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Sitio de Internet – Infobae – Bs.As.

Así lo decidió por mayoría la Cámara Federal porteña. Los jueces Irurzun y Farah ratificaron la acusación contra el ex titular del SFP durante el kirchnerismo por fraude al Estado. Boico dijo que no había suficientes pruebas

Víctor Hortel, el ex director del Servicio Penitenciario Federal durante la última etapa del kirchnerismo, creador del movimiento “Vatayón Militante” que organizaba salidas de presos y murgas en los penales, ex defensor de Lázaro Báez y convocado por el Gobierno de Alberto Fernández para el “Plan Argentina contra el Hambre”, quedó complicado en la Justicia. La Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por administración fraudulenta por haber comprado un barco “inútil” para que los presos salieran a pescar y procesaran langostinos en el sur del país. Ni siquiera habían evaluado que no tenían permiso de pesca.

El procesamiento había sido firmado en octubre pasado por la jueza María Servini. Ahora, los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron esa decisión. “La adquisición del barco fue un gasto inútil” porque el proyecto era desde el inicio “inviable”, sostuvieron.

“Sólo se conoce que el barco nunca salió a navegar por ausencia de permiso -tampoco podría tenerlo ahora, atendiendo al estado en que fue hallado-, la planta procesadora nunca estuvo operativa -sólo se utilizó los días que duró la capacitación de seis internos en el procesamiento de langostinos- y el camión refrigerante fue dispuesto para el transporte de residuos”, se advirtió.

En minoría, el juez Roberto Boico –ex abogado de Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán y recién llegado, por concurso, a Comodoro Py- se diferenció del voto de sus colegas: dijo que no había suficientes pruebas en su contra y se pronunció por una falta de mérito.

Todo se remonta a 2011, cuando el Astillero Emprendimiento Río Chubut S.A. de Rawson construyó por pedido del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE) un barco artesanal de 9,90 metros de eslora. La intención era que la embarcación sirviera a los presos de la Unidad 6, de la penitenciaría de máxima seguridad de Rawson, salieran a pescar en un proyecto de resocialización.

El barco tenía que ser pintado con los colores azul y blanco y bautizada Néstor Kirchner, aunque por cuestiones normativas solo podía ser pintado de naranja. Finalmente se terminó llamando Virgen del Carmen II. Los detenidos recolectarían en las aguas del sur argentino langostinos, que luego serían procesados en los talleres del penal. Para eso se compró además un camión con equipo de frio a metros de las instalaciones de la unidad penitenciaria.

Pero el proyecto del barco de los presos quedó en la nada: el 16 de enero de 2013 el Consejo Federal Pesquero rechazó por unanimidad la solicitud de un “permiso de pesca” realizado por el entonces director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel. Desde el 2000 no se otorgaban nuevos permisos de pesca.

La inversión implicó un gasto al Estado de $4.013.356, decía la denuncia que dio origen a la investigación penal. Tampoco se entendió cómo presos de una unidad de máxima seguridad se irían a la deriva del penal. La idea era elegir a 25 presos a los que cuales se les enseñarían cómo ser marineros.

“En todo ello, además, se pasó por alto un obstáculo insalvable: el régimen de progresividad de la pena establecido en la Ley 24.660 establece supuestos muy acotados en que los internos pueden egresar de la Unidad con fines laborales”, dijo la Cámara. Entre 2011 y 2013 sólo dos internos se encontraban transitando “el período de prueba y semilibertad en condiciones de trabajo extramuros” para poder subirse al barco, dijeron Irurzun y Farah. Pero además, se añadió, tampoco estaban claras “las medidas de seguridad en altamar, el costo que hubiere demandado, las habilitaciones laborales que debían obtener los internos y el personal del servicio penitenciario, entre otras cuestiones”.

Es que se trató de “una operatoria que involucró una importante cantidad de fondos públicos que fueron dispuestos dejando de lado expresas disposiciones legales y reglamentarias, sin una previa evaluación sobre la factibilidad integral del proyecto y, por ende, sobre la utilidad del gasto, todo lo cual redundó en un evidente perjuicio a la administración pública”.

Según consta en la causa, el entonces Director de la Unidad N° 6, Gumercindo Gómez, advirtió esta situación pero Hortel y Fernando Adrián Suppa (tesorero y luego vicepresidente del EnCoPe-) lo habrían increpado por “meterse” en cuestiones que ellos manejaban y le habrían reprochado que “evidentemente no era parte del proyecto político nacional y popular”. Gómez terminó apartado de ese cargo.

“Vatayón Militante” hacía política. Su existencia se conoció en 2012, cuando se supo que desde la cárcel se organizaban actos culturales y políticos con presos condenados para que salieran extramuros. Eduardo Arturo Vázquez, baterista de Callejeros, era uno de esos detenidos. Fue a un acto cultural en San Telmo apenas diez días después de haber sido condenado a 18 años de prisión por haber rociado y prendido fuego a su pareja Wanda Taddei, en una casa del barrio de Mataderos.

Al evaluar la causa, la jueza Servini afirmó: “A no olvidarlo, en el faraónico proyecto investigado se dilapidaron $1.768.000, en un barco pesquero; $ 980.000 para construir una planta de mariscos $ 604.678 para comprar un camión; $579.997,63. Para comprar equipamiento de pesca y $ 58.833,00 en un seguro de barco…y todo ello, a cifras del año 2011 y 2012 y sin contar los gastos fijos que aún día deben seguir siendo abonados a pesar de que la embarcación no puede navegar. El perjuicio económico (…) es palpable”.

Hortel negó haber cometido delitos. Se justificó diciendo que se trataba de un “proyecto estratégico” para el Ministerio de Justicia, que había nacido en la subsecretaría de Planificación Estratégica de la cartera. Y aseguró que, aunque no hubiese averiguado previamente cómo conseguir una licencia de pesca, igual se hubiera podido gestionar si se las transferían otros barcos que no las estaban usando.

En su defensa, sostuvo que no se había beneficiado económicamente, ni que había buscado tampoco beneficiar indebidamente a otra persona. Además afirmó que lo estaban culpando por el “estado de abandono y deterioro” del barco y el camión, cuando en realidad eso era responsabilidad de los que lo sucedieron.

Incluso habló de “aleccionamiento de ciertos testimonios de la causa a fin de direccionar la presente pesquisa hacia irregularidades contractuales”. Así Hortel apuntó como el “promotor auténtico de la denuncia” al ex director del SPF durante el macrismo, Emiliano Blanco, a quien acusó por su procesamiento en la causa del espionaje ilegal en las cárceles.

El dato fue destacado en el voto de Boico, quien aclaró que “sus comportamientos con otros investigados en causas judiciales extrañas al objeto de ésta” no iban a ser analizados en esta investigación. A criterio de Boico, “no lucen irrazonables las pretensiones probatorias exigidas por la defensa (de Hortel) tendientes a fijar la calidad de ‘estratégico’ que tuvo el proyecto para las autoridades políticas de la cartera de justicia de aquel entonces”.

Pero Irurzun y Farah afirmaron: “Fue Hortel quien, por fuera de toda lógica y razonabilidad y contra toda opinión en contrario -no vinculada a la cuestión política sino a los aspectos elementales del proyecto, como por ejemplo la selección del color de la embarcación a soslayo de la reglamentación vigente en punto a la seguridad en la navegación- decidió igualmente seguir adelante removiendo cualquier obstáculo -o persona- que le dificultara su concreción Y a diferencia de lo alegado en su defensa, fue consecuencia de la precariedad e improvisación que signó la falsa quimera la que determinó su fatal destino”

El fallo también confirmó el procesamiento del tesorero del EnCoPe Fernando Suppa, pero revocó el del titular del organismo de ese entonces Jorge William Gomez por falta de pruebas. A la jueza se le encomendó profundizar la investigación “con miras a dilucidar” los puntos pendientes que faltan.

Diario Clarín – Bs. As.

Las pérdidas se miden no sólo por la afectación al ecosistema sino por las divisas que dejan de ingresar.

Milko Schvartzman

La pesca es una de las actividades económicas más importantes de la Argentina, representa hasta el 0,4 del PIB generando más de 25 mil puestos de trabajo directos. Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los 2.148 millones de dólares estadounidenses en 2018, y se mantienen en cifras cercanas a los 2.000 millones.

Las especies capturadas más relevantes son el calamar, la merluza común y el langostino patagónico. La Unión Europea y los Estados Unidos se encuentran entre los principales mercados de destino.

En los últimos años, el problema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) en el Atlántico Sudoccidental ha generado una creciente preocupación en toda la sociedad. Durante la temporada alta las embarcaciones no reguladas que operan en el borde exterior de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina suman más de 500, muchas de las cuales ingresan para la pesca ilegal, generando un daño ambiental sin precedentes y graves pérdidas para el país.

Estas pérdidas se miden no sólo en términos de la afectación al ecosistema marino y sus especies, sino también económicas, por las divisas que dejan de ingresar a la Argentina y por el impacto sobre los recursos que son aprovechados por la industria nacional.

Debido a los subsidios económicos que benefician a estas flotas, pero también a la mano de obra esclava, a la descarga en barcos nodriza o ‘reefers’ y en puertos sin controles ni trazabilidad, sus costos de operación son tan bajos que influyen artificialmente en los precios de mercado internacional, afectando a la economía de los países que cumplen con regulaciones y controles.

Los sistemas de trazabilidad están adquiriendo cada vez más relevancia a nivel global en cada vez más industrias, impulsados por la demanda de los consumidores y las regulaciones que algunas naciones ya están implementando. En la pesca implican la capacidad de rastrear y verificar la información sobre el origen y el trayecto de los productos, y como atraviesan la cadena de suministro: qué, quién, cómo y dónde lo pesca, procesa y transporta.

La trazabilidad permite garantizar una alimentación segura, al mismo tiempo que la veracidad y confiabilidad de la información brindada permite la explotación de los recursos pesqueros en condiciones económicas, sociales y ambientales sostenibles.

Así, los sistemas de trazabilidad son una herramienta clave para combatir las pesquerías no reguladas si consideramos que, en gran parte de altamar es casi imposible controlar que los buques pesquen respetando normas y estándares mínimos.

Por ello, y al mismo tiempo, estos sistemas permiten generar un valor agregado a la industria que brinda información, garantizando un mejor posicionamiento en los mercados para quienes apuestan a la mayor transparencia. Que la pesca nacional cuente con altos estándares de trazabilidad será un factor determinante para competir en los mercados internacionales contra la pesca furtiva.

En la Cámara de Diputados de la Nación existen dos proyectos de ley presentados por los diputados Carlos Américo Selva (FdT) y Gustavo Menna (JxC) que impulsan la creación de un Sistema de Trazabilidad en la Pesca a Nivel Nacional y que coinciden en la mayoría de los puntos esenciales.

Es importante que los legisladores nacionales avancen en su tratamiento y sanción para que el Estado argentino cuente con un importante instrumento para combatir la pesca ilegal y no regulada, garantizar la sustentabilidad y el desarrollo económico local, mantener el acceso a los mercados más exigentes y rentables, y conservar el Mar Argentino y el Atlántico Sur.

Diario Clarín – Bs. As.

«El océano: vida y medio de subsistencia» es el lema de este año del Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio, idea relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 establecido por las Naciones Unidas, siendo “poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” parte de una de las Metas de dicho objetivo.

Durante el último año hemos sido testigo, a través de los medios de comunicación, de una avalancha de noticias referentes al heroico accionar en el mar de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina combatiendo la pesca ilegal dentro de la Zona Común Económica Argentina.

También se informaba oportunamente el daño económico cercano a los USD 1.000 millones anuales producto de la extracción de recursos pesqueros que, potencialmente, podrían comercializar las flotas de bandera nacional.

El económico es uno de los impactos posibles que produce la pesca ilegal, también podemos sumarle otros aspectos importantes como las violaciones sobre los Derechos Humanos hacia sus tripulantes, las agresiones a la soberanía nacional y las alteraciones sobre el ecosistema marino en conjunto, incluyendo el impacto sobre especies en peligro de extinción.

Entre dichas especies, podemos mencionar a los albatros, habitantes frecuentes de nuestro mar, y que forman parte del grupo de aves marinas más amenazado de extinción en todo el mundo.

Sus mayores amenazas son la presencia de especies invasoras (mayormente ratas, ratones y gatos) en las islas donde anidan y la mortalidad producto de la interacción con los buques pesqueros.

Atraídos por desechos pesqueros y carnadas estas aves pueden terminar su vida enganchados en una red, chocando con los cables que arrastran la misma o atrapados en un anzuelo. Se calcula que 100.000 albatros mueren anualmente en esas interacciones.

Sin embargo, existen soluciones simples y económicas que reducen drásticamente esa mortalidad. Las líneas espantapájaros, un elemento diseñado para alejar a las aves de cables de arrastre y anzuelos, es una de esas medidas.

El uso de las líneas espantapájaros es obligatorio para dos flotas en el Mar Argentino según las Resoluciones emitidas por el Consejo Federal Pesquero (08/2008 y 03/2017) y que exigen su uso en las operaciones de pesca en los buques de dichas flotas en consonancia con varios compromisos internacionales asumidos por el país.

De esta forma, el Estado argentino se esfuerza en comprender la importancia de atender el impacto de la pesca sobre otras especies haciendo efectivo el concepto de pesca responsable y aplicando el enfoque ecosistémico en la actividad. Si bien existe un impacto sobre especies que no son parte del objetivo de la pesca, también se conocen las herramientas para reducirlo.

Los buques pesqueros ilegales no acatarán entonces ninguna de estas regulaciones para el cuidado del ambiente y sus especies, lo que transforma su presencia en nuestra plataforma continental o en sus adyacencias, en una preocupación mayúscula.

Indudablemente la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un problema con innumerables aristas, distintos enfoques y que requiere de esfuerzos por partes de los estados ribereños a nivel nacional y regional. El compromiso de nuestro país con este problema es indispensable, así con el cuidado de los recursos naturales en nuestro mar.

Leandro Tamini es Director del Programa Marino de Aves Argentinas

Sitio de Internet – Mar y pesca noticias patagónicas

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, visitó hoy las instalaciones del astillero Tandanor, donde recorrió junto al presidente de la empresa, Miguel Ángel Tudino, el nuevo buque Api X, de la firma española Iberconsa, que se incorporará a la pesca del langostino en el Mar Argentino.

Acompañado por  el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, el Subsecretario de Investigación Científica y Política Industrial del Ministerio de Defensa, Mariano de Miguel y el presidente del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Oscar Padín; Basterra destacó “los avances tecnológicos, la capacidad de pesca y de precisión para realizar su actividad de forma sostenible” con que cuenta el nuevo tangonero congelador para la pesca del langostino, que junto al API VIII y el API IX consolidan la flota del Grupo español, que crece hasta los 50 buques.

En este sentido, Liberman destacó que “vemos con gran satisfacción como las inversiones siguen llegando a nuestro país, de cómo la pesca sigue siendo fuente de trabajo y de generación productiva, lo que demuestra que tenemos todas las condiciones para seguir exportando nuestros productos al mundo”.

Durante la visita, Basterra, que también estuvo acompañado por subsecretario de Coordinación Política, Ariel Martínez y el director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suarez, dialogó con el presidente de Iberconsa, Alberto Freire quien manifestó que “El API X, con 36,9 metros de eslora y capacidad para 36 tripulantes es uno de los tres nuevos buques gemelos que se incorporan a la actividad de la empresa en el país”.

Diario La Capital de Mar del Plata

«Según la especie y la zona del país, los frigoríficos pagan entre $ 20 y $ 50 el kilo», destacaron desde la UTEP. “Luego, esas empresas lo exportan a más de US$ 1,20 el kilo», agregaron.

La Rama Agraria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizará el miércoles el “primer pescadazo” frente al Congreso nacional, donde se venderán 12 toneladas de productos frescos a $ 100 el kilogramo.

La acción de la organización que representa a pequeños productores de alimentos de todo el país se realizará desde las 9 en la Plaza de los Dos Congresos, “para visibilizar la problemática de la pesca artesanal y contrarrestar los altos precios de la carne vacuna”, informaron a Télam voceros de esa organización gremial.

En ese marco, adelantaron: “Vamos a vender 12.000 kilogramos de productos frescos a $ 100 el kilo”.

“Pescadores artesanales de Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Helvecia, Concordia, Ensenada y Punta Indio vamos a ofrecer corvina, besugo, pescadilla (de un sabor muy similar a la merluza), sábalo, patí, dorado y boga, entre otros productos”, detallaron.

Los voceros de la UTEP explicaron que para esta ocasión “el 30% del precio de venta del ‘pescadazo’ permitirá cubrir los gastos de transporte. El resto brindará un ingreso muy superior al habitual para los trabajadores de la pesca artesanal, con un valor muy económico para las y los consumidores”.

“Ese hecho evidencia la necesidad de generar instrumentos para favorecer el comercio directo del productor al consumidor, como una forma de bajar la inflación y, a la vez, equilibrar la distribución del ingreso”, remarcaron.

Precisaron que, según la especie y la zona del país, “los frigoríficos pagan entre $ 20 y $ 50 el kilo a quienes, día tras día, arriesgan sus vidas para buscar alimentos de forma sustentable”, y agregaron que “luego, esas empresas lo exportan a más de US$ 1,20 el kilo o lo comercializan en las pescaderías a precios varias veces superiores”.

“El ‘pescadazo’ se realizará en un momento donde el precio de la carne vacuna viene aumentando de forma considerable y tras un lockout patronal de 15 días realizado por las entidades de la Mesa de Enlace”, concluyeron desde la UTEP.

Diario El Chubut – Comodoro Rivadavia

En una nota fechada 31 de mayo del corriente, la Autoridad de Aplicación comunicó la inmediata suspensión del despacho a la pesca de calamar (Illex argentinus) y cierre del área al norte del paralelo 42°, a kilómetros frente a las costas de Puerto Madryn, dándole movimiento al puerto local. 

Ayer el Consejo Federal Pesquero ratificó la decisión, y fijó para el próximo 11 de junio el cierre del área al sur del paralelo 42°.

La decisión emana de la recomendación realizada por el INIDEP y vertida en el Informe Técnico Ofical N° 18/2021 “Calamar Argentino. Pesquería 2021. Informa de situación al 27 de mayo (semana 21)”, de fecha 28 de mayo de 2021.

Tal como expresa el Informe citado, la recomendación del cierre de la temporada de pesca en las dos áreas de manejo, se realiza considerando que a partir de mediados de mayo los rendimientos han sido bajos, con tendencia decreciente y con capturas que corresponden mayoritariamente al Stock Desovante de Primavera -SDP-, conformado por individuos pequeños e inmaduros, encontrándose los de menor tamaño al norte del paralelo 42 sur.

Mediante el Acta CFP Nº 13/2021 (punto 4) el Consejo ratificó la decisión adoptada por la Autoridad de Aplicación y dispuso el cierre del área al sur del paralelo 42° de latitud sur, a partir de las 6:00 horas del día viernes 11 de junio próximo.

Diario El Chubut – Comodoro Rivadavia

Durante los últimos meses la Capip y el Stia estuvieron negociando un nuevo acuerdo que pudiera satisfacer el interés salarial gremial, sin dejar de tener en cuenta también las posibilidades económicas y financieras de las empresas asociadas.

El acuerdo que se suscribió en las últimas horas, según se informó, se encuentra en trámite de homologación administrativa. No se dieron a conocer los porcentajes de incremento salarial que fueron consensuados por el gremio y el sector empresario de la pesca.

Según pudo saberse, este acuerdo se logró con un gran esfuerzo de las partes, teniendo en cuenta la incertidumbre que el Covid-19 plantea a nivel nacional e internacional, la situación de los mercados y los precios internacionales y los índices inflacionarios del país, que repercuten en el poder adquisitivo del salario.

«Celebramos la finalización de este nuevo acuerdo, que da previsibilidad a la actividad, y permite afrontar la labor fabril este nuevo año, con remuneraciones fijas y variables, bonos de fidelidad, premios de presencia, y condiciones de productividad, que concluyen con salarios consensuados que implican una justa composición de intereses gremiales y empresarios», destacaron las partes.

Sitio de Internet – Mar y pesca noticias patagónicas

Con capturas diarias que se ubicaron entre las 11 y 16 toneladas, la pesca del langostino en aguas nacionales tuvo un buen comienzo. Si bien gran parte de la flota estaba tratando de llegar este fin de semana a la zona de pesca, algunos que ya se encontraban en las dos subareas habilitadas, (la 13 y 14), por haber participado de la prospección tuvieron un excelente desempeño.

Esto se vio reflejado en el movimiento portuario de Camarones con la entrada de los primeros fresqueros, como el caso del HUAFENG 821 que arribó a ese puerto chubutense con 2300 cajones y al cierre de este envío ya se hallaba en navegación a la zona de pesca.

La metería prima capturada por el buque fue estibada en camiones con hielo y trasladada hacia la planta de Arbumasa en Puerto Deseado donde hoy comenzará a ser procesada generando trabajo genuino para cientos de trabajadores.

“Tuvimos dos buenas jornadas de pesca con capturas interesantes en cuanto a volumen y calidad ya que, el gran porcentaje de lo que subió a las redes tangoneras fue langostino L2, detallaron dos fuentes consultadas por Mar&Pesca.

Diario Jornada – Trelew

Ex combatientes de la Guerra de Malvinas de la ciudad de La Plata buscarán reparar y convertir en «buque social» una nave que está en desuso en el puerto marplatense para obtener recursos de las aguas argentinas y abastecer semanalmente de pescado a los comedores escolares y comunitarios.

Ese es el objetivo central de un proyecto de ley que los exsoldados dieron a conocer en las últimas horas y presentaron ante las autoridades del sector, con el que pretenden obtener una licencia de pesca del buque a reparar.

«La pesca social es posible. Como decía Evita a los pobres no hay que darle sobras, sino darle lo mejor y lo mejor que podemos darle a un chico en un comedor es el pescado, fuente de aminoácidos y grasas insaturadas. Los recursos están ahí, en el mar, solo hace falta llevarlo a los comedores», explicó a Télam el vicepresidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, Hugo Robert.

El exsoldado explicó que «con un buque de entre 15 y 20 metros de eslora se pueden pescar 300 cajones de pescado, que pueden dar de comer a 130 mil personas, estimando una porción semanal de 150 gramos».

Cecim La Plata consideró promisorio el proyecto y recordó que el año pasado empresas pesqueras donaron pescado congelado y la organización se encargó de su distribución en los comedores comunitarios de La Plata, Berisso y Ensenada.

«Fue una experiencia maravillosa, había chicos y adolescentes que nunca habían probado la carne del pescado y hasta ahora siguen preguntando a sus padres cuándo vuelve el pescado», dijo Robert.

Para continuar y formalizar esa experiencia, Cecim La Plata presentó el proyecto de Pesca Social ante autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, de quien depende el área de Pesca.

«En Mar del Plata hay flotando en el puerto cerca de 60 barcos pesqueros que ya no pescan, que perdieron la licencia y sólo están flotando en el puerto», mencionó el dirigente.

Agregó que «la idea es obtener la licencia de pesca para uno de esos tantos barcos, repararlo en el Astillero Río Santiago de la ciudad de Ensenada, donde hay infraestructura y mano de obra, y convertirlo en un ´buque social´ que pescaría para abastecer los comedores donde hoy se comen harinas y legumbres».

Remarcó que la ingesta de pescado «modificaría sustancialmente la dieta» de quienes asisten a comedores «otorgando las mejores proteínas, aminoácidos y omega 3».

Destacó que la puesta en marcha de la pesca en este buque social «generaría además trabajo de buena calidad y en forma permanente».

De acuerdo con el proyecto, el Buque Social desembarcaría la pesca, la llevaría a una planta de fileteado, lo congelaría y luego el producto llegaría en cajones especiales para su distribución en comedores, explicó Robert, exsoldado de la Compañía C del Regimiento 7, que durante la Guerra de Malvinas combatió en cercanías del Monte Longdon y en el Cordón defensivo de Puerto Argentino.

«Si el año pasado pudimos distribuirlo sin ayuda del Estado ¿cómo no lo va a poder hacer el Estado?», se preguntó el referente de Cecim La Plata para reforzar su iniciativa.

Argumentó que la Ley Federal de Pesca dice que el Consejo Federal Pesquero está integrado por cinco provincias con litoral marítimo y que la Nación tiene potestad de quedarse con una parte de la cuota a resguardo para utilizarlo con fines de alto interés social, por lo que, sostuvo, «ni siquiera hay que modificar la ley».

«Con el apoyo de la provincia de Buenos Aires se obtendría una cuota de captura de 2.000 toneladas al año para fines sociales, lo que, teniendo en cuenta que la flota pesquera argentina obtiene aproximadamente 900 mil toneladas de ese recurso al año, representaría el 0,22 por ciento», justificó.

«Somos una Nación marítima, ese fue el destino que trazó Manuel Belgrano cuando dijo que Argentina era una Nación con destino marítimo, pero vivimos de espaldas al mar y la forma de cambiar ese ADN, el primer paso, es a través de la pesca», afirmó.

Sitio de Internet – 0223 – Mar del Plata

Familiares de víctimas del Rigel, el buque marplatense que en junio de 2018 protagonizó una tragedia en altamar, denunciaron que sigue en funcionamiento la «maquinaria de espionaje» que puso en marcha la gestión de Mauricio Macri para realizar un seguimiento ilegal a través de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Miguel Osorio, el padre del fallecido maquinista Cristian, dijo que las familias «están siendo constantemente vigiladas». «A veces estamos hablando con Gabriela (NdR: Sánchez, referente de la multisectorial Ningún Hundimiento Más) de alguna denuncia y se siente que el teléfono hace ‘pi-pi’ o te cortan la llamada», reveló, a 0223.

Al revivir estas experiencias recientes, el hombre ratificó que «la maquinaria de espionaje sigue en funcionamiento» por esta fecha y lamentó que ninguna autoridad «se haga cargo» de la situación. «Yo no lo tengo miedo a nada; más de lo que perdí no voy a perder. Lo que denuncio son realidades. Si nos quieren hacer un juicio, que nos hagan. Me hago cargo», aclaró.

Inclusive, el papá del marinero dijo que llegó a recibir amenazas a través de llamadas que realizaron a su teléfono fijo y recordó que aportó esa información al fiscal federal Daniel Adler cuando estaba a cargo de la causa que investiga las maniobras de espionaje de Macri que ahora tiene a su cargo de Alejo Ramos Padilla. «Me decían que me tenía que callar la boca con las denuncias. Tuve que llamar cinco veces al Juzgado para que al final me tomaran una denuncia», cuestionó.

Osorio también advirtió por falta de novedades en el expediente que ahora se tramita en Dolores. «Yo declaré dos días antes de que Ramos Padilla pidiera la causa. Y hoy no sabemos quién la tiene, cómo está. Todos quedamos expuestos con los nombres y los teléfonos. Quedamos en el jamón del medio», lamentó.

La denuncia que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, al descubrir soportes digitales encontrados en la Delegación Mar del Plata del mismo organismo.  En los registros constan seguimientos efectuados a familiares de víctimas del ARA San Juan, el Repunte, el Rigel en diferentes manifestaciones en la vía pública realizadas entre enero y junio de 2018 y también figuran los nombres de diferentes dirigentes sindicales y de representantes de numerosas organizaciones.

Por el momento, hay 87 personas imputadas por la violación a la ley de inteligencia durante el macrismo, según las estimaciones que dio a conocer recientemente la Comisión Provincial por la Memoria, que entregó un nuevo informe sobre las maniobras desplegadas en 2016 y 2017 a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

Sobre ese número, se dictaron 69 procesamientos, entre los cuales se destaca el falso abogado Marcelo D´Alessio, el exfuncionario Pablo Pinamonti, los fiscales Carlos Stornelli y Juan Ignacio Bidone y el periodista Daniel Santoro.

«En la nada»

El 9 de octubre de 2019, a 16 meses del naufragio, el titular del Juzgado Federal Nº2 de Rawson, Gustavo Lleral, firmó una resolución en la que exigía que el Ejecutivo nacional disponga de los «medios necesarios» para que puedan bajar los buzos y tratar de hallar los cuerpos de los tripulantes del Rigel que no pudieron localizarse, un reclamo que mantuvo la familia desde el primer día de la tragedia. Sin embargo, a casi dos años, todavía no hay novedades ni del Gobierno ni de la Justicia.

«Todo eso quedó increíblemente en la nada. Lo único que está es la orden del juez. El problema que tenemos es que no hay una ley que le permita al Gobierno dar la autorización para que bajen los buzos. Lo que pasa es que la Justicia da la orden pero después la política no se hace cargo», apuntó el padre del tripulante Cristian.

El familiar de la víctima recordó que hubo algunos encuentros personales con el Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, donde se prometió «poner todo en movimiento» para que se pudiera llevar adelante la labor pero todavía no hay vistas de que pueda prosperar el reclamo. «También llegamos a pedir, por intermedio de dos diputados nacionales, un encuentro con la ministra de Seguridad Sabina Frederic y tampoco nos contestaron», lamentó Osorio.

El buque Rigel zarpó el 5 de junio de 2018 del Puerto local rumbo al sur para abocarse a la pesca de langostinos y el último contacto que tuvo con las autoridades fue alrededor de las 23 del viernes 8 de junio. Iba a la búsqueda del langostino que por esa época abunda en las costas de Chubut y cuyo valor de venta es mayor al de cualquier otro marisco.

El sábado 9 de junio fue hallado un cuerpo en la zona donde se buscaba al pesquero y finalmente se confirmó que era el de Salvador Taliercio, capitán de la embarcación. Pero el pesquero tenía otros 8 tripulantes a bordo: el segundo patrón Rodrigo Sanita, el jefe de máquinas Néstor Rodríguez, el auxiliar de máquinas Cristian Maximiliano Osorio y los marineros Amadeo Jonatan, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez, Pedro Mierez y Rodrigo Blanco.