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Sitio de Internet – Pescare – Mar del Plata

Ayer por la tarde, las partes no se pusieron de acuerdo, y los dirigentes del SICONARA inician medidas de fuerza. Hoy a las 12AM reunión entre partes.

El complejo pesquero enfrenta una situación límite en cuanto a costos, los cuales han alcanzado niveles insostenibles en todas sus áreas. Sin embargo, dentro de las diversas flotas que componen la actividad pesquera, la flota costera se encuentra en una posición particularmente vulnerable. Esta flota, caracterizada por la limitada capacidad de carga de sus embarcaciones, el bajo valor comercial de sus capturas y por lo general destinada la producción a mercado interno con la fuerte merma del consumo, es especialmente sensible a cualquier incremento en los costos operativos.

El impacto del alza en los precios de insumos, reparaciones navales, costos operativos, y en particular del gasoil, es directo y significativo para los armadores de la flota costera del muelle 10, en contraste con otros segmentos de flota.

Cabe destacar la incidencia de la mano de obra a bordo, tema de gran relevancia en este contexto. En estos casos y en esta época del año en particular, la producción no admite mayor costo por cuanto la ecuación rentabilidad sumado a la amortización de la unidad y sus artes, terminan siendo negativas.

Dicho esto, como prefacio, ayer por la tarde a través de una nota dirigida a la Secretaría de Trabajo, Delegación Mar del Plata, dependiente del Ministerio de Capital Humano, el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) ha informado sobre una medida de fuerza que afectará la salida de buques de la flota costera y fresquera del Puerto de Mar del Plata. Según lo comunicado, la flota permanecerá paralizada a partir del 23 de agosto de 2024, desde las 00:00 horas, en atención a la reunión convocada con el personal embarcado en la zona de máquinas. El motivo de la misma es abordar los presuntos incumplimientos de los acuerdos establecidos entre SICONARA y AEPECYF, en el marco del expediente EX-2024-04344700- -APN-ATMP#MT.

En consecuencia, se ha decidido pasar a un cuarto intermedio hasta el día siguiente, cuando se llevará a cabo una última reunión con la flota aún demorada su zarpada. Participarán de dicho encuentro los representantes de la Asociación de Embarcaciones Costeras y Fresqueras, Dr. Sebastián Agliano y Enrique Di Costanzo, junto a la dirigencia del SICONARA, representada por Daniel Flores y Marcelo Torres.

Sin embargo, fuentes del sector, consultadas en el muelle 10 bajo una persistente llovizna a última hora de ayer, señalaron que «este evento es consecuencia de la intención de aplicar la famosa tablita a nuestros barcos«, expresó un armador mientras su buque finalizaba la maniobra de atraque en el tradicional muelle de la banquina.

La situación continúa siendo delicada y los próximos encuentros serán determinantes para definir el futuro de la actividad pesquera en el menor de los muelles marplatenses.

Diario Crónica – Comodoro Rivadavia

Una resolución de la Secretaría de Bioeconomía, comandada por Luis Caputo, desmanteló 4 unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera. La derogación de 12 normas, que no generaban ningún costo al Estado, atenta contra la sostenibilidad de las especies.

PESCA: Una batería de derogaciones vuelve a embestir a la producción argentina

La pesca vuelve a estar en el centro del debate sobre el futuro de la actividad, tras un nuevo embate del gobierno nacional. Desde la Secretaría de Bioeconomía, dependiente del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, se puso en vigencia la Resolución 76/2024, mediante la cual se derogaron un total de 12 normas dictadas por el gobierno anterior entre 2021 y 2023. Estas normas estuvieron operativas hasta apenas una semana.

Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La principal preocupación gira en torno a la eliminación de cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.

El gobierno argumenta que la modificación responde a las nuevas políticas públicas delineadas para un reordenamiento integral de la producción en general, respaldándose en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023. Según indicaron, los cambios buscan simplificar y hacer más razonables los procesos, para mejorar la operatividad del sector. También catalogaron de obsoleto el trabajo de informar y controlar la trazabilidad de la producción, con la idea de eliminar trabas e impedimentos para agilizar los trámites.

Desde el sector, miran con preocupación y advierten que la aplicación de esta resolución atenta contra los avances cuantitativos y cualitativos logrados en el último período, que significaron importantes mejoras en la gestión de pesquerías, en la agilización de procedimientos administrativos y en la transparencia de la cadena de valor pesquera del país.

Trabajadores en defensa de la actividad

Contrario a lo que se podría pensar sobre la postura del activismo gremial, los trabajadores son los primeros en levantar la voz para defender el recurso natural y, por ende, las fuentes laborales y las empresas que las generan. Así lo expresó el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Capitán Mariano Moreno: «No se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica».

«Si al gobierno esto le genera pérdidas, que lo explique, pero para los trabajadores es una nueva embestida al sector, y van por lo que no lograron con la Ley de Bases: «la apertura indiscriminada del mar argentino a buques de terceras banderas con el consabido saqueo de los recursos naturales», agregó Moreno.

Por otro lado, el capitán denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo al frente de esta importante institución científica.

«Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar», apuntó Moreno.

En ese sentido, Moreno aseguró: «Los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones».

«En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar», advirtió.

Trazabilidad y sustento del recurso

El mercado internacional se vuelve cada vez más exigente en materia de trazabilidad, huella de carbono y cuidado del ambiente en los procesos de producción de actividades con mayor impacto. El recurso pesquero es especialmente sensible a las capturas no controladas, excesivas o fuera de temporada de reproducción. Por eso, el Estado y los actores de la actividad lograron equilibrar las necesidades productivas con las naturales del caladero.

En cuanto a la Certificación de Captura Legal y Exportación, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 se lograron avances sustantivos que fortalecieron los mecanismos de control y fiscalización, posicionando a Argentina entre los más altos estándares de calidad a nivel internacional.

Posteriormente, se logró la despapelización total del área mediante la creación del «Sistema Nacional de Certificación Digital de Captura Legal y Exportaciones de la República Argentina», convirtiendo a nuestro país en el primer y único Estado en emitir el Certificado de Captura Legal en formato digital. Esto fue reconocido por la República de Chile, la Unión Europea y Japón, que aceptaron la recepción del certificado digital para todas las exportaciones pesqueras desde Argentina.

El sistema de trazabilidad implementó, por primera vez, un sistema digital de registración y seguimiento de toda la cadena productiva pesquera, permitiendo consultar el movimiento de los alimentos a través de etapas específicas como la captura, producción, elaboración, distribución y comercialización.

La derogación de estas normas hace retroceder a los tiempos en que la emisión de un Certificado de Captura Legal en formato papel demoraba aproximadamente un mes. A mediados de 2022, la emisión del Certificado Digital de Captura Legal demoraba solo una semana. También se elimina el Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, impulsado por el Régimen Federal de Pesca, y se pierde la inspección de más del 95% en las descargas de los buques pesqueros que dedican sus capturas a la especie merluza negra o que contienen un alto porcentaje de individuos juveniles.

Alerta permanente

Finalmente, los trabajadores del sector pesquero argentino manifestaron que “se encuentran en alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies Merluza Hubbsi, Merluza de Cola, Polaca y Merluza Negra que vence el 31 de diciembre del presente año”.

En tal sentido, debemos recordar que el proyecto original de la denominada “Ley Bases” presentaba un capítulo que pretendía entregar los recursos pesqueros argentinos al mejor postor mediante licitaciones públicas internacionales sin ponderar las inversiones que las empresas realicen en nuestro país ni la generación de mano de obra argentina.

Por todo lo expuesto solicitan al Consejo Federal Pesquero “a que garantice la continuidad del actual Régimen de CITC en las condiciones actuales para los próximos 15 años. Ello generará certidumbre para toda la cadena de valor pesquera, comenzando por los trabajadores y empresas pesqueras”.

Diario La Capital de Mar del Plata

El Poder Ejecutivo provincial envió al Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires más de un centenar de pliegos de magistrados y magistradas -129 para ser más exactos-, entre los que se encuentran 14 para Mar del Plata. Se trata de cinco agentes fiscales, cuatro jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial, tres jueces del Tribunal de Trabajo y dos del Tribunal en lo Criminal. Según pudo establecerse, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires empezará la próxima semana con las audiencias a los magistrados propuestos.

Si bien resta la aprobación de los pliegos, puede consignarse que los siguientes serán los nuevos jueces y fiscales de Mar del Plata. Para los cargos de agente fiscal se elevaron los pliegos de María Constanza Mandagarán, Luis Ferreyra (foto), Eduardo Layús, Germán Vera Tapia y Joaquín Morán. Los cuatro cargos de jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial serán, si son aprobados, para Guillermo Drees, Patricio Groppo, Martín Zambecchi y Nancy Micaela Bessone. En tanto, tres serán los jueces de trabajo: Carlos María Cordero, José Alberto Mereb y María José Beldarrain. Finalmente, en los tribunales en lo Criminal, los dos cargos se reservan para Federico Cecchi y Paula Soulé.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires destacó en un documento este nuevo paso “en la solución de un grave problema del sistema de justicia”, reconociendo el “compromiso y el esfuerzo de quienes han trabajo para lograrlo y han receptado favorablemente los pedidos de nuestra institución”. Señala, además, que la prioridad de contar con la garantía de Juez Natural y de dejar al sistema de subrogancias en el lugar excepcional y transitorio para el que ha sido concebido “ha marcado los esfuerzos del Colegio provincial desde hace más de un lustro”. Finalmente, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia ratificó que “seguirá trabajando coordinadamente con los tres poderes del Estado provincial para dar a las y los bonaerenses la respuesta judicial calificada, próxima y oportuna que reclaman y merecen”.

No es la primera vez que se refiere al tema ni seguramente será la última. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a disparar contra los empresarios pesqueros. “En la Argentina -dijo en un reportaje concedido a TN- hay un régimen de pesca en el que los participantes del mercado pescan gratis”. El funcionario viene insistiendo en esta posición que ha merecido la réplica del sector y, de hecho, su idea fue plasmada en el anteproyecto de la ley Bases aunque el capítulo referido a la pesca fue eliminado previo al debate en el Congreso a la luz de los rechazos que generaba. “Para tener el permiso de pesca, tenés que pagarle al Estado algo. Los peces son de todos los argentinos”, alegó. Los dichos de Sturzenegger se registran en la antesala del vencimiento de las cuotas de pesca, lo cual encendió todas las alarmas en el sector.

Desde la Asociación Cámara Argentina Pesquera (Capear Alfa) se dio a conocer una carta abierta al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en la cual expresan que “al exportador pesquero el Gobierno le expropia aproximadamente la mitad de lo que genera a través de su esfuerzo y sacrificio”. Y añaden que “es importante que usted en su carácter de ministro como el gobierno en su totalidad comprendan que, aunque tenemos paciencia, nuestros tiempos se están agotando. Las espaldas se desgastan y se vencen”. De alguna manera, saliendo al cruce de las declaraciones de Sturzenegger, explican que en esta actividad pesquera, extractiva e industrial “luchamos contra las inclemencias climáticas (tormentas, temporales, etc.), la naturaleza (distribución de las especies en el mar, estacionalidad, etc.) y una compleja cadena productiva que involucra a 15 gremios diferentes, además de cargar con la presión de 138 impuestos, tasas, contribuciones y aranceles a nuestra producción”.

“Estar vivos, competitivos y productivos en esta actividad se ha convertido en un verdadero milagro difícil de explicar y de comprender y que, bajo estas condiciones, ya se encuentran en tiempo de descuento”, señalan y añaden que “es por ello que alzamos la voz para solicitar enérgicamente que se considere restituir los dólares que nos corresponden por nuestras exportaciones”. En tanto, en el medio especializado pescare.com, se publicó un editorial a través del cual también se sale al cruce de los dichos de Sturzenegger. “La ligereza con la que se esgrimen afirmaciones incorrectas y tendenciosas -se expresa- como la idea de que la pesca opera sin pagar nada por los recursos que extrae, revela un nivel de desinformación que contrasta con la trayectoria académica y profesional de quien las emite”. Más adelante, se señala que este tipo de declaraciones “alejadas de la realidad y sostenidas por estereotipos anacrónicos, minan la confianza y desvirtúan el debate serio que Argentina necesita para encontrar soluciones duraderas a sus problemas estructurales”. Y cierra remarcando que el sector pesquero, con su legado de trabajo y compromiso, “merece un tratamiento acorde a su relevancia en la vida productiva del país. Es hora de que las discusiones se basen en datos concretos y no en perjuicios infundados”.

Diario La Capital de Mar del Plata

Desde el sector respondieron las acusaciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La gerente de la Cámara Pesquera Argentina ALFA, Ayelén Fortunato, respondió las acusaciones del Gobierno nacional y advirtió que “ni en la pesca marplatense ni en la nacional se pesca gratis”.

Luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijera que en Argentina existe un régimen de pesca “en el que los participantes del mercado pescan gratis”, Fortunato aseguró que hay “un desconocimiento terrorífico del sector”.

“Ni en la pesca marplatense ni en la nacional pescamos gratis. Estamos regulados por los derechos únicos de extracción, el articulo 29 de la Ley Federal de Pesca y por las resoluciones”, explicó.

“Hacemos aportes de todo tipo, entre tasas, servicios e impuestos, en los gobiernos nacional, provincial y municipal. Además están los Consorcios Portuarios, algunos privados y otros estatales, y todo eso lleva alrededor del 45 por ciento de lo que sale un kilo de merluza entera en muelle. El 45 por ciento se va en impuestos”, puntualizó.

“En la pesca argentina tenemos buques factoría, de mediana altura y multiespecíficos. No hacemos captura de una especie, sino que capturamos distintos grupos ictícolas del Mar Argentino. Vamos variando de acuerdo a la estacionalidad de las especies y a la necesidad para ser proactivos y dar siempre trabajo”, destacó.

“Hay un dicho en el sector: ‘las redes al agua’. Y ahora, en estos últimos años. es ‘las redes al agua mientras sea con sustentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad’ para y con la industria pesquera”, añadió.

El ministro Sturzenegger también se había referido a los permisos de pesca al advertir que “para tener el permiso de pesca tenés que pagarle al Estado algo y no pagan nada”. “Ahí no decimos que el Estado no tiene que participar –agregó el ministro– porque ese es recurso natural: si dejás libre, todo el mundo va a apurar a pescar y te mataste el recurso”.

Fortunato aclaró que “todo busque pesquero tiene que tener un permiso de pesca” y puntualizó que el 31 de diciembre vencen las cuotas individuales transferibles de captura.

“En todas las especies –explicó– hay cuotificación y cuatro de ellas vencen este año: la merluza Hubssi, que por volumen e idiosincrasia es la mayor representante de captura; la merluza de cola; la merluza polaca y la austral”.

Esas cuatro especies conforman “el eje fundamental de la pesca”. “Somos multiespecie, pero la estructura se basa en dos especies fundamentales: merluza y langostino”, indicó.

“Si movés una pieza de esa ecuación, cambia toda la estructura. Si esto no se renueva en iguales condiciones y términos vamos a perder la industria pesquera argentina tal y como la conocemos y vamos a la destrucción”, redondeó.

Sitio de Internet – Pesca Chubut – Chubut

El diputado provincial de extracción peronista, Gustavo Martín Fita, presentó un proyecto de ley que crea un “fondo de reparo para la actividad pesquera” que se compondrá con el excedente de un canon que se pretende incrementar por kilo de langostino capturado.

Mientras en Chubut se aprestan a debatir la “Emergencia Pesquera”, el legislador comodorense, integrante del Sindicato de Viajantes Vendedores de la Patagonia (mercachifles), plantea crear un nuevo cargo para la industria de la pesca.

Dice la iniciativa de Fita, a la que accedió PARTE DE PESCA, que visto “la crítica situación que atraviesa el sector pesquero de la provincia del Chubut” se debería crear “el REPROCH: recuperación y sostenimiento productivo Chubut”, y que, para tal fin, debiera “facultarse al Poder Ejecutivo Provincial a incrementar en un kilo más de langostinos, por cajón capturado”.

El proyecto presentado la semana pasada indica que “el fondo de reparo para la actividad pesquera se compondrá con el excedente del canon de ese kilo de más por cajón a valor internacional del canon por captura de langostinos desembarcadas en puertos de Chubut y que será destinado en un 15% a la capacitación, promoción y paz social de los distintos sectores que componen la actividad pesquera. El 5% para un fondo anticíclico. El 40% para el programa REPROCH para la sostenibilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de las distintas ramas del sector, que atraviesan situaciones de conflictos laborales. El 40% será distribuido entre los municipios de la provincia que tengan puertos, con la finalidad de que se aplique a la sostenibilidad ambiental que provoca la actividad de descarga y transporte dentro de sus ejidos”.

El creativo diputado Fita agrega un último artículo donde dice: “los permisos de barco que solo realicen actividad de captura de langostino y no salgan a la pesca de otras especies podrán ser asignados temporalmente luego del cierre de las temporadas de capturas de dicha especie, tanto en aguas nacionales como en provinciales, a otros barcos con permisos provinciales para la captura de otras especies, a fin de sostener la actividad de las plantas de procesamiento radicadas dentro de la jurisdicción. Las capturas realizadas bajo esta modalidad de permisos no podrán ser sacadas de la jurisdicción sin procesar como mínimo en su formato de filet”, concluye.

La propuesta legislativa del diputado kirchnerista, que circuló en las últimas horas, causó sorpresa en el sector por la falta de conocimiento de la actividad y la confusión de conceptos. En medio de una ‘emergencia’ como la que va a declarar la provincia, crear un nuevo sobrecosto a la industria parece poco pertinente.

Y, la instrumentación del ‘canon’ a través de un kilo que se adicionaría por cajón de langostino desembarcado a ‘valor internacional’ parece inaplicable, porque un mismo cajón tendría valores diferentes a los que se vende a las plantas. Además, dice que el destino de esos fondos será para atender los conflictos laborales. ¿Será para atender la situación de los capitanes que en diciembre y enero en la zafra provincial cobraron sueldos de 45 millones o marineros con producción que superó los 15 millones en esos meses?

El proyecto del diputado, del Sindicato de mercachifles, circuló en los últimos días dentro del sector pesquero chubutense; a algunos les provocó risas y a otros un poquito de vergüenza ajena.

Fuente: Parte de Pesca

Sitio de Internet – 0223 – Mar del Plata

Desde la Asociación  de Embarcaciones Costeras y Fresqueras, cuestionaron los dichos del ministro de Javier Milei, que habló que el sector “pesca gratis”. Sostienen que las declaraciones se dan con «un total desconocimiento”.

Las últimas declaraciones públicas de Federico Sturzenegger no pasaron desapercibidas para la industria pesquera, luego que el ministro de Desregulación y Modernización del Estado manifestara que el sector “pesca gratis”.

Uno de los primeros en cuestionar la postura del economista fue Sebastián Agliano, titular de la Asociación de Embarcaciones Costeras y Fresqueras, que representan a las tradicionales “lanchas amarillas”, que sostuvo que la postura del gobierno de Javier Milei “es de un total desconocimiento” de la actividad.

“Nos preocupa la ignorancia y el desconocimiento de los funcionarios públicos, no solo de Sturzenegger. Quizás es un error nuestro de no divulgar lo que hacemos, pero preocupa. No es el primero que desconoce el sector. Y este ministro lo veo que habla con mucha enjundia, sin conocer. Nosotros no somos la casta y no creo que la pesca argentina sea la casta”, expresó Agliano en declaraciones a 0223.

El referente de las tradicionales lanchitas amarillas aclaró que particularmente su sector –que en la década del 80 llegaban a las 300 embarcaciones y ahora solo son 13- son pymes. “Nuestras empresas poseen el derecho de extracción atado al valor del combustible además que tenemos que pagar otros impuestos. A pesar que somos la imagen de Mar del Plata,  ahora estamos peleando el costo del gasoil para salir hechos”, aclaró.

En relación al resto de la industria pesquera, que es de mayor relevancia en materia productiva, Agliano sostuvo que si bien “hay grandes empresas procesadoras de pescado, los números no son lo que afirma el ministro”.

“En los últimos tres gobiernos no hubo planificación estatal. Y ahora cada vez que el ministro habla, nos toma como ejemplo. Me parece que están mal asesorados, no ven todo lo que tributamos. No ven la generación de empleo. Por cada marinero hay siete puestos en tierra. Si solo ven esa parte de circuito productivo, es peligroso, porque solo miran la renta directa de la parte impositiva. Me sorprende que sigan con ese discurso. Que gracias a Dios los legisladores no lo aprobaron. Cuando un ministro de la raigambre de Sturzenegger dice estas cosas en cada nota, un poco de ruido nos hace y nos preocupa”, concluyó Agliano.

Sitio de Internet – Pescare – Mar del Plata

En momentos críticos de la actividad, parece que las provincias buscan paliar sus necesidades con mayor volumen de cuotas sociales. Ese embate agrega mayor ruido en momentos donde se discute la rentabilidad del negocio, principalmente en merluza y langostino.

En el marco de las necesidades sociales que atraviesan las provincias, y ante el problema de baja o nula rentabilidad en diversos sectores, desde la actividad extractiva primaria —como la pesca— hasta la comercialización en mercados internos e internacionales, varias provincias han tomado medidas que podrían vulnerar antiguos pactos o convenios preexistentes, poniendo en riesgo incluso la biomasa futura de ciertos recursos.

Sin entrar en la justificación de estas acciones, lo concreto es que esta ofensiva se manifiesta en diversas formas y frentes, especialmente en un contexto de alta incertidumbre para los próximos meses. Un ejemplo de esto es la situación de la merluza. En momentos en que se discute la renovación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), varios actores han expresado, desde distintas posiciones, la necesidad de aumentar su participación en la pesquería.

Es el caso de Chubut, quien intenta ademas de solucionar desde hace mas de 10 meses, los problemas sociales diarios, intenta paralelamente ver como busca una mayor incidencia en el recurso merluza hubbsi, de hecho hay plantas en Comodoro rivadavia que necesitan un mayor volumen para dar continuidad a su propia actividad.

Otro ejemplo es Tierra del Fuego, donde hace un mes arribó al puerto de Ushuaia el BP Centurión del Atlántico, tras completar su proceso de reconversión en el astillero Westcon, en Florø, Noruega.

Esta unidad, transformada en una «gigante aspiradora surimera«, necesita cuotas de distintas especies para justificar la inversión realizada. En este contexto, se produjo una transferencia indirecta de cuotas de merluza de cola -poco ortodoxa y cuestionada en el seno del CFP- cuestión que ha sido fuertemente criticada por algunas cámaras de Mar del Plata.

Mientras los representantes de la provincia de Buenos Aires, -por cuestiones de cambio de favores ante el FAFP de langostino-, ante la falta de capturas, permitieron una cesión de cuotas por parte de empresas bajo esta provincia, a pesar de que la pesca de esta especie, escasa y juvenil, es legalmente cuestionable.

De hecho, en reuniones de la Comisión de Seguimiento de Merluza de Cola, desde el INIDEP, se ha señalado que el recurso arriba por canales fueguinos y por debajo del Cabo de Hornos desde el Pacífico Sur, precisamente desde aguas chilenas, donde su Secretaria de Pesca lo consideró hasta el 2017 sobreexplotada y a partir de ese año a la fecha como especie AGOTADA, ademas destacándose que la captura de juveniles en todo el mar argentino está prohibido por la Ley Federal de Pesca 24.922.

Además, es extremadamente difícil controlar y verificar el contenido del kamaboko, la materia prima del futuro kanikama, ya que esto depende exclusivamente de un inspector a bordo, cuya labor no siempre garantiza la precisión, dado que el proceso involucra más de un 35% de agregados y aditivos, lo que dificulta la identificación de la especie base del producto.

En este contexto, la provincia de Tierra del Fuego, a través de una reunión informal realizada el pasado viernes, solicitó a la administración, por medio de la Ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, 10.000 toneladas de merluza hubbsi, justificando el interés de la provincia en acceder a nuevas especies para mejorar las condiciones de la flota que opera en sus aguas, al margen de la surimera.

Por otra parte, en pos de fomentar el desarrollo de nuevos complejos manufactureros, la provincia de Santa Cruz, representada por Ricardo Ancell Patterson, ha reiterado en diversas oportunidades su interés en obtener una mayor participación en las CITC de merluza hubbsi. Desde mediados de abril, Patterson también ha manifestado la necesidad de contar con un mayor volumen de langostino para la cuota social de su provincia, llegando incluso a plantear la posibilidad de abrir el Golfo San Jorge si no se garantiza tal acceso. En este sentido, el Ministro de Producción, Gustavo Martínez, advirtió que Santa Cruz podría reconsiderar su adhesión al convenio de veda permanente del langostino en dicho golfo, acuerdo establecido con Chubut para proteger el caladero interjurisdiccional. También mencionó que están dispuestos a otorgar permisos para pescar dentro de las doce millas provinciales si no se garantizan beneficios locales.

El ministro enfatizó que la prioridad es defender los recursos de su provincia, destacando que el gobernador planteó en su última visita a la Secretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, la necesidad de rediscutir el esquema pesquero nacional. Asimismo, subrayó la importancia de generar estrategias regionales junto a otras provincias patagónicas, como Tierra del Fuego, Chubut y Río Negro, para equilibrar los beneficios de la industria pesquera, que según su opinión, están concentrados en Mar del Plata.

En un contexto donde la rentabilidad está en juego, los ánimos se exacerban, y las propuestas, por más disímiles que sean, comparten un mismo objetivo: todos buscan una mayor participación en un recurso limitado, lo que genera mayores conflictos de interés y, por ende, una mayor incertidumbre para los próximos meses. Cada participante y representante provincial defiende su posición con argumentos sólidos, planteando un desafío significativo para quienes ocupan cargos decisivos en el ámbito pesquero nacional, pero dejando en claro, que el recurso no se multiplica de la misma medida que se desea paliar situaciones sociales en las provincias que apuntan a la pesca como un posible salvavidas, sin considerar la capacidad instalada de quienes ya están en el rodeo y su impacto, en caso de haber mayores participantes en el sector.

En este delicado equilibrio entre necesidades sociales, rentabilidad y sostenibilidad, cada provincia defiende su posición con argumentos sólidos. El reto para la gestión pesquera es encontrar un punto medio que permita satisfacer las demandas sociales sin comprometer la biomasa futura de especies claves como la merluza. La situación exige medidas coordinadas y estratégicas que no solo respondan a las necesidades locales, sino que también garanticen la conservación a largo plazo de los recursos pesqueros, esenciales para la economía y el ecosistema marino. Una tarea nada sencilla para quienes habitan Paseo Colon 922 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diario Jornada – Trelew

Reclaman que se dé cumplimiento a la sentencia judicial y que mujeres puedan integrar las dotaciones de personal de los buques congeladores tangoneros.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó en agosto de 2023 una resolución de primera instancia y ordenó al Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) que readecúe su bolsa de trabajo e incluya a una trabajadora en los primeros diez puestos de su listado, y que respete el cupo del 30 por ciento a la hora de conformar ese nomenclador de trabajadores.

Al cumplirse un año de ese fallo, denuncian que el SOMU que conduce Raúl Durdos incumple con la misma y no se le está dando la posibilidad que mujeres embarques en buques pesqueros; en tanto, algunas empresas puntuales han dado lugar a incorporar marineras en sus tripulaciones.

Reclaman que se dé cumplimiento a la sentencia judicial y que mujeres puedan integrar las dotaciones de personal de los buques congeladores tangoneros.

FALLO HISTÓRICO

Rita Martinelli es quien promovió la acción y logró un fallo histórico que según asegura no está siendo cumplido por el gremio de marineros. “La Justicia le ordenó al SOMU que cumpla con el cupo femenino, ellos dicen que el cupo femenino no existe. El SOMU embarca solamente a las que son de simpatía de ellos o las que tienen alguna familiaridad con algún dirigente”, cuestionó la trabajadora.

“El sindicato no está cumpliendo, salvo algunas excepciones, hay compañeras en Puerto Deseado, Puerto Madryn, Corrientes que quieren embarcar y no les dan la posibilidad. Muchas agrupaciones las convocan a votar en las elecciones y después las dejan relegadas”, describió en declaraciones aPARTE DE PESCA.

“MACHISMO Y ABUSO DE PODER”

Martinelli considera que es necesario visibilizar la situación que involucra a muchas mujeres que buscan poder acceder a un embarque, contando con sus correspondientes libretas, pero que son relegadas por el gremio. “En el SOMU sigue el machismo y abuso de poder; ninguna mujer debe estar supeditada a los ánimos de un dirigente ni al manoseo barato”, dijo al tiempo de admitir que no todas las marineras están capacitadas para trabajar en un barco. “Arriba de un barco somos marineros y debemos adecuarnos a las labores que se presentan; está claro que se puede convivir y trabajar adecuadamente, y es cierto que no todas las mujeres están capacitadas para hacerlo”, reconoció.

“El SOMU deja desprotegidas a muchas mujeres que tienen su libreta al día y no les dan lugar. En los diferentes puertos del país donde tenemos delegaciones, no están siendo representadas las mujeres. Hay un cupo femenino ordenado por la Justicia desde 2023 y debiera cumplirse”, insistió Rita Martinelli.

TRABAJO EN LANGOSTINEROS

Asimismo, consideró que debiera dársele espacio a mayor cantidad de mujeres en las plantas de procesamiento de los barcos congeladores tangoneros que participan de la temporada de aguas nacionales. “Es un trabajo que la mujer lo puede realizar perfectamente. Debo reconocer que hay empresas armadoras que están embarcando mujeres como en los barcos Carolina y Estefanía, al igual que en el API V y en el API VII de Iberconsa y en algunos barcos de Moscuzza”, subrayó.

“En todo esto hay también una cuestión cultural, si la compañera está capacitada tiene que tener la posibilidad, que la empresa la incorpore, y también los marineros tienen que permitir que esto ocurra y saber convivir con esa trabajadora, pero todo depende que el SOMU saque la mano negra que tiene”, mencionó.

“Hoy es el SOMU el que está impidiendo que más mujeres embarquen. Hay más de cien compañeras en todo el país que están a la espera de tener un lugar”, concluyó.(partedepesca.com.ar)

Mar y pesca noticias patagónicas- Comodoro Rivadavia

Se trata de Puerto Frío, la flamante terminal inaugurada en 2023 comenzó a captar sus buenas toneladas de langostino dando empleo a decenas de  portuarios que celebran la llegada de los buques. En tanto los trabajadores deseadenses piden que algunos de esos barcos tambien ingresen al muelle local. 

Fuentes portuarias detallaron a Mar&Pesca que, ante las demoras para ingresar a Puerto Madryn, las mencionadas empresas optaron por el puerto de Bahía Blanca. 

La nueva terminal cuenta cuatro bocas para carga y consolidado, las que se suman a las dos existentes en la terminal B, ambas ubicadas a metros de muelle Ministro Carranza (ex Muelle Nacional), en Ingeniero White.  

“La actividad comenzó a crecer en 2019, y después de cinco años, con el ingreso de un potero de Argenova, el Soho Maru, y desde allí la actividad no sólo no se detuvo, sino que no para de crecer”. detallaron las fuentes.

Diario Crónica – Comodoro Rivadavia

Las amenazas de ruptura del acuerdo de administración conjunta del caladero tienen como objetivo presionar a empresas para que vayan a descargar a puertos de esa provincia. Chubut desestimó la posibilidad de levantar la veda de langostino.

El Gobierno de la provincia de Santa Cruz planteó públicamente que analiza revisar los alcances del convenio del golfo San Jorge por medio del cual se administra en forma conjunta con Chubut el caladero interjurisdiccional. La advertencia se da en momentos que la gestión del gobernador Claudio Vidal viene reclamando a las empresas pesqueras con radicaciones en esa provincia que incrementen sus desembarques en puertos santacruceños, en virtud que gran parte de la flota ha optado por descargar en puertos de Chubut, en razón de la proximidad del área de operaciones de pesca.

Los reclamos de los trabajadores portuarios de Santa Cruz fueron recibidos por el gobierno, que propuso un esquema de mayores controles para garantizar un mejor funcionamiento de las descargas, pero ahora reclama al sector privado que independientemente de la zona en que pesquen langostino que los lleven a descargar a Puerto Deseado o Caleta Olivia.

El “berrinche” del gobierno de Vidal lo transparentó el ministro de Producción, Comercio e Industria de la provincia, Gustavo Martínez, quien se encargó de hacer público el reclamo bajo la advertencia que Santa Cruz podría romper el convenio, levantar la veda permanente de langostino y habilitar la pesca comercial en su jurisdicción.

“La provincia puede definir no firmar el convenio del Golfo, el acuerdo de la veda y dar permiso para pescar dentro de las doce millas, también lo podemos definir”, aseveró el funcionario al hacer saber que podrían hacer uso de la potestad que les confiere la ley en el manejo de sus aguas jurisdiccionales.

“Vamos a defender los intereses de Santa Cruz y si hay que rediscutir toda la pesquería argentina, pues que así sea”, dijo Martínez el medio de negociaciones que la provincia mantenía con empresas pesqueras para que garanticen sus descargas de capturas en sus puertos.

El ministro reclamó un mayor compromiso del sector privado. “Tenemos que trabajar para potenciar el puerto, tenemos que generar el puerto productivo y seguro y con seguridad jurídica para permitir que los barcos lleguen, que sean atendidos como corresponde, en el tiempo que corresponde”, afirmó.

Chubut ratificó la veda

Por su parte, desde el gobierno de Ignacio Torres desestimaron la posibilidad de que la provincia impulse una ruptura del convenio, ni que analice un levantamiento de la veda permanente de pesca de langostino dentro del golfo San Jorge.

“Chubut va a mantener el cierre del golfo en la parte que le corresponde”, afirmó el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, al fijar la postura política de la administración pesquera provincial en el manejo del caladero.

Recordó que es un área que está vedada en Chubut y Santa Cruz, “donde el langostino nace y se cría, después es pescado en aguas nacionales”, manifestó al ratificar que no analizan levantar la veda, independientemente de lo que resuelva la vecina provincia.

“Santa Cruz ha manifestado en forma informal que van a abrir el golfo, es una decisión soberana de las provincias y yo no puedo opinar”, remarcó Arbeletche, pero enfatizó que “sí puedo decir que Chubut no va a abrir el Golfo, vamos a mantener la veda”.

El funcionario chubutense sostuvo que en caso que se abra la pesquería de langostino en aguas santacruceñas, no repercutirá en la zafra de Rawson, sino que perjudicará la temporada de aguas nacionales.

“No perjudica a la temporada provincial de langostino, la afectación de esa decisión es en aguas nacionales, perjudica a las flotas que pescan en aguas nacionales, no a la nuestra”, evaluó Arbeletche.

En esa línea, insistió: “A nosotros no nos va a perjudicar, posiblemente traiga consecuencias sobre la biomasa en aguas nacionales, pero en la temporada provincial no, conforme los informes del INIDEP. El movimiento del recurso no generaría una afectación en el puerto de Rawson, nuestro langostino se cría en las costas provinciales y no tanto por entrada del norte en aguas nacionales”, concluyó. Fuente: revistapuerto.com.ar