen hoy en la actividad y poner en jaque cerca de veinte mil empleos. Pero más allá del número, el impacto se mide en términos de estructura productiva, de soberanía económica y de capacidad estatal para sostener una política nacional de transporte marítimo.

Desde los sindicatos marítimos, como el SOMU, SICONARA y Centro de Patrones, entre otros, la postura fue tajante: » no se trata de un reclamo corporativo, sino de una defensa férrea de un modelo de país «. Sostienen que la marina mercante no puede ser tratada como un simple rubro económico, sino como una herramienta de desarrollo estratégico. Abrir la competencia a flotas extranjeras, argumentan, sería renunciar a la capacidad de decidir sobre las rutas, los costos y el empleo generado en territorio nacional.

A esta preocupación se suma el malestar por la escasa presencia de diputados en el recinto durante la jornada, lo que fue interpretado como una señal de indiferencia frente a un tema neurálgico, en una populosa reunión donde los distintos sectores pudieron exponer su preocupación. La ausencia de legisladores del oficialismo y sectores aliados encendió aún más las alertas: ¿quién se hará cargo del debate cuando la tinta del decreto ya haya sellado un nuevo rumbo?.

Lo que está en juego, insisten los gremios, no es solo el destino de un sector productivo. Es la potestad del Estado para definir políticas de transporte, la protección del trabajo argentino y la custodia de un espacio marítimo que representa no solo una fuente de recursos, sino una línea vital para la soberanía nacional.

Por su parte, el secretario general del gremio, Capitán Mariano Moreno, expresó la “profunda preocupación” ante la inminente firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo, que permitiría el ingreso de empresas extranjeras al cabotaje nacional, eliminaría convenios colectivos de trabajo y pondría en riesgo los empleos de tripulaciones argentinas.

“Muchos de esos diputados y senadores que hoy no están presentes, son los mismos que delegaron sus responsabilidades y habilitaron al Ejecutivo a avanzar con políticas que atentan contra la Marina Mercante, la industria naval y los derechos laborales”, cuestionó Moreno, en referencia a la escasa participación legislativa en el encuentro.

El dirigente gremial también advirtió que la desaparición de la Marina Mercante no solo impactaría en el personal embarcado, sino que arrastraría a toda la cadena de actividades conexas, afectando a instituciones clave como la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela Nacional Fluvial y la Escuela Nacional de Pesca.

En su mensaje, Moreno también señaló la falta de voluntad política para habilitar comisiones legislativas como la de Intereses Marítimos, necesarias para garantizar un debate plural y la elaboración de políticas públicas que resguarden la actividad.

“La historia juzga a los que hacen, a los que se hacen cargo de sus responsabilidades. A estos que entregan la soberanía nacional, el trabajo de los argentinos y sus propias facultades, la historia los va a despreciar”, concluyó.

Desde el Centro de Patrones reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía, la industria naval y el trabajo argentino. “No aceptaremos retrocesos ni renuncias a nuestras conquistas históricas”, manifestaron.

En este contexto, la narrativa que emerge no es la de una modernización administrativa, sino la de un desmantelamiento programado. Una amenaza que ya no golpea a la puerta, sino que intenta colarse por decreto. Y que, de concretarse, dejaría a la Marina Mercante no sólo sin timón, sino sin puerto al cual regresar.

Sitio de Internet – Parte de Pesca – Mar del Plata

El organismo reveló que el Estimador Mensual de Actividad Económica registraron subas en febrero, entre los que se destacaron Intermediación financiera (30,2%) y Pesca (28,3%).

En el caso particular de la actividad pesquera esa variación obedece al ritmo que le imprimió este año en ese mes la flota potera con muy buenos niveles de captura, comparativamente con el año anterior donde registró valores mucho menores.

De allí se entiende que el INDEC ubique a la pesca como segunda actividad de mayor crecimiento en el desestacionalizado de febrero, ya que el resto de la cadena productiva no ha experimentado incrementos de actividad.

En este segundo mes del año, la economía argentina registró un crecimiento mensual desestacionalizado del 0,8% y una variación del 5,7% en relación al mismo mes de 2024, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado ayer por el Indec. De esta forma, el indicador intermensual registró números positivos en los últimos diez meses, a excepción de septiembre en que resultó neutro.

Con relación a igual mes de 2024, once de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que se destacaron Intermediación financiera (30,2% ia) y Pesca (28,3% ia). También mejoró la actividad de los “impuestos netos de subsidios” (11,2%), el comercio (7,4%), la industria manufacturera (5%), la explotación de minas y canteras (5%), las actividades inmobiliarias (4,7%), la construcción (4%), el sector de “transporte y comunicaciones” (3,3%), el agro (2,1%) y el rubro de “electricidad, gas y agua” (1,1%).

Otros cuatro sectores de la actividad sufrieron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-2,6% ia) y Hoteles y restaurantes (-1,4% ia). “Estas actividades, junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,2% ia), le restan 0,17 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE”, puntualizó el Indec. Por su parte, los “servicios sociales y de salud” retrocedieron un 0,5%.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) es un indicador que mide la evolución de la actividad económica en Argentina de forma mensual.

El EMAE se publica mensualmente y proporciona información sobre la evolución de la actividad económica en distintos sectores, como la industria, la construcción, el comercio y los servicios. Los datos del EMAE se utilizan para analizar la dinámica económica, evaluar el impacto de las políticas públicas y tomar decisiones de inversión.